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Modo: Corpus Pro

COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT). LOS ACTOS QUE LLEVE A CABO SE REPUTAN DE AUTORIDAD, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO Y NO LA VÍA ORDINARIA CIVIL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 366/2006. · Registro digital (IUS): 19869
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ELIAZER LÓPEZ RODRÍGUEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 2203.

AMPARO EN REVISIÓN 366/2006. ELIAZER LÓPEZ RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los agravios transcritos resultan jurídicamente ineficaces para modificar o revocar la resolución recurrida, los que por razón de método se estudian en forma diversa a la planteada.

De la sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito consideró que se actualizaban las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues estimó, por una parte, que la presentación de la demanda de garantías había sido extemporánea, toda vez que la quejosa había tenido conocimiento del acto reclamado el veintinueve de julio de dos mil cinco y no el tres de octubre de dicha anualidad, como lo manifestó en su demanda; y que la quejosa, previo a acudir al juicio de amparo, debió haber impugnado el acto reclamado ante un juzgado de primera instancia en materia civil del fuero común, apoyando su razonamiento en la jurisprudencia de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN EL QUE SE DEMANDA LA NULIDAD DE UNA ESCRITURA SUSCRITA POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO COMÚN."

Frente a tales consideraciones, la recurrente esencialmente aduce que el a quo considera erróneamente que tuvo pleno conocimiento del acto reclamado el día veintinueve de julio de dos mil cinco, debido a que en esa fecha elevó una petición ante la responsable, a través de la cual solicitó se suspendiera el trámite de regularización materia de la controversia, sin embargo, esgrime, tal como lo manifestó en su demanda de garantías, dicha petición se debió a que la quejosa ya tenía sospechas de la ocurrencia del evento, pues la propia tercero perjudicada Miriam Lomelí, había hecho ese comentario con los vecinos, y ante el temor de que fuera cierto realizó la petición, por lo que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el tres de octubre de dos mil cinco, en que se le notificó la contestación a su petición, en la que se le informó que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra había llevado a cabo el trámite de regularización y la consecuente escrituración a favor de la tercero perjudicada; que pensar como lo hace el Juez de Distrito sería tanto como pretender obligar a alguien que promoviera un juicio de garantías sin que se conocieran los pormenores del caso, luego, dice, la demanda de amparo se presentó dentro del término que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo; que el a quo perdió de vista que acudió al juicio de garantías en su carácter de tercera extraña al procedimiento de escrituración, por lo que no estaba obligada a agotar el medio ordinario de defensa, además de que reclamó violaciones directas a la Constitución y que el acto reclamado carecía de fundamentación, situaciones que constituyen una excepción al principio de definitividad; que en cuanto a la jurisprudencia aplicada por el Juez de Distrito, resulta erróneo, pues no se trata de un acto realizado entre particulares ya que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra nunca puede actuar como particular, de acuerdo al decreto presidencial por el que se creó dicho organismo, además de que en el caso particular no se reclamó únicamente la nulidad de la escrituración, siendo el principal acto reclamado el trámite de regularización a favor de la tercera respecto del predio del cual ejerce el dominio, sin que se le hubiera dado el derecho de audiencia. Apoya sus argumentos la jurisprudencia 2a./J. 49/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CUÁNDO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; que el criterio aplicado no es fiel intérprete de la razón legal, pues de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en que se sustenta el fallo impugnado se advierte que al momento de discernir la causa controvertida no se extrajo el contenido íntimo de la norma jurídica, sino que se contraviene, pues del decreto que le da vida al organismo descentralizado se advierte que éste no deja jamás de ser un ente público en razón de que fue creado con un fin específico, que es el de regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares en bienes ejidales o comunales, por lo que suscribir escrituras públicas o títulos con los que reconozca la propiedad de sus ocupantes, lo hace con las facultades que le otorgó el Ejecutivo a través del decreto de creación y no por derecho propio. Luego, dice, sus actos son de orden público e interés social; que de igual forma resulta un desacierto lo estimado por el Juez Federal al considerar que por ser la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la más reciente, debe prevalecer dicho criterio, toda vez que al tratarse de una jurisprudencia no puede aplicarse el principio de vigencia de la norma; porque en él no se estableció que debía prevalecer sobre el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y porque se estaría aplicando retroactivamente en su perjuicio, ya que el acto de inscripción y la presentación de la demanda de garantías fueron anteriores a que se emitiera el criterio aplicado. Por último, esgrime la recurrente que las causales de improcedencia en que se sustentó la resolución recurrida no son indudables ni manifiestas.

Conviene establecer que, previo a estudiar el primer agravio en el que se esgrimen argumentos tendientes a controvertir las consideraciones realizadas por el a quo en el sentido de que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se hace necesario elucidar si el acto reclamado consistente en el trámite de regularización y la correspondiente escrituración es un acto celebrado entre particulares o es un acto de autoridad que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo, ya que de resultar un acto entre particulares, como lo estimó el Juez de Distrito, la controversia tendría que ventilarse ante un Juez en materia civil del fuero común y, por consecuencia, al tratarse de un acto civil, este órgano colegiado carecería de competencia para resolver acerca de los demás argumentos respecto de la extemporaneidad considerada y, dado el caso, respecto del fondo de la cuestión planteada.

Cabe señalar que como se establece en la resolución recurrida, respecto del tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN EL QUE SE DEMANDA LA NULIDAD DE UNA ESCRITURA SUSCRITA POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO COMÚN."; en tanto que, la Segunda Sala de nuestro Máximo Órgano, sustentó la de rubro: "COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, CUÁNDO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; luego, al existir criterios encontrados, en tanto no se resuelva la contradicción entre éstos, no son obligatorios para este tribunal, pudiendo resolver con cualquiera de ellos; empero, al haber participado este tribunal en la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia de la Segunda Sala, de rubro: "COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO CUMPLE FUNCIONES DE CARÁCTER SOCIAL.", este órgano colegiado adopta el criterio de la Segunda Sala, pues el sostenido coincide con el de este tribunal.

Además de que en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis entre este Tribunal Colegiado y la emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, se consideró lo siguiente:

"QUINTO. Para el mejor conocimiento del asunto, se considera conveniente transcribir, en lo conducente, el decreto presidencial por el que se reestructuró la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro.

"‘Considerando

"‘Primero. Que el elevado crecimiento demográfico del país y la constante migración de los habitantes del campo a la ciudad, han originado asentamientos irregulares de grupos de población en muchas zonas urbanas, provocando con ello entre otros problemas, controversias sobre la tenencia de la tierra y posesiones al margen de la ley, con su secuela de viviendas carentes de condiciones mínimas de higiene y ausencia de toda clase de servicios urbanos.

"‘Segundo. Que para hacer frente a los problemas que plantea un crecimiento urbano desordenado, es indispensable disponer de instrumentos legales y políticas destinadas a regular la tenencia de la tierra, a evitar ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad ejidal, comunal o de particulares y a contribuir en general, al mejoramiento de las condiciones de vida de los legítimos poseedores de los predios y sus familias.

"‘Tercero. Que debido a la variedad y creciente importancia de las funciones que tiene que cumplir el organismo responsable de la regularización de la tenencia de la tierra, se considera conveniente fortalecer su estructura actual, ampliar sus atribuciones y redefinir sus objetivos; otorgarle personalidad jurídica y patrimonio propios, a fin de que disponga de los elementos necesarios para prever las necesidades de espacio derivadas del crecimiento urbano.

"‘Cuarto. Que el Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, constituido como organismo descentralizado, favorecerá el crecimiento racional homogéneo de las zonas urbanas y contribuirá al bienestar de los habitantes de terrenos y fraccionamientos debidamente regularizados, al facilitarles la construcción o remodelación de sus viviendas, he tenido a bien dictar el siguiente

"‘Decreto

"‘Artículo primero. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra es un organismo público descentralizado de carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal.

"‘Artículo segundo. La comisión tiene por objeto:

"‘I. Regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares, en bienes ejidales o comunales.

"‘II. Promover ante las autoridades competentes la incorporación de las áreas regularizadas al fundo legal de las ciudades, cuando así proceda.

"‘III. Suscribir, cuando así proceda, las escrituras públicas o títulos de propiedad con los que reconozca la propiedad de los particulares en virtud de la regularización efectuada.

"‘IV. Coordinarse con las dependencias y organismos públicos cuyas finalidades concurran con las de la comisión.

"‘V. Celebrar los convenios que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto.

"‘La comisión garantizará y/o entregará a la institución que corresponda, las indemnizaciones a que tengan derecho los núcleos de población ejidal o comunal con motivo de expropiaciones.

"‘Artículo tercero. Los órganos de la comisión son:

"‘I. El Consejo de Administración; y

"‘II. El director general.

"‘Artículo cuarto. El Consejo de Administración es el órgano supremo de la comisión y estará integrado por el secretario de la Reforma Agraria, quien lo presidirá; y por los representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; así como del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Por cada consejero propietario se designará un suplente.

"‘La comisión invitará a la Confederación Nacional Campesina para que designe un representante que también será miembro del consejo.

"‘El cargo de consejero de la comisión será honorario ...

"‘...

"‘Artículo noveno. Corresponde al director general: ...

"‘VII. Promover ante la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de los terrenos que requieran regularización;

"‘VIII. Suscribir, cuando así proceda, las escrituras públicas en las que se reconozca la propiedad de los particulares en virtud de la regularización de sus predios;

"‘IX. Celebrar toda clase de convenios o contratos y ejecutar los actos tendientes a la realización del objeto de la comisión; ...

"‘...

"‘Artículo décimo tercero. La comisión deberá coordinarse con la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y con el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda Popular, para delimitar en cada caso las superficies correspondientes a la regularización de terrenos de origen ejidal o comunal.

"‘La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, deberá considerar las opiniones de las autoridades estatales y municipales que tengan jurisdicción en los respectivos centros de población en que ejecute sus programas.’

"En el Diario Oficial de la Federación del tres de abril de mil novecientos setenta y nueve, aparecieron las reformas a aquel decreto, entre otras la del artículo noveno, fracción VII, que quedó en los siguientes términos:

"‘VII. Promover ante la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de los terrenos ejidales o comunales que requieran regularización.’

"SEXTO. A fin de dilucidar la contradicción de tesis planteada, es menester, primero, determinar qué es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

"El artículo 103, fracción I, de la Constitución General, dispone:

"‘Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

"‘I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.’

"Idéntico texto presenta la fracción I del artículo 1o. de la Ley de Amparo.

"El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala en lo conducente: ‘Autoridad ... III. Los juristas entienden por «autoridad»: la posesión de quien se encuentra investido de facultades o funciones o la persona o cosa que goza (o se le atribuye) «fuerza, ascendencia u obligatoriedad». Por extensión la expresión se aplica para designar a los individuos u órganos que participan del poder público, nombrando así a los detentadores (legítimos) del poder.

"‘De lo anterior se desprende que el significado persistente de autoridad expresa, primeramente, «ascendencia, fuerza, vínculo»; en segundo lugar, manifiesta capacidad, atributo, potestad, función; por último, se refiere a los individuos o entidades investidos de estas facultades o funciones. Estos tres significados descriptivos (estrechamente relacionados entre sí) reciben la carga ritual, mágica o ideológica que rodea los usos de autoridad.

"‘El significado jurídico relevante de la noción de autoridad presupone la idea de una investidura (i. e. potestad, función). La noción de autoridad jurídica gira, así, alrededor del concepto de facultad la cual indica el poder o capacidad de un individuo (o grupo) para modificar la situación jurídica existente.’

"La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en sus artículos 1o., 2o., 3o. y 45:

"‘Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal.

"‘La presidencia de la República, las secretarías de Estado y los departamentos administrativos, integran la administración pública centralizada.

"‘Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.’

"‘Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada:

"‘I. Secretarías de Estado, y

"‘II. Departamentos administrativos.’

"‘Artículo 3o. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará, en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:

"‘I. Organismos descentralizados; ...’

"‘Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.’

"Ahora bien, de acuerdo con la doctrina, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos:

"Las relaciones de coordinación son: los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados.

"Las relaciones de supraordinación son: las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones.

"Las relaciones de supra a subordinación son: las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública.

"En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas.

"Al respecto, Gabino Fraga expresa:

"‘Cuando las facultades otorgadas a un órgano implican el poder de decisión y ejecución, es decir, la autorización para realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determinaciones, se tiene el concepto de autoridad ... Los órganos de la administración que tienen el carácter de autoridades, pueden concentrar en sus facultades las de decisión y las de ejecución; y en este caso se les conoce con el nombre de órganos ejecutivos; pero también puede suceder que sólo tengan facultades de decisión y que la ejecución en sus determinaciones se lleve a cabo por otro órgano diferente.’

"Además, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio.

"En lo que respecta al caso específico de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la misma es un organismo público descentralizado de carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares, en bienes ejidales o comunales; suscribir las escrituras públicas o títulos con los que reconozca la propiedad de los particulares en virtud de la regularización efectuada; celebrar los convenios que sean necesarios para su objeto; garantizar y/o entregar a la institución que corresponda, las indemnizaciones a que tengan derecho los núcleos de población ejidal o comunal con motivo de las expropiaciones. Además, corresponde específicamente al director general promover ante la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de los terrenos ejidales o comunales que requieran regularización.

"La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que la administración pública centralizada está formada por las secretarías de Estado y por los departamentos administrativos y que la administración pública paraestatal se integra, entre otros, con los organismos descentralizados.

"De acuerdo con lo anterior, tenemos que la comisión de que se trata es parte integrante de la administración pública paraestatal, dado que fue creada por decreto del Ejecutivo Federal como un organismo descentralizado; así, aunque no forma parte del Poder Ejecutivo, sí constituye un órgano auxiliar del mismo.

"Andrés Serra Rojas define a la descentralización administrativa en los siguientes términos: ‘La descentralización administrativa es la técnica de la organización jurídica de un ente público, que integra una personalidad a la que se le asigna una limitada competencia territorial o aquella que parcialmente administra asuntos específicos, con determinada autonomía o independencia, y sin dejar de formar parte del Estado, el cual no prescinde de su poder político regulador y de la tutela administrativa.’"

Como se ve, de la ejecutoria transcrita se arriba a la conclusión de que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, es un organismo público descentralizado de carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares, en bienes ejidales o comunales; suscribir las escrituras públicas o títulos con los que reconozca la propiedad de los particulares en virtud de la regularización efectuada; celebrar los convenios que sean necesarios para su objeto; garantizar y/o entregar a la institución que corresponda, las indemnizaciones a que tengan derecho los núcleos de población ejidal o comunal con motivo de las expropiaciones. Además, corresponde específicamente al director general promover ante la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de los terrenos ejidales o comunales que requieran regularización.

En razón de lo anterior, los actos que en ejercicio de su función social emita la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, se reputan actos de autoridad y no actos que se celebran entre particulares, por lo que en contra de los mismos no es procedente la vía civil ante un Juez del fuero común pues, en todo caso, se podrían impugnar a través del recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ante la propia autoridad y, en su oportunidad, a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Sobre el tema, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 49/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 211 del Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen:

"COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CUÁNDO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.-La comisión de que se trata es un organismo público descentralizado, de carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos irregulares, en bienes ejidales o comunales; suscribir las escrituras públicas o títulos con los que reconozca la propiedad de los particulares en virtud de la regularización efectuada; celebrar los convenios que sean necesarios para su objeto; garantizar y/o entregar a la institución que corresponda, las indemnizaciones a que tengan derecho los núcleos de población ejidal o comunal con motivo de las expropiaciones. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que la administración pública centralizada está formada por las secretarías de Estado y por los departamentos administrativos, y que la administración pública paraestatal se integra, entre otros, con los organismos descentralizados. De acuerdo con lo anterior, la referida comisión es parte integrante de la administración pública paraestatal, dado que fue creada por decreto del Ejecutivo Federal como un organismo descentralizado; así, aunque no forma parte del Poder Ejecutivo, sí constituye un órgano auxiliar del mismo. Ahora bien, cuando se emite un decreto expropiatorio y queda a cargo de la indicada comisión cumplir los fines de la expropiación, su actuar sí puede reputarse como emanado de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, puesto que decide cuestiones de posesión a fin de determinar a quién y en qué medida le asisten derechos de preferencia para la adquisición de lotes, priva de la posesión sobre áreas que se destinarán a uso común y realiza otros actos de contenido similar que, además de significar afectación, se caracterizan como unilaterales e imperativos. Lo anterior sin perjuicio de que en cada caso se determine si se afecta la esfera jurídica de los particulares mediante el ejercicio del poder, sea que lo haga dicha comisión dentro de las atribuciones jurídicas que las disposiciones le otorgan, o fuera de ellas."

Luego, si en la especie se reclamaron del delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, el trámite de regularización, la escrituración y la desposesión, que se desprende del oficio número 1.8.14.2/3127/05, suscrito por dicha autoridad, sin que se advierta que se haya fundado en precepto legal alguno, contra lo opinado por el a quo, se hace procedente la competencia de este Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, para conocer del recurso de revisión.

Al efecto, resulta correcto el sobreseimiento decretado por el Juez Federal en cuanto a que la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea, toda vez que al haberse presentado el veinticinco de octubre de dos mil cinco, ésta se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que como lo advirtió el a quo, la quejosa tenía conocimiento del acto reclamado (trámite de regularización de una porción del predio que dice le pertenece), desde el veintinueve de julio de dos mil cinco, por lo que el plazo de quince días le feneció el diecinueve de agosto de la misma anualidad, sin contar los días treinta y treinta y uno de julio, seis, siete, trece y catorce de agosto, por ser sábados y domingos.

Ello es así, pues aun cuando la recurrente manifieste que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra le notificó el oficio número 1.8. 14.2/3127/05, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco, esto es, el tres de octubre del mismo año, lo cierto es que con las constancias que aportó la autoridad responsable, se acompañó la petición formulada por la quejosa, de la que se advierte textualmente lo siguiente:

"A través de este escrito, le solicito si fuera procedente se suspenda la regularización del lote # 19 de la manzana 02 zona 03 de la juntas 04 en razón de que hay una copopriedad (sic) y el predio en el plano se contempla como un solo paño y físicamente está dividido en tres partes, de las cuales yo soy poseedora de una parte no obstante lo anterior y tengo 23 años viviendo en el terreno le fue contratado en su totalidad a Miriam Lomelí Rodríguez.

"Por lo que insisto se detenga la escrituración hasta que lleguemos a un arreglo y se contrate el lote en coopriedad (sic). También le pido que si fuera necesario cite a la sra. Miriam Lomelí Rodríguez para que usted pueda apreciar que yo hábito el lote y que mi entrada la tengo por el #1379 y mi lote da a espaldas del lote contratado." (foja 442 del expediente de amparo). (El remarcado es de este tribunal).

De lo anterior se desprende que el día veintinueve de julio de dos mil cinco, fecha en que presentó su solicitud ante la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, ya tenía conocimiento de que la porción del lote que dice es de su propiedad, la habían contratado a nombre de Miriam Lomelí Rodríguez, tanto es así, que en el propio escrito manifiesta su conocimiento en dos ocasiones, esto es, al decir en el primer párrafo: "no obstante lo anterior y tengo 23 años viviendo en el terreno le fue contratado en su totalidad a Miriam Lomelí Rodríguez", reiterándolo en el segundo párrafo cuando dice: "mi lote da a espaldas del lote contratado", sin que en ninguna parte del texto de la petición en cuestión se advierta que realizara algún cuestionamiento de duda hacia tal hecho, sino que fue contundente en sus afirmaciones.

Ahora bien, respecto de las tesis que cita la recurrente, de rubros: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO.", "ACTO RECLAMADO. ES INDISPENSABLE EL ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA RESOLVER UNA DISCREPANCIA EN CUANTO A LA FECHA DE SU CONOCIMIENTO." y "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA, CUANDO EL QUEJOSO ES AJENO AL JUICIO DONDE SE GENERÓ EL ACTO RECLAMADO.", además de no ser obligatorias para este tribunal por provenir de órganos de la misma jerarquía que el que resuelve, éstas no se oponen a lo resuelto aquí, ya que como se vio, la conclusión a la que arribó este colegiado es en razón de las constancias que obran en el expediente.

De ahí que, se conviene con el a quo, que al haberse presentado la demanda de garantías hasta el veinticinco de octubre de dos mil cinco, es inconcuso que se presentó de manera extemporánea, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que debe confirmarse el sobreseimiento en el juicio de garantías.

En razón de lo anterior, resulta innecesario el estudio de l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19869-5353452c/comision-para-la-regularizacion-de-la-tenencia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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