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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO POR EL TERCERO PERJUDICADO CONTRA EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO EN EL JUICIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 186/2006. · Registro digital (IUS): 19762
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SALUSTIA PÉREZ JUÁREZ Y OTRA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, , Pág. 1275.

AMPARO EN REVISIÓN 186/2006. SALUSTIA PÉREZ JUÁREZ Y OTRA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. No obstante haberse transcrito los agravios formulados por la inconforme Rosalía Ramírez Sandoval, no serán examinados por este Tribunal Colegiado, en virtud de que el recurso que interpuso resulta improcedente, como se demostrará a continuación.

Con independencia de que la recurrente en mención tenga o no el carácter de tercera perjudicada, lo cierto es que partiendo de la base de que una sentencia que sobresee en el juicio de amparo, y que por tanto, no estudia el fondo de la litis planteada, sólo causa perjuicio a la parte quejosa, no así a los terceros perjudicados, ya que éstos no resultan afectados en sus derechos, porque el efecto natural de dicha determinación es que las cosas queden en el estado que tenían antes de la promoción del juicio constitucional, entonces, debe decirse que el recurso de revisión interpuesto por Rosalía Ramírez Sandoval deviene improcedente, habida cuenta que a la parte tercera perjudicada no le causa agravio la sentencia recurrida, sino que por el contrario, se supone que al ser parte del juicio de garantías con un interés contrario al de la agraviada, la determinación de sobreseimiento aludida, le resulta favorable.

Sirve de apoyo a la consideración precedente, la tesis emitida por este Tribunal Colegiado, previo a su especialización en materia civil, que puede consultarse en la página 787, Tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE LA INTERPUESTA POR EL TERCERO PERJUDICADO CONTRA EL SOBRESEIMIENTO. El sobreseimiento decretado en el juicio de garantías no afecta a los terceros perjudicados y por tanto, el recurso de revisión que interponen al respecto, debe declararse improcedente, puesto que no causa agravio alguno a sus derechos, ya que por el efecto natural de esa determinación las cosas quedan como estaban antes de la interposición de la demanda de garantías."

No es obstáculo para declarar improcedente el recurso de revisión, el hecho de que por auto de dieciséis de junio de dos mil seis, la Presidencia de este Tribunal Federal lo haya admitido, en virtud de que proveídos de tal naturaleza no causan estado, de suerte que el Tribunal Colegiado funcionando en Pleno, no tiene obligación de acatarlos, estando consecuentemente, en aptitud de declarar improcedente el citado medio de impugnación.

Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial 469, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, consultable en la página 312, Tomo VI, Materia Común, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "REVISIÓN. EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO. El auto admisorio de un recurso de revisión sólo corresponde a un examen preliminar del asunto, pues el estudio definitivo de la procedencia del mismo compete realizarlo a la Sala y, por ello, no causa estado. Por consiguiente, si con posterioridad se advierte que el recurso de revisión interpuesto es improcedente, el mismo debe desecharse."

En las relatadas condiciones, debe declararse improcedente el recurso de revisión interpuesto por Rosalía Ramírez Sandoval y, en consecuencia, lo procedente es decretar su desechamiento.

QUINTO. No serán materia de análisis los argumentos aducidos por la recurrente Salustia Pérez Juárez en el escrito que presentó ante la oficialía de partes de este tribunal de alzada, el veintiocho de junio de dos mil seis, por las siguientes razones.

Los artículos 86, primer párrafo y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo establecen:

"Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá por conducto del Juez de Distrito, de la autoridad que conozca del juicio, o del Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. El término para la interposición del recurso será de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la "resolución recurrida.". "Artículo 88. El recurso de revisión se "interpondrá por escrito, en el cual el recurrente expresará los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada."

De tal transcripción se desprende: a) El recurso de revisión debe interponerse por conducto de la autoridad que conoció del juicio de garantías, y dentro del término de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida, y b) El recurso de revisión debe interponerse por escrito y en él se expresarán los agravios que la parte inconforme estime le causa la citada resolución.

De la exégesis relacionada de ambos preceptos, debe concluirse que el recurso de revisión se interpondrá por escrito, por conducto de la autoridad que conoció del amparo, dentro del término de diez días, y en el propio escrito de interposición se expresarán los agravios respectivos.

Por otro lado, si bien la Ley de Amparo no prevé la posibilidad de que dichos agravios puedan ser ampliados, lo cierto es que tampoco lo prohíbe, pero siempre y cuando se haga dentro del plazo de diez días mencionado, según se interpreta del propio artículo 86 de la ley de la materia, y no con posterioridad, o en cualquier momento, porque de estimarlo así, se llegaría al extremo de que quedaran a la voluntad de las partes la forma y los términos en que deben desarrollarse los actos procesales, lo que impediría al órgano jurisdiccional tramitar y resolver las cuestiones planteadas dentro de los plazos legales.

Por tanto, cualquier otro motivo de inconformidad vertido en diverso escrito presentado ante el juzgador del conocimiento del juicio de amparo o ante el propio tribunal que deba resolver la alzada no debe tomarse en cuenta, toda vez que existe un término legal perentorio para interponer el medio de impugnación de que se trata que es de diez días, y dentro de éste deben ser expresados los agravios.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 45/2001, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página 203, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "REVISIÓN EN AMPARO. LA AMPLIACIÓN DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS ES PROCEDENTE SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. Si bien es cierto que los artículos 86 y 88 de la Ley de Amparo no prevén de manera expresa la ampliación de agravios en el recurso de revisión, también lo es que la presentación del escrito mediante el cual se interpone el recurso no conlleva la pérdida del derecho procesal que asiste al gobernado para disponer en su totalidad del plazo que la ley le confiere para impugnar la sentencia recurrida, por lo que válidamente puede complementar o perfeccionar los motivos de inconformidad expresados en su contra, siempre y cuando esto se haga dentro del plazo de diez días que para la interposición del recurso establece el citado artículo 86."

Bajo esta tesitura, si la notificación de la sentencia de amparo se tuvo por legalmente hecha el veintitrés de mayo de dos mil seis, tal notificación surtió efectos el veinticuatro de los mismos mes y año, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Amparo, por ende, el término de diez días tantas veces mencionado, empezó a correr el veinticinco siguiente, en términos del diverso numeral 24, fracción I, de la ley en consulta, es evidente que si la recurrente presentó un escrito el veintiocho de junio de dos mil seis, ante la oficialía de partes de este Tribunal Colegiado, haciendo valer motivos de inconformidad en contra de la sentencia recurrida, éstos no pueden ser tomados en cuenta, por haberse manifestado fuera del término de diez días previsto para la interposición del recurso de revisión, el cual venció el siete de junio de dos mil seis.

SEXTO. Los agravios esgrimidos por la recurrente Salustia Pérez Juárez resultan inoperantes.

La inconforme adujo que el Juez de Distrito a quo sólo se concretó a apreciar el informe remitido por la Juez responsable.

Que el informe justificado no era veraz, porque se pidió la inscripción de la nulidad de su escritura desde abril del año pasado.

Que la autoridad responsable no acompañó el documento mediante el que se probaba que está pendiente la inscripción de la escritura elaborada por la Notaría Pública Número Uno del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en el Registro Público de la Propiedad de la misma demarcación territorial, obtenida por Félix Goiz Muro y Violeta Alejandra Bravo Amaro, por haberle demandado a Rosalía Ramírez Sandoval el juicio de otorgamiento de escritura, pues según éstos, les vendió parte del terreno que a su vez le fue vendido a ella con anterioridad.

Que al estar pendiente la inscripción respecto a la nulidad de escritura que la Juez de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, declaró injustamente, porque la ley no dice que para protocolizar una escritura privada debían acudir tanto el vendedor como el comprador ante el notario público; sin embargo, dicha autoridad actuó en contubernio con Félix Goiz Muro y Violeta Alejandra Bravo Amaro, dentro del juicio reivindicatorio que promovió en contra de las citadas personas, porque una cosa era que dicho juzgador hubiera declarado infundada la acción reivindicatoria, por no tener valor legal la escritura de la reivindicante, ya que no acudió la vendedora, señora Rosalía Ramírez Sandoval; y otra, que la referida juzgadora omitiera en la sentencia, ordenar la inscripción en la que se declarara nula la escritura de compraventa, ya que las partes nunca se lo pidieron.

Que con la ejecución de la sentencia definitiva dictada por la Juez de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, se le privaría de la propiedad de una fracción de terreno, lo que violaba en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por dejar de observar el procedimiento previamente establecido.

Que la ejecución de la sentencia definitiva la desposeería, dejándola en estado de zozobra, porque habría dos poseedores del mismo inmueble, lo que violaba la garantía consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal.

Que no se observó el principio de justicia expedita, porque se tomaron a la ligera los datos incompletos aportados por la autoridad responsable, porque no quedó justificado de qué parte salió la orden de inscribir la nulidad de su escritura privada de compraventa, dado que en ninguna parte de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 1819/2002, existe orden alguna para tal inscripción, ni Félix Goiz Muro y Violeta Alejandra Bravo Amaro pidieron que se declarara la nulidad de su escritura de compraventa, sino que sólo dijeron que la misma carecía de valor legal, porque no acudieron a la notaría compradora y vendedora, cuestión que no fue prevista por ley alguna.

Que así se demostraba la violación a los artículos 17 y 102 de la Constitución Política.

En principio, conviene resaltar que la redacción empleada por la recurrente impide conocer con exactitud lo que refirió ante esta potestad federal, por poner un ejemplo, no se distingue con claridad si está alegando que la violación a sus garantías individuales se llevó a cabo por el Juez responsable o por el Juez de amparo.

Empero, si lo que quiso decir es que el Juez de Distrito es el que transgredió en su perjuicio garantías individuales, debe indicarse que tal aseveración resulta inoperante, en virtud de que las garantías individuales son derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo gobernado, quien tiene la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la acción de amparo que se ejerce ante los juzgados y tribunales de la Federación, a los que se encomienda en su carácter de resolutores de amparo, dirimir esta clase de controversias; así, los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, ejercen la función de control constitucional, dictando determinaciones de cumplimiento obligatorio y obrando para hacer cumplir esas determinaciones, según su criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley; ahora bien, aun cuando en contra de algunas de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su caso, con amplias facultades incluso de sustitución, vuelven a analizar los motivos y fundamentos que el juzgador de amparo tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Es por lo anterior que en el recurso de revisión no es dable técnicamente analizar los agravios en los que se aducen violaciones a las garantías individuales por parte del resolutor de amparo, pues admitir lo contrario, implicaría ejercer un medio de control constitucional sobre otro de constitucionalidad, habida cuenta que se estaría tratando al juzgador de garantías como autoridad responsable, desvirtuando la naturaleza jurídica del juicio de amparo.

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 2/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que sostiene: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Ahora que si lo que alegó la inconforme es que la Juez responsable fue la que violó garantías individuales en su perjuicio, al emitir el acto reclamado, tal aseveración resulta inoperante, como lo son sus restantes motivos de inconformidad, que por lo que se logra entender, se encaminaron a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo cual constituye el fondo de la controversia constitucional, pero omiten combatir directa e inmediatamente las razones y fundamentos jurídicos vertidos por el Juez de Distrito para estimar improcedente la acción de amparo y que, por ende, lo condujeron a decretar el sobreseimiento en el juicio, figura procesal que pone fin al negocio sin resolver el fondo de la controversia planteada.

En efecto, cuando se combate el sobreseimiento del juicio de amparo, por advertirse actualizada alguna causa de improcedencia, los agravios deben encaminarse a combatir las consideraciones y fundamentos legales vertidos por el juzgador con apoyo en los cuales concluyó que la acción era improcedente, y de ninguna manera deben tender a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues sobre este aspecto no se pronunció el Juez Federal, ya que se encontraba legalmente impedido para hacerlo, al haber decretado el sobreseimiento, de manera que lo que debía demostrar la inconforme es que su acción de garantías sí era procedente, pues sólo de esta forma podría lograr que se emprendiera el estudio de los conceptos de violación y existiera un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

En el caso, el Juez de Distrito estimó que la quejosa reclamó el oficio cinco mil trescientos cincuenta y cuatro, de diez de noviembre de dos mil cinco, girado dentro del expediente 1764/02, relativo al juicio de otorgamiento de escritura pública de compraventa, promovido por Félix Goiz Muro y Violeta Alejandra Bravo Amaro, en contra de Rosalía Ramírez Sandoval, también conocida como Rosa Ramírez Sandoval, dirigido a la Notaría Pública Número Uno del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que la Juez responsable firmara la escritura ante notario público del contrato privado de compraventa de cuatro de junio de dos mil dos, respecto del lote de terreno ubicado en el lugar denominado Contorno, de la población de Santa Ana Xalmimilulco, Puebla, en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada.

Que la acción de amparo resultaba improcedente en contra de dicho acto, por actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones V y XVIII, esta última en relación con el diverso numeral 4o., ambos preceptos de la Ley de Amparo, porque ese acto de autoridad no afectaba el interés jurídico de la quejosa, ya que no fue parte en el juicio del que derivó, aunado a que el juicio constitucional únicamente podía ser promovido por aquel al que perjudicara el acto reclamado, y al no haber sido parte en el juicio de origen, la quejosa carecía de legitimación para promoverlo, por lo cual lo procedente era sobreseer en el juicio, con apoyo en lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la citada ley.

Que lo anterior era así, porque de acuerdo al artículo 73, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de garantías era improcedente contra actos de autoridad que no afectaran los intereses jurídicos de la parte quejosa y, por otro lado, el juicio de origen había versado sobre una acción personal ejercida con el objeto de que la parte demandada, Rosalía Ramírez Sandoval, también conocida como Rosa Ramírez Sandoval, otorgara la escritura a los actores, Félix Goiz Muro y Violeta Alejandra Bravo Amaro, respecto del lote sobre el cual habían celebrado contrato de compraventa, de tal manera que el objeto del juicio sólo interesaba a las partes, pues la sentencia dictada surtía efectos entre ellos, por ende, con el otorgamiento de escritura, no se le afectaba ningún derecho sustantivo protegido por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales, porque con el simple otorgamiento de la escritura no se pretendía privar, ni se privaba al gobernado de alguno de los derechos enunciados en el artículo 14 constitucional, puesto que no se afectaban derechos de propiedad o posesión que algún tercero hubiera adquirido respecto del lote de cuya escrituración se trataba, porque los efectos de la sentencia dictada en el juicio de origen, sólo se limitaban al derecho de la parte actora de que se le otorgara la escrituración, pero no prejuzgaba ni nulificaba la existencia de derechos de terceros ajenos al juicio en que se emitiera, salvo que con base en ella se pretendiera en ejecución privar a la quejosa de sus derechos de propiedad o posesión, lo que en la especie no sucedía.

Agregó que de acuerdo al artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente podía promoverse por la parte a quien perjudicara la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclamara y sólo podía seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor, por lo que en el presente caso, la agraviada carecía de legitimación para ocurrir al amparo, pues sólo estaba legitimada la persona física o moral directamente perjudicada por la ley o acto que se estimara violatorio de garantías, mas no así por quien indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover el juicio de garantías era personalísimo y la quejosa no había sido parte dentro del juicio generador del acto reclamado.

Al respecto, citó como aplicables las tesis de rubros: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO." y "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO."

Finalmente, refirió que con base en lo anterior, no era necesario analizar las causales de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones IX y XII, de la ley de la materia, que hicieron valer los terceros perjudicados Félix Goiz Muro y Violeta Alejandra Bravo Amaro, en su escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil seis; toda vez que conduciría al mismo resultado.

Consideraciones y fundamentos legales que la recurrente de ninguna manera combatió y menos aún desvirtuó, por tanto, deben continuar rigiendo el sentido de la sentencia recurrida.

Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 3a./J. 30 13/89, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, consultable en la página 277, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.-Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."

Igualmente, se cita por su aplicación al caso, la tesis jurisprudencial 568, emitida por este Tribunal Colegiado, previo a su especialización en Materia Civil, consultable en la página 378, Tomo VI, Materia Común, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del siguiente tenor: "AGRAVIOS, CUANDO SE RECURRE EL SOBRESEIMIENTO.-Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones de la resolución combatida, de ahí que cuando se haya sobreseído, el inconforme deberá demostrar la ilegalidad de esa resolución a través de razonamientos jurídicos concretos, salvo que conforme a la ley deba suplirse la deficiencia de la queja, pero si en vez de impugnar el sobreseimiento se limita a alegar cuestiones referentes al fondo del asunto, lo procedente es confirmar el fallo que se revisa."

Con independencia de la inoperancia apuntada, este Tribunal Colegiado estima correcta la determinación del Juez de Distrito, de estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en la orden de la Juez responsable de hacer efectivo el apercibimiento decretado a la demandada Rosalía Ramírez Sandoval y/o Rosa Ramírez Sandoval, en el juicio de otorgamiento de escritura pública de contrato de compraventa, número de expediente 1764/2002, promovido por Félix Goiz Muro y Violeta Alejandra Bravo Amaro, en el sentido de que la referida juzgadora firmaría la escritura pública del contrato de compraventa de cuatro de junio de dos mil dos, materia del juicio, en rebeldía de la demandada, toda vez que ésta no acudió a otorgarla ante el notario público número uno del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla.

Para demostrarlo, debe decirse que el artículo 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que el juicio de garantías será improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos del quejoso, y por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo una ley o acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, esto es, el derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve lesionado por el acto autoritario ocasionando un perjuicio a su titular.

Es aplicable la jurisprudencia integrada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en Materia Civil, ahora resuelve, publicada con el número VI.2o. J/87, en la página 364, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.-El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona."

Por otro lado, ha sido criterio reiterado por el más Alto Tribunal de la Nación que el interés jurídico debe estar probado plenamente y no inferirse con base en presunciones, en virtud de que de los principios de "instancia de parte agraviada" y "relatividad de las sentencias", consagrados respectivamente en los artículos 4o. y 76 de la Ley de Amparo, así como de lo dispuesto por el diverso numeral 80 del citado cuerpo de leyes, se desprende la necesidad de que el promovente de un juicio de garantías acredite plenamente su interés jurídico para que de ser procedente, el juzgador de amparo esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas en forma particularizada por su interés, y a la vez, conceda la protección en el efecto que corresponda, situaciones que no podrían ser satisfechas si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo.

Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, Número 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que sostiene: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.-En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones."

Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página 110, Volúmenes 193-198, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO.-En el juicio de amparo el interés jurídico para promoverlo no puede ser presuntivo, sino que debe acreditarse en forma indubitable. La Ley de Amparo dispone, a través del artículo 4o. el principio de instancia de parte agraviada. El artículo 76 de la misma contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, prohibiendo a la vez una declaración general de la constitucionalidad de la ley o el acto reclamado. El artículo 80 del propio ordenamiento citado determina los efectos que tiene la sentencia dictada en un juicio de garantías, que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto. En razón de las disposiciones contenidas en los artículos aludidos; existe la necesidad de que el promovente de un juicio de garantías acredite plenamente su interés jurídico en promoverlo, para el efecto de que si así lo estima procedente la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en la po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19762-7286526e/revision-en-amparo-es-improcedente-el-recurso-interpuesto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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