COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD. SU FALTA DE ESTUDIO POR LA RESPONSABLE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTA A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. COMPETENCIA EN MATERIA LABORAL. SI LA AUTORIDAD DEL TRABAJO FUE OMISA EN PRONUNCIARSE AL RESPECTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZARLA OFICIOSAMENTE POR SER UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO, Y DE NO HACERLO DEBE EFECTUARLO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.
AMPARO EN REVISIÓN 176/2006. **********
CONSIDERANDO:
III. Son inoperantes los conceptos de agravio referidos a que el Juez de Distrito viola en su perjuicio las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que analizar dichas cuestiones desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercería un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad, únicamente, lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo.
Sirve de apoyo a la anterior conclusión la tesis de jurisprudencia P./J. 2/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco del Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Lo mismo sucede con el diverso argumento relacionado con la infracción de los preceptos 200 y 201 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, dado que los Jueces de Distrito rigen su actuación conforme a lo establecido en la Ley de Amparo.
Por otra parte, menciona el inconforme que de la interpretación del artículo 200 de la ley burocrática estatal se desprende que la autoridad, en cualquier momento y sin ser necesaria manifestación alguna de las partes, podrá declararse incompetente, pero en el caso, la autoridad en ningún momento se declaró incompetente, tan es así que en la audiencia de fecha veintidós de junio de dos mil seis, la responsable no encontró pruebas de las que se desprendiera razón alguna para declararse incompetente, pero insiste en que a la parte demandada le precluyó su derecho para interponer el incidente de competencia planteado, puesto que debió hacerlo valer, en todo caso, en la etapa de demanda y excepciones, y no una vez desahogadas las pruebas confesionales ofrecidas por las partes en la audiencia del dos de junio de dos mil seis.
En el segundo de sus agravios refiere que se infringen los artículos 200 y 201 de la ley burocrática mencionada, ya que de los autos se desprende que al dar contestación a la demanda en la audiencia trifásica, en ningún momento interpone incidente de competencia, por lo que admite la competencia ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, agotándose la etapa de demanda y excepciones. Por lo que debió haber interpuesto su incidente de competencia en dicha etapa y no con posterioridad, pues al hacerlo su derecho precluyó.
Lo dicho es fundado, aunque suplido en su deficiencia, en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que quien promueve el presente recurso lo es el trabajador.
Y para mayor comprensión del presente asunto, a continuación se hace una breve referencia de los principales antecedentes del acto reclamado.
a) En el juicio laboral ********** aparece que ********** demandó al ********** ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, el pago de la indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, días de descanso obligatorio, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras y descanso semanal, entre otras prestaciones.
b) El veintisiete de marzo de dos mil seis se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y de ofrecimiento y admisión de pruebas. En la citada diligencia el ********** dio contestación a la demanda y opuso las excepciones de sine actione agis y ofrece el trabajo al actor.
c) El tribunal responsable tuvo por contestada la demanda, abrió la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, y fijó día y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas.
d) El dos de junio de dos mil seis se desahogó la prueba confesional y en la misma actuación el tribunal responsable tuvo por desistida a la actora de las pruebas testimonial y de inspección.
e) Por escrito presentado el uno de junio de dos mil seis en el tribunal responsable ********** apoderado del ********** promovió incidente de competencia en los siguientes términos:
f) La audiencia incidental de que se trata se llevó a cabo en los siguientes términos:
"En Toluca, Estado de México, siendo las nueve horas con treinta minutos del día veintidós de junio del año dos mil seis, día y hora señalados por acuerdo que antecede para la celebración de una audiencia incidental de competencia, y estando debidamente integrado el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Comparecen: por la parte actora en el incidente y demandada en el principal, su apoderado legal **********. Y por la parte demandada en el incidente y actora en el principal, comparecen sus apoderados legales **********. Abierta la audiencia por el C. Auxiliar. En uso de la palabra el apoderado legal de la parte actora en el incidente y demandada en el principal, dijo que: En este acto ratifico en todas y cada una de sus partes el escrito en el que se hace valer por parte de mi representada el incidente de competencia presentado ante este H. Tribunal; y en el acto mismo se ofrecen de nuestra parte las siguientes pruebas: La presuncional en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que comparezca (sic) a los intereses de mi representada; la instrumental de actuaciones, en todo lo que favorezca a los intereses de mi representada. De igual forma se presentan los correspondientes alegatos en los siguientes términos: que en términos de lo establecido en el artículo 200 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que a la letra dice: ‘Cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen, el tribunal, de oficio, deberá declararse incompetente en cualquier estado del proceso, hasta antes de ser declarado el cierre de la instrucción. Si el tribunal se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que estime competente o, en su caso, a la que deba decidir la competencia.’. Ante lo anterior, es que este H. Tribunal en este momento cuenta con datos suficientes para declararse incompetente, además de tomar en cuenta de que se trata de un organismo público descentralizado, mismo que se rige por lo establecido en el apartado A del artículo 123 constitucional, y como consecuencia deberá remitir los presentes autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ecatepec, Estado de México. En uso de la palabra el apoderado legal de la parte demandada en el incidente y actora en el principal, dijo que: solicita atentamente de este tribunal sea desechado de plano el incidente de competencia planteado por mi contraria, en virtud de que como lo han establecido los tribunales federales en jurisprudencias de observancia obligatoria para esta autoridad, este H. Tribunal es el competente para conocer y resolver sobre las controversias que se susciten entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores; además, de acuerdo a nuestras legislaciones de nuestro país existe una supremacía constitucional que no puede estar encima de una ley estatal, esto es, que el incidente de competencia de acuerdo a nuestra legislación federal y la propia Constitución dispone que podrá promoverse hasta antes del desahogo de pruebas, tal y como se establece en la propia legislación laboral y en la tesis aislada con número de registro 247854, la cual se exhibe en copia simple fotostática para que sea agregada a los autos, además, esta autoridad en diversos juicios ha determinado ser la competente para conocer y resolver del presente conflicto laboral, por estas consideraciones debe desecharse de plano el incidente planteado y con el objeto de que sea unificado el criterio de este propio tribunal, ofreciendo como pruebas de mi representado las siguientes: 1. La instrumental pública de actuaciones, consistente en todo lo actuado y por actuar en el presente conflicto laboral, así como en todo aquello que beneficie y favorezca a la parte que represento, con relación a la improcedencia del incidente planteado. 2. La presuncional en su doble aspecto legal y humana, derivada de la presunción lógico-jurídica de que el incidente que se promueve es notoriamente improcedente y, por lo tanto, esta autoridad debe seguir conociendo del presente conflicto laboral hasta la total terminación del mismo, por no encontrarse en el momento procesal oportuno para promover el mismo, así como en todo aquello que beneficie a la parte que represento, ratificando lo anterior para los efectos legales correspondientes."
g) Dicho incidente fue resuelto el veintidós de junio de dos mil seis en los siguientes términos, en lo conducente:
"... El tribunal acuerda. Por celebrada la presente audiencia en los términos vertidos en el cuerpo de la presenta acta. Se tienen por hechas las manifestaciones que hacen valer las partes para los efectos legales a que haya lugar. A las partes se les tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que mencionan en el incidente planteado, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Del análisis y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes se desprende que la actora presentó su demanda ante la oficialía de partes de este tribunal en fecha diecisiete de enero del año en curso, y radicada que fue la misma en términos de lo establecido por los artículos 1, 184 y 185 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, aceptando este tribunal la competencia para conocer y resolver sobre el presente conflicto, ya que se considera que dicha competencia corresponde a este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, atendiendo al contenido literal de los artículos que a continuación se transcriben: Artículo 116, fracción V, Constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (sic): ‘El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. ... VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.’. 1, 184 y 185, fracción II, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios: ‘Artículo 1. Esta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las relaciones de trabajo entre los poderes públicos del Estado y los Ayuntamientos, y sus respectivos servidores públicos. Igualmente, se regulan por esta ley las relaciones de trabajo entre los tribunales administrativos, los organismos auxiliares de carácter estatal y municipal y sus servidores públicos. Aquellos actos en los que el Estado o los Municipios asuman la responsabilidad de las relaciones de trabajo, se regularán conforme a esta ley, considerando las modalidades y términos específicos que se señalen en dichos actos.’. ‘Artículo 184. Para conocer y resolver los conflictos laborales individuales y colectivos que se presenten entre los sujetos de esta ley, funcionará como órgano autónomo y dotado de plena jurisdicción, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.’. ‘Artículo 185. El tribunal será competente para: ... II. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, los conflictos colectivos que surjan entre las instituciones públicas o dependencias y las organizaciones sindicales.’. De los preceptos transcritos se desprende que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Carta Magna y sus disposiciones reglamentarias; así también, que las relaciones de trabajo entre los organismos auxiliares de carácter estatal y sus servidores públicos se regularán por la ley burocrática de la entidad, y la autoridad competente para conocer de los conflictos que de dicho vínculo emanen, lo es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Así pues, si en la especie la controversia laboral se suscitó entre un organismo descentralizado de carácter local, como lo es el ********** y conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, en sus artículos 1o. y 45, que establecen que dicha ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la administración pública central y paraestatal del Estado, y que los organismos descentralizados y empresas de participación estatal serán considerados como organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y forman parte de la administración pública del Estado, y al ostentarse la comisión demandada como un organismo descentralizado, es una entidad pública estatal y se encuentra ubicada dentro de la hipótesis de aplicación de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Sin que la presente determinación contraríe la tesis que tiene el rubro: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.’, dado que en este caso existe disposición expresa al respecto, y en ningún momento se plantea la inconstitucionalidad de normas que así lo determinen; por tanto, este tribunal no puede hacer pronunciamiento alguno sobre la legalidad o ilegalidad de los preceptos que así lo establecen, en virtud de que las leyes son de observancia general y obligatorias hasta en tanto no se deroguen, o bien, se establezca por nuestro más Alto Tribunal su inconstitucionalidad en el caso específico. De lo anteriormente expuesto se advierte que el ********** es un organismo público descentralizado que será considerado como organismo auxiliar del Poder Ejecutivo y, por tanto, forma parte de la administración pública del Estado, en consecuencia, si dicho organismo descentralizado es de carácter local y forma parte de la administración pública del Estado de México, por lo cual la relación de trabajo entre el Estado y sus servidores se regula por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por lo que este tribunal resulta competente para conocer y resolver sobre el presente conflicto; lo anterior tiene su apoyo en la resolución emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en el juicio de garantías número 1357/2005-III, de fecha 17 de abril del presente año, respecto del juicio laboral tramitado ante este tribunal con número ********** por lo anteriormente expuesto se declara improcedente el incidente de competencia planteado por el ********** declarándose competente para conocer y resolver sobre el presente conflicto, por lo que deberá continuarse con el procedimiento principal en su estado; todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 184, 185, fracción II, 216, 217 y 218 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Y toda vez que en el presente conflicto no quedan pruebas pendientes por desahogarse, ya que las restantes se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 241 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se les concede a las partes un término de cuarenta y ocho horas contado a partir de que surta sus efectos de notificación el presente acuerdo, para que formulen por escrito sus alegatos, con el apercibimiento de que para el caso de no hacerlo así se les tendrá por perdido su derecho para alegar lo que a sus intereses convenga en el presente conflicto. Notifíquese. Impuestos los comparecientes del acuerdo que antecede, firman al margen para debida constancia legal. Así lo acordaron y firmaron los CC. Integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Doy fe."
En principio y previamente a examinar el agravio antes señalado, conviene señalar que este Tribunal Colegiado no pasa por alto las consideraciones vertidas en la sentencia recurrida por el Juez de Distrito, en el sentido que de acuerdo con el contenido del artículo 79 de la Ley de Amparo, de que en el juicio de garantías deberá atenderse a la cuestión efectivamente planteada, pero sin alterar los hechos, y que en ese sentido, admitido el incidente de competencia que a la postre dio lugar a la resolución reclamada, debe respetarse dicha situación procesal.
Criterio que este tribunal no comparte por las razones siguientes:
Los antecedentes procesales que informan el acto reclamado permiten conocer: a) que quien opuso la incompetencia de la autoridad responsable para que conociera del juicio laboral lo fue el demandado ********** b) la actora ********** en la audiencia incidental se opuso en el sentido de que: "... el incidente de competencia de acuerdo a nuestra legislación federal y la propia Constitución dispone que podrá promoverse hasta antes del desahogo de pruebas, tal y como se establece en la propia legislación laboral y en la tesis aislada con número de registro 247854, la cual se exhibe en copia simple fotostática para que sea agregada a los autos; además, esta autoridad en diversos juicios ha determinado ser la competente para conocer y resolver del presente conflicto laboral, por estas consideraciones debe desecharse de plano el incidente planteado y con el objeto de que sea unificado el criterio de este propio tribunal, ofreciendo como pruebas de mi representado las siguientes: 1. La instrumental pública de actuaciones, consistente en todo lo actuado y por actuar en el presente conflicto laboral, así como en todo aquello que beneficie y favorezca a la parte que represento, con relación a la improcedencia del incidente planteado. 2. La presuncional en su doble aspecto, legal y humana, derivada de la presunción lógico-jurídica de que el incidente que se promueve es notoriamente improcedente y, por lo tanto, esta autoridad debe seguir conociendo del presente conflicto laboral hasta la total terminación del mismo, por no encontrarse en el momento procesal oportuno para promover el mismo, así como en todo aquello que beneficie a la parte que represento, ratificando lo anterior para los efectos legales correspondientes ..."; c) La determinación de la autoridad responsable fue en el sentido de declarar improcedente el incidente, sin que se hubiere ocupado de examinar la objeción de la parte actora en cuanto a que estimó que era extemporánea la excepción de incompetencia; d) como esa decisión de la Junta el demandado estimó que le causaba agravio, éste promovió juicio de amparo indirecto ante el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México; y, e) el Juez Federal estimó procedente conceder al organismo quejoso el amparo solicitado, y no conforme con tal decisión, la actora en el juicio laboral la recurre a través del presente recurso de revisión, e insiste sobre la improcedencia de la excepción de incompetencia por extemporaneidad.
Ahora bien, los artículos 78 y 79 de la Ley de Amparo previenen que:
"Artículo 78. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad. El Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto."
"Artículo 79. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda."
Del contenido de dichos preceptos se advierte que las disposiciones transcritas ponen de manifiesto la obligación del juzgador federal de apreciar el acto reclamado tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin que se admita ni se tomen en cuenta pruebas que no se hubiesen rendido; y que, por tanto, no es posible valorar pruebas que no conoció la responsable para dictar ese acto reclamado, pues el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa, esto es, en él no se analizarán medios de prueba distintos a los ofrecidos en el juicio natural, sino los mismos que consideró la responsable y en los que basó su legalidad.
Bajo esa óptica, este órgano jurisdiccional considera que en el caso concreto el recurrente sí está legitimado para hacer valer como agravio la circunstancia de que no se hubiere tomado en consideración que la excepción de incompetencia opuesta por su contraparte resulta extemporánea, al no oponerse en el momento que establece el artículo 201 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, mismo que, como se verá más adelante, resulta fundado, aunque tal tema, en principio, no haya formado parte de la litis constitucional, toda vez que el Juez de Distrito debió acotar el estudio de la procedencia de la excepción, previamente al fondo, pues de modo contrario dejó inaudita a la parte actora en el juicio laboral.
Lo anterior es así, por las razones que a continuación se exponen:
En primer lugar, es notorio y obvio que la figura procesal que está en juego es una cuestión de orden público, puesto que la competencia, conforme al artículo 16 constitucional, constituye una de las exigencias primordiales de todo acto de autoridad, sin el cual no se podría desarrollar válidamente el juicio laboral, por ser un presupuesto procesal.
En segundo término, la falta de competencia de la autoridad laboral constituye una violación de carácter procesal que afecta a las partes en grado predominante o superior, cuyas decisiones son combatidas a través del juicio de amparo indirecto, porque una vez que el órgano del Poder Judicial Federal haga pronunciamiento respecto de esa cuestión ya no puede volverse a examinar a través de otro juicio de garantías, pues se actualizaría la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que no es procedente el amparo en contra de resoluciones que se hayan dictado en ejecución de una sentencia de amparo, tal y como así lo concluyó el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 50/98-PL, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de cuyo contenido destaca lo siguiente:
"... Conforme a la jurisprudencia transcrita, las resoluciones que desechen o declaren infundada una excepción de falta de personalidad no son reclamables en juicio de amparo indirecto, porque es un acto dentro del juicio que no afecta de manera cierta e inmediata un derecho sustantivo protegido por las garantías individuales; pero, analizada nuevamente esa cuestión, se estima, con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, que existen razones para interrumpir parcialmente ese criterio y hacer precisiones en cuanto a la interpretación que debe darse a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional. La jurisprudencia en cuestión se sustenta en las premisas fundamentales siguientes: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. c) La resolución que decide la cuestión de falta de personalidad, de ser indebida, constituirá una violación procesal reclamable con motivo de la sentencia desfavorable de fondo a través del amparo directo, pues en ese supuesto la violación afectaría las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que como la personalidad de las partes es un presupuesto básico del procedimiento, la sentencia que se llegara a dictar resultaría ilegal por emanar de un juicio viciado en uno de sus presupuestos. d) Y en el supuesto de que a una de las partes fuera desfavorable la resolución procesal de personalidad, pero favorable la sentencia definitiva, caso en el cual sólo su contraparte podría acudir al amparo directo, aquélla no quedaría inaudita en caso de que se concediera la protección constitucional, pues el aspecto de falta de personalidad podría plantearse como cuestión exclusiva en el nuevo amparo en contra de la sentencia dictada en acatamiento a la pronunciada en el juicio de amparo anterior, en el que no se pudo examinar la cuestión procesal de mérito, acorde con una interpretación sistemática de las fracciones II y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Una nueva reflexión sobre el tema permite considerar que, en términos generales, la distinción entre actos dentro de juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. Sin embargo, aunque de modo general tal criterio es útil, según se indicó, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que debe contar, precisamente, el caso de la falta de persona
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21149-0634ec28/competencia-de-la-autoridad-su-falta-de-estudio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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