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LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. NO SE ACTUALIZA SI NO SE DEMUESTRA QUE LA RELACIÓN DE TRABAJO ADUCIDA POR EL TRABAJADOR SE ENTABLÓ CON TODOS LOS DEMANDADOS, AUN CUANDO AQUÉL HAYA SEÑALADO EN SU DEMANDA QUE FUE CONTRATADO POR TODOS Y, POR TANTO, LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A JUICIO NO DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A TODOS LOS CODEMANDADOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 207/2006. · Registro digital (IUS): 21382
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, , Pág. 1903.

AMPARO EN REVISIÓN 207/2006. **********

CONSIDERANDO:

III. En la especie ********** ostentándose con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, solicitó amparo ante el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en contra de actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, presidenta y actuaria adscritas a la misma, actos que hizo consistir en "el haber dado validez al emplazamiento a juicio realizado por la C. Actuaria que se ha señalado como autoridad responsable, los días 3 y 4 de julio del año 2002", así como todos los acuerdos posteriores al emplazamiento, el laudo respectivo y la ejecución del mismo.

Seguido el juicio en sus términos el Juez de Distrito llevó a cabo la audiencia constitucional y dictó la sentencia correspondiente, que terminó de engrosarse el quince de noviembre de dos mil seis, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente todo lo actuado a partir del ilegal emplazamiento a juicio, pero sólo en relación con el promovente del juicio de amparo pues, según señaló el Juez de Distrito, no era procedente ordenar la reposición del procedimiento en relación con todos los demandados, incluidos ********** porque dichas personas fueron absueltas en el juicio laboral, por lo que se les causarían perjuicios, en tanto que fueron absueltos mediante un laudo que constituye cosa juzgada. Además, en relación con la ilegalidad de las diligencias de emplazamiento, el Juez Federal se apoyó en las siguientes consideraciones sustanciales:

1. Según determinó el Juez de Distrito, fue ilegal la diligencia de emplazamiento porque el actuario no dio cumplimiento a lo ordenado en la fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, porque omitió cerciorarse si el quejoso tenía su domicilio en el lugar donde se efectuó el emplazamiento, pues actuó con base en un formato y no inquirió de manera específica tal información, ya que no bastaba con que la actuaria hubiera asentado que era el lugar correcto, por así indicárselo "la colonia, la calle, el número, por los informes de vecinos del lugar";

2. También advirtió el a quo que lo manifestado por la compareciente a dicha diligencia, en el sentido de que: "... contestando la persona que atiende, que en estos momentos no se encuentra(n) presente(s) la(s) persona(s) requerida(s) ...", era insuficiente para determinar que la actuaria hubiera recabado los datos objetivos que le permitieran asegurarse verdaderamente la habitación, residencia o domicilio del destinatario de la notificación, pues dicha afirmación no conducía a la certeza a que se refiere la fracción I del numeral 743 de la legislación citada;

3. Igualmente consideró que la actuaria no asentó la razón por la cual la persona que atendió la diligencia estaba presente en el domicilio, ni la relación que guardaba con el interesado, sino que sólo señaló: "... quien se desempeña en la fuente de trabajo como ********** ..."

Ahora bien, inconforme con lo así resuelto, el tercero perjudicado promovió el presente recurso de revisión, en el que, en primer término, se advierte que alega infracción a los artículos 14, 16 y 123 constitucionales; sin embargo, tal señalamiento es inoperante, porque aun cuando en contra de las determinaciones de los Jueces de Distrito procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales o sociales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña, ya que si así se hiciera se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo, es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro de idéntica vía.

Es aplicable la jurisprudencia número 35, emitida por el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas veintiocho y veintinueve del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, la cual informa:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Por otra parte, en relación con los aspectos de fondo de la sentencia constitucional que se revisa, afirma el recurrente que la sentencia federal debió cumplir con lo ordenado en el artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, es inoperante lo así manifestado por el recurrente, porque no es jurídico afirmar que los Jueces de Distrito infrinjan preceptos de esa naturaleza, porque su actuación al resolver el juicio de garantías se rige fundamentalmente por lo previsto en la Ley de Amparo, a la que debe ajustar su proceder, así como a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, como norma supletoria en términos del artículo 2o. de la ley en primer término citada; de ahí que las transgresiones en que podrían incurrir los Jueces de Distrito serían respecto de los artículos que se contienen en la Ley de Amparo o en el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero no de disposiciones legales ordinarias, ya que la aplicación de éstas corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje que conozcan del juicio laboral, y serían ellas quienes, en su caso, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, podrían incurrir en violaciones a preceptos de la Ley Federal del Trabajo.

Por su aplicación es de citarse la jurisprudencia número VI.2o.C. J/237, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a fojas setecientos noventa y uno, Tomo XVIII, julio de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la que a continuación se transcribe:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE ARGUMENTAN VIOLACIÓN A PRECEPTOS LEGALES DE ORDEN COMÚN POR EL JUEZ DE AMPARO. Los motivos de inconformidad en los que el recurrente aduce que el Juez de Distrito violó disposiciones de orden común deben calificarse de inoperantes, en virtud de que dicha autoridad en materia de amparo indirecto, ajusta su actuación a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y al Código Federal de Procedimientos Civiles, en caso de supletoriedad; por ende, de atribuírsele violación a disposiciones jurídicas, la misma sólo pudo consistir en la transgresión a preceptos legales que conformen los invocados cuerpos normativos, no así a leyes ordinarias locales, en cuyas prescripciones se basan los tribunales del fuero común para actuar en la entidad federativa en donde ejercen jurisdicción."

En consecuencia, la aplicación de los preceptos legales relativos a la controversia común corresponde a las autoridades de instancia, y lo único que atañe al Juez de Distrito en el juicio constitucional es vigilar que el principio de legalidad consignado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal no se viole a través de la infracción por incorrecta aplicación o interpretación de las leyes secundarias por parte de dichas autoridades.

En otro orden de ideas, en el agravio marcado con el número uno el inconforme expresa diversas consideraciones genéricas, consistentes en que fue incorrecta la sentencia constitucional que se revisa porque, según su decir, la notificación y emplazamiento al juicio laboral realizada a ********** cumple con todas y cada una de las formalidades establecidas por el derecho positivo, sin infringir las garantías individuales del gobernado, esto es, que se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que garantizan una adecuada y oportuna defensa, como son la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y de alegar; en consecuencia, considera que no obran en autos elementos donde conste que al quejoso no se le haya citado, notificado y emplazado legalmente a juicio, y en el domicilio donde habita, trabaja o, en su caso, tiene el asiento de sus negocios, lo cual estima que consta en las diligencias combatidas, dando así cumplimiento a los artículos 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, al emplazar debidamente a ********** ya que, desde su punto de vista, el actuario se cercioró de que dicha persona trabaja o tiene su domicilio en el local señalado para hacer la citación, notificación y emplazamiento a juicio, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoyó.

Ahora bien, aun cuando el promovente formula diversas consideraciones genéricas en relación con la legalidad de las diligencias de emplazamiento a juicio, este tribunal advierte que, en esencia, el recurrente considera que no se violaron las leyes del procedimiento porque el demandado fue debidamente notificado, lo cual es infundado, pues de la lectura de las constancias procesales se advierte que la autoridad responsable no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento laboral ya que, como lo estimó el Juez de Distrito, el actuario practicó el emplazamiento reclamado sin cumplir con lo dispuesto en la fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual implica la ilegalidad del mismo.

En efecto, de la lectura de las diligencias de tres y cuatro de julio de dos mil dos, se observa que la actuaria omitió cerciorarse si el quejoso tenía su domicilio en el lugar donde se efectuó el emplazamiento, pues no inquirió de manera específica tal información, lo que resultó contrario a lo previsto en la fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo; por otra parte, de la lectura íntegra de la actuación de tres de julio de dos mil dos, mediante la cual la fedataria se constituyó por primera vez en el domicilio señalado en autos como de los demandados, no se advierte que se hubiera cerciorado de que ********** habitara, trabajara o tuviera su domicilio en el lugar señalado en autos para ese fin, pues nada dijo en relación con ese aspecto, sino que se limitó a señalar que se cercioró de que se encontraba en el domicilio correcto "por así indicarlo los siguientes elementos de convicción, ser la colonia, la calle, el número, por informes de vecinos del lugar, y de quien dijo llamarse, bajo protesta de decir verdad ********** ..." y para mejor comprensión de lo anterior a continuación se transcriben dichas diligencias:

"Expediente: ********** Actor: ********** Demandado: ********** y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo. En Toluca, Estado de México, siendo las diez horas con quince minutos del día tres de julio del año dos mil dos, Ana Laura Rebollar Sánchez, actuaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Valle de Toluca, con domicilio en Rafael M. Hidalgo número trescientos uno, esquina con Ignacio López Rayón, colonia Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México, a efecto de cumplimentar el acuerdo de fecha veintiséis del mes de junio del año dos mil dos, me constituyo en el domicilio de la parte demandada ********** y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, ubicado en ********** y cerciorado de ser el domicilio correcto, por así indicarlo los siguientes elementos de convicción: ser la colonia, la calle, el número, por informes de vecinos del lugar, y quien dijo llamarse, bajo protesta de decir verdad ********** quien se identifica con, no lo hizo, y del cual se da su media filiación: Persona del sexo ********** tez ********** complexión ********** estatura ********** cabello ********** cara ********** quien se desempeña en la fuente de trabajo con el carácter de ********** y a quien le requiero de la presencia del representante legal de ********** y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, y la persona que comparece ante mí manifiesta que el(los) requerido(s) en este momento no se encuentra(n), por lo que en atención a lo dispuesto por la fracción III del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, procedo a dejar con el(la) compareciente citatorio de ley, para que cada uno de los demandados mencionados con anterioridad, para que se sirvan esperar a la C. Actuaria en este mismo domicilio a las diez horas con quince minutos del día cuatro de julio del año dos mil dos, haciendo los siguientes apercibimientos de conformidad con la fracción IV del artículo antes invocado, que establece que ‘si no obstante del citatorio no está el interesado o su representante legal la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieran cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada’, concluyendo la presente actuación a las diez horas con veinticinco minutos. Doy fe."

"Junta Especial Número: Tres. Expediente: ********** Actor: ********** Demandado: ********** y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo. En Toluca, Estado de México, siendo las diez horas con quince minutos del día cuatro del mes de julio del año dos mil dos, Ana Laura Rebollar Sánchez, actuaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, con domicilio en Rafael M. Hidalgo número trescientos uno, esquina con Ignacio López Rayón, colonia Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México, a efecto de cumplimentar el acuerdo de fecha veintiséis del mes de junio del año dos mil dos, me constituyo nuevamente en: ********** domicilio señalado en autos como el de la parte demandada ********** y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, y cerciorado de ser el domicilio correcto, así como de que en él (habita, trabaja o tiene su domicilio) las personas demandadas, por ya haberlo identificado debidamente, como consta en mi razón que antecede y a la cual me remito en lo conducente, comparece ante el suscrito quien bajo protesta de decir verdad manifiesta llamarse ********** y ser ********** en el domicilio en el que se actúa, persona a quien le requiero la presencia: el representante legal de ********** y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo. Contestando la persona que me atiende que en estos momentos no se encuentra(n) presente(s) la(s) persona(s) requerida(s), no obstante del citatorio del día hábil anterior; por lo que de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, procedo a notificar y emplazar a juicio a las personas anteriormente requeridas y mencionadas en líneas arriba señaladas, por conducto de la persona compareciente y que me atiende, corriéndole traslado con copias simples de la demanda y de los acuerdos de fechas ********** debidamente selladas y cotejadas, así como del acuerdo que se cumplimenta, para cada demandado aquí mencionado; acuerdo que le notifico en este momento, así como también la cédula de ley original, quien las oye, recibe y sí firma al margen del acuerdo original que se cumplimenta para constancia legal. Doy fe."

El precepto 743, fracción I, de la legislación invocada, establece: "La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación."

Conforme a la disposición transcrita, el fedatario practicará la primera notificación personal cerciorándose de que la persona a notificar habita, labora o tiene su domicilio en el lugar designado en autos para efectuar la diligencia.

Por consiguiente, es indispensable que el actuario asiente con claridad si se cumple con alguna de esas tres hipótesis o con todas, haciendo constar los medios de convicción que lo llevan a concluir si efectivamente la persona que se debe emplazar habita, trabaja o tiene su domicilio en el sitio señalado en autos y en el cual se constituyó para practicar la diligencia de mérito.

En la especie, de las constancias reproducidas se desprende que la fedataria no cumplió con los requisitos aludidos, ni se cercioró de los extremos citados, porque el tres de julio de dos mil dos, hizo constar que se constituyó en el domicilio de la parte demandada ********** y de quien resulte responsable de la fuente de trabajo, ubicada en ********** cerciorada de ser el domicilio correcto por ser la colonia, la calle, el número, los informes de vecinos del lugar y de la comparecencia de ********** quien indicó que se desempeñaba en la fuente de actividad como ********** por lo que le requirió la presencia de los enjuiciados, pero indicó que no se encontraban por el momento, en cuya virtud les dejó citatorio para el día siguiente a las diez horas con quince minutos.

Consecuentemente, la actuaria no precisó porqué se cercioró de que en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio el codemandado físico ********** esto es, donde reside con el propósito de establecerse en él, o tiene el principal asiento de sus negocios o en el que se halle; por ende, únicamente se aseguró de que se constituyó en el sitio designado en autos, lo cual no cumple en sus términos lo consignado en el referido numeral 743, fracción I.

Además, aun cuando la compareciente indicó que las personas requeridas en ese momento no se encontraban, la fedataria debió hacer acopio de otros datos objetivos a través de los cuales cumpliera con la disposición aludida, lo cual no realizó y, por lo tanto, se reitera, el emplazamiento fue ilegal.

Ilustra lo anterior la jurisprudencia número 188 de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas ciento cincuenta y uno y ciento cincuenta y dos del Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, la que a continuación se transcribe:

"EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL. NO BASTA QUE ALGUIEN INFORME QUE ‘POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA LA PERSONA QUE BUSCA’ PARA CONSIDERAR QUE EL ACTUARIO SE CERCIORÓ QUE EN ESE LUGAR HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO EL DEMANDADO. El emplazamiento a juicio laboral es un acto procesal que reviste gran importancia, por permitir el cumplimiento de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional y, por eso, el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que al realizarlo el actuario debe cerciorarse que en el lugar señalado en autos habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que busca; por lo que cuando alguien le informa que ‘por el momento no se encuentra’ la persona que busca, ese funcionario debe recabar otros datos objetivos que le permitan asegurarse de que verdaderamente ahí habita, trabaja o tiene su domicilio el destinatario de la notificación, puesto que aquella afirmación no conduce inequívocamente al estado de certeza que exige el precepto legal en cuestión, sino que puede llevar a cometer errores que no permitirían o impedirían al particular conocer el inicio del procedimiento."

En este orden de ideas, si en la diligencia de cuatro de julio de dos mil dos el actuario hizo constar que nuevamente se constituyó en el propio domicilio señalado en autos como el de la parte demandada, y cerciorada de ser el correcto "así como de que en él (habita, trabaja o tiene su domicilio) las personas demandadas, por ya haberlo identificado debidamente, como consta en mi razón que antecede y a la cual me remito en lo conducente ...", ello implica que no se cercioró de dichos extremos, puesto que en la razón actuarial del día tres de julio anterior tampoco cumplió con esa obligación.

Además, en el caso, el Juez de Distrito analizó las copias certificadas de las actuaciones del juicio laboral, de las cuales derivó la ilegalidad del emplazamiento, lo que fue correcto, como ya se puntualizó, y así, carece de trascendencia que no hubiera examinado las demás actuaciones a que hace mención, pues no desvirtúan la determinación sustentada.

En el último agravio afirma el recurrente que cuando las sentencias de amparo ordenen reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados del quejoso, siempre que entre éstos exista litisconsorcio pasivo necesario, cuya figura jurídica, según dice, se actualiza en el caso a estudio, y también afirma que la existencia del litisconsorcio pasivo necesario no hace que cada uno de los litisconsortes pierda su autonomía, pues son procesalmente independientes frente a los demás.

Este tribunal advierte que lo así afirmado por el quejoso se encuentra en relación con la parte final de la sentencia que se revisa, que a continuación se transcribe:

"... Por otra parte, no escapa a la atención de este Juzgado de Distrito la jurisprudencia publicada con el número 406 en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.’. Sin embargo, no es el caso de estar a dicho criterio y ordenar la reposición del procedimiento por todos los demandados, incluidos ********** en razón de que dichas personas fueron absueltas en el juicio laboral ********** objeto de análisis, por lo que de proceder en los términos sustentados en la citada jurisprudencia se les causarían perjuicios, en tanto que por laudo dictado con autoridad que constituye cosa juzgada, fueron absueltos de las prestaciones reclamadas. De reponer el procedimiento por las citadas personas, moral y física, se abriría la posibilidad de que, en su caso, pudieran ser condenadas al pago de las prestaciones reclamadas, a pesar de que comparecieron a juicio y fueron absueltas de las prestaciones deducidas en éste, lo que debe dejarse intocado respecto de ellos en lo particular ..." (fojas quinientos cinco vuelta y quinientos seis).

Como se advierte de la transcripción anterior, en realidad el Juez de Distrito no se pronunció en cuanto a la existencia o inexistencia del litisconsorcio pasivo necesario entre los demandados, pero al emitir la sentencia constitucional que se revisa excluyó a ********** del efecto para el cual se otorgó la protección federal solicitada, es decir, estimó que no era el caso de ordenar la reposición del procedimiento por todos los demandados, incluidos los antes señalados, en razón de que habían sido absueltos en el juicio laboral correspondiente y con la reposición procesal se les causarían perjuicios porque se abriría la posibilidad de que, en su caso, pudieran ser condenados al pago de prestaciones relacionadas a pesar de que comparecieron a juicio y fueron absueltos.

Ahora bien, en relación con lo así considerado, este tribunal estima que atendiendo a la jurisprudencia citada por el propio juzgador de amparo, en esos casos lo que debe tomarse en cuenta es el hecho de que entre tales demandados hubiera existido o no litisconsorcio pasivo necesario y no al hecho de que por haber sido codemandados se les causarían perjuicios con la reposición procesal.

En virtud de lo anterior, se considera necesario abordar el análisis del aspecto vinculado con la existencia o inexistencia del litisconsorcio pasivo necesario que refiere el recurrente, con la finalidad de determinar si fue correcto o no lo resuelto por el Juez Federal, pero sólo en cuanto a los alcances que debe tener su sentencia de amparo respecto de dichos codemandados.

Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 2/2000, de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas cuarenta, Tomo XI, enero de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la que a continuación se transcribe:

"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA JURISPRUDENCIA PLENARIA 9/96 OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA CONCESORIA, ASÍ COMO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La tesis jurisprudencial 9/96, publicada en la página 78 del Tomo III, febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, establece que cuando las sentencias de amparo ordenen reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados del quejoso, siempre que entre éstos exista litisconsorcio pasivo necesario; por tanto, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo, al otorgar la protección al quejoso, está obligado a establecer que los alcances del amparo benefician a los codemandados del quejoso aun cuando no hayan intentado la acción constitucional siempre que haya litisconsorcio pasivo necesario, pero si no lo hace, el tribunal responsable, al cumplir la ejecutoria, debe acatar la jurisprudencia."

No es fundado lo que afirma el recurrente al señalar que en cuanto a los codemandados del quejoso el Juez de Distrito también debió hacerles extensivos los efectos para los cuales concedió el amparo, ya que, en el caso a estudio, este Tribunal Colegiado determina que no se surte la figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario en relación con dichos codemandados.

En principio, y para una mejor compresión de este asunto, en relación con la figura del litisconsorcio es necesario hacer un recorrido conceptual de dicha figura a través de la doctrina y la jurisprudencia.

Según el Diccionario Jurídico Mexicano, el litisconsorcio es un término compuesto que deriva de los vocablos latinos litis (litigio) y consortium (participación o comunión de una misma suerte con uno o varios), por lo cual litisconsorcio quiere decir: litigio en que participan de una misma suerte varias personas (Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, México, 2001, pág. 2052).

Para Piero Calamandrei "el proceso con pluralidad de partes o litisconsorcio, significa, proceso con más de dos partes" (Calamandrei Piero, Derecho Procesal Civil. Editorial Pedagógica Universitaria, México, 1996, pág. 176).

Ignacio Pallares, refiere: "... Litisconsorcio, en general, es una de las modalidades del proceso que consiste en pluralidad de actores o demandados, por lo tanto, hay litisconsorcio, cuando varias personas ejercitan una acción contra un solo demandado, cuando una persona demanda a varias, y cuando dos o más demandan a dos o más personas. También se produce el litisconsorcio en los casos de adhesión y de intervención ..." (Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, México, 1997, pág. 546).

En la obra titulada Fundamentos de Derecho Procesal, de Hugo Alsina, se desprende el siguiente concepto: "El litisconsorcio es un estado entre varias personas que ocupan una misma posición en el proceso, cuyas relaciones recíprocas regula" (pág. 282).

De las definiciones antes transcritas se destacan determinados elementos que caracterizan dicha institución, los cuales aparecen como una constante en todas las definiciones, como son: a) la pluralidad de partes que actúan como actores o como demandados en un proceso; b) una relación procesal única; y, c) autonomía de los s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21382-0032fc77/litisconsorcio-pasivo-necesario-no-se-actualiza-si-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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