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Modo: Corpus Pro

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE CON BASE EN SU EXAMEN EN EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 132/2006. · Registro digital (IUS): 21486
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, , Pág. 1743.

AMPARO EN REVISIÓN 132/2006. **********

CONSIDERANDO:

CUARTO. El examen del recurso de revisión pone de manifiesto que la recurrente formula los siguientes agravios en relación con la sentencia del Juez de Distrito:

a) Infringió en perjuicio de la quejosa y ahora recurrente lo establecido en los artículos 1o., 73, 74, 76, 76 Bis, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues no advirtió que los conceptos de violación se encuentran dirigidos a controvertir la ilegalidad de las consideraciones vertidas por la Sala responsable en la sentencia reclamada, y no a reclamar el defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de dicha autoridad responsable.

b) Tampoco tomó en cuenta que la Sala responsable emitió su resolución con plenitud de jurisdicción, pero no resolvió conforme a derecho el por qué estima que para aprobar la liquidación de costas formulada por la quejosa y ahora recurrente, es indispensable que previamente se determine en cantidad líquida el monto que por concepto de intereses moratorios debe pagar la actora; además de que no advirtió que es incorrecta esa decisión, en virtud de que la cantidad líquida que debe tomarse en consideración para calcular las costas es, precisamente, la cantidad que se reclamó en el incidente de liquidación de intereses del que deriva la aludida condena al pago de costas.

c) No fundó ni motivó la determinación de que los argumentos formulados en los conceptos de violación vertidos en la demanda de garantías por la quejosa y ahora recurrente, sólo pueden hacerse valer a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IV, de la Ley de Amparo.

d) No advirtió que en la ejecutoria de amparo de veinticuatro de agosto de dos mil cinco, se ordenó a la Sala responsable que resolviera con plenitud de jurisdicción la litis del incidente de costas en el que se dictó la resolución de primera instancia, por lo que la única vía para impugnar la nueva actuación de la responsable es, precisamente, a través de un nuevo juicio de amparo, y no mediante el recurso de queja previsto en la Ley de Amparo.

e) En forma indebida desacató lo ordenado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria que pronunció en el recurso de revisión número 50/2006, pues al haber vinculado dicho órgano jurisdiccional al Juez de Distrito para que repusiera el procedimiento y recabara las constancias relativas a la sentencia definitiva dictada en el juicio natural y el escrito por el cual la quejosa y ahora recurrente promovió incidente de liquidación de costas en el citado procedimiento, se infiere que tuvo como finalidad que el citado Juez resolviera el fondo del juicio de amparo con las constancias pertinentes; por lo que no resulta correcto que el Juez se haya limitado a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en los mismos términos que su anterior resolución, habida cuenta que ni siquiera hizo referencia a las constancias recabadas.

Para dar respuesta a los anteriores planteamientos, se estima pertinente precisar que de las constancias de autos que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite el artículo 2o. de esta última legislación, se desprende lo siguiente:

La parte actora en el juicio natural ********** en su carácter de fiduciario del fideicomiso ********** demandó en la vía especial hipotecaria de ********** precisando que dicha institución actualmente es una sociedad anónima, y/o del ********** diversas prestaciones con motivo del incumplimiento en el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria que celebraron las citadas partes, entre las que destaca el pago de intereses ordinarios y moratorios.

Seguido por su cauce legal, el juicio especial hipotecario culminó con la sentencia de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, en la que se declaró procedente la acción ejercida por la actora y, por ende, se condenó a la demandada al pago de las prestaciones vertidas en la demanda natural, particularmente al pago de los intereses ordinarios y moratorios demandados.

Previa promoción de diversos incidentes de liquidación de intereses moratorios por parte de la actora, y que fueron declarados infundados por el Juez del conocimiento, mediante resolución de siete de marzo de dos mil cinco, el citado Juez declaró infundada una de las mencionadas incidencias, por lo que condenó a la parte actora al pago de costas por considerar que incurrió en una conducta temeraria y de mala fe, pues expuso que promovió distintos incidentes de liquidación improcedentes.

Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil cinco, la parte demandada y ahora quejosa recurrente ********** promovió incidente de liquidación de costas, pues indicó que la parte actora había promovido un diverso incidente de liquidación de intereses moratorios por la cantidad de ciento cincuenta y ocho millones ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuatro pesos con noventa y dos centavos, pero que dicha incidencia fue declarada infundada en resolución de siete de marzo del mismo año y que además se condenó en ella a la actora al pago de las costas generadas por el referido incidente.

Asimismo, la demandada y ahora quejosa recurrente manifestó que el porcentaje del cuatro por ciento previsto en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, debía aplicarse a la cantidad por la que se promovió el incidente de liquidación de intereses moratorios del que derivó la condena al pago de costas.

Al efecto, en la resolución de doce de abril de dos mil cinco, el Juez del conocimiento declaró infundado el incidente de liquidación de costas mencionado en el párrafo que antecede, por considerar que no puede tomarse como base la cantidad de ciento cincuenta y ocho millones ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuatro pesos con noventa y dos centavos, pues indicó que dicha suma no fue aprobada en la resolución que dirimió el incidente de liquidación de intereses moratorios del que derivó la condena al pago de las aludidas costas; además, el citado Juez también señaló que procede únicamente el pago de las costas causadas con motivo de la tramitación del aludido incidente y no de todo el juicio.

Inconforme con esa determinación, la parte demandada y ahora quejosa recurrente, interpuso recurso de apelación, en el que hizo valer los siguientes agravios:

* Que el Juez primigenio no advirtió que de haberse aprobado la cantidad reclamada por la parte actora en su incidente de liquidación de intereses moratorios, no se le habría condenado al pago de costas.

* Que el citado Juez no precisó ningún razonamiento jurídico para sustentar su afirmación de que la referida cantidad no puede servir como base para calcular las costas.

* Que la base para cuantificar las costas se ajusta a derecho, en virtud de que en el incidente de liquidación de intereses moratorios promovido por la actora, ésta reclamó precisamente la cantidad de ciento cincuenta y ocho millones ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuatro pesos con noventa y dos centavos, por lo que al haberse declarado infundada dicha incidencia, se le condenó al pago de las costas generadas por la promoción de ese incidente.

* Que no se fundó ni motivó correctamente el porqué no puede condenarse a la actora al pago de las costas por un monto igual al de los intereses que reclamó en su incidente de liquidación.

* Que el Juez primigenio debió ajustar la planilla de liquidación de costas formulada por la demandada, habida cuenta que no reservó el derecho de volver a liquidar las aludidas costas.

* Que no es aplicable el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pues el asunto no es de cuantía indeterminada.

Mediante sentencia de ocho de junio de dos mil cinco, la Sala responsable resolvió el recurso de apelación en comento y determinó confirmar la resolución apelada, basando esa decisión en las consideraciones siguientes:

* Que para la procedencia de la condena al pago de costas respecto del incidente promovido, era indispensable que la cantidad de intereses moratorios hubiera sido aprobada en su integridad a efecto de determinar la forma para cuantificar las cantidades que por concepto de costas se hizo acreedora la parte demandada.

* Que será hasta el momento en que se apruebe el incidente de liquidación de intereses respectivo en que debe aplicarse lo establecido en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y, así, se obtendrá la cantidad que por concepto de costas debe cubrirse.

* Que la cantidad para la liquidación de costas no puede ser el monto del negocio más el costo financiero que señala la demandada, en virtud de que esas cantidades corresponden al juicio principal, habida cuenta que las costas únicamente pueden cuantificarse por cuanto hace al incidente temerario promovido por la parte actora, y no por todo lo actuado en el procedimiento de origen.

* Que no es obligación del Juez ajustar las planillas cuando no se encuentren apegadas a derecho, por ser una facultad discrecional del juzgador.

* Que si bien es cierto que el juzgador no dejó a salvo el derecho de la demandada para promover con posterioridad su incidente de costas, también lo es que al provenir la condena al pago de costas de la resolución de siete de marzo de dos mil cinco, es evidente que mientras no se apruebe la planilla respectiva, la demandada tiene derecho para promoverla.

No conforme con esa determinación, la parte demandada y ahora quejosa recurrente promovió juicio de amparo indirecto del que correspondió al Juez Sexto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente número 630/2005-V, quien emitió la sentencia respectiva el veinticuatro de agosto de dos mil cinco, en la que determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dictara otra en la que, con plenitud de jurisdicción y circunscribiéndose a los términos en que fue planteada la litis incidental, resolviera en ejercicio de sus atribuciones lo que conforme a derecho procediera.

Es importante destacar que el aludido Juez de Distrito basó su resolución en el hecho de que consideró que la Sala responsable modificó la litis del recurso de apelación pues indicó que, además de reiterar lo expuesto por el Juez primigenio en el sentido de que en el incidente de costas debía aplicarse el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la responsable agregó que para la procedencia de la condena en costas respecto del incidente promovido en el juicio natural, era indispensable que la cantidad de intereses moratorios hubiera sido aprobada en su integridad, a efecto de poder cuantificar las mencionadas costas.

Por tanto, el citado Juez concluyó que asistía razón a la quejosa en cuanto argumentó que la Sala responsable modificó la materia de la apelación y eludió precisar cuál sería la base para calcular las costas (el Juez de Distrito afirmó que la responsable introdujo cuestiones que no fueron resueltas en la interlocutoria de origen y que no fueron materia de agravio, como es el que para la procedencia de la condena en costas era indispensable la aprobación de los intereses moratorios reclamados).

En vía de cumplimiento a la mencionada ejecutoria, la Sala responsable emitió la sentencia de treinta de septiembre de dos mil cinco, en la que nuevamente confirmó la resolución interlocutoria apelada, basándose en las consideraciones torales siguientes:

* Que la condena al pago de costas que se realizó es únicamente por lo que hace a la tramitación del incidente de liquidación de intereses moratorios promovido por la parte actora, por lo que para la procedencia de dichas costas es indispensable que exista cantidad líquida para cuantificarlas.

* Que si bien es cierto que no es correcto que el Juez haya concluido que la demandada debió tomar en consideración lo establecido en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, también lo es que ello no causa perjuicio a la demandada, en virtud de que no fue aprobado su incidente de costas por pretenderlas cuantificar sobre la cantidad de ciento cincuenta y ocho millones ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuatro pesos con noventa y dos centavos, la cual no corresponde a la cantidad líquida por la que debe aprobarse el incidente de liquidación de intereses moratorios.

* Que no es obligación imperativa del Juez ajustar las planillas cuando no se encuentren apegadas a derecho, sino que es una facultad discrecional del juzgador.

* Que si bien es cierto que el juzgador no dejó a salvo el derecho de la demandada para promover con posterioridad su incidente de costas, también lo es que al provenir la condena al pago de costas de la resolución del siete de marzo de dos mil cinco, es evidente que mientras no se apruebe la planilla respectiva, la demandada tiene derecho para promoverla.

Inconforme con esa determinación, la parte demandada promovió juicio de amparo indirecto y en la demanda de garantías relativa formuló los siguientes conceptos de violación (se sintetizan casi en los mismos términos en que lo hizo el Juez de Distrito en su fallo):

1. Que la Sala responsable modificó la materia de la litis en la apelación, ya que no obstante que sólo debió analizar si era correcta la desaprobación que realizó el Juez primigenio de la planilla de liquidación de costas presentada por la demandada, la responsable se pronunció respecto de la procedencia de la condena en costas, pese a ello ya había sido materia de la sentencia de siete de marzo de dos mil cinco, en la que se condenó a la parte actora al pago de costas por la tramitación del incidente de liquidación de intereses moratorios.

2. Que la Sala responsable pasó por alto lo establecido en la ejecutoria de amparo dictada el veinticuatro de agosto de dos mil cinco por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en la que se señaló que la responsable había eludido precisar cuál sería la base para calcular las costas, pues no estableció si el quántum de las costas que desaprobó el Juez primigenio es correcto o no.

3. Que no tiene sustento legal la determinación de la Sala responsable consistente en que las cantidades sobre las que pretendieron cuantificarse las costas no han sido aprobadas, pues no es indispensable tal circunstancia para declarar la procedencia del incidente de liquidación de costas ya que, de haberse declarado fundado el incidente de liquidación de intereses moratorios promovido por la parte actora, no se le habría condenado al pago de costas.

4. Que no puede supeditarse la condena en costas a la existencia de una cantidad líquida por concepto de intereses moratorios, pues ello podría dar margen al evento hipotético de que bastaría que la actora en ese juicio natural no promoviera ya incidente alguno de liquidación de intereses moratorios, para que se hiciera nugatorio el derecho de cuantificar y recibir las costas a que se había hecho acreedora con motivo de ese incidente.

5. Que la Sala responsable hace nugatorio el derecho de la quejosa para liquidar y obtener las costas a las que se condenó a su contraria pues, al señalar que debe existir necesariamente una cantidad líquida aprobada, limita el aludido derecho a que la actora promueva un nuevo incidente de liquidación de intereses moratorios por lo que, en caso de que no se promoviera dicha incidencia, quedaría nulificado el derecho de la demandada a percibir las mencionadas costas.

6. La Sala responsable no advirtió que el derecho de liquidar y percibir las costas por parte de la demandada deriva del incidente de liquidación de intereses moratorios promovido por la actora, por lo que al no haber sido aprobada la liquidación que ésta presentó, las costas deben liquidarse con base en la cantidad reclamada en ese incidente, sin tener que esperar a que exista una cantidad líquida aprobada por concepto de liquidación de intereses moratorios.

7. Que correspondía a la Sala responsable ajustar la planilla de liquidación de costas en el supuesto de que no se encontrara ajustada a derecho, en términos de lo dispuesto en el artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

8. Que en todo caso debieron dejarse a salvo los derechos de la demandada para presentar su liquidación de costas, a fin de hacer efectivo el derecho de percibirlas por haber sido así establecido en sentencia firme e inatacable.

Seguido en sus trámites, el juicio de amparo indirecto, en comento, culminó en su primera instancia con la sentencia del veintitrés de noviembre de dos mil cinco, firmada hasta el dieciocho de enero de dos mil seis, en la que el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 95, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el citado Juez estimó que los conceptos de violación se encuentran encaminados a combatir el defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de veinticuatro de agosto de dos mil cinco, dictada en el juicio de amparo 630/2005-V.

No conforme con esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, con el número de toca RC 50/2006, el que emitió la ejecutoria correspondiente el dos de marzo de dos mil seis, en la que determinó reponer el procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito requiriera a la Sala responsable las constancias que tomó en consideración para emitir la sentencia reclamada, particularmente las relativas a la sentencia definitiva dictada en el juicio natural y al escrito por el que la quejosa promovió su incidente de liquidación de costas.

Previo requerimiento de las citadas constancias y cumplimiento por parte de la Sala responsable, el Juez de Distrito emitió la sentencia el treinta de marzo de dos mil seis, firmada el día siguiente, en la que nuevamente decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 95, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues dicho juzgador estimó que los conceptos de violación se encuentran encaminados a combatir el defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de veinticuatro de agosto de dos mil cinco, dictada en el juicio de amparo 630/2005-V.

En ese orden de hechos, a efecto de verificar la legalidad de tal determinación, se estima pertinente precisar que las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo concluyen sobreseyendo en el juicio, negando el amparo o concediendo la protección constitucional.

Ahora bien, en la especie, importa para la solución del presente asunto las sentencias mencionadas en último término, por lo que debe precisarse que al respecto el artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

Cabe destacar que no existe ningún precepto de la ley reglamentaria del juicio de garantías que establezca de manera concreta que una sentencia concesoria, en cuanto a su sentido, pueda pronunciarse de diferentes formas; sin embargo, la práctica judicial en esta materia, buscando la claridad y congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, y lograr que su cumplimiento no se preste a confusiones, ha llevado a establecer diversas formas de decretar el sentido del fallo protector.

Así, en algunas ocasiones acontece que la tutela constitucional se declara de manera absoluta, lisa y llana, esto es, cuando se analiza el fondo del asunto por el tribunal de amparo, y patentizada la violación de garantías que se planteó, el amparo se concede a la parte quejosa con el objeto de que la autoridad responsable, que pronunció la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio, sin condicionamiento o taxativa de ninguna especie, acate la ejecutoria y restituya al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada.

En este evento, no se concede a la autoridad responsable facultad alguna para que emita un nuevo acto con plenitud de jurisdicción, sino que simplemente debe acatar el fallo constitucional, cumpliendo en su integridad las consideraciones que en él se sostienen.

Sin embargo, puede suceder que la sentencia concesoria, una vez que estableció la transgresión de garantías en perjuicio de la parte quejosa, precise diversos efectos para que la autoridad responsable, dejando insubsistente el acto reclamado, emita otro en el que los acate y con su propia jurisdicción que le ha sido devuelta, o sea, en los términos en que la ley se la confiere, resuelva lo que conforme a derecho proceda.

En la primera hipótesis mencionada, esto es, cuando el amparo se concede de manera absoluta, como se dijo, la autoridad responsable debe actuar sujetándose estrictamente a las consideraciones del fallo protector, sin devolvérsele su propia jurisdicción para resolver, ciñéndose a las consideraciones que en el citado fallo se expusieron y, en estas condiciones, al existir vinculación completa entre la ejecutoria constitucional y su cumplimiento, de transgredirse aquélla, al realizar éste, dará lugar, según sea el caso, al trámite de inejecución de sentencia que contempla el capítulo XII, título primero, de la Ley de Amparo, o bien, al recurso de queja, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia concesoria del amparo, a que aluden las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, o al incidente de repetición del acto.

Empero, en la segunda hipótesis, es decir, la que se refiere a cuando la protección constitucional se concede para efectos precisos, dejando plena jurisdicción a la autoridad responsable para que resuelva lo conducente, existe una vinculación parcial, toda vez que la autoridad se encuentra constreñida a realizar determinadas actuaciones, y en todo lo demás cuenta con su propia jurisdicción que le ha sido devuelta, esto es, en los términos en que la ley se la confiere, para dictar la nueva resolución.

Ahora bien, en la hipótesis que se menciona, una vez que la autoridad responsable cumple con las prevenciones respectivas y resuelve, en lo conducente, con su propia jurisdicción, que le ha sido devuelta, puede suceder que, a juicio del quejoso, dicha autoridad, al emitir el nuevo acto, en uno de sus aspectos cometa desacato a la ejecutoria de amparo, respecto de cuestiones que en ella quedaron definidas y que no deberían ser materia del nuevo acto a pronunciar, y que, a la vez, en éste se incurra en nueva violación de garantías, en la parte en que se le devolvió su propia jurisdicción a la responsable para resolver, y así lo proponga el propio quejoso en la demanda de amparo que promueva.

En este último caso pudiera pensarse que, en un aspecto, al plantearse un desacato al fallo protector, por exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, daría lugar, en un momento dado, a la promoción del recurso de queja respectivo y, en otro aspecto, relacionado con la violación de garantías planteada por el quejoso, contenida en el acto que dictó la autoridad responsable, con motivo de la devolución de su propia jurisdicción, o sea, en los términos en que la ley se la confiere, en acatamiento a la sentencia de amparo que se concedió para efectos concretos, motivaría que se analizara en el nuevo juicio de amparo que se haya promovido.

Sin embargo, dado el principio de unidad en el cumplimiento de las sentencias de amparo, tratándose específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse separadamente por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución las cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obliga a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo, resuelva por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable hubiera pronunciado en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devuelve su propia jurisdicción, o sea, en los términos en que la ley se la confiere, una vez cumplidos los efectos que en tal ejecutoria se precisan, y en lo referente a las alegaciones relacionadas con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al no ser jurídicamente posible su estudio.

Por consiguiente, se colige que sólo cuando los conceptos de violación que se formulen en el nuevo amparo que se promueva en contra del fallo que con su propia jurisdicción emitió la autoridad responsable, en cumplimiento de una ejecutoria en que se concedió el amparo para efectos, se relacionan exclusivamente con aspectos relativos al exceso o defecto en su ejecución, sin hacer otro planteamiento relacionado con alguna violación de garantías; se actualizará la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 95, fracciones IV o IX (según se trate de amparo indirecto o directo), todos esos preceptos de la Ley de Amparo, porque tales planteamientos son materia del recurso de queja que el numeral citado en último término prevé y no del juicio de amparo.

Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia número P./J. 98/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 22 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época, que es del rubro y sinopsis, del tenor siguientes:

"SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja."

De acuerdo con tales reflexiones, debe puntualizarse que del relato de antecedentes realizado en esta ejecutoria, se pone de manifiesto que no todos los conceptos de violación que hizo valer en su demanda de garantías la quejosa, ahora recurrente, se encuentran dirigidos a impugnar el defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de veinticuatro de agosto de dos mil cinco, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en el juicio de amparo 630/2005-V, pues en dicha resolución sólo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, por considerar que la Sala responsable modificó la litis del recurso de apelación al señalar que para la procedencia de la condena en costas respecto del incidente promovido en el juicio natural, era indispensable que la cantidad de intereses moratorios hubiera sido aprobada en su integridad, a efecto de poder cuantificar las aludidas costas.

En tanto que, si bien es cierto que en algunos de los citados conceptos de violación, la quejosa pretende impugnar el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de mérito, al señalar que la Sala responsable modificó la litis del recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria primigenia,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21486-fc8b71a6/conceptos-de-violacion-no-debe-sobreseerse-con-base · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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