Corpus
Modo: Corpus Pro

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PARA CUMPLIR CON ESTAS GARANTÍAS, EL JUEZ DEBE RESOLVER CON BASE EN EL SUSTENTO LEGAL CORRECTO, AUN CUANDO EXISTA ERROR U OMISIÓN EN LA CITA DEL PRECEPTO O LEGISLACIÓN APLICABLE, ATRIBUIBLE AL PROMOVENTE DEL JUICIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 203/2006. · Registro digital (IUS): 22181
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 1835.

AMPARO EN REVISIÓN 203/2006. **********.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Son infundados los agravios antes transcritos.

El planteamiento formulado en agravios resulta infundado porque el hecho de que la autoridad responsable haya analizado la validez de las notificaciones impugnadas a la luz del Código Federal de Procedimientos Civiles y no con base en el código adjetivo local, no implica suplencia de la queja deficiente sino la corrección en la cita de los preceptos que fundan las inconformidades que se planteen, y así poder analizarse la cuestión efectivamente planteada.

En efecto, la incorrecta designación del ordenamiento legal aplicable por parte del hoy tercero perjudicado, de ninguna manera alteró la litis respectiva, pues la corrección sólo tuvo el alcance de precisar exactamente cuál fue el precepto legal que pudo o no resultar transgredido, sin influir en la decisión del juzgador al resolver el fondo de lo debatido, ya que su pretensión quedó demostrada mediante los hechos expuestos y los argumentos formulados sobre infracción de la ley. Es decir, la corrección en la cita del precepto que se estima infringido obedeció al principio de congruencia que debe regir en toda resolución jurisdiccional pues, de lo contrario, se crearía incertidumbre en perjuicio de las partes.

La inexacta invocación de preceptos legales aplicables al caso es una situación similar a aquella que acontece ante la falta de citación de los preceptos pues, en ambas hipótesis, resulta irrelevante -tanto la omisión como la equivocación-, ya que si del contenido del escrito de todos modos pueden deducirse con claridad los hechos y el objeto que persigue el promovente, es correcto que el Juez reconozca el error en su resolución, pero decida la cuestión debatida con base en la legislación efectivamente aplicable; esto es así, porque si las partes olvidan o equivocan las disposiciones aplicables al caso, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a conocer el derecho y a aplicar en forma correcta la ley, pues su función al administrar justicia implica juzgar los hechos que se someten a su competencia y consideración, con base en los principios generales de derecho iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius, conforme a los cuales, a los tribunales y sólo a ellos, competen la elección y decisión de la institución jurídica o los fundamentos y motivos que dan lugar al sentido del fallo que dicten, por lo que no puede sostenerse que ante el error en la cita de un precepto legal o cuerpo normativo, el juzgador pueda soslayar la recta interpretación y aplicación de los preceptos que se adecuan al caso concreto en acatamiento al imperativo contenido del artículo 14 constitucional, pues aceptar lo contrario sería apartarse de estos principios, lo que es equivalente a olvidar la exacta aplicación del derecho que persigue la correcta administración de justicia, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución General de la República.

Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos seis, de los Volúmenes 205-216, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO SE PRODUCE CUANDO EL JUZGADOR RESUELVE LA CONTROVERSIA DE ACUERDO CON LOS HECHOS PROBADOS EN EL JUICIO, SIN ATENDER A LA DENOMINACIÓN EMPLEADA POR LAS PARTES PARA CALIFICARLOS.-Dos principios generales de derecho constituye, sin lugar a dudas, por su rango normativo, los lineamientos rectores de toda la actividad jurisprudencial: ‘iura novit curia’ y ‘da mihi factum, dabo tibi ius’. Mientras que el primero postula que será el juzgador quien declare el derecho, el segundo reconoce que el único deber de los demandantes de justicia para que ésta sea impartida, será el de exponer los hechos, pues al tribunal corresponde declarar el derecho. Ambos principios se inspiraron quizá en el reconocimiento de la ilegitimidad de que estaría revestida la pretensión de que toda la población tuviera un conocimiento profundo de la ciencia jurídica, como el que sería necesario para discernir claramente la distinción entre las distintas categorías jurídicas. Esta función del juzgador exige, desde luego, una labor ineludible de interpretación no únicamente del derecho, sino de la voluntad de las partes; es decir, si a él le corresponde resolver un conflicto, cualquiera que sea la materia sobre la que verse y específicamente cuando trate de la legalidad o la constitucionalidad de una resolución administrativa, primeramente debe entender los términos en que dicha controversia se plantea, lo que sólo podrá lograr cuando analice la intención de los contendientes a través de las manifestaciones que al efecto se produzcan. Sin embargo, estas manifestaciones no son siempre congruentes con sus elementos, ni con el contexto, ya que en ocasiones se advierte el uso inadecuado de terminología. En estos casos, de acuerdo con un principio de interpretación, si una palabra contradice la intención declarada del exponente, deberá atenderse a ésta y no aquélla, no sólo debido a que tal parecer resulta lógico, sino porque no existe norma jurídica que autorice a desconocer la intención manifiesta de una parte, en aras de un vocablo incorrectamente utilizado. A igual conclusión se llega por el camino de la lingüística, en donde la función y el significado de las palabras están regidas por el contexto en que se emplean, de manera que no debe atenderse al significado que la palabra podría tener por sí sola, sino en su relación contextual, es decir, en armonía con la voluntad declarada en el texto. Convendría advertir que esta labor de interpretación no implica la suplencia de la queja, porque descubrir la intención de las partes no equivale a alterar los hechos, modificar la pretensión deducida o examinar un acto no expresamente impugnado, supuestos que definen precisamente a la institución de la suplencia de queja. Además, la circunstancia de que la calificación del tribunal entrañe la modificación o el desconocimiento de la nomenclatura empleada por el promovente, tampoco altera la situación jurídica de las partes, no genera un derecho que antes no existía, ni mucho menos crea un título distinto, máxime que en este caso no se dejaría en estado de indefensión a la contraparte, ya que conociendo los mismos hechos que el tribunal, podría desvirtuar la calificación equívoca, e incluso invocar el beneficio de la norma que estime aplicable."

No está por demás señalar que aun y cuando el tercero perjudicado fundó su incidente de nulidad en violaciones al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, siendo que el aplicable es el Código Federal de Procedimientos Civiles, hay semejanza en las disposiciones de ambos ordenamientos, pues los artículos relativos a las notificaciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, establecen lo siguiente:

Ver disposiciones

De lo anterior se obtiene que las disposiciones en materia de notificaciones de los códigos transcritos son similares, es decir, las dos legislaciones prevén que la diligencia de notificación personal habrá de practicarse con el interesado o con su representante, en el lugar que se haya señalado, dejando copia íntegra y autorizada de la resolución que se notifica; que si en la primera búsqueda no se encuentra a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere al diligenciario en ese lugar, al día y a la hora fijada, y que si no lo espera se le notificará por instructivo al que deberán anexarse las copias de la resolución con la que se le corra traslado, debiendo siempre verificar que el interesado o su representante vive en ese domicilio.

Por consiguiente, se afirma la identidad sustancial de las legislaciones en estudio, por lo que, si el apelante, hoy tercero perjudicado, invocó en agravios la infracción de los artículos 49 y 58 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, diciendo que eran de aplicación supletoria al Código de Comercio, al tenor de su artículo 1054; y si con motivo del cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo para que la responsable invalidara el fallo en que había declarado fundados aquellos agravios porque no se atendió a que los preceptos de supletoria aplicación corresponden al Código Federal de Procedimientos Civiles acorde al vigente artículo 1054 del Código de Comercio aludido, resulta claro que al emitir el fallo aquí reclamado la Sala responsable no procedió ilegalmente por el hecho de estimar fundados tales agravios con base en disposiciones diversas de las señaladas expresamente por el recurrente, pero que establecen reglas iguales que los de los preceptos que éste invocó.

Ante lo infundado de los agravios analizados, lo procedente, en la especie, es confirmar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** y a **********, contra el acto que reclaman de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el cual quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

TERCERO.-Se declara firme el segundo punto resolutivo de la sentencia recurrida, en el que se tuvo a los quejosos ********** y **********, consintiendo la publicación, sin supresión de datos, del fallo pronunciado en el juicio de amparo, conforme al procedimiento de acceso a la información, en términos de los artículos 8o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 19 del Acuerdo General 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Gustavo Calvillo Rangel, Raúl Armando Pallares Valdez y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22181-c77d0d3b/fundamentacion-y-motivacion-para-cumplir-con-estas-garantias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.