AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 296/2007. *********
CONSIDERANDO:
CUARTO.-No se habrán de analizar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, ni el agravio formulado en su contra, a pesar de haberse transcrito, toda vez que este tribunal colegiado advierte que en el caso el juez de distrito incurrió en una omisión que pudiera influir en la sentencia que ha de dictarse en definitiva y que, por ende, es susceptible de trascender al resultado del fallo ante un beneficio práctico, por lo que en el caso deberá reponerse el procedimiento en términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo.
Dicha porción normativa dispone lo siguiente:
"Artículo 91. El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: ... IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; y ..."
Previamente, se reseñarán los antecedentes que se desprenden del juicio de amparo número 968/2007, del que proviene la sentencia recurrida:
1. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil siete, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, ********** por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director de Servicios Periciales adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, que hizo consistir en:
"A. De la autoridad responsable ordenadora reclamo la negativa a expedir en mi favor mis antecedentes no penales, derivado de la sentencia dictada en mi contra dentro del proceso número 372/2004 del Juzgado Tercero de lo Penal de esta ciudad." (fojas 2 y 3).
2. Por auto de diecisiete de agosto siguiente, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla, a quien por razón de turno correspondió conocer del presente asunto, entre otros acuerdos, admitió la citada demanda (foja 5).
3. Mediante escrito presentado el veintidós del citado mes y año, el quejoso exhibió copia fotostática simple de la petición realizada ante la mencionada autoridad responsable, en la cual obra el sello original de recepción de dicha dependencia, de fecha diecisiete de mayo de dos mil siete (foja 10).
4. Por oficio número 5475/07, el Director de Servicios Periciales responsable rindió informe justificado en el sentido de que mediante diverso oficio 3494/2007, de fecha veintitrés de mayo de dos mil siete, dio contestación al ocurso presentado por el ahora quejoso y otro, y que con fecha veintisiete de junio del mismo año, fue recibido por el ahora quejoso (foja 17).
Como justificante de su informe, la autoridad responsable exhibió, entre otros documentos, copia certificada por el Subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, del mencionado oficio número 3494/2007 (foja 19).
5. Por auto de tres de septiembre de dos mil siete, el juez federal tuvo por rendido el citado informe justificado y ordenó dar vista a las partes (foja 51).
Este proveído fue notificado por lista con fecha cuatro de septiembre siguiente (foja 51 vuelta).
6. Seguido el trámite correspondiente, el diecinueve de septiembre de dos mil siete, el a quo dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, al estimar inexistentes los actos reclamados, pues a su consideración, con anterioridad a la presentación de la demanda (dieciséis de agosto de dos mil siete), esto es el veintitrés de mayo del mismo año, la autoridad responsable dio contestación a la petición y la notificó con fecha veintisiete del mismo mes y año a "... **********, quien de manera conjunta con el quejoso formuló la petición, de cuya falta de contestación se duele el impetrante del amparo en el presente juicio." (foja 53).
Ahora bien, de la lectura integral a la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado lo constituye la falta de contestación a la petición formulada, mediante escrito presentado ante la responsable, el diecisiete de mayo de dos mil siete.
Por su parte, al rendir el informe justificado, la autoridad responsable sostuvo que era cierto el acto reclamado, pero que con fecha veintitrés de mayo de dos mil siete dio respuesta a la petición que se le formuló, y que ésta fue notificada el veintisiete de junio siguiente, para lo que acompañó al informe justificado copia certificada de la que se dice la respuesta emitida en el que refiere consta la notificación de la aludida respuesta.
Con base en la información proporcionada por la responsable y la documental exhibida, el juez federal estimó que el acto reclamado era inexistente (veintitrés de mayo -respuesta- y veintisiete de junio -notificación-, ambos de dos mil siete), toda vez que con anterioridad a promover el juicio de garantías (dieciséis de agosto de dos mil siete), ya se había dado contestación a la petición y ya había sido notificada a la persona que formuló la misma en conjunto con el ahora quejoso.
Al respecto, este tribunal colegiado estima que dado que en el presente caso el acto reclamado lo constituye la omisión de dar respuesta a la petición formulada por el quejoso recurrente y en virtud de que la autoridad responsable exhibió una constancia a fin de acreditar que recayó una respuesta a dicha petición y que se le dio a conocer al quejoso, el juez federal debió ordenar la notificación en forma personal al impetrante con el contenido del informe justificado rendido por dicha autoridad y con las constancias que se anexaron a éste, y requerirlo para que manifestara si ampliaba la demanda de amparo contra dicho acto; por lo que al no haberlo ordenado así, dejó al referido quejoso en estado de indefensión al restringirle la oportunidad de ampliar su demanda de garantías respecto del contenido de dicho informe y su anexo.
Lo anterior, porque si bien el a quo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Amparo, tiene la facultad discrecional para ordenar que la notificación se realice en forma personal; sin embargo, al ser una determinación de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, lo debió ordenar de esa forma.
Tiene aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.-De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada."
Asimismo se cita en apoyo, por igualdad de razón, la jurisprudencia P./J. 15/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.-La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional."
En efecto, este tribunal colegiado estima que si en casos como el presente en el que se promueve un juicio de garantías por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8º constitucional, la autoridad responsable rinde informe justificado en el sentido de que la petición formulada por el accionante del juicio fue contestada y notificada en fecha previa a la de la presentación de demanda, circunstancia que podría tener como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de la omisión reclamada, sin embargo, dicha contestación puede ser objeto ya sea de la promoción de un diverso juicio de garantías o de la ampliación de la demanda de amparo inicial, aun cuando se afirme por la autoridad responsable que la respuesta se formuló antes de que se instaurara el juicio, pues la circunstancia de que el quejoso acuda al amparo haciendo valer la violación a la garantía constitucional en estudio, hace deducir que tal contestación y su notificación constituyen actos nuevos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, y que por tanto, puede analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de la concentración y economía procesal referidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República.
Debe hacerse hincapié en que en el presente caso, la reposición del procedimiento se ordena a fin de garantizar al quejoso el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, tal y como lo exige el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, ello es así en virtud de que de no ordenarse aquélla podría dejarse al gobernado en estado de indefensión al vedársele la oportunidad de controvertir el contenido de la constancia con la que se pretende acreditar que se dio respuesta a la petición que formuló y su notificación, máxime que el contenido de la pretendida respuesta es materia del fondo del asunto, en cuanto a su congruencia y en la especie el a quo decretó el sobreseimiento.
Sin que el análisis de la legalidad de esa documental pueda ser materia de agravios en la revisión, ya que de conformidad con los artículos 83, fracción III, y 91, de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisión interpuesto en contra de un auto en el que se decrete el sobreseimiento en el juicio de amparo, como en el presente caso, se constriñe a examinar la legalidad de dicha sentencia, ya sea por violaciones cometidas en ésta en cuanto al análisis efectuado respecto de la procedencia del juicio y de la constitucionalidad de los actos reclamados, por las determinaciones tomadas en la audiencia constitucional o por violaciones a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías que hayan trascendido al resultado del fallo, mas no pueden ser objeto de estudio cuestiones no planteadas en la demanda de amparo, por lo que, se insiste, no puede ser examinada en la revisión la constancia con la que se pretende acreditar la respuesta a la solicitud presentada por el quejoso y su notificación, puesto que éste no formuló conceptos de violación en su contra al no habérsele dado oportunidad para ello.
En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 5/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XIX, Febrero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. EL RECURRENTE NO PUEDE PRECISAR EN ELLOS CUESTIONES QUE NO PLANTEÓ EN LA DEMANDA DE AMPARO.-Si se toma en consideración que tanto los argumentos que el recurrente expresa en los agravios, como la infracción de las disposiciones que cita en ellos, debió alegarlos como conceptos de violación en la demanda de garantías, es indudable que no puede precisar en aquéllos cuestiones que no planteó en su demanda, de manera que si así lo hace, no hay base para modificar la sentencia recurrida."
En consecuencia, lo procedente es, con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, revocar la resolución recurrida y ordenar al a quo que deje insubsistente la audiencia constitucional y reponga el procedimiento en el juicio de garantías 968/2007, a fin de que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 del citado ordenamiento legal, ordene la notificación en forma personal al quejoso del informe justificado rendido por la autoridad responsable y sus anexos, puesto que lo que éste reclama es precisamente la omisión de dar respuesta a su petición, para que conozca la constancia con la que se pretende acreditar que se dio respuesta a la petición que formuló y su notificación, lo anterior para el efecto de que en caso de así creerlo conveniente, esté en la posibilidad de ampliar su demanda de amparo; y hecho lo cual, continúe con el procedimiento en el juicio de garantías como en derecho corresponda.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 91 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 968/2007, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla, promovido por **********, en los términos precisados en la parte final del considerando cuarto de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de distrito de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Señores Magistrados Jorge Higuera Corona, Francisco Javier Cárdenas Ramírez y José Eduardo Téllez Espinoza, siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción IV y penúltimo párrafo, 18, fracción II, y 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21481-eb2a5b83/ampliacion-de-la-demanda-de-garantias-el-quejoso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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