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Modo: Corpus Pro

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE AFECTE DIRECTAMENTE EL ACTO QUE DE ÉL SE RECLAME.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 299/2007. · Registro digital (IUS): 20673
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 2745.

AMPARO EN REVISIÓN 299/2007.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Aun cuando se transcribieron la sentencia recurrida y los agravios expresados por el ahora recurrente, resulta innecesario su estudio, en virtud de que el recurso de revisión interpuesto por el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato debe desecharse por las razones que a continuación se señalan.

Este Tribunal Colegiado considera que la referida autoridad carece de legitimación para impugnar la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante la cual concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, porque la resolución que constituye el acto reclamado, consistente en la reducción de la medida de internamiento decretada contra el adolescente, fue dictada por una autoridad que carecía de competencia legal para ello, como consecuencia de que el delito por el que se le procesó y sentenció al menor de edad responsable fue cometido con anterioridad (febrero de dos mil cinco), incluso a que entrara en vigor la legislación que prevé las facultades otorgadas a la autoridad recurrente y a la entrada en vigor de la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que generó a favor del adolescente el derecho a ser juzgado sólo por autoridades y conforme al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes; de ahí que con la emisión del acto reclamado por una autoridad incompetente, carece de efectos; en ese sentido agravia al quejoso, por lo cual, en reparación de esa violación, concedió el amparo.

En ese sentido, el argumento asumido por el Juez de Distrito estribó, esencialmente, en un aspecto de presupuesto procesal, como es la competencia legal del secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato señalado como autoridad responsable en la emisión del acto reclamado, en el que sostiene, esencialmente, que en dicho acto reclamado la citada autoridad responsable aplicó de manera retroactiva, en perjuicio del quejoso, la legislación secundaria, génesis de la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también de la entrada en vigor de dicho precepto.

La autoridad recurrente, como dependencia pública, realiza de acuerdo a sus facultades vigentes actos materialmente jurisdiccionales, como fue la emisión del acto reclamado, en la que le redujo la medida de internamiento al adolescente quejoso.

Así, el citado órgano, que en el caso intervino en la aplicación de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Guanajuato -ley secundaria creada con motivo de la reforma al artículo 18 constitucional-, carece de interés para impugnar una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, pues aun cuando ésta se encuentra vinculada con la resolución reclamada a dicha autoridad, no se da la afectación directa a sus intereses, en razón de que la consecuencia de la protección constitucional otorgada, únicamente incide en los derechos individuales del quejoso o, en su caso, del tercero perjudicado.

Así, aun cuando dicha autoridad comparece como responsable en el juicio de amparo indirecto y en éste se dicta un fallo protector, es incuestionable que aun siendo parte en el juicio, carece de legitimación para promover el recurso de revisión, en virtud de que no afecta los intereses del órgano que representa.

Pues la materia del juicio jurisdiccional, del que emana el acto reclamado, esto es, conforme a las leyes vigentes en la fecha de comisión de la infracción por parte del menor de edad, originó un conflicto de intereses de derecho público ante el interés del Estado de no dejar impune la conducta infractora del adolescente, por lo que la concesión del amparo sólo afecta a las partes de la relación jurídica procesal, además, comparecen al juicio de amparo, ya sea como quejoso o tercero perjudicado, y en tal evento únicamente ellos están legitimados para impugnar mediante el recurso de revisión la determinación del Juez de Distrito o, en su caso, el agente del Ministerio Público de la Federación, quien interviene en defensa de los intereses de la sociedad.

Así las cosas, aunque la autoridad responsable es parte en el procedimiento constitucional, y como parte procesal puede interponer los recursos previstos en términos de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, como regla general, ello no sucede cuando se trata de autoridades señaladas como órganos jurisdiccionales, cuya función es materialmente jurisdiccional (en ejecución), pues la aquí recurrente de acuerdo a sus facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, está a cargo de los centros de internamiento de adolescentes, en cuyas atribuciones, entre otras, se encuentra la de velar el cumplimiento de la sanción impuesta por la autoridad que conoció del procedimiento especial; en ese sentido, al aplicar la ley favorable (artículo 18 constitucional), únicamente se circunscribió a circunstancias de ejecución de la pena, de ahí que sus funciones sean jurisdiccionales.

En el caso, se trata de una autoridad formalmente administrativa pero materialmente jurisdiccional, como lo fue la aplicación de normas de carácter procesal en cuanto a adolescentes infractores.

Consecuentemente, esa función jurisdiccional de la autoridad administrativa aquí recurrente, tiene como característica su imparcialidad y decir el derecho, lo que implica no involucrarse en el interés de las partes.

Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales no están facultados para interponer el recurso de revisión a que se refiere la fracción IV del artículo 83 de la Ley de Amparo, pues además de carecer de interés en la subsistencia del acto reclamado, de hacerlo, estarían tomando partido en contra de alguna de las partes, en el caso, del adolescente que es el promovente del juicio de amparo.

Así ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios, que las autoridades responsables que ejercen funciones jurisdiccionales, cualquiera que sea su especialidad, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias de amparo pronunciadas por los Jueces de Distrito.

Tiene aplicación en el caso, la jurisprudencia P./J. 22/2003 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 23, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos texto y rubro son los siguientes:

"REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.-Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir."

Resulta aplicable en el caso, la jurisprudencia 1a./J. 142/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 59, Tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos texto y rubro son los siguientes:

"CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES DEL ESTADO DE YUCATÁN. SUS CONSEJEROS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE AFECTEN DIRECTAMENTE EL ACTO QUE DE ELLOS SE RECLAME.-Si bien es cierto que conforme al artículo 87 de la Ley de Amparo las autoridades responsables pueden interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclame, también lo es que lo anterior se encuentra supeditado a que el acto no se hubiere reclamado a una autoridad judicial o jurisdiccional, como se advierte en la jurisprudencia P./J. 22/2003, sostenida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: ‘REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.’, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 23. Por otro lado, la otrora Primera Sala del Máximo Tribunal sostuvo que las funciones desempeñadas por los Consejos Tutelares de Menores Infractores son de naturaleza jurisdiccional, como lo prevé la jurisprudencia 1a./J. 17/94, de rubro: ‘MENORES INFRACTORES. COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL.’, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 81, septiembre de 1994, página 11. En congruencia con dichos criterios, resulta evidente que los consejeros ordinarios del Consejo Tutelar de Menores Infractores del Estado de Yucatán carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que de ellos se reclame, en atención a la naturaleza jurisdiccional de su función, consistente en: a) instruir el procedimiento, b) resolver sobre la situación jurídica de los menores infractores, y c) evaluar y ordenar las medidas de orientación, protección y tratamiento necesarios para su adaptación social. Sin que sea óbice a lo anterior la circunstancia de que dicho Consejo sea una autoridad de carácter administrativo -órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno-, ya que aun sin ser un tribunal judicial, tiene facultades materialmente jurisdiccionales, en tanto que dirime controversias surgidas con motivo de la aplicación de la ley de la materia."

En tales condiciones, puede afirmarse que el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, señalado como autoridad responsable, que obra como órgano jurisdiccional en el acto que se reclama, carece de legitimación para impugnar la determinación dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato.

No es obstáculo para arribar a lo anterior, la circunstancia de que, por acuerdo de presidencia, se haya admitido a trámite el presente recurso de revisión, en razón de que los autos de presidencia no causan estado y no obligan al Pleno de este Tribunal Colegiado.

En el tema, se comparte el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis 669 publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 449, con el rubro y texto siguientes:

"AUTOS DE PRESIDENCIA. NO CAUSAN ESTADO LOS.-Los autos de presidencia no causan estado, por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, por lo que el tribunal no está obligado a respetarlos si se admite a trámite un juicio de amparo, y del estudio íntegro de la demanda de garantías y de las constancias de autos, se advierte que el órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del asunto, en términos del artículo 46 de la ley de la materia."

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 91, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Se desecha el recurso de revisión.

Notifíquese; anótese en el libro de registro; con testimonio de esta sentencia vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Arturo Mejía Ponce de León, Óscar Rogelio Valdivia Cárdenas y Ángel Michel Sánchez, siendo ponente el tercero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20673-877cc9c4/titular-de-la-secretaria-de-seguridad-publica-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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