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Modo: Corpus Pro

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. PARA CUANTIFICAR EL MONTO DE SU INDEMNIZACIÓN NO DEBE ATENDERSE AL ÍNDICE DE CULPABILIDAD (CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 292/2007. · Registro digital (IUS): 20956
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 1131.

AMPARO DIRECTO 292/2007.

CONSIDERANDO:

IX.-Por otro lado, como ya se asentó al inicio del considerando séptimo de esta ejecutoria, en suplencia de la queja a que alude la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, este cuerpo colegiado advierte que la sentencia reclamada es violatoria de los derechos subjetivos públicos del amparista ... en lo relativo a la reparación del daño moral, así como en lo concerniente al inicio del cómputo de la pena de prisión por compurgar.

En cuanto al primer aspecto, cabe señalar, en principio, lo siguiente:

El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 20. En todo proceso del orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"...

"B. De la víctima o del ofendido:

"...

"IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

"La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño."

De la interpretación a dicho numeral se desprende que la reparación del daño es una pena pública correlativa al derecho subjetivo público del ofendido o víctima del delito de ser resarcido en los perjuicios causados como consecuencia de la comisión de un delito.

Bajo esta premisa, en las conclusiones acusatorias la representación social solicitó, entre otras cosas, que se condenara al quejoso a la reparación del daño moral, que "consistirá" en una cantidad monetaria que "... será utilizada para que la ofendida reciba apoyo psicoterapéutico especializado a manera de prevención y recupere su estabilidad emocional y personal, debido al abuso sexual del que fue sometida por parte del hoy acusado (quejoso) ..."

Así, la Sala responsable determinó lo siguiente:

"Por otro lado, fue correcto el actuar de la juzgadora de haber condenado al sentenciado ... al pago de la reparación del daño moral por la cantidad de $7,349.17 (siete mil trescientos cuarenta y nueve pesos 17/100 M.N.) en efectivo, y a favor de la ofendida ... representada por su padre ... en términos de lo dispuesto por los artículos 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al 26, fracción III, 29, 32, fracción I, del Código Penal vigente y 162, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales, toda vez que como lo solicitó el Ministerio Público adscrito, se encuentra demostrado el daño moral causado en la persona de la ofendida, ya que es la lesión que sufre una persona en sus valores espirituales, como son sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, honra, prestigio, reputación, vida privada, y como en este daño no es posible restablecer la situación anterior a su comisión, es decir, no se puede indemnizar en especie, en consecuencia, la reparación consistirá en pagar una suma de dinero y, además, en el caso en específico, el daño moral debe considerarse probado, además va implícito en la consumación del ilícito realizado en la persona de la víctima, quien indudablemente es una persona privada de razón, la cual necesitará dinero en efectivo para que reciba apoyo psicoterapéutico especializado a manera de prevención y recupere su estabilidad emocional y personal, debido al abuso sexual al que fue sometida por parte del justiciable. Siendo aplicable al presente caso el criterio de jurisprudencia titulado:

"‘DAÑO MORAL. PRUEBA DEL MISMO.-Siendo el daño moral algo subjetivo, no puede probarse en forma objetiva como lo alegan los quejosos, al señalar que el daño moral no fue probado, puesto que existe dificultad para demostrar la existencia del dolor, del sentimiento herido por atender a las afecciones íntimas, al honor y a la reputación, por eso la víctima debe acreditar únicamente la realidad del ataque.’."

Sentado lo anterior, cabe indicar que la reparación del daño moral gravita en torno a la afectación producida por un hecho ilícito y que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás.

En el caso que nos ocupa, el delito de violación equiparada fue en contra de una persona privada de razón; factor que fue determinante para que no pudiera impedir o resistirse material o emocionalmente a la cópula que le impuso el hoy quejoso; de tal suerte que fue correcto que se le impusiera, por concepto de la reparación del daño moral, el pago de una cantidad económica para que la paciente del delito reciba apoyo psicoterapéutico especializado y, así, recupere su estabilidad psicológica.

Sin embargo, del análisis de la sentencia reclamada se advierte, en primer lugar, que no se hizo razonamiento alguno en torno a los tres requisitos exigidos por el numeral 26, fracción III, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de México, para determinar el monto que le correspondía pagar al quejoso respecto de la reparación del daño moral; y, en segundo lugar, que para su cuantificación se tomó en consideración el índice de culpabilidad estimado al inodado (intermedial bajo).

En efecto, dicho numeral, en lo que interesa, establece lo siguiente:

"Artículo 26. La reparación del daño comprende:

"...

"III. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima.

"El monto de la indemnización por el daño moral no podrá ser inferior a treinta ni superior a mil días multa y será fijado considerando las circunstancias objetivas del delito, las subjetivas del delincuente y las repercusiones del delito sobre el ofendido."

Dispositivo que enuncia que el monto de la reparación del daño moral será fijado considerando los requisitos siguientes:

a) Las circunstancias objetivas del delito.

b) Las circunstancias subjetivas del delincuente; y,

c) Las repercusiones del delito sobre el ofendido.

Así, como ya se dijo, la Sala responsable no hizo razonamiento alguno en torno a estos tres requisitos para cuantificar el monto de la reparación del daño.

Pero además, si bien el transcrito párrafo segundo de la fracción III del citado artículo 26 ibídem, establece un parámetro mínimo y máximo económicos (treinta y un mil días multa), lo cierto es que para la cuantificación de ese monto no debe atenderse al grado o índice de culpabilidad estimado al acusado, ya que por la índole moral del daño a reparar es evidente que su cuantificación no es resultante de una operación aritmética en la que el factor sea ese índice, sino como la propia ley penal lo señala, es resultante del análisis de los tres requisitos enunciados.

De tal manera que el establecimiento de aquellos parámetros mínimo y máximo son sólo indicativos de que el "... monto de la indemnización por el daño moral no podrá ser inferior a treinta ni superior a mil días multa ...", pero no para en ellos aplicar como factor de cuantificación el índice de culpabilidad, cuando para la determinación del daño moral por reparar, la ley penal establece, se insiste, que el monto "... será fijado considerando las circunstancias objetivas del delito, las subjetivas del delincuente y las repercusiones del delito sobre el ofendido."

Por tanto, ante las circunstancias apuntadas, resulta claro que la sentencia reclamada es violatoria de los derechos subjetivos públicos del amparista en la medida en que en la cuantificación del daño moral se aplicó inexactamente la ley penal y, por tanto, debe concederse al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal.

En otro aspecto, en lo concerniente al inicio del cómputo de la pena de prisión por compurgar, la autoridad judicial responsable expuso:

"... tomando como punto de referencia el grado de culpabilidad en que fue ubicado el sentenciado y que este cuerpo colegiado ha convalidado, se considera justo y legal imponer a ... la pena de diez años siete meses quince días de prisión, que deberá de compurgar en el lugar que para tal efecto designe la autoridad correspondiente, y conforme a los lineamientos establecidos por la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México; computados a partir de la fecha en que se le decretó su detención en la presente causa, que lo fue el día dieciocho de septiembre del año dos mil seis."

Transcripción de la que se desprende que el cómputo de la pena privativa de la libertad iniciará a partir del dieciocho de septiembre de dos mil seis, fecha en la que, según se dice, se "decretó su detención en la presente causa".

El artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución General de la República establece lo siguiente:

"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"...

"X. ...

"En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención."

Del análisis de este dispositivo se desprende que cuando se imponga en una sentencia una pena de prisión, deberá computársele al acusado el tiempo de la detención.

Ahora bien, las constancias de autos ponen de relieve que el quejoso fue materialmente puesto a disposición de la autoridad ministerial con motivo de su detención flagrante, el día dieciséis de septiembre de dos mil seis, de tal manera que ésta es la fecha que debe tomarse en consideración para determinar el inicio del cómputo del tiempo en que el quejoso ha estado detenido, pero no la que indicó la autoridad responsable.

Por tanto, es evidente que la sentencia reclamada, en cuanto a estos dos específicos aspectos, es violatoria de los derechos subjetivos públicos del quejoso y, por ende, procede conceder a ... el amparo y protección de la Justicia Federal, para el único efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución combatida y dejando intocados los demás aspectos de la sentencia reclamada, dicte otra en la que:

a) Realice la cuantificación del monto de la reparación del daño atendiendo a las exigencias que para tal caso señala el artículo 26, fracción III, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de México; en la inteligencia de que la cuantificación resultante del monto de dicha reparación no podrá exceder de la cantidad señalada en la sentencia reclamada; y,

b) Deberá precisar que el dieciséis de septiembre de dos mil seis es la fecha en que debe iniciar el cómputo de la pena privativa de libertad por compurgar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Para los efectos precisados en el considerando noveno de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra el acto y autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos a la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado Presidente de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a efecto de que informe a este órgano colegiado acerca del cumplimiento dado a esta ejecutoria, agregando desde luego copia certificada de las constancias que lo acredite.

Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Reynaldo Manuel Reyes Rosas (presidente), Darío Carlos Contreras Reyes y Héctor Lara González, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20956-9565231e/reparacion-del-dano-moral-para-cuantificar-el-monto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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