Corpus
Modo: Corpus Pro

MULTA POR ROBO. LA SENTENCIA POR LA QUE SE IMPONEN AL INCULPADO CUATROCIENTOS DÍAS COMO SANCIÓN PECUNIARIA APLICANDO LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 220 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL PREVISTA EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 209/2007. · Registro digital (IUS): 20359
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 2399.

AMPARO DIRECTO 209/2007.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Por lo que se refiere a la sanción pecuniaria de seiscientos días multa, equivalente a veintinueve mil doscientos dos pesos que se impuso al enjuiciado, en suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado considera improcedente imponer dicha sanción por tratarse de una pena fija que impide cuantificarla de acuerdo al grado de culpabilidad apreciado al aquí quejoso, en razón de que la fracción IV del numeral 220 del Código Penal para el Distrito Federal no establece límites mínimo y máximo de la sanción pecuniaria, lo que impide que al cuantificar dicha pena, se pueda imponer conforme al índice de culpabilidad que le fue determinado al impetrante, lo cual es violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley establecida en el párrafo tercero del dispositivo 14 constitucional, por las consideraciones que a continuación se expresan.

El ordinal 220, fracción IV, del Código Penal para el Distrito Federal, establece:

"Artículo 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán:

"IV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos o seiscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces el salario mínimo."

Asimismo, en razón de que en la especie se trata de un delito agravado cometido en pandilla, cuyas penas deben imponerse en proporción a las previstas para el delito doloso consumado, es necesario tener presente lo que al efecto establecen los preceptos 71 y 252, párrafo primero, del ordenamiento sustantivo antes mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Artículo 71. (Fijación de la disminución o aumento de la pena). En los casos en que este código disponga penas en proporción a las previstas para el delito doloso consumado, la punibilidad aplicable será para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mínimo y máximo de la pena prevista por aquél. Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres meses.

"Cuando se prevea la disminución o el aumento de una pena con referencia a otra, se fijará con relación a los términos mínimo y máximo de la punibilidad que sirva de referencia.

"En estos casos, el juzgador individualizará la pena tomando como base el nuevo marco de referencia que resulte del aumento o disminución.

"En ningún caso se podrán rebasar los extremos previstos en este código.

"Lo previsto en el párrafo anterior no es aplicable para la reparación del daño ni la sanción económica."

"Artículo 252. Cuando se cometa algún delito por pandilla, se impondrá una mitad más de las penas que correspondan por el o los delitos cometidos, a los que intervengan en su comisión."

Sentadas las premisas anteriores, es fácil advertir que el invocado artículo 220, fracción IV, prevé sanción pecuniaria de cuatrocientos o seiscientos días multa, esto es, no establece un mínimo y un máximo a imponer para el evento de que la conducta del sujeto activo encuadre en dicha hipótesis, en razón de que la conjunción disyuntiva "o", de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas, por lo que, en el caso, dicha vocal hace alusión a que puede imponerse una u otra pena, pero no significa que el límite mínimo sean cuatrocientos y el máximo seiscientos días multa, de donde se obtiene que se trata de multas fijas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que impide que puedan ser cuantificadas para los efectos de la individualización de las sanciones conforme al grado de culpabilidad de los sentenciados. Luego, de la interpretación sistemática de los numerales 70, 71, 72 y 252 del Código Penal para el Distrito Federal, se obtiene que el legislador claramente estableció las reglas para la imposición de las penas en los delitos cometidos en pandilla, determinando precisamente la elevación de las sanciones en proporción a los delitos dolosos consumados, estableciendo reglas para fijar los límites mínimo y máximo de las penas a imponer para el caso de delitos de esa naturaleza, sin embargo, al establecer la fracción IV del ordinal 220 antes mencionado, las penas señaladas, fue omiso en señalar límites (mínimo y máximo) de la sanción pecuniaria, lo cual impide jurídicamente que el juzgador pueda establecer el límite mínimo y máximo de la multa a imponer al justiciable, por lo que tal omisión impide la aplicación de dicha sanción pecuniaria en los términos precisados en el dispositivo 71, en relación con el 252, antes transcritos.

En tales condiciones, es dable concluir que la multa establecida en el precepto 220, fracción IV, del Código Penal para el Distrito Federal es inconstitucional y, por ende, la sentencia reclamada que impuso al quejoso dicha pena pecuniaria por el delito de robo agravado en pandilla en los términos antes mencionados, es violatoria de la garantía de exacta aplicación de la ley establecida en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional.

Sirve de apoyo a la consideración anterior, la jurisprudencia P./J. 10/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, julio de 1995, página 19, bajo el epígrafe:

"MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.-Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares."

Así como la tesis TC019066.9PE 1 de este órgano colegiado, pendiente de publicación, que se lee:

"ROBO EN GRADO DE TENTATIVA, IMPROCEDENCIA DE LA SANCIÓN PECUNIARIA.-Con motivo de la reforma al artículo 220 fracción IV del Código Penal para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el nueve de julio de dos mil seis, en vigor al día siguiente, se advierte que en el mismo no se determina un mínimo y máximo de la sanción pecuniaria a imponer a quien se ubique en el supuesto de la norma, al señalar que se impondrá prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos o seiscientos días multa, cuando el valor de lo robado excediera de setecientas cincuenta veces el salario mínimo, pues de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la conjunción disyuntiva ‘o’, denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más cosas o ideas, de ahí que en el caso dicha vocal hace alusión a que se puede imponer una u otra pena, pero no que el límite mínimo sean cuatrocientos y el máximo de seiscientos días multa, de lo que se obtiene que se trata de multas fijas, cuya inconstitucionalidad se encuentra declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues impiden su cuantificación para los efectos de la individualización de las sanciones conforme al grado de culpabilidad de los enjuiciados.-Por tanto, es violatoria de garantías la sentencia reclamada que impuso al quejoso cuatrocientos días multa como sanción pecuniaria, bajo el argumento de ser la más benéfica para el sentenciado, pues no obstante que el grado de culpabilidad que le fue apreciado es ligeramente superior al mínimo, la misma transgrede en perjuicio del quejoso garantías individuales, ya que el hecho de que la pena impuesta sea la de menor cuantía y por ello ‘benéfica’ para el enjuiciado, no quiere decir que sea constitucional."

Sin que sea óbice para arribar a esa conclusión, la consideración que al efecto vertió la autoridad de alzada para justificar la imposición de la sanción pecuniaria en el sentido que "... la ‘o’ es disyuntiva y, por ende, en la actualidad, ya no se contempla un parámetro de punibilidad para la aplicación de la sanción pecuniaria, por lo que en observancia del artículo 14 constitucional, en relación con el numeral 2 del Código Penal para el Distrito Federal, la fijación de la multa será atendiendo a 400 cuatrocientos días de multa por lo que respecta al tipo básico, tomando en cuenta la reforma al artículo 220, fracción IV, que es más favorable a los justiciables y que, por ende, debemos aplicar retroactivamente ..."; toda vez que el hecho de que la pena que se le impuso es la de menor cuantía y, por ello, "benéfica" para el enjuiciado, ello no quiere decir que sea legal, pues la ley es abstracta, general e impersonal, al margen de que sea benéfica o no para el gobernado, cuya aplicación debe ser exacta conforme al párrafo tercero del precepto 14 constitucional.

En las citadas condiciones, se concede a ... el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el único efecto de que la Sala responsable, manteniendo en sus demás aspectos la sentencia reclamada, dicte una nueva en la que, dejando intocados los demás aspectos de la sentencia reclamada, elimine la sanción pecuniaria de seiscientos días multa, equivalentes a veintinueve mil doscientos dos pesos, que como sanción pecuniaria le fue impuesta.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 77, 78, 79, 80 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Para el único efecto precisado en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra el acto que reclama de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia definitiva dictada el tres de abril de dos mil siete en el toca penal ... por el delito de robo agravado, por haberse cometido respecto de vehículo automotriz, en pandilla.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Lilia Mónica López Benítez (presidenta y ponente), Emma Meza Fonseca y Humberto Manuel Román Franco.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20359-59052de7/multa-por-robo-la-sentencia-por-la-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.