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Modo: Corpus Pro

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL EMPLAZAMIENTO DEL AGENTE ADUANAL AL JUICIO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO, ES UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE DEBE SER VERIFICADA DE OFICIO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 207/2008. · Registro digital (IUS): 21231
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 859.

AMPARO DIRECTO 207/2008.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los conceptos de violación deben desestimarse en una parte, pero en otro aspecto este tribunal advierte de oficio la existencia de una violación a las reglas que norman el procedimiento del juicio contencioso-administrativo, lo cual amerita conceder el amparo para el efecto de que se decrete su reposición.

Por razón de método, dichos conceptos se estudian en un orden distinto al en que fueron formulados, atendiendo al principio de mayor beneficio en el examen de los planteamientos de la quejosa, de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 3/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional."

Igualmente, sirve de apoyo al caso la tesis VI.1o.A.128 A de este tribunal colegiado, publicada en la página 746, tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"AMPARO DIRECTO. TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INCLUIDOS AQUELLOS QUE VERSEN SOBRE UN TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. Al tenor de lo dispuesto en los artículos 158 y 166, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, cuando en amparo directo se ataque la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que hubiere puesto fin al juicio, tildando de inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento que según el caso se haya aplicado en el acto reclamado, la impugnación respectiva se hará sólo en el capítulo de conceptos de violación de la demanda de garantías, sin señalar como acto combatido la ley, el tratado o el reglamento, pues en la vía directa únicamente puede reclamarse la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que ponga fin al juicio. En ese sentido debe decirse que, al momento de analizar los conceptos de violación propuestos, se ha de proceder bajo la premisa de preferir aquellos argumentos que conduzcan a la obtención de mayores beneficios para la parte quejosa, reservando para un examen posterior los planteamientos de menores logros, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Para conseguirlo, es necesario atender al momento procesal en el que se ubique la pretendida violación, es decir, debe seguirse un orden cronológico en el que tenga prelación un vicio cometido al inicio del procedimiento de origen, por encima de otro situado en una etapa ulterior, o bien, en la resolución con que culmine pues, lógicamente, destruido el procedimiento desde el principio, ello traerá como consecuencia que también queden sin efecto las actuaciones posteriores, generándose así un provecho mayor al que se lograría de haberse analizado una transgresión acaecida al emitirse la resolución final del procedimiento, porque en esta última hipótesis los actos previos continuarían siendo válidos. Por consiguiente, observando esa interpretación, un vicio de incompetencia presentado en el origen con alcances de nulidad lisa y llana, tiene prioridad y produce un beneficio superior al que se alcanzaría por otra violación situada en una fase posterior o final, incluso, a pesar de que el planteamiento respectivo versara sobre un tema de constitucionalidad de leyes."

Precisado lo anterior, en la especie se advierte que dentro del décimo séptimo concepto de violación (fojas 126 a 130), la peticionaria de amparo plantea una violación al procedimiento contencioso-administrativo.

En esencia aduce que la Sala vulneró en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 47 y 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que omitió notificarle el cierre de la instrucción en el juicio de nulidad; que el ocho de abril de dos mil ocho, se le notificó tanto la interlocutoria de tres de marzo del año en curso, donde se resolvió el incidente de falsedad de documentos promovido por la parte demandada, como la sentencia definitiva reclamada fechada el día cuatro del mes y año últimamente mencionados, motivo por el cual no estuvo en posibilidad de defenderse de aquella interlocutoria, ni de formular alegatos.

Son infundados los argumentos resumidos.

Al respecto, es conveniente destacar los siguientes antecedentes del asunto:

1. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el dieciséis de mayo de dos mil siete (fojas 1 a 87), la empresa **********, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-21-II-2032 (fojas 88 a 112), dictada el veintiocho de febrero del precitado año, por el Administrador Local Jurídico de Puebla Norte, en el recurso de revocación número RL 451/2006, interpuesto en contra de la liquidación realizada por la Aduana de Veracruz en el oficio 326-SAT-A37-IIA-2-RE. 026193 de diecisiete de agosto de dos mil seis (fojas 150 a 160), a través de la cual se le determinó un crédito por el importe total de $**********, por concepto de Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero, Impuesto al Valor Agregado, actualizaciones, recargos y multa por omisión del Impuesto General de Importación, como resultado del reconocimiento aduanero practicado a las mercancías de difícil identificación importadas por dicha contribuyente.

2. Mediante acuerdo de diecisiete de mayo del año próximo pasado (foja 178), el magistrado instructor adscrito a la sala responsable, admitió la demanda de nulidad y la radicó con el número de juicio 1670/07-12-02-2.

3. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil siete (fojas 720 y 721), entre otras cuestiones, se admitió a trámite el incidente de falsedad de documentos planteado por la autoridad enjuiciada, respecto de la firma estampada al calce del escrito de ampliación de demanda, relativa al citado expediente 1670/07-12-02-2 y se requirió al representante legal de la actora, a fin de que se presentara ante el personal actuante de la sala responsable a estampar su firma, la cual se tendría como indubitable en el desahogo de la pericial en materia grafoscópica ofrecida por la demandada, apercibido que de no hacerlo, se tendrían por ciertos los hechos que la oferente pretendía acreditar con la citada probanza.

4. En interlocutoria de cinco de noviembre de dos mil siete (fojas 723 y 724), la Sala decretó la acumulación del juicio 1733/07-12-02-2 al diverso 1670/07-12-02-2.

5. En dicho juicio acumulado la ahora quejosa impugnó, por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil siete (fojas 1 a 14 del referido expediente 1733/07-12-02-2), ante la Oficialía de Partes de la responsable, la resolución contenida en el oficio 325-SAT-29-II-3073 (fojas 125 a 144), dictada el treinta de marzo de dos mil siete, por el Administrador Local Jurídico de Puebla Norte, en el recurso de revocación RL 95/2007, interpuesto en contra del crédito determinado por la Aduana de Veracruz en el oficio 326-SAT-A37-II-A-2. 35688 (fojas 177 a 190), de veintiséis de octubre de dos mil seis, cuya suma total asciende a $**********, por concepto de Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero, Impuesto al Valor Agregado, cuota compensatoria, actualizaciones, multa por omisión de cuota compensatoria y recargos, también como resultado del procedimiento aduanero llevado a cabo en las mercancías de difícil identificación importadas por la empresa contribuyente.

6. En proveído de veintiuno de enero del año en curso (foja 866 del expediente 1670/07-12-02-2), el magistrado instructor hizo efectivo el apercibimiento decretado a la actora en el aludido auto de veinticinco de octubre de dos mil siete, tuvo por ciertos los hechos que la autoridad pretendía acreditar con el desahogo de la pericial en grafoscopía ofrecida en el incidente de falsedad de documentos promovido por esa enjuiciada y declaró desierta dicha prueba; además, con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, otorgó a las partes un plazo de cinco días para formular alegatos, el que iniciaría una vez transcurridos diez días hábiles siguientes a la notificación de tal acuerdo, fenecido el cual, con alegatos o sin ellos, se emitiría el auto de cierre de instrucción; finalmente, el magistrado instructor ordenó la notificación personal a la parte actora y por oficio a la autoridad demandada.

7. Así, el proveído anterior se notificó a la ahora impetrante el veintiocho de enero de dos mil ocho por medio de instructivo (fojas 868 y 869), en términos de los artículos 307 y 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

8. Por acuerdo de tres de marzo del presente año (foja 883 frente), se declaró cerrada la instrucción del juicio de nulidad 1670/07-12-02-2 y su acumulado 1733/07-12-02-2.

9. Mediante interlocutoria de tres de marzo de dos mil ocho (fojas 884 a 885), la Sala estimó procedente el incidente de falsedad de documentos planteado por la enjuiciada y tuvo por no presentado el escrito de ampliación mencionado en el punto 3 que antecede, en virtud de que dicha promoción no fue firmada por el representante legal de la actora.

10. El cuatro de marzo del año en curso, la responsable pronunció la sentencia definitiva en el juicio 1670/07-12-02-2 y su acumulado 1733/07-12-02-2. Por una parte, reconoció la validez de la resolución controvertida, señalada en el punto 1 anterior y, por otro lado, declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnada y recurrida, referidas en el punto 5, con apoyo en los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicho fallo constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías.

11. El siete de abril de este año, se notificó por lista a las partes el proveído de cierre de instrucción, mencionado en el punto 8 (foja 883 vuelta).

12. Finalmente, el día ocho siguiente se notificaron a la ahora quejosa las sentencias interlocutoria y definitiva aludidas en los puntos 8 y 9, por medio de instructivo (fojas 920 y 921), al tenor de los numerales 307 y 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ahora bien, los artículos 47 y 49 de la ley últimamente invocada, disponen:

"ARTÍCULO 47. El Magistrado Instructor, diez días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia.

"Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, se emitirá el acuerdo correspondiente en el que se declare cerrada la instrucción."

"ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la Sala, dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción en el juicio. Para este efecto el Magistrado Instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que se dictó dicho acuerdo. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el artículo 9o. de esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción.

"El plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto, empezará a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.

"Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

"Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del Pleno, Sección o Sala, el magistrado ponente o instructor engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá quedar como voto particular."

De lo establecido en los preceptos transcritos, en vinculación con los antecedentes del asunto que han sido destacados, se aprecia que en el caso no se cometió la pretendida violación al procedimiento del juicio de nulidad 1670/07-12-02-2 y su acumulado 1733/07-12-02-2, planteada por la quejosa en el décimo séptimo concepto de violación (fojas 126 a 130).

Ello es así, pues contrariamente a lo que afirma, en el auto de veintiuno de enero del año en curso (foja 866) se le otorgó un plazo para que formulara las alegaciones que mejor convinieran a sus intereses. Además, por acuerdo de tres de marzo siguiente (foja 883), se decretó el cierre de instrucción, sin que en el caso haya dejado en estado de indefensión a la quejosa el hecho de que se le notificaran, en un mismo acto, la interlocutoria de tres de marzo de dos mil ocho, al igual que la sentencia definitiva del día cuatro siguiente, toda vez que es precisamente el juicio de amparo directo que ahora promueve el medio para defenderse de la aludida interlocutoria que resolvió el incidente de falsedad de documentos planteado por la autoridad demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 159, fracciones V y XI, de la ley de la materia.

Sin embargo, en otro aspecto este tribunal advierte de oficio la existencia de una violación a las reglas que norman el procedimiento del juicio contencioso-administrativo, lo cual amerita conceder el amparo, para los efectos que más adelante se precisarán.

A fin de justificar esta decisión, es conveniente resumir los siguientes puntos de la ejecutoria pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de junio de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de nueve votos, al resolver la contradicción de tesis 5/96, entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en las páginas 85 y siguientes del tomo IV, julio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual dio lugar a la jurisprudencia P./J. 44/96 que posteriormente se transcribirá, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO."

- En esencia, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 2326/95, estimó innecesario examinar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues consideró que la junta responsable había omitido emplazar al juicio de garantías a diversas personas a quienes les resultaba el carácter de terceros perjudicados, por lo que devolvió los autos a dicha autoridad, a fin de que subsanara la omisión apuntada.

- Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 316/95, entre otras cuestiones, estimó intrascendente el hecho de que no se hubiera emplazado a quien fue señalado como tercero perjudicado, porque aun emplazado dicho tercero, dijo, en nada cambiaría la circunstancia de que el acto reclamado no estaba debidamente fundado y la consecuencia, invariablemente, sería conceder el amparo solicitado.

- Con base en el análisis de los artículos 5o., fracción III, 30, 91, fracción IV, 147 y 167 de la Ley de Amparo, el Tribunal Pleno resolvió lo que a continuación se transcribe en lo conducente:

"... El Juez de Distrito o la autoridad responsable, en su caso, carecen de atribuciones para declarar intrascendente o innecesario el emplazamiento a una de las partes en el juicio de amparo, y tampoco puede válidamente hacerlo el tribunal que conoce del amparo directo o en revisión, apoyándose en alguna circunstancia particular o modalidad del fallo protector por dictarse o confirmarse, según sea el caso, pues la violación procesal que implica la omisión de su formal llamamiento a juicio, no se convalida con el sentido de la resolución en cuanto al fondo, máxime que pueden existir múltiples factores y condiciones desconocidas por el tribunal que sólo podría aportar la parte no llamada al juicio, factores y condiciones que cambiarían o modificarían el resultado de conceder el amparo.

"Por otro lado, debe señalarse que el tercero perjudicado como parte en un juicio de amparo, guarda relación procesal con la autoridad responsable y los actos reclamados, cuya insubsistencia afecta su interés jurídico que, desde este punto de vista, es opuesto al del quejoso.

"Así, de omitirse el emplazamiento a dicho tercero perjudicado, no solamente resultaría violatorio de garantías en su perjuicio por la violación que entraña a las disposiciones legales a comento, sino que, además, pugnaría con la lógica jurídica la pretensión de suponer que el sentido del fallo que en el fondo se dicte, puede válidamente condicionar el cumplimiento de la formalidad del emplazamiento al tercero perjudicado y menos aún, cuando en la resolución se considere así, como ocurre en el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado contendiente, porque el acto de autoridad carezca de la debida fundamentación y motivación y que por tal razón, ‘... la consecuencia, invariablemente, será conceder el amparo solicitado’.

"En efecto, como ya se estableció, la omisión del emplazamiento o su práctica irregular, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave. También, que contrariamente al criterio sostenido por el referido Segundo Tribunal Colegiado, el tercero perjudicado no está vinculado únicamente y de manera aislada al acto de autoridad y al pronunciamiento de fondo al respecto. Así, tampoco es exacto que en el caso de que dicho acto carezca de fundamentación y motivación, la consecuencia invariable será la concesión del amparo.

"En efecto, independientemente de que no se le da oportunidad de intervenir en la suspensión, la omisión de emplazar al tercero perjudicado no puede validarse con el sentido ya señalado del fallo definitivo, pues éste no restaura los derechos que pudiera hacer valer en contra de la admisión de la demanda, o en relación con la improcedencia o los vicios de la personalidad de la parte quejosa que el juzgador no haya advertido para decretarlo de oficio, pero que sí pudo detectar la parte tercero perjudicada en razón del natural interés que le asiste y cuya impugnación no podría formular en el juicio constitucional ordinario por no tener intervención como tampoco podría efectuarse en ulterior recurso.

"Como se ve de los supuestos antes apuntados, la reposición del procedimiento para el efecto de que se emplace al tercero perjudicado, puede traer como consecuencia el cambio en el sentido del fallo y no ‘invariablemente’ conceder la Protección Federal a la quejosa, pese a que el acto de autoridad no esté ‘debidamente fundado y motivado’, pues en su caso, podría dictarse otro sobreseyendo en el juicio, por las razones apuntadas o porque el tercero perjudicado propusiera alguna causal de improcedencia de su conocimiento y no así de las autoridades responsables o del propio juzgador y ésta se acreditara conforme a derecho dentro del procedimiento constitucional.

"Así, cabe mencionar además, de manera enunciativa, la violación a los derechos procesales cuyo ejercicio compete a la parte tercero perjudicada en un juicio de amparo, que resultan vulnerados por la omisión de su emplazamiento y que no son reparables porque la sentencia definitiva conceda el amparo a la quejosa por carecer el acto reclamado de fundamentación y motivación; tales derechos son los de proponer los incidentes de previo y especial pronunciamiento que procedan (competencia, acumulación de autos), impugnar la oportunidad de los informes justificados (artículo 149) cuando no haya tenido la oportunidad de conocerlos, a fin de preparar las pruebas que en su caso, pudieran desvirtuarlos; ofrecimiento de pruebas (artículo 151) las que deberán rendirse en los plazos y términos de ley; objeción de documentos (artículo 153 y relativos), cuya formulación deberá efectuarse dentro del procedimiento constitucional ordinario conforme a lo dispuesto en el propio precepto a fin de que las partes (incluyendo al tercero perjudicado) ofrezcan las pruebas y contrapruebas, en cumplimiento también de los preceptos fundamentales que norman el procedimiento.

"De lo anterior se deduce también la importancia que la lógica jurídica impone a todo procedimiento, cuya secuencia congruente resulta de obligada observancia a fin de culminar el mismo de la manera natural y legal que conviene a la recta y pronta administración de la justicia, consistiendo dicha secuencia procedimental en el análisis de las cuestiones legales en las que descansa la esencia misma del procedimiento y la razón de ser del pronunciamiento final, como son la certeza de la legitimidad de las partes y su adecuada intervención dentro de un equilibrio procesal, la debida representación, el interés jurídico que les asiste, la posibilidad del ejercicio de los derechos procesales y jurídicos que les competan, la procedencia del juicio sea ordinario o constitucional, el desahogo, en su caso, de las cuestiones de previo y especial pronunciamiento así como de las incidentales que pudieran resultar, para que agotado este procedimiento de orden público, finalmente se pronuncie conforme a derecho la sentencia que proceda.

"Esta sentencia, tratándose de juicios de amparo, una vez ejecutoriada, produce efectos que corroboran la especial importancia que reviste el debido emplazamiento al tercero perjudicado y a cualquiera otra parte en el procedimiento, sin perjuicio de la ya hecha notar en relación con otros aspectos antes apuntados, que consisten en su indefectible ejecución, pese a la afectación que pudiera tener en los derechos de la parte no llamada a juicio e inclusive sobre terceras personas; ejecución cuya fuerza y cumplimiento obligado no puede acotarse o dificultarse siquiera por tales eventualidades. De ahí, la importancia del emplazamiento a las partes en los términos que se indican.

"Ilustran el criterio inmediatamente antes expuesto, las jurisprudencias 737, 738 y 740, visibles en las páginas 1211, 1213 y 1215, Segunda Parte, del Apéndice de compilación de 1917 a 1988, las cuales, respectivamente, dicen:

"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA TERCEROS DE BUENA FE.’(se transcribe).

"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO EN INMUEBLE.’ (se transcribe).

"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDE CONTRA CUALQUIER POSEEDOR DEL BIEN.’ (se transcribe).

"Asimismo, el sentido del fallo definitivo que al efecto se pronuncie en el juicio de amparo, no puede vulnerar, mediante la determinación de convalidar la omisión de emplazar a la parte tercero perjudicada, el derecho de ésta para ocurrir en revisión o interponer el recurso que a su juicio convenga a sus intereses, en contra de una sentencia que no necesariamente ha de estimar invariablemente la certeza de la ‘debida’ fundamentación y motivación de un acto de autoridad y cuya determinación de insubsistencia del acto reclamado, desde luego, implica un perjuicio para dicha parte, el que no puede calcularse de manera precisa ni de hecho ni conforme a derecho.

"Consecuentemente, el criterio esencial que como jurisprudencia debe prevalecer, es el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, conforme a la tesis que se redacta a continuación. ..."

La aludida jurisprudencia P./J. 44/96 que derivó de la ejecutoria en comentario, se halla publicada en la página 85 del tomo IV, julio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido a la letra dice:

"TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO. Tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya legal acreditación determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al efecto se pronuncie; para interponer asimismo, los medios de impugnación que contra éste u otras resoluciones procedieran y, de una manera fundamental, para preservar los derechos de quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del asunto, se concede el amparo, bien sea por falta de fundamentación y motivación o por cualquiera otra circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los principios fundamentales del juicio de amparo."

Así, con apoyo en dicha jurisprudencia, este órgano jurisdiccional estima que la sala responsable debe decretar la reposición del procedimiento en el juicio de origen y su acumulado, únicamente con el objeto de emplazar al agente aduanal que tramitó el despacho aduanero de las mercancías de difícil identificación que fueron materia de revisión, a quien le resulta el carácter de tercero interesado en el juicio contencioso administrativo y su acumulado, al tenor del artículo 3o., fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, por consiguiente, también tiene la calidad de tercero perjudicado en el presente juicio de amparo directo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, de ahí que si el tribunal colegiado que conozca del juicio de garantías en la vía directa, advierte que se ha omitido emplazar al tercero perjudicado, dado que ni siquiera fue llamado como tercero interesado dentro del juicio de origen y su acumulado, entonces debe ordenar que se subsane dicha omisión, con independencia de que la parte quejosa la haga valer o no, toda vez que el emplazamiento a las partes es una cuestión de orden público que debe ser examinada de oficio por el tribunal que conozca del amparo directo, como sucede en la especie, o bien de la revisión, según lo ordena la jurisprudencia P./J. 44/96 anteriormente transcrita.

Una vez precisado lo anterior, sobre el particular es relevante señalar lo siguiente:

a) En los conceptos de impugnación sexto, inciso E) (fojas 37 a 40), décimo sexto (fojas 81 y 82) y décimo séptimo (fojas 82 a 85) de la demanda de nulidad que dio origen al juicio 1670/07-12-02-2, la actora en susta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21231-73398b19/contencioso-administrativo-el-emplazamiento-del-agente-aduanal-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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