SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 176/2004. **********.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Los agravios hechos valer por la quejosa y recurrente resultan infundados.
Cierto y efectivamente, la agraviada aludió en su único agravio que se infringía el numeral 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por una inexacta interpretación e indebida aplicación de ese apartado, porque ahí se establece que la improcedencia del juicio de garantías podrá resultar de alguna disposición de la ley, y en el diverso artículo 74, fracción III, de la misma ley, se prevé que el juicio se sobreseerá cuando aparezca una causal de improcedencia.
Continuó la impetrante con que después de realizado un estudio de la Ley de Amparo no encontró precepto alguno de donde se advirtiera que el no recoger los edictos fuese una causa de improcedencia y, en consecuencia, de sobreseimiento, y que se advertía que lo que sirvió de apoyo al Juez Federal fue un criterio jurisprudencial que no se encontró previsto en la ley aplicable al caso, por lo cual afirmó que se realizó una interpretación incorrecta y violatoria de la fracción XVIII del artículo 73 de la invocada ley.
También señaló que haciéndose una interpretación en estricto sentido al artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se podía establecer que para que procediera como causa de improcedencia el no haber recogido y publicado unos edictos, resultaba menester que dicha hipótesis se encontrara en algún precepto de la legislación en cita y que, de no ser así, no podía ser procedente el sobreseimiento, en virtud de que dicho apartado no autorizaba al juzgador a sustentar la causa de improcedencia en un criterio jurisprudencial, sino que ello solamente podía realizarse cuando se tuviere una base legal definida y no emanada de una jurisprudencia; por ello, agregó que debía tenerse en cuenta que la jurisprudencia era la interpretación de un precepto de la ley, pero que de ninguna manera podía equipararse a una disposición legal, por lo que era incorrecto adoptar dicho criterio para sobreseer en el juicio de garantías, puesto que el juicio de amparo es improcedente únicamente cuando así se derive de un precepto de la ley y que, en el caso, la causa de improcedencia invocada no se encontraba en ninguna norma y, por ende, era incongruente.
Los anteriores alegatos carecen de sustento y de certeza.
Ciertamente, no asiste razón a la impetrante al afirmar que resultaba inexacta la aplicación del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por parte del Juez de Distrito para sobreseer, dado que si bien es cierto que no existe precepto en la ley de la materia que establezca que el no recoger los edictos motiva la improcedencia de un juicio de garantías, también lo es que tal y como se observa del acuerdo de sobreseimiento de fecha veintiuno de mayo de dos mil cuatro, dicho juzgador federal, en forma certera, estableció que atento al incumplimiento de la parte quejosa de no comparecer a recoger los edictos ordenados en el acuerdo de fecha trece de mayo de dos mil cuatro, con los cuales se emplazaría a los terceros perjudicados ********** y **********, el último en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de **********, hizo efectivo el apercibimiento a dicha quejosa de sobreseer en el juicio dada la falta de concurrencia de una de las partes y la falta de interés de la otra, lo cual fundó en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 30, fracción II y 5o., fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como básicamente en el artículo 14 constitucional y la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."
De lo reseñado se advierte que dicho Juez a quo aplicó adecuada y correctamente la cita del numeral 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicho dispositivo lo relacionó en principio con el artículo 30, fracción II, de esa legislación, que establece:
"Artículo 30. ... Las notificaciones personales se harán conforme a las reglas siguientes: ... II. Cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se le hará por lista. En cambio, si no consta en autos del domicilio del tercero perjudicado o de persona extraña al juicio, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, el empleado lo asentará así, a fin de que se dé cuenta al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, al Juez o a la autoridad que conozca del asunto, para que dicten las medidas que estimen pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio. Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, en los términos que señale el Código Federal de Procedimientos Civiles."
Asimismo, tal precepto lo relacionó con el numeral 5o., fracción III, de la multicitada Ley de Amparo, que establece quiénes tienen el carácter de terceros perjudicados y, finalmente, sustentó su determinación en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 64/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina que el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos para el emplazamiento del tercero perjudicado da lugar al sobreseimiento del juicio de garantías, toda vez que con dicha omisión se incumple con un presupuesto procesal que evita que el juzgador del amparo se pronuncie sobre el fondo del asunto, pues con la no publicación de los edictos se paraliza el juicio de garantías y se entorpece la administración de justicia al retardarse la solución del conflicto, y que el interés particular no puede estar por encima del interés público.
Así, como ya se estableció, si bien es cierto que inexiste precepto que establezca como causa de sobreseimiento el no recoger los edictos, también lo es que existe el criterio jurisprudencial que determina ello, máxime si por tratarse de una jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misma cobra obligatoriedad de acuerdo con lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que establece:
"Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.-Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros, en los casos de jurisprudencia de las Salas.-También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados."
De lo relacionado se sigue en definitiva que, adverso a lo estimado por la quejosa, sí es factible legalmente decretar la improcedencia de un amparo con base en un criterio jurisprudencial, como aconteció, puesto que dicha jurisprudencia por contradicción de tesis autorizó al a quo al respecto, ya que contiene la interpretación jurídica y armónica de esa situación que realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo segundo y 17 constitucionales, 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y el 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto se determinó como una causa de improcedencia del juicio de garantías la omisión del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero perjudicado.
Ante tales circunstancias, previamente justipreciadas, no demostrada la infracción de los preceptos invocados, y sin que fuere menester suplir la deficiencia de la queja en términos del numeral 76 Bis de la Ley de Amparo se impone confirmar la determinación antes revisada.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma el acuerdo dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, de fecha veintiuno de mayo de dos mil cuatro, en el juicio de garantías **********; en consecuencia,
SEGUNDO.-Se sobresee en el indicado juicio de garantías promovido por **********, contra el acto reclamado del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, México, indicado en el primer resultando, y de conformidad con los razonamientos insertos en el último considerando de esta ejecutoria constitucional.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos al juzgado federal de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo.
Así, y por unanimidad de votos de los señores licenciados Magistrados presidente Noé Adonai Martínez Berman, Virgilio A. Solorio Campos y Javier Cardoso Chávez, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Fue ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22286-4d9af38f/sobreseimiento-por-omision-de-recoger-edictos-con-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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