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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 159/2004. · Registro digital (IUS): 18375
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, , Pág. 2098.

AMPARO EN REVISIÓN 159/2004.

CONSIDERANDO:

SEXTO. No se estudiarán los agravios planteados por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Puebla, por el sentido que tendrá el presente fallo.

En efecto ... reclamaron del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, el proveído de diecinueve de enero de dos mil cuatro, en el que se acordó desfavorablemente la petición realizada en relación con que se les restituyeran los inmuebles denominados ... ubicados en el Municipio de ... cuya posesión le fue entregada a la persona moral supuestamente ofendida, y que se hiciera efectiva la fianza de cincuenta mil pesos que ... exhibió para garantizar los posibles daños que les ocasionara a las entonces indiciadas por motivos de la referida restitución; asimismo, reclamaron del diligenciario adscrito al juzgado del conocimiento encargado de notificar los expedientes pares el acto tendiente a su ejecución.

El dieciséis de abril de dos mil cuatro el Juez Federal dictó sentencia constitucional concediéndoles a las entonces quejosas el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, por considerar que era ilegal el auto reclamado, en virtud de que la restitución concedida a la empresa denunciante la decretó y llevó a cabo la autoridad responsable, fundándose en el hecho de que se libró orden de aprehensión en contra de ... por los delitos de robo y despojo, previstos y sancionados por los artículos 373, 374, fracción IV, 408, fracción I y 411 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla; sin embargo, dichas indiciadas promovieron ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla el juicio de amparo indirecto número 1247/2003, en el que señalaron como acto reclamado la aludida orden de aprehensión, en el cual se les concedió la protección federal solicitada, en virtud de que las probanzas del sumario eran insuficientes para acreditar la materialidad de los referidos ilícitos, motivo por el cual sostuvo el a quo que no existía ningún fundamento para que la empresa denunciante conservara la posesión de los bienes en cuestión, ya que éstos deberían ser devueltos a las indiciadas, quienes originalmente los poseían. No pasa desapercibido que el a quo omitió pronunciarse en relación con el acto reclamado, consistente en la negativa de la autoridad responsable de hacer efectiva la fianza exhibida por la empresa denunciante para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a las entonces encausadas o a un tercero con motivo de la restitución de los predios.

Inconforme con dicho fallo el agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Puebla interpuso el presente recurso de revisión.

Ahora bien, este órgano colegiado advierte que fue incorrecto que el Juez Federal al emitir la sentencia constitucional que por esta vía se revisa, se pronunciara respecto a cuestiones relacionadas con el fondo de la controversia planteada, ya que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia del juicio de amparo, misma que por ser una cuestión de orden público su estudio es preferente y oficioso, aun en segunda instancia, de conformidad con lo previsto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que el presente recurso haya sido planteado por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Puebla, puesto que sigue vigente el principio que establece que la procedencia de la acción constitucional debe ser analizada previamente a la revisión del fondo de la controversia propuesta.

Los anteriores argumentos encuentran sustento en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 76/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue aprobada en la sesión privada del veintiocho de mayo de dos mil cuatro, y hasta el momento no ha sido publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgados aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento."

Además, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 30/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 137, Novena Época, Tomo VI, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."

También tiene aplicación, en lo conducente, la tesis aislada número 16, sustentada sobre el particular por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo criterio comparte esta potestad federal, el cual aparece publicado en la página 448 del Tomo IV, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. ESTUDIO OFICIOSO EN LA REVISIÓN, CUANDO EL A QUO OMITE SU ANÁLISIS, AUNQUE EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA AL RECURRENTE NO SE IMPUGNE POR A QUIEN PUDO PERJUDICAR. Cuando el considerando que amparó a la quejosa no es impugnado por la parte a quien perjudicó, ello no impide que al resolver el recurso de revisión, se sobresea el juicio por improcedente por motivos diferentes a los analizados por el inferior, pues las cuestiones de improcedencia deben examinarse de oficio en términos del artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo. No es óbice para establecer el anterior criterio, la existencia de la jurisprudencia número cuatrocientos ochenta, que se encuentra publicada en la página trescientos dieciocho del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-1995, bajo el rubro: ‘REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR. Si en una sentencia existe diverso resolutivo sustentado en las respectivas consideraciones que no afectan a la parte recurrente y no son combatidas por quien lo pudo afectar, debe precisarse que no son materia de la revisión dichas consideraciones y resolutivo.’ Pues ella cobra aplicación cuando respecto de lo resuelto y no combatido, no se da una causa de improcedencia que obligue a sobreseer en el juicio. En cambio, cuando respecto de lo resuelto y no impugnado, se da una causa de improcedencia, ésta se tiene que estudiar, atendiendo a la tesis que se consulta en las páginas ciento noventa y dos y ciento noventa y tres, del citado Tomo y Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘IMPROCEDENCIA, ESTUDIO OFICIOSO EN LA REVISIÓN DE MOTIVOS DE, DIVERSOS A LOS ANALIZADOS POR EL INFERIOR. Si bien es cierto que cuando el Juez de Distrito desestima una causal de improcedencia al analizar motivos específicos, si en la revisión no se formula ningún agravio el pronunciamiento debe tenerse firme, ello no impide que al resolver el recurso se sobresea en el juicio por improcedente por motivos diferentes a los analizados por el inferior, pues las cuestiones de improcedencia son de orden público y deben de estudiarse de oficio.’."

En efecto, debe decirse que debe sobreseerse en el juicio de garantías generador del presente recurso de revisión, por acreditarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución."

Ello es así, toda vez que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que los actos de autoridad generan en perjuicio de los gobernados que lo promuevan, razón por la cual el legislador ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso se llegue a pronunciar, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del quejoso.

Lo anterior no podrá materializarse en el caso concreto, en virtud de que, en la especie, se advierte que el auto reclamado mediante el cual la autoridad responsable les negó a ... la restitución de los inmuebles denominados ... ubicados en el ... cuya posesión detentaban originalmente en el momento de haber sido denunciadas, y posteriormente transmitida la misma a la empresa ... por considerar el Juez natural que hasta ese instante se encontraba acreditado en el sumario el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de las indiciadas en su comisión; asimismo, en el referido proveído el juzgador de origen les negó a las entonces quejosas lo solicitado, en relación con que se hiciera efectiva la fianza exhibida por la empresa supuestamente agraviada para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a los inculpados o a terceros con motivo de la restitución de los inmuebles objeto del delito de despojo por el cual se instruyó la causa natural, ya que a la denunciante le fueron devueltos dichos bienes de conformidad con lo previsto por el artículo 29 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Sentado lo anterior, debe decirse que si bien es cierto que el acto reclamado constituye una resolución judicial, también es verdad que en contra de la misma procede un recurso ordinario previsto en la legislación en comento que las solicitantes del amparo omitieron interponer.

En efecto, atendiendo al contenido del artículo 267 de la ley adjetiva penal para el Estado de Puebla, se advierte que el recurso de revocación procede cuando dicho cuerpo legal no conceda el de apelación. Por su parte, el diverso numeral 273 estatuye: "Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I. Las sentencias de primera instancia; II. Los autos de falta de elementos para procesar; III. Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; IV. Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; V. Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VI. El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 constitucional; VIII. Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional ... y IX. Las demás resoluciones que señale la ley."

Como puede verse de las disposiciones adjetivas invocadas, se colige que al no proceder el recurso de apelación en contra del auto en el que la autoridad responsable les negó a ... restituirles los inmuebles afectos, cuya posesión se entregó a la empresa denunciante, así como hacer efectiva la fianza exhibida por ésta para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los entonces encausados y a terceros con la restitución de los inmuebles objeto del ilícito de despojo, que junto con otro delito dio origen al proceso natural, es evidente que el medio de defensa idóneo para impugnar dicho acto reclamado lo constituye el recurso de revocación.

Ahora bien, en el caso concreto las solicitantes del amparo indirecto pudieron y debieron hacer valer el medio de defensa que se viene mencionando, y al haber omitido llevar a cabo lo anterior, pues de las copias fotostáticas certificadas del proceso natural que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, no se desprende que hubiesen llevado a cabo dicha conducta procesal, debe concluirse que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Esto es, que la resolución reclamada en el juicio de garantías generador del presente recurso de revisión era susceptible de ser impugnada mediante el recurso de revocación y, por ende, existió la posibilidad de que pudiera ser modificada, revocada o nulificada por el propio juzgador señalado como autoridad responsable.

Luego, al no haber ocurrido lo anterior, es que debe estimarse actualizada, en la especie, la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tal motivo lo procedente es revocar la sentencia constitucional que por esta vía se revisa y en su lugar sobreseer en el juicio de garantías, atento lo dispuesto por el diverso numeral 74, fracción III, de dicho cuerpo legal.

No es obstáculo a lo anterior el contenido del párrafo segundo de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que la resolución combatida no contiene una causa de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, dado que la resolución reclamada no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Federal, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

Lo antes citado encuentra apoyo en la tesis aislada número 190, sustentada por esta potestad federal, la cual aparece publicada en el Tomo XV, correspondiente al mes de abril de 2002, Novena Época, página 1269, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: " Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados, respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo."

También resulta aplicable al caso el criterio aislado sustentado por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo criterio comparte esta potestad federal, mismo que resulta aplicable, en lo conducente, consultable en la página 444 del Tomo IV, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que reza: "RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA PENAL QUE DEBEN AGOTARSE POR NO ATACARSE LA LIBERTAD PERSONAL. Aun cuando en los amparos en que se reclamen ataques a la libertad personal, no es necesario agotar previamente los recursos ordinarios procedentes (tesis jurisprudencial número 40 de la Primera Sala, correspondiente al Apéndice de los años 1917-1965 del Semanario Judicial de la Federación y tesis 43 del Apéndice 1917-1965 misma Sala), sí se hace indispensable, en cambio, el agotamiento de tales recursos, cuando en los juicios constitucionales se reclaman actos que, aun proviniendo de autoridades con jurisdicción penal, no son privativos de la libertad personal (tales como aseguramiento de los objetos materia del delito, restitución de la posesión de inmueble al despojado, etcétera), pues, en esos casos existiendo recurso, no podría tratarse de actos definitivos. En la especie, al reclamarse el auto mediante el cual ordenó que al ofendido se restituyera el inmueble materia del proceso, era indispensable que el quejoso agotara el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado."

Por otra parte, debe destacarse que la procedencia del juicio de garantías se encuentra restringida al acatamiento de ciertos y determinados requisitos, los que no fueron satisfechos por las solicitantes del amparo, ya que al tratarse el acto reclamado de una resolución que no afecta la libertad personal de las inculpadas, ni contiene ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, es indudable que para que fuera procedente el juicio de garantías, era menester que ... hubiesen agotado previamente a éste el recurso ordinario que la ley de la materia les concede, como es el de revocación, puesto que a través de éste era factible que revocaran, modificaran o anularan la resolución en cuestión, y al no haberlo hecho así, no acataron el principio de definitividad que rige este procedimiento; por tanto, fue incorrecto que el Juez Federal se ocupara de analizar cuestiones relacionadas con el fondo de la controversia planteada, razón por la cual debe revocarse la sentencia constitucional que por esta vía se revisa, dado que al acreditarse la referida causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías.

En las condiciones relatadas lo que en la especie procede es revocar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se revoca el fallo que se revisa.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por ... contra los actos reclamados del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, y diligenciario encargado de los expedientes pares adscrito a dicho juzgado, mismos que hicieron consistir en el proveído de diecinueve de enero de dos mil cuatro, pronunciado en el proceso número 228/2003, por los delitos de despojo y robo, denunciado por la negociación denominada ...

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados José Manuel Vélez Barajas, José Manuel Torres Pérez y Esteban Santos Velázquez, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Nota: La tesis de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE." citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, tesis 2a./J. 76/2004, página 262.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18375-f1881cc6/improcedencia-del-amparo-cuando-se-reclaman-autos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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