CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.
AMPARO EN REVISIÓN 180/2006.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Son infundados en parte, inoperantes e inatendibles en lo demás los agravios antes transcritos.
Es cierto que de acuerdo a criterios reiterados por el Máximo Tribunal de la Nación, y que también ha sustentado este órgano colegiado, la demanda de amparo representa un todo y debe analizarse en su integridad, esto es, en cada uno de los capítulos que la componen, a fin de establecer los argumentos propuestos por el quejoso en contra de los actos reclamados aunque no se encuentren especificados en el título de conceptos de violación; sin embargo, ello no significa que el Juez de amparo se encuentre impedido para analizar, de manera global, las cuestiones aducidas en la demanda de garantías y que, por ende, examine tales argumentos en el orden que la importancia o técnica del asunto así lo requiera. Al caso tiene aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible con el número IV.3o.115 K, en la página doscientos sesenta y cinco, Tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO DE LOS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EXISTAN EN DIVERSO APARTADO O CAPÍTULO. Aun y cuando cronológicamente no existan manifestaciones en el capítulo de conceptos de violación, sino que existan en otros distintos (acto reclamado y antecedentes) no por esa circunstancia ha de estimarse que no hay concepto de violación contra el acto de la responsable, porque cuando se intenta o ejercita una acción, sólo interesa que consten las causas o motivos que la avalen; ello es así merced a que con ese proceder se llega a la verdadera intención del reclamante para restablecer cuáles son sus argumentos, independientemente de que éstos obren en el capítulo respectivo o en otro distinto pues por ello es válido efectuar un estudio integral de la demanda de garantías."
En efecto, el artículo 79 de la ley de la materia previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, pudiendo examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda; empero, de la redacción de dicho precepto no se advierte que se imponga obligación al Juez de amparo o a los tribunales constitucionales de seguir el orden propuesto por el quejoso en su demanda de garantías, respecto de los conceptos de violación o agravios, sino el de analizar todos y cada uno de los puntos materia de debate, bien sea de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso, por lo cual no causa agravio a la parte quejosa que el Juez de Distrito hubiere emprendido el estudio de los argumentos planteados en orden distinto al planteado en el escrito inicial. Al caso tiene aplicación la tesis del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número I.11o.C.14 K, en la página mil setecientos diez, Tomo XVIII, agosto de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ANÁLISIS PUEDE HACERSE DE MANERA CONJUNTA, SIEMPRE QUE EL JUZGADOR SE OCUPE DE TODOS LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, el análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso puede hacerse de manera conjunta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada; en donde resulta que no interesa la forma en que se emprenda el examen de tales argumentos, esto es, de manera individual, conjunta, o por grupos, o bien, en el propio orden de su exposición o en uno diverso, sino el hecho de que el juzgador se ocupe de todos esos argumentos, es decir, que no deje alguno sin estudiar, independientemente de la forma que utilice; por lo que ningún perjuicio irroga al quejoso la circunstancia de que el Juez Federal no haya hecho un estudio concreto de cada uno de los conceptos de violación contenidos en la demanda de garantías, si del estudio conjunto se advierte que sí se observó el punto cuestionado."
Así las cosas, el Juez de amparo en la sentencia recurrida, por cuestión de método empezó analizando el segundo de los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías, así como los restantes que consideró resultaban infundados e inoperantes, para por último examinar aquellos argumentos (primero y cuarto conceptos de violación) que estimó eran fundados y suficientes para conceder parcialmente y para efectos el amparo solicitado, lo cual, además, fue correcto para llevar un orden en el análisis de las cuestiones planteadas, es decir, primero aquellas en que la parte quejosa expresó cuestiones en las cuales no tenía razón, para finalmente estudiar esas en que consideró asistirle razón a la hoy recurrente, y que orilló al otorgamiento de la protección constitucional para los efectos conducentes.
La recurrente refiere que de cualquier modo el Juez Federal a quo dejó de analizar en su integridad todos y cada uno de los argumentos que expresó en la demanda de garantías, aunque no en el capítulo de conceptos de violación; no obstante, omite precisar cuáles fueron las cuestiones que supuestamente dejó de examinar el Juez de amparo, motivo por el cual este órgano colegiado no puede estudiar en general dicha litis planteada, pues de hacerlo violaría el principio de estricto derecho que rige en los asuntos en materia civil, en aquellos casos en que no está previsto suplir la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia. Es aplicable al caso la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 3a./J. 17/91, visible en la página veintitrés, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AGRAVIO INOPERANTE. LO ES SI SE ALEGA QUE NO SE EXAMINARON TODOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PERO SIN HACER ESPECIFICACIÓN ALGUNA. Si en los agravios que se formulan en contra de una sentencia, se alega que se incurrió en la violación de que no se examinaron todos los conceptos que se formularon, pero no se especifica ninguno de los que se estiman omitidos, los agravios deben considerarse inoperantes."
Por otra parte, debe indicarse que la promovente en el juicio sucesorio generador de los actos reclamados, no puede efectuar o emitir actos de molestia por no ser una autoridad, sino que en todo caso, con motivo de sus promociones o solicitudes efectuadas, es el Juez del conocimiento como autoridad jurisdiccional quien se encuentra facultado para la emisión de tales actos, como en la especie el auto de siete de febrero de dos mil seis reclamado, siendo que tales actos de molestia no están prohibidos por la Carta Fundamental pues, por el contrario, los permite con la condición de que se expidan o redacten como lo exige el artículo 16 constitucional, debidamente fundados y motivados, que en su primer párrafo dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."
A criterio de la recurrente, dicho acto reclamado emitido por el Juez del conocimiento no se encuentra debidamente fundado y motivado, porque de los preceptos legales invocados por la autoridad jurisdiccional para fundarlo sólo sería aplicable en todo caso el artículo 765 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla el cual, además de que es una consecuencia necesaria del diverso 764 (y cuyas hipótesis establecidas en este precepto no se surten en la especie), no se precisó la fracción de aquel numeral con base en el cual se fundamentó el acuerdo combatido.
Al respecto, debe indicarse que ciertamente el artículo 765 del actual Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla establece en seis fracciones sendas procedencias de las providencias de aseguramiento en procedimientos hereditarios pues, literalmente, señala: "Artículo 765. Las providencias de aseguramiento consistirán en: I. Nombrar depositario, que deberá caucionar su manejo y resultado de su administración en términos de ley; II. Mandar inventariar los bienes susceptibles de ocultarse o perderse y de ser posible, ordenar se concentren en una de las habitaciones del inmueble, cerrando con llave la puerta y colocando sellos en la misma, así como en su caso en las cajas fuertes y de seguridad, si las hubiere y ordenar a la policía su vigilancia; III. Reunir los documentos importantes del autor de la herencia que relacionados, embalados y sellados se entregarán al depositario nombrado; IV. Mandar depositar el dinero y alhajas en el establecimiento autorizado por la ley; V. Ordenar a la Administración de Correos que remita la correspondencia dirigida al autor de la sucesión, con la cual hará lo mismo que con los demás papeles, y VI. Las demás que juzgue conveniente el Juez."
No obstante, independientemente de que el Juez responsable no hubiera citado en cuál de esas fracciones del artículo 765 del código procesal invocado fundó, entre los demás preceptos que citó, el auto o resolución combatida, lo realmente importante es que expresó esas razones por las cuales estimó oportuno decretar tales medidas de aseguramiento en el proceso sucesorio de origen, detallando en qué consistiría cada una de ellas, y como quiera que sea cabe destacar que, según se dijo, dicho numeral establece las providencias precautorias a decretarse en el juicio sucesorio e, incluso, faculta al juzgador para ordenar las que estime pertinentes, con lo cual el acto combatido adquiere debida fundamentación, máxime si las medidas establecidas en cada una de las fracciones señaladas, no se contraponen entre sí; siendo que por otra parte, en resoluciones civiles la garantía de fundamentación se surte cuando las razones, motivos o circunstancias contenidas en ellas son acordes con los preceptos legales correspondientes, aun cuando éstos no se hubieren señalado con precisión. Al caso, tienen aplicación la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, así como el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, aplicada por analogía, la primera consultable con el número VI.2o.C.322 C, en la página mil setenta, Tomo XVII, junio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y la segunda visible en la página ciento cuarenta, Tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que, respectivamente, dicen: "SENTENCIAS CIVILES. LA OMISIÓN DE CITAR EL FUNDAMENTO LEGAL EN QUE SE SUSTENTEN, NO PRIVA DE DEFENSA AL QUEJOSO. El agraviado no queda sin defensa por la sola circunstancia de que el órgano jurisdiccional omita señalar expresamente la fuente del derecho de la que emanan las determinaciones dictadas dentro de un procedimiento, en virtud de que en esta materia, la fundamentación puede ser tácita, es decir, no es necesario que se invoque el fundamento legal en que se sustentan con la condición de que éstas se ajusten a la ley, a la jurisprudencia o a los principios generales de derecho, porque en estos procedimientos se tiene la certeza de cuáles de los señalados son los aplicables al caso concreto, pues las leyes y su interpretación gozan de unidad en sus ordenamientos, de sistematización en su materia y de una mayor permanencia en sus instituciones que permiten a los afectados defenderse apropiadamente." y " FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CUANDO EL PRECEPTO LEGAL INVOCADO CONTIENE DIVERSAS FRACCIONES QUE NO SE OPONEN NI SE EXCLUYEN ENTRE SI. SINO QUE CONSTITUYEN UN PROCEDIMIENTO, NO ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD PRECISE CUÁL DE ESAS FRACCIONES APLICÓ EN UN CASO CONCRETO. La tesis relativa a que las autoridades deben fundar sus actos precisando el número de los preceptos y las fracciones que aplican, tiene como presupuesto el de que la autoridad emisora se hubiera apoyado en una fracción del precepto en lo particular; empero, tratándose de procedimientos constituidos por un conjunto de pasos que necesariamente deben cumplirse, como sucede con lo previsto por el artículo 24 del Reglamento de Clasificación de Empresas y Determinación de Grado de Riesgo de Trabajo, para realizar el cálculo de la prima de grado de riesgo, no es necesario que la resolución correspondiente mencione la o las fracciones que le sirvieron de apoyo, porque evidentemente se aplicaron todas."
La recurrente manifiesta que no se surtió la hipótesis que establece el artículo 764 del código procesal civil en comento, para que el Juez del conocimiento pudiera otorgar o imponer las medidas de aseguramiento pues, a su parecer, los presuntos herederos del autor de la herencia, en la especie, se presentaron ante la autoridad judicial del conocimiento a través de su madre ********** quien tiene el carácter de albacea de la sucesión correspondiente, cuando que dicho numeral establece como supuesto para dictar las providencias de aseguramiento "mientras no se presentan los presuntos herederos o legatarios".
Sobre este particular, cabe señalar que, en la sentencia recurrida, el Juez de amparo estableció lo siguiente: "Ahora bien, contrario a lo sostenido por la inconforme, de constancias de autos se advierte que sí se cumplieron los requisitos de ley para emitir el requerimiento reclamado. El artículo 764 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, dispone: ‘Artículo 764. Mientras no se presenten los presuntos herederos o legatarios, el Juez con audiencia del Ministerio Público, a petición de cualquier interesado, dictará las medidas necesarias para asegurar los bienes de la sucesión: I. Cuando el autor de la sucesión no haya sido conocido o era transeúnte en el lugar; II. Si hay incapaces; y III. Cuando haya peligro de que se oculten o dilapiden los bienes.’. Se afirma que sí se cumplió con lo que establece el numeral transcrito, ya que en la sucesión de origen no se han presentado los herederos señalados en el testamento público, ya que éstos son menores de edad, siendo incapaces para presentarse por su propio derecho; por lo que, estuvo correcta la determinación del Juez de origen, al tomar dichas medidas de aseguramiento. En este tenor, se afirma que no se han presentado los herederos del de cujus, ya que del auto admisorio únicamente se proveyó sobre declarar abierta la sucesión, se ratificó el nombramiento del albacea testamentario, se ordenó publicar un edicto en el periódico Intolerancia y se giraron los respectivos oficios que establece el artículo 771 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, sin que se haya hecho pronunciamiento de los herederos testamentarios, ni se mandaron a citar, de lo que se concluye que al no presentarse los herederos y ser éstos menores de edad (incapaces), sí se cumplió con lo establecido por el numeral antes transcrito (764). Por tanto, al tener a la vista el testamento y las actas de nacimiento de ********** (mismas que obran en autos), no era necesario que se justificara que no se habían presentado los herederos, ya que ante la responsable se acreditó la necesidad de tal medida; no obstante que, del auto impugnado no se haya establecido la fracción con la que fundó la necesidad de la medida de aseguramiento, ya que al tratarse los herederos de incapaces por su minoría de edad, se advierte la necesidad de la medida; y en todo caso, quien únicamente tiene legitimación para cuestionar el carácter de albacea de la promovente ********** lo son los herederos o cualquier otra persona que tenga derecho a la herencia, pero no cualquier persona ajena a la sucesión, como lo es el caso de la empresa quejosa, la cual precisamente, por ser una persona moral no tiene derecho a heredar y, por ello, carece de legitimación para cuestionar la personalidad de la albacea; por lo que desde este aspecto, sus conceptos son inoperantes."
Dichas consideraciones no fueron combatidas frontalmente en vía de agravios por la recurrente pues, según se dijo, se limita a señalar que los menores hijos del autor de la herencia se presentaron en carácter de herederos a través de su madre ********** porque ésta fue la persona que denunció la sucesión y a quien se nombró albacea, y no puede desconocer por su representación lo que conoció en lo personal, cuando que el Juez de Distrito a quo en lo que importa sobre este tema estableció que en el auto admisorio del juicio de origen sólo se proveyó en relación a declarar abierta la sucesión, se ratificó el nombramiento de albacea testamentaria y se ordenó la publicación de los edictos, sin que se haya hecho pronunciamiento de los herederos testamentarios, ni se mandaron citar, por lo que éstos no se presentaron y así se cumplió con lo establecido por el artículo 764 del código procesal civil en comento, además de ser los herederos menores de edad.
En esa virtud, dicha consideración expresada por el Juez de amparo debe quedar firme y continuar rigiendo el sentido de la sentencia reclamada debiendo, por ende, declararse inoperante el argumento vertido al respecto. Esto de conformidad con las jurisprudencias de este Tribunal Colegiado, publicadas con los números 599, 601 y 716, páginas trescientos noventa y ocho, trescientos noventa y nueve, y cuatrocientos ochenta y dos, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que respectivamente dicen: "AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios.", "AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE OMITEN COMBATIR ALGUNAS CONSIDERACIONES EN QUE SE APOYA EL ACTO RECLAMADO. SON INSUFICIENTES. Los conceptos de violación deben estar relacionados directa e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable y no las combate, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por consecuencia deben subsistir."
A mayor abundamiento, debe decirse que independientemente de que ********** hubiera denunciado la sucesión a bienes de ********** y que fuera nombrada albacea, como quiera que sea y a pesar de ser madre de los menores herederos, lo que realmente importa es que éstos no se han presentado, porque no se han mandado a citar, y preponderantemente no se ha hecho pronunciamiento en relación con los mismos, de ahí que no pueda tenerse la certeza jurídica de que tales herederos testamentarios se hayan presentado a juicio; resultando así aplicable la hipótesis establecida por el artículo 764 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla en vigor.
Por lo demás, la recurrente manifiesta que para efectos de la determinación de utilidades, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del Impuesto sobre la Renta, generan resultados distintos y muchas veces hasta contradictorios, siendo que la autoridad responsable en el auto combatido omitió señalar respecto de cuáles de los diversos conceptos de utilidad debió informar la quejosa, si el contable o el fiscal; y que para tal fin ofreció la prueba pericial en contabilidad para determinar que, en una misma empresa y en un propio ejercicio fiscal, es posible obtener utilidad contable y una pérdida fiscal, y viceversa, sin embargo dicha probanza le fue desechada indebidamente.
Sobre este punto debe indicarse que si bien es cierto que de autos consta que por escrito presentado el veinte de marzo de dos mil seis, la hoy recurrente ofreció la prueba pericial en contabilidad a que hace referencia, y que ésta fue desechada por proveído de esa misma fecha por no haberse ofrecido en tiempo, conforme al artículo 151 de la Ley de Amparo, también lo es que de cualquier modo estuvo en posibilidad de interponer en su contra el recurso de queja previsto por el artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia, y al no haberlo hecho así consintió tal auto. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada la primera con el número IV.3o.16 K, en la página cuatrocientos cincuenta y ocho, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y la segunda visible en la página seiscientos treinta y dos, Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dicen: "RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE UNA PRUEBA. El auto por el cual se tuvo por no anunciada una prueba ofrecida por una de las partes del juicio de garantías, por su naturaleza es combatible vía recurso de queja, conforme al artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que son de aquellos autos que no admiten expresamente el recurso de revisión y en esas condiciones pueden causar daño o perjuicio a alguna de las partes como lo es la no admisión de una de las pruebas." y "QUEJA, RECURSO DE. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO QUE DESECHA UNA PRUEBA. Si el desechamiento de una prueba, se decreta por medio de un auto de fecha anterior a la audiencia constitucional, el recurso procedente en su contra, es el de queja."
Lo anterior es así, si se toma en consideración que los acuerdos dictados fuera de la audiencia constitucional no pueden ser materia de revisión, al tenor de lo establecido por el artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo, según el cual cuando se recurre la sentencia dictada por un Juez de Distrito, el recurrente puede impugnar paralelamente los acuerdos pronunciados en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de este Tribunal Colegiado, publicada con el número VI.2o. J/240, en la página ciento seis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número sesenta y uno, enero de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, que dice: "REVISIÓN DE SENTENCIAS DICTADAS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO SON SU MATERIA LOS ACUERDOS DICTADOS FUERA DE LA MISMA. De conformidad con el artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando en el juicio constitucional se recurre la sentencia dictada por un Juez de Distrito, el inconforme está facultado para impugnar paralelamente a esa resolución, los acuerdos pronunciados en la audiencia constitucional, de lo que se sigue, que la impugnación de autos dictados fuera de dicha audiencia, independientemente de que se refieran a la admisión de pruebas o a otra cuestión sea cual fuere, no pueden ser materia de ese recurso, lo que dimana de la interpretación a contrario sentido de esa disposición legal."
En ese orden de ideas, procede desestimar por inatendibles aquellos argumentos expuestos por la recurrente y que giran en torno a la indeterminación de las utilidades que solicitó la autoridad judicial en el auto combatido por no precisarse bajo el concepto sobre el cual debería informarse, si el contable o el fiscal de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta o a la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el sentido de que se pasó por alto que jamás podrá materializarse en cantidad líquida la utilidad a que hace alusión el Juez de amparo "puesto que aun en la más pequeña de las empresas el concepto ‘bancos’ no es la única cuenta en donde se refleja utilidad, como lo demuestra cualquier balance de cualquier empresa, en que tenemos por ejemplo ‘inventario’ y activos ‘fijos’", y que, por ello, resulta la falta de fundamentación y motivación de requerimiento contenido en el acuerdo combatido.
Ello en virtud de que en dichos agravios se plantean cuestiones de conocimiento técnico que, en su caso, debieron acreditarse con la prueba pericial que, como se dijo fue desechada por el Juez de Distrito a quo; y como este Tribunal Colegiado no se encuentra en condiciones para establecer su certeza en los términos planteados, debe declararlos inatendibles. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de este órgano colegiado, visible con el número VI.2o.31 K, en la página trescientos sesenta y cuatro, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES. PLANTEAMIENTO DE CUESTIONES QUE REQUIEREN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS. Si la inconformidad de fondo planteada por el quejoso se refiere a hechos que para su comprensión precisan de conocimientos técnicos especiales, y éstos no fueron planteados durante la instrucción del proceso, clarificándolos con el ofrecimiento de la prueba pericial correspondiente, tales conceptos de violación resultan inatendibles, por la imposibilidad del juzgador de pronunciarse respecto de ellos."
A mayor abundamiento, y en apoyo de lo considerado por el Juez de Distrito a quo, debe decirse que los gananciales por las acciones que conforman la masa hereditaria de la sucesión a bienes de ********** son aquellos dividendos obtenidos con motivo de las acciones que forman parte de la sociedad mercantil, y que componen el capital social de la misma, representadas en última instancia por títulos valor, otorgados a favor de los accionistas, y que son los que le confieren a éstos la prerrogativa de cobrar los rendimientos y de obtener el reembolso, en su caso, originado por la disminución del capital o la liquidación de la persona moral; así, ese rendimiento o dividendo tiene como sustento las ganancias generadas por la empresa. Al caso tiene aplicación en lo conducente, la tesis del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable con el número I.8o.C.59 C, en la página cuatrocientos cuarenta y dos, Tomo XIII, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DIVIDENDOS. SU CONCEPTO DENTRO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. En las sociedades mercantiles constituidas en sociedad anónima, su capital social representa el monto de la inversión permanente de las personas que invierten en ella, éste se divide en acciones. Las acciones constituyen por tanto una parte alícuota del capital social y están representadas por títulos valor que otorgan a los accionistas, entre otros, derechos patrimoniales, que son los que confieren a los accionistas la prerrogativa de cobrar los rendimientos y de obtener el reembolso de su inversión con motivo de la disminución del capital o liquidación de la persona moral. Ese rendimiento se conoce como dividendo, que tiene como origen las ganancias generadas en la empresa, de operación o patrimoniales, que previamente o en el momento de su distribución habrían causado el impuesto sobre la renta. El dividendo viene a ser la cuota por acción que de la utilidad distribuible tiene derecho a recibir el accionista, y se obtiene prorrateando el monto de los dividendos a distribuir entre el total de las acciones con derecho a esa distribución, según el acuerdo correspondiente de la asamblea general."
Por su parte, los artículos 16 a 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establecen lo siguiente: "Artículo 16. En el reparto de las ganancias o pérdidas, se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes: I. La distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus aportaciones; II. Al socio industrial le corresponderá la mitad de las ganancias, y si fueron varios, esa mitad se dividirá entre ellos por igual, y III. El socio o socios industriales no reportarán las pérdidas.". "Artículo 17. No producirán ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación en las ganancias.". "Artículo 18. Si hubiese pérdida de capital social, éste deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse repartición o asignación de utilidades.". "Artículo 19. La distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto legal y tanto la sociedad como sus acreedores podrán repetir por los anticipos o reparticiones de utilidades hechas en contravención de este artículo, contra las personas que los hayan recibido, o exigir su reembolso a los administradores que las hayan pagado, siendo unas y otros mencionada y solidariamente responsables de dichos anticipos y reparticiones.". "Artículo 20. De las utilidades netas de toda sociedad deberá separarse anualmente el cinco por ciento, como mínimo, para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte de capital social. El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo.". Por su parte e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21374-650370ba/conceptos-de-violacion-o-agravios-procede-su-analisis · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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