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Modo: Corpus Pro

TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS. EL ELEMENTO SUBJETIVO RELATIVO AL "PROPÓSITO DE AQUELLA CONDUCTA" A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, DEBE ENTENDERSE COMO LA INTENCIÓN DEL ACTIVO EN OBTENER UN LUCRO ACTUAL O FUTURO INMINENTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 694/2004. · Registro digital (IUS): 19187
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 2527.

AMPARO EN REVISIÓN 694/2004.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Los motivos de queja son fundados.

En efecto, el inconforme aduce que en autos de la causa penal de origen no se acreditó el elemento del delito de transportar uno o varios extranjeros por territorio nacional con propósito de tráfico y con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria, esto es, que no se demostró que el transporte se llevó a cabo con propósito de tráfico, pues de las declaraciones ministeriales del extranjero indocumentado ... no se advertía que éste hubiere pagado determinada cantidad de dinero o especie al quejoso, ya que la conducta que llevó a cabo el activo fue por hacer un favor, a fin de llevar al indocumentado a la ciudad de Querétaro, para que viera a su hermana ... quien es esposa del ahora indiciado, pero, en ningún caso, cobró dinero por el transporte, por ende, no obtuvo algún lucro indebido.

Sostiene que el tipo penal del ilícito exige no solamente el acto material de la transportación de personas extranjeras, sino también que la movilización tenga un objetivo el cual debe ser precisamente el propósito de tráfico, elemento que contrario a lo considerado por la autoridad responsable, no se acreditó en autos del proceso penal, pues de ninguna probanza se advertía que el extranjero ilegal le hubiere pagado al indiciado alguna cantidad por la transportación, por lo tanto, no obtuvo alguna ganancia o provecho económico con ese transporte.

Las anteriores manifestaciones, como se dijo, son esencialmente fundadas.

Se dice lo anterior, toda vez que el artículo 138 de la Ley General de Población, antes de sus reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, disponía:

"Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y multa hasta el equivalente a diez mil días de salario mínimo conforme al que esté vigente en el Distrito Federal, a quien por sí o por medio de otro u otros pretenda llevar o lleve nacionales mexicanos a internarse al extranjero en forma ilegal. Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros, sin permiso legal de autoridad competente, pretenda introducir o introduzca ilegalmente a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o a otro país, o los albergue o transporte por el territorio nacional con el propósito de ocultarlos para evadir la revisión migratoria. A quien a sabiendas proporcione los medios, se preste o sirva para llevar a cabo las conductas descritas en los párrafos anteriores, se le impondrá pena de uno a cinco años de prisión y multa hasta el equivalente a cinco mil días de salario mínimo conforme al que esté vigente en el Distrito Federal."

De la lectura del precepto legal transcrito, se colige que dicho dispositivo no contemplaba, en ninguna de las conductas que preveía como ilícitas, el elemento relativo al "propósito de tráfico", ya que se refería al albergue o transporte de indocumentados por territorio nacional, con el fin de impedir cualquier conducta que tenga como consecuencia el albergue o transporte de extranjeros sin el permiso legal de la autoridad competente, lo cual incluía a cualquier gobernado, aun a los que llevaban a cabo esa conducta de manera aislada y sin propósito alguno más que el humanitario y de ayuda en casos extremos.

Por tal razón, en la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Ejecutivo, que dio origen a las reformas y adiciones para determinar el delito en la forma en que actualmente se encuentra, o sea, con propósito de tráfico, se precisó que en virtud de que en nuestro país el fenómeno de la migración cobraba cada día mayor importancia y se manifestaba de diferentes maneras, tuvo lugar un aumento significativo de los flujos de migración que incidían de manera importante en el comercio exterior, el turismo, la política internacional, la captación de divisas, la seguridad nacional y en el desarrollo social y económico del país, por ende, se proponía sancionar con mayor severidad a aquellas personas que cometieran el delito de tráfico de indocumentados, para lo cual se sugería modificar el artículo 138 y además adicionar un párrafo final para castigar con mayor rigor a aquellos que pusieran en riesgo la salud, integridad o vida de los migrantes, o que traficaran con menores de edad, siendo intolerable que en estas conductas interviniesen servidores públicos, por lo que se incrementaría la sanción en estos casos.

Por ello, en las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Población y Desarrollo, de la Cámara de Diputados, que fue la de origen, a quienes les fue turnada la referida iniciativa de reforma, al formular el dictamen correspondiente, hicieron suyas, en general, las consideraciones expresadas en la propuesta de reformas, en especial las relativas al aumento de las penas, y además, la adición del actual último párrafo del citado precepto, proponiendo otras modificaciones con la finalidad de que dicho precepto quedara de la siguiente manera:

"Se impondrá pena de seis a 12 (sic) años de prisión y multa de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien por sí o por interpósita persona pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país sin la documentación correspondiente. Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o los albergue o transporte por el territorio nacional con el propósito de ocultarlos para evadir la revisión migratoria ... Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en los párrafos precedentes cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad; o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados; o bien cuando el autor del delito sea servidor público."

De lo anterior se advierte que las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Población y Desarrollo, de la Cámara de Diputados, en el aludido dictamen y en la propuesta formulada de cómo debería quedar redactado el dispositivo legal en comento, no contemplaron que en las conductas que éste prevé como ilícitas, debiera mediar el "propósito de tráfico"; y en ese tópico, el dictamen fue presentado a la Cámara para su discusión, donde en lo general, tuvo intervención, entre otros, el diputado Emilio Solórzano Ruiz, quien en lo que interesa, señaló:

"... Con esta iniciativa, pues, también, de reformas y adiciones enviada a esta Cámara de Diputados, se dará respuesta a la creciente necesidad de penalizar más severamente a las personas que sin escrúpulos se dedican a lucrar con la esperanza y la ignorancia de la población más necesitada. Me refiero a esos delincuentes que trafican con personas, comúnmente conocidos como ‘polleros’, a los cuales se busca sancionar con penas y multas mayores ..."

Por su parte el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, expuso:

"... Sin embargo, en aras de meter un castigo a los polleros, hay un conjunto de temas que quedan pendientes en este artículo 138. Primero tendríamos que decir que en la frontera norte de nuestro país hay un conjunto de organizaciones no gubernamentales, hay un conjunto de organizaciones humanitarias, que les dan albergue a trabajadores centroamericanos que cruzan la frontera norte. Hay que decir que los trabajadores centroamericanos cruzan todo el territorio nacional nuestro, sufren un conjunto de vejaciones, llegan a la frontera norte y ahí son utilizados por estos polleros, quienes les cobran dinero así como también a los trabajadores mexicanos que cruzan la frontera. Sin embargo, hay organizaciones no gubernamentales, hay organizaciones humanitarias que les dan albergue a estos trabajadores tanto mexicanos como centroamericanos en la frontera norte y entonces no debemos confundir a estas organizaciones con los polleros, de tal modo que el 138, en el párrafo segundo dice, el párrafo primero es correcto, la imposición de sanciones, aunque señor diputado Jorge, debiera esto estar más especificado en el Código Penal; el párrafo primero está correcto, pero el párrafo segundo dice: ‘Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o los albergue o les dé albergue o transporte por el territorio nacional, con el propósito de ocultarlos para evadir la realización migratoria.’. Todos sabemos, compañeras y compañeros, cómo se las gasta la policía migratoria, cómo se las gastan distintas policías que si dejamos esta redacción tal cual, se puede llegar al absurdo de castigar a estas organizaciones no gubernamentales, a estas organizaciones humanitarias, a estas organizaciones de la iglesia, que les dan albergue, claro que sí les dan albergue, sobre todo a trabajadores centroamericanos que son vejados. Entonces no debemos confundir una tesis correcta que es el castigo a los polleros, a esas personas que trafican con el tránsito de trabajadores mexicanos y de trabajadores centroamericanos, con organizaciones no gubernamentales y aquí hay una plena confusión en este tema y discúlpenme, esto está totalmente equivocado en estos términos. Es más, debiera establecerse en el párrafo primero, dice el párrafo primero: ‘Se impondrá pena de seis a 12 años de prisión y multa de 100 a 10 mil días de salario mínimo vigente en el D.F., en el momento de consumar la conducta a quien por sí o por interpósita persona pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país sin la documentación correspondiente.’. Aquí hace falta ponerle que sea por una cuestión monetaria, porque hay también, compañeras y compañeros, ya lo sabemos, que el que ya ha pasado la frontera de un determinado pueblo y que va con otros no les cobra dinero, pero sí los guía para cruzar la frontera, entonces aquí debiera especificarse en el párrafo primero que siempre y cuando el calificativo de ‘pollero’ se da cuando hay una cantidad de dinero entregada a esta persona para facilitar el tránsito, sobre todo hacia los Estados Unidos ... De tal modo pues, compañeras y compañeros, que requerimos que en el primer párrafo diga: ‘A quien por sí o por interpósita persona pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país mediante remuneración económica.’."

Por su parte, el diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez, expuso:

"... hubiera sido muy interesante que en las cinco reuniones en las cuales se presentó, se discutió y se trabajó, este argumento hubiera entrado; en ningún momento se planteó esta posibilidad. Creo que por otro lado es muy difícil ahorita en primera intención plantear la problemática de que hasta qué punto es por cuestiones monetarias, porque en ocasiones la persona implicada no paga, pero sí le pagan las personas que en Estados Unidos le encomiendan que lleve indocumentados para trabajar casi como esclavos en las diferentes granjas o sembradíos norteamericanos. Esta problemática es difícil de plantear, debió haberse planteado con una redacción concreta, en la que hubiéramos podido discutir profundamente, porque por otro lado no podemos autorizar a ninguna ONG, cualquiera que sea su motivación, a que viole la ley. Entonces pudiéramos haber entrado en una discusión interesante si este tema se hubiera planteado. Cuando se discutió el artículo 138 se hicieron varias modificaciones ... se hicieron como cuatro o cinco redacciones del mismo, pero este tema en ningún momento salió, hubiera sido muy interesante haberlo definido en una corrección, quizá adecuada, en el planteamiento de redacción, discutido, porque sí es muy delicado el darle carta blanca por el hecho de que sea simplemente una ONG, que da albergue, porque en el pretexto del albergue en un momento determinado también hay organizaciones criminales que les dan albergue para engancharlos ciertamente, repito, muchas veces el interés económico no viene dado por la persona que paga, sino por alguien en el extranjero que le interese que le lleven indocumentados."

El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser expresó:

"... Pido a la secretaría que dé lectura a los términos en los que está actualmente en el dictamen el artículo 138 ... ‘Artículo 138. Se impondrá pena de seis a 12 años de prisión y multa de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien por sí o por interpósita persona pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país sin la documentación correspondiente. Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros, introduzca sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, los albergue o transporte por el territorio nacional con el propósito de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.’. El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser: Muchas gracias: al final dice: ‘o los albergue o transporte por el territorio nacional’. Señores, la redacción en estos términos se constituye en un verdadero peligro de acabar en México con la tradición humanitaria de asistencia a inmigrantes. Si asistir a un inmigrante que circula por el territorio nacional sin documentos, un ciudadano que no tiene por qué ponerse a registrar los documentos de un inmigrante, podría incurrir en el delito y tener que soportar estas grandes penas; un ciudadano que transporte, que le dé un aventón a un inmigrante por el territorio nacional puede ser susceptible a sufrir las penas que están consideradas aquí, porque los términos están escritos de tal manera que no se protege la tradición mexicana de asilo, la tradición mexicana de asistencia y de apoyo a los inmigrantes y refugiados. ... El espíritu que anima a ésta o que debiera animar a esta disposición, es penalizar los actos criminales de aquellos que abusando de la condición de vulnerabilidad del inmigrante, lo explotan para conducirlo a través del territorio mexicano hacia los Estados Unidos y lo someten al peligro de un cruce en el que se pone, incluso en riesgo la vida. Es el acto de explotación y el riesgo que entraña la conducta abusiva y delictiva en contra del ciudadano que intente cruzar por el territorio mexicano sin documentación migratoria, lo que configura el delito. El delito no puede ser apoyar a una persona en su tránsito por el territorio nacional. El delito es explotar a una persona vulnerable, haciéndole creer o sentir que puede cruzar al territorio de otro país en condiciones de pagar dinero y en condiciones de sufrir situaciones indignas y altamente peligrosas. Redactado en los términos en que está, me parece que el sentido de la ley cambia rotundamente y se convierte y puede ser en el futuro, un instrumento para perseguir a ciudadanos mexicanos que cumpliendo estrictamente con la tradición humanitaria que caracteriza a nuestra población, quieran darle asistencia a inmigrantes que se encuentran en desgracia transitando por el territorio nacional ... por tanto yo pido, señores diputados, que modifiquemos los términos de este artículo y que no aprobemos esta ley con el artículo 138, redactado en los términos en que está. ..."

Además, el diputado Emilio Solórzano Solís, dijo:

"... con el propósito de resaltar y puntualizar cuál es el contenido de este párrafo segundo, particularmente en los dos renglones finales que se refieren precisamente a lo que es el albergue. Dice: ‘Igual pena se impondrá a quienes por sí o por medio de otra, otro u otros, introduzca sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano.’. Luego puntualiza: ‘O los albergue o transporte por el territorio nacional con el propósito de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.’. La lectura de este párrafo segundo es clara y, es clara de tal suerte que aquí queda constancia del espíritu y el fondo de este artículo en que va a sancionar a aquellos que oculten con propósitos de mala fe, con propósitos que serán desde luego verificados previamente por la autoridad competente, investigados previamente por la autoridad competente antes de presentar la querella correspondiente ... Esto, pues, que quede claro. No es el propósito de sancionar nada más por apoyar y fundamentarse en estos dos renglones finales del párrafo segundo sino que aun suponiendo, que la autoridad migratoria pudiera tener la información de que se encuentran extranjeros salvaguardados o escondidos en algún domicilio particular con fines humanitarios antes de presentar la querella tendrá necesariamente que investigar cuál es el espíritu de ese ocultamiento de extranjeros en el territorio nacional y fundamentalmente que estos extranjeros que están ocultos, desde luego, no se haga con fines lucrativos como es el espíritu de este artículo para sancionar a quienes están haciendo negocio aprovechando la coyuntura del tránsito de extranjeros. Ese es el espíritu, ese es el fondo del párrafo segundo al que estoy haciendo alusión."

En otra intervención, el diputado Adolfo Aguilar Zinser dijo:

"... El solo hecho de albergar en el territorio nacional o de transportar por él a un ciudadano de otro país que intente ocultarse de la revisión migratoria no puede ser considerado un delito en los términos en los que está redactado este artículo 138. No es suficiente para tipificar la conducta delictiva que está en el espíritu del artículo. ¡La conducta delictiva está tipificada por la intención de explotarlo al transportarlo por el territorio nacional o al albergarlo! No es simplemente albergarlo o transportarlo para ocultarlo de las autoridades, sino para explotar su condición y someterlo a la indignidad de tener que cruzar la frontera en las condiciones y previo el pago que ello implica ..."

Igualmente, en otra exposición el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, señaló:

"... logramos consensar con los diputados de las otras fracciones parlamentarias, un punto de acuerdo ya sobre la redacción del 138 de esta Ley General de Población, a fin de que quede claramente especificado el tema del castigo a los ‘polleros’ y cómo caracterizar a los ‘polleros’ traficantes de trabajadores indocumentados, tanto mexicanos como centroamericanos. Y el punto de acuerdo es que en tanto en el párrafo primero del 138, como en el párrafo segundo, se agregue ... diría así: ‘a quien por sí o por interpósita persona pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros con motivo de tráfico, a internarse en otro país y sin la documentación correspondiente’ y este mismo argumento entraría también en la redacción del artículo 20. De tal modo que a todas las partes satisface esta redacción y esto nos permite que haya una precisión sobre estos ‘polleros’ ..."

Asimismo, el diputado Saúl González Herrera, señaló:

"... Ahora, de manera un poco tardía se hacen algunas observaciones sobre el texto del artículo 138. Hemos sostenido conversaciones integrantes de ambas comisiones y estamos de acuerdo en proponer a la Asamblea la adición de una mención en los dos párrafos del artículo 138, de manera que quedaría redactado en estos términos. ‘Artículo 138. Se impondrá pena de seis a 12 años de prisión y multa de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien, por sí o por interpósita persona y con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país sin la documentación correspondiente.’. Y en el párrafo segundo, introducir también en la parte adecuada la misma expresión: ‘... con propósitos de tráfico’ ..."

De lo antes reseñado se advierte claramente que fue en la discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, donde tuvo nacimiento la expresión "con propósito de tráfico", siendo su principal consideración la de que no se castigue por el delito a personas o agrupaciones que por cuestiones humanitarias y siguiendo la tradición mexicana de asistencia, apoyo y ayuda al necesitado, desvalido o que se encuentre en una situación de desventaja, alberguen o den transporte a extranjeros indocumentados lo que supone en todo caso la buena fe de dichas acciones, contexto que evidentemente se refiere a que los traficantes o los que tengan propósito de tráfico, necesariamente lo hacen a través de un lucro actual o presente, e incluso inminente, o sea, por dinero recibido en el momento de contactar al extranjero, o con la seguridad de un cobro por llevar a cabo, pero mediante un acuerdo concreto en el que se especifique la cantidad que se entregaría a cambio del traslado.

Así, es claro que la intención de los diputados al integrar al texto del precepto legal que aquí se estudia, el término de "propósito de tráfico", lo es sin duda alguna para determinar que aquellos actos de llevar o pretender llevar a mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, o bien de transportación o albergue de extranjeros en territorio mexicano, sólo implicará delito cuando estén vinculados con comerciar, lucrar o negociar de una manera irregular, ilícita o clandestina (mediante la obtención de un lucro presente o inminente), pues se insiste, dichos legisladores así lo consideraron.

Una vez aprobado el proyecto de decreto por la Cámara de Origen, pasó al Senado de la República, en donde las comisiones correspondientes emitieron su dictamen en el que lo aprobaron favorablemente, haciendo suyas las razones expuestas en la exposición de motivos, en el dictamen de su colegisladora y en las discusiones que el mismo generó en la Cámara de Origen.

Al pasar a discusión el dictamen de las comisiones del Senado de la República, la legisladora María Elena Chapa Hernández, adujo:

"... El artículo 138 responde a una demanda que ha indignado a la sociedad mexicana: El reclamo de castigar con mayor severidad a las personas que se dedican al tráfico de indocumentados, o a los servidores públicos que incurran en esta conducta. A quien pretenda llevar a mexicanos o extranjeros a internarse en otro país, sin documentos, o a quien por sí o por medio de otro, con propósito de tráfico, introduzca a extranjeros a territorio mexicano, que los albergue o transporte, tendrá una pena de seis a doce años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo. Se aumentan hasta en una mitad si la actividad incluye a menores, si pone en riesgo la salud, la integridad y la vida de los indocumentados o si la realiza un servidor público. Todos sabemos que los indocumentados son víctimas de delincuentes comunes, de bandas de criminales organizados, de autoridades deshonestas que cometen en su contra asaltos, robos, violaciones y extorsiones. Se deja a salvo la vocación hospitalaria que el pueblo de México tradicionalmente ha tenido respecto de los extranjeros que requieren apoyo, al incluir como condicionante el propósito de tráfico cuando se trate de ofrecer transporte y albergue a extranjeros que no cuenten con los documentos que debe expedir la autoridad correspondiente, de esta manera, los ciudadanos que sin tener como intención el lucrar con la precaria situación legal de los extranjeros que se encuentren en nuestro país de manea irregular, les brinden albergue y apoyo, no serán sujetos de estas disposiciones legales."

Conforme con lo anterior, es evidente que la Cámara de Senadores, reiteró la disposición de la Cámara de Origen, en el sentido de que debía dejarse a salvo la cuestión humanitaria que el pueblo mexicano tiene con los extranjeros indocumentados, sin la intención de obtener beneficio alguno, con el fin de castigar únicamente a aquellos sujetos que son delincuentes comunes, bandas organizadas y autoridades deshonestas, que convierten a los indocumentados en víctimas de asaltos, robos, violaciones y extorsiones, o que con ellos pretenden obtener un beneficio lucrativo cierto actual o inminente; de ahí que finalmente el artículo 138 de la Ley General de Población se haya aprobado y publicado sus reformas y adiciones en el Diario Oficial de la Federación el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, de la manera siguiente:

"Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente. Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de tráfico, los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria ... Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en los párrafos precedentes, cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad; o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados; o bien cuando el autor del delito sea servidor público."

Lo anterior permite concluir que en el presente caso, al haber considerado la responsable al quejoso ... penalmente responsable del delito de transporte de indocumentados por territorio nacional, con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria, y con propósito de tráfico, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 138 de la Ley General de Población, violó las garantías de seguridad jurídica del sentenciado, tal como se ve a continuación.

En efecto, al analizar el numeral 138 de la Ley General de Población, el legislador federal quiso establecer una diferencia al momento de resolverse sobre la aplicación de la ley, ya que consideró que además de los elementos del cuerpo del delito que ya se preveían en ese numeral, se debía acreditar el relativo al propósito de tráfico, que es entendido como aquel que tiende a obtener un lucro actual o inminente, siempre con acuerdo previo de ello, como condición para la acción de transporte o albergue de indocumentados para evadir la revisión migratoria.

Así, por lucro debemos entender, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, como la ganancia o provecho que se saca de una cosa, lo cual da la idea de un aprovechamiento o beneficio económico, el que debe ser actual o presente, es decir, previo o concomitante al transporte o albergue de indocumentados. Asimismo, esa ganancia puede ser inminente ya que en la locución "propósito de tráfico", la palabra propósito significa, de acuerdo con el propio diccionario, el ánimo o intención de hacer una cosa, es decir, en el caso el ánimo o intención de obtener un lucro puede estar vinculada con un pago futuro pero inminente, o sea cierto en cuanto a la cantidad a entregar y la fecha de pago, pero mediante acuerdo o concierto previo.

Cabe apuntar que la anterior interpretación del segundo párrafo del artículo 138 de la Ley General de Población se apoya en la voluntad del legislador inmersa en la reforma del aludido precepto, método interpretativo al cual se puede acudir válidamente para esclarecer el sentido de la norma, ya que durante el proceso legislativo en ambas cámaras no hubo contradicción en cuanto al alcance que debía darse al elemento "propósito de tráfico".

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. CXIV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 370, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro y texto dicen:

"PROCESO LEGISLATIVO. ES VÁLIDO REMITIRSE A ÉSTE PARA IDENTIFICAR LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR CUANDO EL JUZGADOR NO APRECIE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES A LO LARGO DEL MISMO. Cuando hay oscuridad en el significado de una disposición, se puede remitir el intérprete a la llamada ‘voluntad del legislador’ para esclarecer el sentido de aquélla, toda vez que los órganos que participaron en el proceso legislativo que dio lugar a la norma en cuestión, en ocasiones manifiestan, a través de los actos que conforman dicho proceso, el sentido de ésta. Ahora bien, a fin de que el órgano jurisdiccional revisor pueda válidamente remitirse a los actos del proceso legislativo para extraer de éstos la ‘voluntad del legislador’, en el transcurso del referido proceso deben concurrir las voluntades de quienes participaron en éste durante las etapas de iniciativa, discusión, aprobación y sanción o, al menos, no debe existir contradicción entre las razones aducidas por cada uno de ellos para la creación, modificación o derogación de una norma. Cuando de las constancias del proceso legislativo ello sea posible, el órgano jurisdiccional debe poner en evidencia la existencia de una razón única y explícita que justifique la modificación al ordenamiento jurídico. Así, sólo en los casos en que se aprecie que hay unidad en el criterio o, cuando menos, ausencia de contradicciones, podrá el intérprete remitirse a la ‘voluntad del legislador’ con el fin de descubrir el significado de la norma y pronunciarse sobre la constitucionalidad de ésta."

Sin embargo, este elemento del cuerpo del delito no se actualiza en la causa penal que se analiza, no obstante de que la responsable así lo haya considerado plenamente acreditado con la versión de los elementos captores ... la declaración ministerial del indocumentado ... así como la del indiciado, y la diligencia de fe ministerial de documentos, cuando señaló:

"Esto es así, en la medida que los medios de convicción reseñados con antelación, ponen de relieve que el sujeto activo, aproximadamente a las seis horas con cuar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19187-c4d617f0/trafico-de-indocumentados-el-elemento-subjetivo-relativo-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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