PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL. SU LIBRE VALORACIÓN POR EL JUEZ NATURAL CUANDO NO ESTÉN RECONOCIDAS POR LA LEY O ESTÁNDOLO NO SE HUBIEREN DESAHOGADO CON LAS FORMALIDADES CORRESPONDIENTES, NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS, SIEMPRE Y CUANDO SE MOTIVE EL VALOR OTORGADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO EN REVISIÓN 464/2003.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los agravios hechos valer por el recurrente devienen por una parte infundados y, por otra, fundados pero inoperantes, atento las consideraciones siguientes.
Este órgano colegiado estima que, tal como lo sostuvo la autoridad de amparo, el auto de formal prisión combatido sí cubre las exigencias que para su dictado establece el artículo 19 constitucional.
En efecto, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve exige, para dictar un auto de formal prisión, el cumplimiento del requisito siguiente:
Que se encuentre acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado (precisando el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución).
Además, deberá colmar las exigencias de fundamentación y motivación que constituyen también un imperativo constitucional.
En el caso que nos ocupa, tal como lo hace notar el Juez Primero de Distrito en el Estado, la resolución de fecha once de septiembre de dos mil tres, pronunciada por la Juez Noveno de lo Penal con residencia en esta ciudad, en autos del proceso penal 88/2003, mediante la cual decreta auto de formal prisión en contra de ... como probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio y robo calificados, previstos y sancionados, el primero por los artículos 312, 323, 326, fracción II, 328 y 331 del Código de Defensa Social vigente en la entidad; y el segundo por los diversos numerales 373, 374, fracción III y 380, fracciones XI y XVIII, de la legislación punitiva en cita, sí satisface los requisitos que la Constitución Federal exige para ello.
En efecto, la autoridad responsable estimó que los elementos que integran el cuerpo del delito de homicidio calificado son los siguientes:
"a) La existencia previa de una vida. b) Privación de esa vida. c) Que el homicidio se ejecute con ventaja ..."
Los elementos anteriores dicha responsable los tuvo por acreditados, en términos de lo establecido por los artículos 83, 88 y 108 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social vigente en la entidad, con los medios de convicción ya reseñados y estableció, en esencia, que:
1) Con la actuación ministerial relativa al levantamiento de cadáver practicada por el representante social, llevada a cabo el catorce de enero de dos mil tres, valorada a la luz de lo dispuesto por el artículo 73 de la ley adjetiva penal aplicable "se demuestra la existencia real de una persona sin vida ... así como de las evidentes huellas de violencia en su cuerpo ante la presencia de orificios producidos en su anatomía por el impacto de un proyectil de arma de fuego ..."
2) Los testimonios de ... son eficaces para conocer tanto la identidad del pasivo, como la circunstancia de que dicha persona, previo a ser objeto de violencia física, se mantenía con vida.
3) El factor externo que fue la causa del deceso de la víctima, se obtuvo de la diligencia ministerial de inspección, descripción y autopsia del cadáver, así como del dictamen de autopsia número 32, desprendiéndose del primero que el cuerpo inerte de la víctima presentó huellas de violencia por proyectil de arma de fuego, y del segundo, que el pasivo ... sufrió choque hipovolémico secundario a heridas penetrantes de tórax y abdomen.
4) El desplegamiento de la acción ilícita generadora del resultado letal se acredita con los testimonios de ... las que valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 178, 201 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, permitieron a la responsable establecer que los activos del ilícito ingresaron a la farmacia denominada ... con la intención de robar; sin embargo, al desarrollarse dicha conducta se produjo un delito diverso (homicidio), pues uno de los activos accionó sobre el pasivo el arma de fuego que portaba, mientras que el otro en diversas ocasiones le gritaba "mátalos".
5) La conducta de los activos fue llevada a cabo con ventaja, puesto que las personas que participaron en el ilícito fueron dos, mismas que además iban armadas.
Respecto del delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción III y 380, fracciones XI y XVIII, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social de la entidad, la responsable describió los elementos que integran la corporeidad del mismo de la manera siguiente:
"... a) Apoderamiento de un bien ajeno mueble. b) Que dicho apoderamiento se realice sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer del bien con arreglo a la ley. c) Que el robo se comete siendo los ladrones dos o más, en un establecimiento abierto al público."
Elementos que la Juez Penal responsable consideró acreditados, en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la ley adjetiva penal aplicable, con las probanzas que integran el sumario y que fueron relacionadas en el considerando que antecede.
Como se observa de la determinación combatida, fundamentalmente de las declaraciones de ... permitieron a la responsable concluir que los activos del ilícito (dos), bajo un mismo propósito criminal, como lo era el apoderarse de bienes ajenos, se constituyeron en la negociación denominada farmacia ... ubicada en el número ... de la calle de ... lugar donde ... sacó un arma de fuego para amedrentar a los delincuentes y uno de estos últimos, en forma inmediata, disparó sobre aquél, sustrayendo el arma que en esos momentos portaba el citado ...
La manifestación de ... hecha en el sentido de que su padre tenía en el interior de la farmacia donde ocurrieron los hechos una pistola para su seguridad, misma que había adquirido hace aproximadamente seis o siete años, fue un medio probatorio más que llevó a la responsable al convencimiento de que ... el día del evento tenía bajo su poder un arma de fuego con un valor de tres mil quinientos pesos, dato que se derivó del dictamen pericial en materia de valuación emitido por ...
Asimismo, también sin violentar garantías constitucionales, la autoridad responsable, Juez Noveno de lo Penal con residencia en esta ciudad, tuvo por acreditada la probable responsabilidad de ... en la comisión de los delitos en análisis, en términos similares y con los mismos elementos probatorios que tomó en consideración para tener por acreditado cada uno de los ilícitos que a éste se le atribuyen, otorgando valor preponderante a las declaraciones rendidas por ... quien, en síntesis, manifestó haber visualizado cómo el día del evento dos personas ingresaron a la farmacia ... indicando que querían el dinero que en dicho lugar se encontraba, personas que lesionaron a ... y lo desapoderaron posteriormente de la pistola que en ese momento portaba.
La responsable, sujetándose a las reglas de valoración contempladas en la ley adjetiva aplicable, estableció que ... fue firme en reconocer y señalar a ... como una de las personas que se introdujo en la negociación mencionada y le gritaba a la otra ... "mátalos".
Asimismo, la declaración de ... fue un elemento de prueba más que llevó a la responsable a considerar al aquí recurrente como probable responsable de los delitos cuya comisión se le atribuye, pues dijo, éste también identifica a ... como una de las personas que acompañado de otro sujeto, el día catorce de enero de dos mil tres, se encontraban en el interior de la farmacia denominada ...
Por último, las declaraciones de los inculpados, entre los que se encuentra ... también fueron valoradas por la responsable para tener por colmado el extremo que se menciona, la probable responsabilidad del aquí recurrente, de las que dijo se desprenden datos de incriminación en su contra, tales como que efectivamente se conocen entre sí y se encontraban en esta ciudad de Puebla, viviendo cerca del lugar en que acontecieron los hechos, así como su manifestación en el sentido de que eran militares; y, por otra parte, refirió la responsable, sus alegaciones hechas en el sentido de que no cometieron los ilícitos que se les atribuyen, no se encuentran corroboradas con ningún medio de prueba que obre dentro del sumario.
En virtud de lo anterior, contrario a lo expresado por el ahora recurrente, no fue violatorio de garantías el que la responsable, en vista de los elementos de prueba que obran en el proceso, concluyera que son suficientes para comprobar de manera probable la responsabilidad del peticionario de garantías en la comisión de los delitos de homicidio y robo, ambos calificados, previstos y sancionados, el primero por los artículos 312, 323, 326, fracción II, 328 y 331 del Código de Defensa Social vigente en la entidad, y el segundo por los diversos numerales 373, 374, fracción III y 380, fracciones XI y XVIII, de la legislación punitiva en cita.
Así las cosas, es factible sostener, tal como lo expresa el Juez Primero de Distrito en el Estado, que en el dictado de la resolución combatida se observó lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, además, que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que como fundamento de ésta se invocaron, entre otros, los artículos 312, 323, 326, fracción II, 328, 331, 373, 374, fracción III y 380, fracciones XI y XVIII, del Código de Defensa Social vigente en la entidad; 56 bis, 73, 83, 88, 108, 178, 200, 201 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social aplicable y también está debidamente motivada, porque en ella se citaron las causas materiales, razones particulares y las circunstancias de hecho que dieron lugar al dictado de la determinación combatida.
Ahora bien, el quejoso recurrente refiere, en síntesis, que contrario a lo sostenido, en autos del proceso penal de origen, si bien se encuentra acreditada la corporeidad de los ilícitos, no es posible afirmar lo mismo respecto de su probable responsabilidad, puesto que las probanzas que se tuvieron en cuenta para ese efecto, como son la confrontación en la que intervino ... y las declaraciones de los testigos, carecen de valor probatorio.
Sigue manifestando el recurrente que le causa agravio el que el Juez de amparo haya considerado correcto el proceder de la Juez Noveno de lo Penal con residencia en esta ciudad, al otorgarle valor probatorio a la diligencia de confrontación que se alude en el párrafo anterior, pues dice, la misma se llevó a cabo con una serie de irregularidades que contrarían lo dispuesto por el artículo 186 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social vigente en la entidad, toda vez que las características físicas de las personas formadas junto con el inculpado no eran similares con las de este último, lo que motivó que, por lógica, la testigo que se alude lo señalara como una de las personas que intervino en los hechos delictuosos que se le atribuyen.
El agravio anterior deviene infundado.
En efecto, por principio es menester hacer notar que el hecho de que las características físicas de las personas que fueron formadas en la fila junto con él, a efecto de llevar a cabo la diligencia de confrontación, sean distintas a las propias, es intrascendente para considerar que por ese solo hecho debió privarse a la diligencia de valor convictivo.
Lo anterior, en virtud de que el numeral que invoca establece, en ese sentido (fracción II del artículo 186 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social vigente en la entidad) que las personas que acompañen al inculpado se encuentren vestidos con ropas semejantes y aun con las mismas señas "si fuere posible"; es decir, tal indicación no se establece como una circunstancia que sea imposible eludir y cuyo incumplimiento invalide la diligencia referida, puesto que existe la posibilidad de que la autoridad que practicó la misma no hubiese estado en condiciones de obtener otras personas cuyas características coincidieran en su totalidad con las del aquí quejoso, lo que justifica su incumplimiento.
Por otra parte, la manifestación hecha por el quejoso en el sentido que se anota al principio del párrafo anterior, riñe con el contenido del acta en la que se asentó la diligencia que se alude, pues en ésta, en lo conducente, se lee: "... quienes visten ropas semejantes a las de ... y que tienen características físicas similares entre sí en cuanto a complexión, estatura, tez y nivel socioeconómico ..."; por tanto, más aún se insiste en que la autoridad responsable no violó garantías del aquí quejoso al otorgarle a la misma valor probatorio.
A mayor abundamiento, debe decirse que aun en el supuesto de que la confrontación tantas veces citada no se hubiese llevado a cabo con los requisitos que la ley adjetiva penal establece, no impide que la misma sea tomada en cuenta por la Juez del proceso, puesto que el artículo 108 de la legislación adjetiva en cita, textualmente dice: "Artículo 108. Para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, el Ministerio Público y los tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes según su criterio, aunque no sean de los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho."; y, además, el diverso numeral 122 de la referida legislación, también establece que se admitirá como prueba todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que a juicio del funcionario conduzca lógicamente al conocimiento de la verdad.
De lo que se sigue que debe estimarse que los medios de convicción que no hayan sido desahogados con las formalidades que la ley establece, o bien, aquellos que no estén expresamente señalados por la ley, pueden ser apreciados libremente por el Juez mediante una deducción racional. Lo que se afirma en virtud de que, como puede observarse en la sección undécima del capítulo cuarto de la ley procesal citada, se establecen reglas precisas y concretas para apreciar determinadas pruebas, como es el caso de la confesión, inspección judicial, reconstrucción de hechos, documentales públicas y privadas, testimonial, cateos y confrontación; mientras que por lo que se refiere a los dictámenes periciales, se dejó al prudente arbitrio del juzgador y nada se dijo respecto a las mencionadas en la fracción XI del artículo 123 antes invocado.
Por tanto, debe entenderse que los medios de convicción cuyo valor no se encuentra reglamentado, así como aquellos no reconocidos específicamente por la ley, o bien, que estándolo no fueron desahogados con las formalidades legales, pueden ser apreciados libremente por el a quo, obviamente motivando debidamente tal valoración, sin que ello implique violación de garantías.
Así las cosas, la responsable no violentó garantías individuales de ... al haber tomado en consideración, para tener por acreditada la probable responsabilidad de éste en la comisión de los delitos que se le imputan, la diligencia de confrontación; máxime si, como en el caso, la misma se encuentra corroborada con la diversa declaración del testigo ... en virtud de que, como ya se dijo, el a quo, para lograr conocer la verdad histórica de los hechos, puede apoyarse en cualquier medio de convicción que obre en el sumario "siempre que conduzca lógicamente al conocimiento de la verdad" (artículo 122 del Código en Materia de Defensa Social vigente en la entidad) y "aunque no sean de los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho" (artículo 108 antes invocado); por tanto, se insiste, no es inconstitucional tal proceder.
Resulta aplicable a lo anterior la tesis 207, sostenida por este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la página 1047 del Tomo XVII, junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:
"PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SU LIBRE VALORACIÓN POR EL JUEZ NATURAL CUANDO NO ESTÉN RECONOCIDAS POR LA LEY O ESTÁNDOLO NO SE HUBIEREN DESAHOGADO CON LAS FORMALIDADES CORRESPONDIENTES, NO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, SIEMPRE Y CUANDO SE MOTIVE EL VALOR OTORGADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 108 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social otorga al Ministerio Público y a los tribunales judiciales, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes según su criterio, siempre que no sean contrarios a derecho, aunque no sean de los que menciona la ley; mientras que el artículo 122 del mismo ordenamiento legal establece que se admitirá como prueba todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que a juicio del funcionario conduzca lógicamente al conocimiento de la verdad; ahora bien, el artículo 123 del referido ordenamiento legal enlista las pruebas específicas que la ley contempla, y en la sección undécima del capítulo cuarto de la ley procesal penal se establecen determinadas reglas para que el Juez del proceso pueda otorgar a cada medio de convicción el valor que señala el propio precepto legal; sin embargo, no en todas las hipótesis se encuentra prevista dicha tasación, pues en algunos casos se deja al prudente arbitrio del juzgador, y en otros supuestos más nada se menciona al respecto, de lo que se concluye que en caso de que los medios de prueba que fueron valorados por el Juez del proceso no estén expresamente determinados en la ley, o que estándolo no fueron desahogados con las formalidades que al efecto se señalan, o que en ningún precepto se establecen las reglas para su valoración, o la permisión de utilizar el libre arbitrio del juzgador, debe decirse que en todos estos casos, ante las disposiciones legales en primer lugar mencionadas, puede el Juez de la causa en forma legal apreciarlas libremente mediante una deducción racional, siempre y cuando se motive el valor otorgado, sin que ello implique violación a las garantías individuales; por lo que el simple hecho de que una prueba no esté reconocida por la ley o que estándolo no se hubiere desahogado con las formalidades correspondientes, no es suficiente para sostener que carece en lo absoluto de valor probatorio, quedando al prudente arbitrio del juzgador común su tasación."
La responsable tampoco violó garantías del quejoso recurrente al tomar en consideración, a efecto de tener por probada la probable responsabilidad de éste en la comisión de los hechos delictuosos que se le atribuyen, las declaraciones de ... pues este Tribunal Federal, al analizar cuidadosamente el contenido de las mismas, no advierte ninguna contradicción y por lo que respecta a la que hace notar el agraviado, consistente en que la primera de las citadas manifestó que se percató que el pasivo recibió tres balazos y que de las demás diligencias practicadas en la indagatoria se desprende que sólo fueron dos; ello es irrelevante, pues como bien lo afirma el Juez de amparo, la manifestación de la testigo en ese sentido pudo deberse al estado de zozobra en el que se encontraba y aun cuando haya sido por motivos diversos, ello no es suficiente para restarle valor convictivo a su declaración; por tanto, es legal el proceder de la responsable al haberle otorgado, con fundamento en los numerales 179, 201 y 204 de la ley adjetiva aplicable, valor probatorio para el efecto pretendido y tener por acreditada la probable responsabilidad del inculpado ... máxime que como bien lo afirma, tal testimonio no se encuentra aislado, sino corroborado con diversas diligencias que obran dentro del sumario, como son las declaraciones de ... y de los propios inculpados, en las que si bien niegan su intervención en los hechos imputados, proporcionan datos que los incriminan, como son que el día del evento se encontraban en esta ciudad de Puebla, viviendo cerca del lugar donde ocurrieron los hechos, manifestando además el quejoso estar enterado de la muerte del pasivo y además que fue militar, lo que coincide con el dicho de ... al referir como una de las características de los que intervinieron en los hechos, que tenían el cabello corto como militares.
Por último, el quejoso recurrente refiere que le causa agravio el razonamiento del Juez de Distrito hecho en el sentido que de las declaraciones de los testigos se pone de manifiesto que su conducta consistió en inducir a su coprocesado y en aceptar que este último accionara el arma sobre la corporeidad de ... y, además, en consentir la sustracción que ... hizo respecto del arma de fuego que portaba el pasivo, puesto que, dice ... manifestó que el asaltante que se colocó en la puerta de la farmacia gritó "mátalos" después de que el diverso activo había disparado, por lo que no puede hablarse de una inducción a cometer el delito.
Es fundado pero inoperante al agravio anterior.
En efecto, es incorrecta la conclusión a la que arribó el Juez de Distrito, puesto que la autoridad responsable no llevó a cabo las consideraciones apuntadas (inducción y consentimiento de sustracción), advirtiéndose de ello que la autoridad de garantías prácticamente sustituyó a la Juez Noveno de lo Penal con residencia en esta ciudad en la valoración de las pruebas, lo que atendiendo a la técnica que rige en el juicio de amparo, ello no puede válidamente ocurrir.
Sin embargo, no obstante lo fundado del agravio hecho valer, el mismo resulta inoperante, puesto que no tiene el alcance de modificar o revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder al impetrante el amparo solicitado, en virtud de que la conclusión a la que arribó la responsable y que a continuación se transcribe, es legal, sin que en ella se advierta la alteración en las reglas de valoración de las pruebas o en los hechos efectivamente probados, pues de manera acertada dijo:
"... sin embargo, al llevarse a cabo dicha conducta se produjo un delito diverso, como es el que nos ocupa, pues al ir armado ... éste se convirtió en autor material del delito de homicidio al actuar con un dolo directo sobre la víctima, mientras que ... se convirtió en su copartícipe, puesto que no intervino (sic) la ejecución del delito de homicidio, advirtiéndose que la operancia en el copartícipe fue con dolo eventual, pues al participar en el robo ejecutado con el empleo de violencia, ya que el actor material iba armado, aceptó dicho resultado contingente al no realizar conducta alguna tendiente a evitarlo ..."
Así las cosas, en virtud de lo anterior y al resultar, por una parte, infundados y, por otra, fundados pero inoperantes los agravios hechos valer por el recurrente y al no existir motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja en su favor, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida.
Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... respecto del acto y autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados José Manuel Vélez Barajas, Carlos Loranca Muñoz y Enrique Zayas Roldán, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17972-5c332834/pruebas-en-el-proceso-penal-su-libre-valoracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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