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TESTIGOS. LA DEPENDENCIA ECONÓMICA QUE ÉSTOS TENGAN CON EL OFENDIDO O AGRAVIADO POR SER SUS TRABAJADORES, NO LE RESTA VALOR PROBATORIO A SUS TESTIMONIOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 268/2004. · Registro digital (IUS): 18574
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 1646.

AMPARO EN REVISIÓN 268/2004.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Son inatendibles en una parte, inoperantes en otra e infundados en lo demás, los agravios expresados por el recurrente ... sin que en el caso se advierta motivo para suplir la queja en su favor, atento a lo previsto por la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.

Primeramente debe abordarse el análisis de los agravios en los que afirma el recurrente que el Juez Federal omitió analizar las violaciones procesales acontecidas en el proceso penal de origen.

En este sentido, en el titulado quinto agravio, argumenta el recurrente que el Juez de Distrito omitió hacer razonamiento respecto a las violaciones al procedimiento cometidas por el Ministerio Público y el Juez de Primera Instancia, al pretender fundar su pliego consignatorio y el auto de formal prisión en pruebas prefabricadas; además de que, agrega el recurrente, solicitó los careos constitucionales; sin embargo, el Juez no agotó los medios a su alcance para lograr la comparecencia de las personas que depusieron en su contra, violando así las garantías de audiencia y de defensa establecidas en los artículos 14 y 20, inciso a), fracciones IV y V, de la Constitución Federal, sin que haya podido ser escuchado en juicio, por lo que se debió ordenar la reposición del procedimiento.

Los anteriores agravios son infundados, porque tocante a que el pliego consignatorio y el auto de bien preso se apoyaron en pruebas prefabricadas, es una mera afirmación subjetiva que no encuentra elemento de prueba que la apoye.

En relación a que el Juez Penal no agotó los medios necesarios para lograr el desahogo de los careos constitucionales, debe decirse que tal argumento es infundado, pues se observa que dichos careos no se desahogaron por el breve tiempo que medió entre la solicitud de su desahogo y el dictado del auto de formal prisión, ya que fueron solicitados por el ahora inconforme en escrito de fecha dieciocho de febrero de dos mil cuatro y el auto de formal prisión se dictó el veinte de febrero de dos mil cuatro.

Aunado a lo anterior, es menester precisar que la falta de desahogo de los careos constitucionales no ocasiona la inconstitucionalidad del auto de formal prisión.

Para respaldar lo anterior, es conveniente citar la tesis 6, que se comparte, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en la página 409 del Tomo I, correspondiente al mes de junio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAREOS CONSTITUCIONALES. SU OMISIÓN ANTES DE QUE SE DICTE AUTO DE BIEN PRESO NO ACARREA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTE. La falta de celebración del careo entre el quejoso y alguien que depuso en su contra antes del dictado del auto de bien preso no basta para tildar a éste de inconstitucional en la hipótesis de que se encuentren reunidos los requisitos a los que se refiere el artículo 19 de la Carta Magna, pues en todo caso, de persistir esa conducta omisiva durante la instrucción, actualizaría la violación procesal señalada en la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo, que como tal sólo puede ser combatida en la vía de amparo al formular la demanda contra la sentencia definitiva correspondiente en términos del diverso 161, primer párrafo, ibídem."

Por otra parte, es pertinente mencionar que el recurrente aduce que, contrariamente a lo que sostiene el Juez Federal, la sentencia recurrida no se encuentra fundada y motivada, porque dicho juzgador se limita a realizar un estudio somero y superficial de las constancias que integran la causa penal 98/2002, del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, sin percatarse de que los preceptos legales invocados en la resolución de origen sean los aplicables al caso concreto, lo que provoca un fallo carente de fundamentación y motivación, máxime si se tiene en cuenta que el más Alto Tribunal del país ha establecido que las autoridades tienen la obligación de redactar sus resoluciones en forma clara, precisa y congruente con la actuación procesal que las origina, es decir, que su redacción no sea oscura, ambigua o ilógica, por carecer de claridad, ocasionando confusiones de interpretación y produciendo dudas, como en el caso acontece, actuación del Juez Federal que vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 de la Constitución Federal.

En este sentido, en una parte, resulta inoperante dicho motivo de inconformidad, atento a que, según lo ha establecido invariablemente la jurisprudencia, los Jueces de Distrito no violan preceptos constitucionales ni garantías individuales de los gobernados, por razón de que, cuando actúan como autoridades de amparo, por su investidura constitucional y en su calidad de titulares de los órganos primarios de control constitucional, técnica y jurídicamente no es factible que transgredan el sentido de las disposiciones de la Ley Fundamental, toda vez que, en principio, sus actuaciones se encuentran reguladas en función del ordenamiento específico de la materia, esto es, por la Ley de Amparo, y supletoriamente por el Código Federal de Procedimientos Civiles, por mandato expreso del numeral 2o., in fine, de la propia ley reglamentaria de la protección constitucional; por lo que, en todo caso, podría únicamente atribuírseles violaciones a preceptos de la citada legislación secundaria, no así transgresiones directas de la Ley Suprema del país.

Ello es así, debido a que dentro del sistema constitucional que nos rige, y a la luz de los principios de la técnica del juicio de amparo, sería un contrasentido, fuera de toda lógica, admitir que los órganos jurisdiccionales, a quienes constitucionalmente está confiada la elevada responsabilidad de asegurar la observancia de los mandatos de la Carta Magna, ejercer el control de la constitucionalidad de los actos de toda autoridad, tutelar el respeto de las garantías individuales del gobernado, así como los derechos fundamentales del pueblo y de la propia nación, pudieran vulnerar directamente el orden constitucional establecido cuya salvaguarda les confía la propia Constitución Federal.

Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 35, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 28 y 29 del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO."

Los agravios en análisis también son infundados, en cuanto alega falta de fundamentación y motivación en el auto de formal prisión reclamado, pues de la lectura del mismo se observa que contiene la cita de los preceptos legales aplicables, así como los razonamientos que tuvo en cuenta la autoridad responsable para dictarlo en el sentido en que lo hizo.

En otra parte, el agravio que se analiza es infundado, porque de la simple lectura de la resolución recurrida, se advierte que el Juez Federal antes de abordar el estudio de fondo de la resolución reclamada, indicó que conforme a la técnica del amparo procedía determinar si el auto de formal prisión satisfacía los requisitos de fundamentación, motivación, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, para lo cual citó en apoyo la tesis con el rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. EL ESTUDIO DE LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN ES PREVIO AL ANÁLISIS DE FONDO.", sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado de este circuito, y en análisis de tales circunstancias expuso: "Ciertamente, la lectura de las copias certificadas del proceso número 98/2003, que la Juez Primero de lo Penal de esta ciudad adjuntó a su informe de ley, permite advertir que en la resolución reclamada se reseñaron y valoraron las pruebas glosadas en el sumario, en los términos que indican los artículos 196, 199, 200 y 201 todos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, y que constituyen la materialidad del injusto de fraude específico, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, así como la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión."; de lo que se pone de manifiesto que, contrariamente a lo que afirma el recurrente, el Juez de Distrito sí efectuó un análisis de la resolución impugnada en ese aspecto, concluyendo que la misma se encontraba fundada y motivada, y reunía los requisitos de tiempo, modo, lugar y ocasión.

En términos semejantes, tampoco le asiste razón al inconforme en relación con lo alegado respecto a que el Juez Federal se limitó a mencionar las pruebas sin realizar un estudio lógico y jurídico, puesto que, contrariamente a lo que afirma, en el considerando cuarto de la resolución que se revisa, el Juez de Distrito al abordar el estudio de fondo del auto de formal prisión reclamado, decretado en contra del quejoso como responsable en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción XIX, en relación con los diversos artículos 13 y 21 del Código de Defensa Social para el Estado, después de sostener que la materialidad de dicho delito y la presunta responsabilidad del ahora inconforme se encontraban debidamente acreditados, de transcribir los numerales citados en líneas anteriores y el diverso 19 constitucional, e indicar los elementos constitutivos del delito de que se trata, señaló que la autoridad responsable los tuvo por demostrados con los elementos de convicción que a continuación se enumeran: 1. La denuncia formulada por ... apoderado general para pleitos y cobranzas de ... actualmente ... 2. El testimonio ministerial de ... 3. La documental consistente en el estado de la cuenta bancaria número ... 4. Los dictámenes contables emitidos por ... 5. El testimonio de ... 6. La pericial en materia de informática, 7. El testimonio a cargo de ... y 8. Las declaraciones ministeriales y preparatoria del quejoso ... Y a continuación dicho Juez Federal expuso lo siguiente: "Por otra parte, el Juez de la causa, al decretar el auto que se combate, valoró en primer término la denuncia de hechos formulada por ... en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del banco ... hoy ... en la que detalla el evento delictual al haberse efectuado diversas transferencias bancarias a favor del señor ... titular de la cuenta de cheques número ... de dicha institución bancaria, a través del servicio de banca electrónica, pero tales transferencias se hicieron de manera fraudulenta, dado que vía internet se abonó a la mencionada cuenta bancaria la cantidad de dos millones doscientos noventa y un mil quinientos cinco pesos con sesenta y un centavos, con cargo a las cuentas números ... titular ... por ciento veintiocho mil setecientos treinta y siete pesos con dieciocho centavos; cuenta número ... titular ... por ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres pesos con sesenta y ocho centavos; cuenta número ... titular ... por ciento diez mil seiscientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta y tres centavos ... titular ... por un monto de un millón ochocientos noventa y tres mil seiscientos veintinueve pesos con veintidós centavos, por lo que sumadas tales cantidades dan un total de dos millones doscientos noventa y un mil quinientos cinco pesos con sesenta y un centavos. Que la cuenta del citado ... fue aperturada el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis en la sucursal ... de esta ciudad, y desde la fecha de su apertura nunca ha contado con saldos superiores a diez mil pesos, llegando a tener incluso un saldo de diez pesos con veintidós centavos, no obstante, el día en que fue abonada tal cantidad a su cuenta bancaria, se dispuso en pocos minutos de casi la totalidad del numerario al librar catorce cheques por diversas cantidades, quedando un saldo en la cuenta bancaria de ... por la suma de ciento diez mil quinientos once pesos con cuarenta y siete centavos. Ahora bien, el mencionado dato de cargo hace patente que en los hechos, origen del proceso, se usó de manera ilícita la banca electrónica de ... para abonar a la cuenta bancaria número ... a nombre de ... la suma de dos millones doscientos noventa y un mil quinientos pesos con sesenta y un centavos con cargo a las cuentas ... titular ... por ciento veintiocho mil setecientos treinta y siete pesos con dieciocho centavos; cuenta número ... titular ... por ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres pesos con sesenta y ocho centavos; cuenta número ... titular ... por ciento diez mil seiscientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta y tres centavos ... titular ... por un monto de un millón ochocientos noventa y tres mil, seiscientos veintinueve pesos, con veintidós centavos, por lo que sumadas tales cantidades dan un total de dos millones doscientos noventa y un mil quinientos cinco pesos con sesenta y un centavos. Y además ... por concierto previo con otros activos y con codominio del hecho en el evento criminoso, dividiéndose el trabajo delictivo, recibió en su cuenta bancaria dinero producto de transferencias electrónicas ilícitas y de inmediato dispuso del numerario a través de catorce cheques antes de que se detectara la anomalía, con lo que engañó a la institución bancaria agraviada, obteniendo un lucro indebido. Al efecto, cabe precisar que el iter criminis, tiene como fases la interna, que se da cuando el agente concibe la idea de cometer el ilícito, delibera y finalmente decide ejecutarlo. Y en la fase externa el sujeto activo exterioriza su deseo de delinquir, prepara la ejecución del delito y finalmente lo realiza. Por ello, con base en la descripción del tipo penal de fraude específico, previsto en el artículo 404, fracción XIX, del Código de Defensa Social del Estado, el uso indebido de mecanismos cibernéticos que provoque o mantenga un error, sean presentados como ciertos hechos que no lo son, o deformando o disimulando hechos verdaderos. Fases incriminatorias en las que se desprende la participación del recurrente ... en grado de coautor. Pues, como se indicó, el ahora peticionario de garantías dispuso de recursos provenientes de una transacción electrónica ilícita, pues libró catorce cheques por un total de quinientos catorce mil pesos, de los seiscientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta pesos que fueron depositados a su cuenta bancaria por un tercero ... el veintidós de abril de dos mil dos, en la sucursal ... actualmente ... Por tanto, debe entenderse que la figura delictiva de la participación, conectada con el tipo legal de fraude específico, requiere de una conexión causal, según el caso, con la actividad típica, misma que se actualizó en la especie, pues mediante el uso de transferencias electrónicas para ser depositadas a una primera cuenta bancaria, y con posterioridad a las del quejoso, para que éste a su vez dispusiera de esas cantidades depositadas, trajo como consecuencia un lucro ilícito a éste. Por otra parte, el Juez de la causa valoró preponderantemente los testimonios de ... quien dijo fungir como ejecutivo de cuenta en la sucursal ... de ... actualmente ... y que el día veintidós de abril de dos mil dos, atendió a una persona de nombre ... el cual le solicitó autorización para librar un cheque por la suma de novecientos veinticinco mil pesos cero centavos moneda nacional, indicándole que no contaba en ese momento con efectivo, y por ello el citado ... pidió que dicha suma la depositaría como efectivo en dos cuentas bancarias; que notó rara la procedencia de ese capital y por ello verificó el origen de las cuentas, siendo de la empresa ... y enseguida el citado usuario respondió que laboraba en esa empresa y debido a que ... era el titular de la cuenta de cheques, dicho funcionario bancario autorizó el cheque para su pago, pero que éste no sería en efectivo sino depositado a dos cuentas bancarias, una de las cuales correspondió al quejoso ... y en efecto, se hizo efectivo dicho depósito, disponiéndose de la cuenta bancaria de ... de casi la totalidad del numerario y prácticamente de manera simultánea. Así como el testimonio de ... quien dijo laborar como cajera en la sucursal ... de ... ahora ... anotando que el día de los hechos recibió una llamada telefónica de su compañero ... para que atendiera a una persona que llevaba para su cobro un cheque por un monto muy alto, y fue así como la testigo atendió a un sujeto del sexo masculino de apellido ... pasando el cheque como efectivo, y en seguida a petición del cliente realizó dos depósitos a diversas cuentas bancarias por el monto que cubría el cheque. Por lo que dichos medios probatorios evidencian que se dispuso del numerario operado a través de mecanismos cibernéticos, así como la vinculación de los atestes con la empresa agraviada y que hubiesen estado a cargo de la operación bancaria efectuada por ... por lo que se atribuye al recurrente ... la comisión de dicho antijurídico. Asimismo, la Juez responsable concatenó al anterior acervo probatorio los dictámenes contables emitidos por ... la documental consistente en el estado de cuenta bancaria número ... a nombre de ... y la pericial en materia de informática; probanzas que son aptas para acreditar el cuerpo del delito de fraude específico y la probable responsabilidad del inculpado ... en su comisión. En otro contexto, la a quo se apoyó además para emitir su resolución en el testimonio de ... en su carácter de gerente de la sucursal ... de ... de esta ciudad, el cual se concretó a dar pormenores del manejo del servicio de banca electrónica, que en dicha sucursal existe una cuenta bancaria a nombre de ... y que estaba enterado de que el depósito que se hizo a dicha cuenta el veintidós de abril de dos mil dos provenía de transferencias electrónicas. Testimonio que aportó datos incriminatorios en contra del ahora quejoso. En lo que atañe a la probable responsabilidad del inculpado ... en la comisión del delito de fraude específico, la autoridad responsable la tuvo por acreditada con los mismos medios de prueba que sirvieron para probar el cuerpo del delito, situando el grado de participación del quejoso a título de coautor material, en términos del numeral 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado. En ese orden de ideas, como quedó analizado con anterioridad, la conducta del peticionario de garantías fue en grado de partícipe en el evento criminoso, pues dispuso del numerario depositado a su cuenta, después de que a través de mecanismos cibernéticos se había depositado a la cuenta de ... la cantidad de dos millones doscientos noventa y un mil quinientos cinco pesos con sesenta y un centavos y, por tanto, su conducta es constitutiva del delito que se le imputa. Siendo así que existen pruebas que acrediten la probable responsabilidad de ... en la comisión del delito de fraude específico."

De la anterior transcripción se advierte que el Juez Federal no sólo enunció los elementos de convicción que obran en el proceso de origen, sino que además acertadamente expuso las consideraciones por las que el Juez responsable estimó suficientes tales pruebas, para llegar a la conclusión de que existen elementos de convicción que acreditan la probable responsabilidad de ... en la comisión del delito de fraude específico. Por lo que no existe la omisión planteada en tal sentido.

En este mismo orden, tampoco asiste razón al recurrente, respecto de que no existen pruebas de una conducta dolosa de su parte ni ejecutada con intención, puesto que, como se dijo con antelación, de la relación de pruebas hechas por el Juez del proceso y retomadas por el juzgador federal, se puso en evidencia que la conducta de ... ahora inconforme, fue dolosa, dado que en este sentido, en el fallo que se revisa, el Juez Federal señaló: "Ahora bien, el mencionado dato de cargo hace patente que en los hechos, origen del proceso, se usó de manera ilícita la banca electrónica de ... para abonar a la cuenta bancaria número ... a nombre de ... la suma de dos millones doscientos noventa y un mil quinientos pesos con sesenta y un centavos ... Y además ... por concierto previo con otros activos y con codominio del hecho en el evento criminoso, dividiéndose el trabajo delictivo, recibió en su cuenta bancaria dinero producto de transferencias electrónicas ilícitas y de inmediato dispuso del numerario a través de catorce cheques antes de que se detectara la anomalía, con lo que engañó a la institución bancaria agraviada, obteniendo un lucro indebido ... Pues, como se indicó, el ahora peticionario de garantías dispuso de recursos provenientes de una transacción electrónica ilícita, pues libró catorce cheques por un total de quinientos catorce mil pesos, de los seiscientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta pesos que fueron depositados a su cuenta bancaria por un tercero ... "; y al referirse de manera específica a la responsabilidad del inculpado, asentó lo siguiente: "En lo que atañe a la probable responsabilidad del inculpado ... en la comisión del delito de fraude específico, la autoridad responsable la tuvo por acreditada con los mismos medios de prueba que sirvieron para probar el cuerpo del delito, situando el grado de participación del quejoso, a título de coautor material, en términos del numeral 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado. En ese orden de ideas, como quedó analizado con anterioridad, la conducta del peticionario de garantías fue en grado de partícipe en el evento criminoso, pues dispuso del numerario depositado a su cuenta, después de que a través de mecanismos cibernéticos se había depositado a la cuenta de ... la cantidad de dos millones doscientos noventa y un mil quinientos cinco pesos con sesenta y un centavos y, por tanto, su conducta es constitutiva del delito que se le imputa. Siendo así que existen pruebas que acrediten la probable responsabilidad de ... en la comisión del delito de fraude específico"; de lo que se advierte que el Juez de Distrito sí se pronunció respecto a la conducta dolosa del ahora inconforme, resultando irrelevante que no haya especificado de manera textual que se trataba de dolo eventual, puesto que, de cualquier modo, se hizo hincapié en la conducta dolosa del activo en la perpetración del ilícito de mérito, por lo que no tenía por qué emitir un juicio en contrario sentido, ni sostener que no existió nexo entre ... y ... puesto que tal relación se tuvo por demostrada en virtud de la disposición de numerario que hizo el recurrente de los depósitos a su cuenta derivados de la operación bancaria simulada, hecha a través de mecanismos cibernéticos, efectuada por ...

Por otra parte, el hecho de que el Juez de Distrito se haya abstenido de indicar que el valor de las pruebas existentes en el sumario, las cuales relacionó, era indiciario, no se traduce en una violación de garantías, ni que lo haya hecho para no retardar la impartición de justicia en franca violación al artículo 17 constitucional, como lo alega el revisionista, cuenta habida que la litis a que debió concretarse el Juez Federal fue la de determinar si el acto reclamado es o no violatorio de garantías, y al concluir que dicho acto es legal, lo hizo después de estudiar si las pruebas de cargo fueron correctamente valoradas.

En el mismo orden de ideas, tampoco asiste razón al recurrente respecto a lo que alega en el sentido de que la querella formulada por el apoderado general para pleitos y cobranzas de ... es un mero indicio insuficiente para acreditar su participación delictiva, por no encontrarse apoyada en otros medios de prueba, cuenta habida que, como se señaló en párrafos pretéritos, el Juez de la causa la apoyó de manera preponderante, como lo sostuvo el Juez de Distrito, en el fallo que se revisa y quedó transcrito con antelación en los testimonios de ... en los dictámenes contables, en el estado de cuenta bancaria número ... a nombre de ... la pericial en informática y el testimonio de ... Constando, además, según la resolución reclamada de veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, que el Juez de origen también se apoyó en el testimonio de ...

Ahora bien, la probable responsabilidad del ahora recurrente en la comisión del delito de fraude específico, se tuvo por demostrada a través de los indicados medios de prueba concatenados, además, con las documentales relativas a las reclamaciones hechas ante la institución crediticia agraviada por ... y por quien dijo ser el representante de la empresa ... en virtud de los cargos realizados en sus cuentas a favor de ... en las que manifestaron que no habían realizado dichas transferencias (foja 1097); los estados de cuenta exhibidos por la agraviada y el reporte de detalles de movimientos de las cuentas números ... a nombre de ... cuyas transferencias se efectuaron a través del servicio de banca electrónica (internet); el original de depósito bancario de dinero a nombre de ... la relación de parentesco entre ... exempleado de ... la declaración de ... y las declaraciones ministerial y preparatoria de ...

En virtud de lo expuesto, resultan inaplicables las tesis que invoca el recurrente con los rubros: "PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE.", emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y "OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN.", sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, pues, se insiste, en el sumario existen indicios bastantes para tener como probable responsable del delito de fraude específico al ahora inconforme, como acertadamente lo sostuvo el Juez de Distrito, siendo además que la declaración de la ofendida se adminiculó con los diversos elementos de prueba existentes en el sumario.

Ahora bien, en cuanto a que el querellante no acreditó su personalidad conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 62 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, debe decirse que tal circunstancia ya se propuso por el inconforme en el juicio de amparo 363/2004, el cual quedó firme al haber sido confirmado en el amparo en revisión 142/2004, en el que se abordó tal punto. En esos términos, y de acuerdo con lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición de la Ley de Amparo, los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes; de ahí que lo procedente sea estimar inatendibles los agravios propuestos por el inconforme en este aspecto pues, se insiste, los mismos ya fueron materia de análisis por este órgano colegiado.

Tiene aplicación al caso, la tesis aislada número 40, sostenida por este Tribunal Colegiado, aprobada en sesión plenaria de primero de junio de dos mil uno, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, debe entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, los Magistrados de los Tribunales de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento."

Por otra parte, debe decirse que son infundados los argumentos del recurrente referentes a que las declaraciones de ... carecen de los requisitos de justipreciación establecidos en el artículo 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, porque son simples testimonios aislados, y que ninguno de ellos realiza un señalamiento claro y preciso en su contra.

Se afirma lo anterior, porque de la lectura de las declaraciones vertidas por los deponentes, con excepción de la correspondiente a ... se advierte que existe señalamiento directo en contra del aquí recurrente, como una de las personas a las que ... depositó la cantidad de seiscientos veinticinco mil pesos, derivados del cheque por la cantidad de novecientos veinticinco mil pesos, proveniente de transferencias electrónicas indebidas, atribuidas al depositante, además de que existen más de dos testimonios hechos por personas capaces de obligarse, sobre hechos que les constan personalmente que convienen en sostener que ... recibió la cantidad de seiscientos veinticinco mil pesos, provenientes de transferencias electrónicas indebidas, y de manera inmediata expidió catorce cheques; por lo que la estimación que hizo el Juez de la causa y que confirmó el Juez de Distrito de tales testimonios fue correcta, máxime si se toma en cuenta que tal apreciación no se realizó de manera aislada, sino apoyada en los demás medios de prueba aportados en el proceso (ya relacionados), los cuales concatenados unos con otros permiten llegar a la conclusión de que, en la especie, se encuentran datos bastantes para tener por demostrada la presunta responsabilidad del ahora recurrente en el delito de fraude específico. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56 del Volumen LVII, Segunda Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "PRUEBA TESTIMONIAL, CALIFICACIÓN DE LA. Es cierto que como una lógica consecuencia de que el derecho procesal penal, en materia probatoria, acogió el principio universal de la obligación derecho de testificar en materia penal, por ello abrió ampliamente las puertas a todos los que puedan dar luz, para describir la verdad, sin perjuicio alguno, en atención a las calidades idiosincráticas de tales órganos de prueba, en función a parentesco, interés, parcialidad, estado mental, sexo, nacionalidad, etc., pero también sin per

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18574-666d3892/testigos-la-dependencia-economica-que-estos-tengan-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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