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Modo: Corpus Pro

NOTIFICACIÓN POR INSTRUCTIVO. PARA SU VALIDEZ EL ACTUARIO DEBE PRECISAR EL CARÁCTER DE LA PERSONA A QUIEN SE ENTREGA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (MODIFICACIÓN DE LA TESIS IV.3o.C.9 C).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 237/2004. · Registro digital (IUS): 20754
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ELIVORIO GUTIÉRREZ ISLAS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 2045.

AMPARO EN REVISIÓN 237/2004. ELIVORIO GUTIÉRREZ ISLAS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son fundados pero inoperantes los agravios que expresa el recurrente.

En su primer motivo de inconformidad el recurrente afirma que la resolución que se revisa le irroga agravio, en virtud de que el Juez Federal determinó conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, sin haber analizado que dentro del juicio de garantías se acreditó que el promovente del amparo tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado, con anterioridad a la fecha que manifestó en su demanda de garantías.

Lo anterior, en virtud de que con fecha doce de agosto de dos mil tres, le fue realizada la notificación de la sentencia definitiva emitida por la responsable, en cuyos resultandos se hizo una narración breve de la integración de la litis y de la sustanciación del procedimiento de donde emana el acto reclamado; siendo a partir de que surtió efectos dicha notificación que comenzó a transcurrir el término en que el quejoso debió interponer su demanda de amparo y no en la fecha que manifestó bajo protesta de decir verdad.

Circunstancia precedente con la que quedó demostrado que la parte demandante de garantías consintió tácitamente el acto reclamado, al haber tenido conocimiento del mismo, sin recurrirlo o impugnarlo con los medios legales en el término respectivo, por lo que se actualizó así la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Causa de sobreseimiento que no obstante que se hizo valer dentro del juicio de amparo, mediante escrito de fecha once de marzo de dos mil cuatro, se omitió estudiar por parte del Juez Federal, dado que se limitó a establecer que no existían causales de improcedencia hechas valer por las partes o que advirtiera de oficio; de tal suerte que al haber opuesto la causal de improcedencia antes citada y no haber sido estudiada por el a quo, dicho proceder le irrogó el agravio que alega, al vulnerar en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo.

Es fundado pero inoperante el agravio que se estudia.

Para tener una mayor claridad del presente asunto, es menester precisar que de las constancias que integran el juicio de amparo, mismas que adquieren eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, se desprende lo siguiente:

1. Mediante escrito presentado de fecha veintiuno de mayo de dos mil tres, la persona moral denominada Fianzas Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado jurídico compareció ante el Juez de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado en turno, a demandar en la vía especial mercantil de Elivorio Gutiérrez Islas y Araceli Romero Vargas de Gutiérrez, el pago de diversas prestaciones económicas, derivadas del incumplimiento de las obligaciones respecto del contrato de fideicomiso irrevocable con garantía hipotecaria, celebrado entre las partes en escritura pública número 22,741 el quince de septiembre de dos mil (fojas 42 a 46 del juicio de amparo).

2. Por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil tres, la Juez Décimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado admitió a trámite la demanda antes referida, señalando que el procedimiento a seguirse era el convencional de ejecución establecido en la cláusula sexta del convenio modificatorio al contrato de fideicomiso irrevocable celebrado mediante escritura pública número 22,741 (veintidós mil setecientos cuarenta y uno), de fecha quince de septiembre de dos mil.

3. Ordenó correr traslado con las copias de la demanda a la parte demandada y le requirió para que dentro del término de cinco días hábiles acreditara el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas del convenio antes referido, o bien, se opusiera a la ejecución judicial del procedimiento convencional, debiendo hacerlo por escrito y ofrecer las pruebas que justificaran el cumplimiento de sus obligaciones (foja 48 del juicio de amparo).

4. Con fecha veinte de junio de dos mil tres, el actuario adscrito al Juzgado Décimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, compareció al domicilio señalado en autos como el de la parte demandada Elivorio Gutiérrez Islas a realizar su emplazamiento al juicio.

5. En la diligencia de mérito el funcionario judicial, una vez cerciorado de que dicho domicilio era el del buscado por el dicho de dos vecinos que se negaron a proporcionar sus nombres, procedió a solicitar la presencia del demandado, siendo atendido por quien dijo llamarse Claudia Martínez Cabrera, en poder de quien se procedió a dejar cita de espera para el día veintitrés de junio de dos mil tres a fin de que el ahora quejoso esperara al fedatario para practicar el emplazamiento de mérito (foja 49 del juicio de amparo).

6. El día veintitrés de junio de dos mil tres nuevamente el actuario, adscrito al juzgado de origen, acudió al domicilio del demandado para realizar el emplazamiento al juicio natural y al no encontrarlo presente procedió a notificar al buscado, por conducto de Claudia Martínez Cabrera, el auto admisorio de la demanda, corriéndole traslado con las copias simples de la demanda (foja 51 del juicio de amparo).

7. Seguido por sus causes legales el juicio natural, el catorce de julio de dos mil tres, la Juez de origen dictó sentencia definitiva en la que declaró que era procedente el juicio especial mercantil, por lo que condenó a los demandados Elivorio Gutiérrez Islas y Araceli Romero Vargas de Gutiérrez a hacer la entrega material y jurídica a la parte actora del inmueble objeto del contrato fideicomiso base de la acción, así como al pago de los gastos y costas judiciales; sentencia definitiva que fue notificada al demandado por instructivo que se dejó en poder de quien dijo llamarse Ernesto Reza Vázquez (fojas 55 a 67 del juicio de amparo).

8. Por acuerdo de fecha cuatro de septiembre de dos mil tres, la Juez de origen decretó que la sentencia antes citada había causado ejecutoria para todos los efectos legales, en virtud de haber transcurrido el término concedido a la parte demandada para que interpusiera algún recurso, sin hacer uso de ese derecho (foja 69 del juicio de amparo).

9. Por acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil cuatro, la Juez de origen ordenó requerir a los demandados o a terceros ocupantes del inmueble objeto del juicio, para el efecto de que dentro el término de tres días desocuparan y entregaran el mismo, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo se emplearían en su contra los medios de apremio que establece la ley (foja 71 del juicio de amparo).

10. Mediante escrito de fecha dieciocho de febrero de dos mil cuatro, el demandado del juicio natural acudió ante el Juez de Distrito en Materia Civil y del Trabajo en turno, para el efecto de promover demanda de amparo indirecto en contra de actos del Juez Décimo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, actuarios adscritos a dicho órgano jurisdiccional y del registrador público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León; consistentes en la falta de emplazamiento dentro del juicio 394/2003, así como de todo lo actuado en él, incluyendo las diligencias de prueba, sentencia y su ejecución.

Cabe destacar que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los actos reclamados fueron de su conocimiento el día doce de febrero de dos mil tres, dado que requirió del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León una copia certificada de las escrituras de la casa que defiende y que fue objeto del juicio natural; instrumento con el que se percató que el bien de su propiedad había sido adjudicado a Fianzas Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 2 a 8 del juicio de amparo).

Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil cuatro, el Juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó los informes con justificación a las autoridades responsables, dio la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano jurisdiccional, señaló fecha para la audiencia constitucional y tuvo por ofrecidas y anunciadas las pruebas que ofreció el promovente (fojas 25 a 27 del juicio de amparo).

Por escrito de once de marzo de dos mil cuatro, el tercero perjudicado Fianzas Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado jurídico, compareció ante el Juez de Distrito a ofrecer las pruebas que a su parte correspondían y a expresar alegatos, de cuyo contenido se desprende que opuso al caso como causal de improcedencia la prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo.

Señaló que la causal antes referida se actualizaba en el caso, en virtud de que con fecha doce de agosto de dos mil tres se notificó al quejoso la sentencia definitiva del juicio, la cual no fue impugnada de manera alguna, por lo que advirtió que al hacerse conocedores de dicha resolución, por ende, eran sabedores de los actos reclamados desde una fecha anterior a la manifestada bajo protesta de decir verdad, motivo por el cual consintieron tácitamente los actos al tener conocimiento de ellos y no haberlos recurrido o impugnado a través de los medios legales dentro del término respectivo (foja 84 del juicio de amparo).

Por último, el veinticuatro de marzo de dos mil cuatro, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en la cual se desahogó la prueba testimonial anunciada previamente, pronunciándose la sentencia definitiva en el juicio de amparo en la que se determinó conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; resolución que es la que se revisa en el presente recurso (fojas 101 a 108 del juicio de amparo).

De la narración precedente puede advertirse que como lo afirma el recurrente, en el juicio de amparo hizo valer como causal de improcedencia, la prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, misma que hizo consistir en que el quejoso consintió tácitamente los actos que reclama, porque aun cuando conoció de la existencia de ellos en fecha anterior a la que señaló en su demanda de amparo, concretamente con la notificación que se le hizo de la sentencia definitiva; sin embargo, no interpuso en su contra los recursos o medios de impugnación procedentes, motivo por el que consintió los actos reclamados.

Por su parte, el Juez Federal al emitir la resolución referida en su considerando cuarto expuso: "No existiendo causas de improcedencia hechas valer por las partes o que el suscrito advierta, procede el estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos en su integridad en obvio de repeticiones ociosas."

En ese orden de cosas, puede concluirse que aun cuando el tercero perjudicado en el juicio de amparo, opuso la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el Juez Federal omitió su estudio, lo cual trajo consigo la vulneración en perjuicio del recurrente de lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia.

En esa tesitura, este órgano colegiado procede de oficio y con plenitud de jurisdicción a analizar si se actualiza tal causal de improcedencia, misma que se estima inoperante por lo siguiente:

Como se dejó precisado en párrafos precedentes, en su demanda de garantías el quejoso acudió al juicio de amparo a demandar la protección constitucional respecto de todas las actuaciones realizadas dentro del juicio especial mercantil número 394/2003, doliéndose en forma medular de su falta de emplazamiento al juicio, al haberse realizado la diligencia respectiva en forma ilegal, es decir, la causa de pedir se refiere al ilegal emplazamiento que se hizo al quejoso que impidió que acudiera al juicio natural a defender sus derechos.

Asimismo, señaló como fecha de conocimiento del juicio el doce de febrero de dos mil cuatro y que ello ocurrió al haber solicitado al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León, copia certificada de las escrituras públicas del bien inmueble que defiende, en donde apareció que dicha propiedad había sido adjudicada a Fianzas Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Por su parte, el ahora inconforme opone como causal de improcedencia la prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, y señala que se actualiza porque el quejoso consintió el acto que reclama al haber tenido conocimiento del juicio desde la fecha en que se le notificó la sentencia definitiva, que es anterior a la señalada en la demanda de amparo, de suerte tal que era a partir de dicha notificación en que le comenzó a transcurrir el término al impetrante del amparo para promover el juicio de garantías, lo que como no hizo dentro del plazo legal trajo consigo que consintiera el acto que reclama.

Ahora bien, el doce de agosto de dos mil tres el actuario judicial adscrito al Juzgado Décimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, compareció al domicilio de los demandados Elivorio Gutiérrez Islas y Araceli Romero Vargas de Gutiérrez a notificarles la sentencia dictada en el juicio natural, requiriendo la presencia de los buscados, asentando el funcionario que al no encontrarlos presentes fue atendido por una persona de nombre Ernesto Reza Vázquez, con quien se entendió la diligencia y a quien se le entregó el instructivo respectivo.

De lo anterior se sigue, que la diligencia de notificación de la sentencia no fue realizada en forma personal y directa con el quejoso, sino por conducto de persona diversa quien dijo llamarse Ernesto Reza Vázquez.

Consecuentemente, no puede sostenerse válidamente que el quejoso hubiera conocido en forma cierta la existencia del juicio natural, las partes que intervinieron, lo reclamado en él y todos los datos que sirvieran para identificar fehacientemente la controversia de origen; de tal modo que al no tenerse la certeza relativa, la causal de improcedencia no se actualiza, dado que para su integración se requiere que el quejoso haya conocido de los actos reclamados y no hubiera promovido el juicio de amparo dentro del plazo legal, lo que no ocurre en la especie, ya que no se encuentra demostrado en autos que el promovente del amparo hubiera tenido conocimiento pleno de la existencia del juicio antes de la fecha que señaló en su demanda de garantías.

No es óbice a lo anterior el hecho de que de la actuación de notificación de la sentencia definitiva se desprenda que el fedatario judicial se constituyó en el domicilio del demandado y, que toda vez que requirió la presencia del buscado, al no encontrarlo entendió la diligencia con quien dijo llamarse Ernesto Reza Vázquez, a quien entregó el instructivo de mérito.

Lo anterior, en virtud de que es la diligencia de emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio natural, incluso la notificación de la sentencia, lo que se controvierte en el juicio de amparo por virtud de la ilegalidad del emplazamiento multirreferido; de donde se colige que la legalidad de la notificación de la sentencia también se encuentra en controversia al cuestionarse la legalidad del emplazamiento.

Asimismo, debe advertirse que no por el hecho de que la notificación de la sentencia hubiera sido realizada en el domicilio del buscado y dejada por instructivo a una persona diversa del demandado, la misma surte efectos legales, ya que tal diligencia parte del supuesto de que el emplazamiento fue realizado conforme a la ley, siendo ello lo que debe resolverse en el fondo del juicio de amparo.

Consecuentemente, y toda vez que la legalidad de la notificación de la sentencia parte del legal emplazamiento, al ser éste donde se realiza el cercioramiento del domicilio y la búsqueda de los quejosos, y que al tener la certeza de ello en el propio domicilio donde se realizan las subsecuentes notificaciones, resulta inconcuso que todas las cuestiones de notificación se encuentran sujetas al resultado de fondo en el juicio de amparo; motivo por el que tampoco puede actualizarse la causal de improcedencia invocada por la tercero perjudicada porque no pueden alegarse en el juicio de amparo como causales de improcedencia argumentos que atañen al fondo del asunto, como en el caso concreto.

Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia número P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XV, enero de 2002, página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse."

Así pues, al no actualizarse en el caso la causal de improcedencia invocada por el recurrente dados los razonamientos expuestos en párrafos precedentes, resulta inconcuso que aunque fundado, es inoperante el agravio.

En otro orden de cosas, en su segundo, tercero y cuarto motivos de agravio, mismos que se estudian en forma conjunta dada su estrecha vinculación, el recurrente arguye que la resolución que se revisa le irroga agravio, en virtud de que el Juez Federal determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso con el sustento de que la diligencia de emplazamiento fue realizada en forma ilegal.

Que lo anterior era así en virtud de que al realizar dicha actuación, el notificador aplicó las reglas contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado anterior a las reformas de julio de mil novecientos noventa y siete, al haber dejado citatorio de espera y en diligencia posterior haber realizado la notificación mediante instructivo; procedimiento que estimó ilegal porque la legislación que debió aplicarse al caso es la vigente del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, misma que no establece como formalidad para el emplazamiento la entrega de citatorio; de tal suerte que al haber dejado citatorio y posteriormente notificado por instructivo, el procedimiento seguido fue ilegal, motivo por el que procedía la concesión del amparo solicitado. Ilegalidad de notificación que advirtió se analizaba en suplencia de la queja al ser notoria y manifiesta.

Determinación precedente que el recurrente afirma es ilegal, en virtud de que aun cuando el actuario judicial hubiera dejado citatorio, previo a la notificación por instructivo, tal proceder no implicaba que hubiera actuado conforme al Código de Procedimientos Civiles anterior a las reformas de julio de mil novecientos noventa y siete, donde sí se prevé la cita de espera para realizar el emplazamiento en caso de que no se encontrara al reo en la primera búsqueda.

Lo anterior, en virtud de que la cita de mérito diligenciada por el actuario fue únicamente un medio que decidió agotar para entender directa o personalmente el emplazamiento con el demandado, la cual no está prohibida por la ley ya que, incluso, en la siguiente diligencia hizo la notificación por instructivo, siendo así, que por la cita de espera, no puede tenerse que el notificador judicial realizó el emplazamiento en forma contraria a lo dispuesto por la ley adjetiva civil vigente; ello máxime que al momento de realizarse el emplazamiento sí acató lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles vigente.

A mayor abundamiento, manifiesta que el hecho de que se hubiera dejado cita tampoco implica que la diligencia de emplazamiento hubiera sido practicada en forma ilegal y que sea obstáculo para que la diligencia sea válida, dado que tal cita no causó perjuicio alguno al promovente del amparo; ello, además que en ninguna parte de la ley procesal actual se establece que el emplazamiento debe realizarse en un solo acto, ni tampoco prohíbe citar al interesado para que aguarde al actuario con la intención de hacer el emplazamiento en forma personal, como lo pretende hacer ver el Juez de Distrito.

Que asimismo, y contrario a lo que señala el Juez Federal, la diligencia de emplazamiento sí fue practicada conforme a derecho, porque aun cuando al practicarla el actuario dejó cita de espera, sin embargo, posteriormente, realizó el emplazamiento mediante instructivo; diligencia en la que sí se cercioró del domicilio del quejoso por el dicho de dos vecinos del lugar y tomó razón pormenorizada de lo sucedido en la diligencia, de tal suerte que sí satisfizo lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del código instrumental de la materia.

Agrega que en el propio contrato base de la acción se señaló como domicilio por el quejoso para emplazarlo a juicio, el mismo en el que fue realizada la diligencia de emplazamiento, motivo por el que la misma sí fue practicada conforme a derecho al haberse diligenciado en el domicilio señalado por el demandado.

Por último, señala que la resolución que se revisa le irroga agravio, en virtud de que en el caso sí existe fundamento y motivación legal para ordenar la desocupación del inmueble; ello en virtud de que la posible orden de desocupación forzosa con aplicación de medidas de apremio, solamente sería emitida ante el desacato a la prevención y apercibimiento realizada a los ocupantes del inmueble adjudicado; ello, en atención a la facultad que tiene el Juez de la causa de aplicar las medidas de apremio que resulten ser necesarias con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones y sería tendiente a otorgar la posesión del inmueble fideicomitido a la fiduciaria, para así cumplir con la finalidad del fideicomiso irrevocable de garantía celebrado y ejecutado mediante procedimiento convencional pactado por ambas partes en el contrato de origen; motivos por los que puede concluirse que no existe violación alguna, por parte de la responsable, a las garantías individuales del quejoso.

Son fundados pero inoperantes los agravios a estudio, por lo siguiente:

Como se dejó señalado en párrafos precedentes, el actuario judicial para realizar el emplazamiento del quejoso en el juicio natural, en principio con fecha veinte de junio de dos mil tres, se presentó en el domicilio del buscado y al no encontrarlo entendió la diligencia con quien dijo llamarse Claudia Martínez Cabrera, a quien procedió a dejarle cita de espera para que el demandado esperara a aquél, el veintitrés de junio de dos mil tres, para realizar el emplazamiento.

Posteriormente, el veintitrés de junio antes citado, nuevamente el fedatario judicial acudió al domicilio del demandado para realizar la diligencia de emplazamiento, misma que entendió con quien dijo llamarse Claudia Martínez Cabrera, al no haber encontrado al buscado; persona a la que le dejó las copias de traslado de la demanda y a quien le entregó el instructivo ordenado en el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

El artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado prevé:

"Artículo 69. El emplazamiento del demandado, y salvo los casos determinados en la ley, deberá hacérsele personalmente en el domicilio designado al efecto, por el actuario o por el secretario. También se hará personalmente la primera notificación en el procedimiento de actos prejudiciales o de jurisdicción voluntaria en que se deba hacer saber de los mismos a las partes.

"Si no se encontrare presente la persona interesada y después de que el notificador se cerciore, por el informe de dos vecinos, de que la persona de que se trata, vive ciertamente en el lugar designado, de todo lo que tomará razón pormenorizada en los autos, suscribiendo el acta los vecinos, si quisieren y supieran hacerlo; la notificación se llevará a efecto por medio de un instructivo en el que se hará constar el número de expediente, el nombre y apellidos del promovente, el objeto y naturaleza de la promoción, el del Juez o tribunal que mande practicar la diligencia, copia íntegra de la determinación que se mande notificar, la fecha y hora en que se entregue el instructivo y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega."

Por su parte, el artículo 70 del mismo ordenamiento legal citado es del tenor literal siguiente:

"Artículo 70. El instructivo a que se refiere el artículo anterior se entregará a los parientes, domésticos o cualquiera otra persona capaz que se encuentre en la casa donde se practique la diligencia. Si no se encontrare persona alguna, si las presentes se negaren a recibirlos o si por cualquier otro motivo no se pudiere cumplir con lo dispuesto anteriormente, el instructivo se entregará al Juez auxiliar de la sección respectiva, fijándose una copia del instructivo en la puerta o lugar más visible del domicilio del interesado."

De la parte conducente de los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de los emplazamientos a juicio, los mismos deben hacerse personalmente en el domicilio designado al efecto, y que en caso de no encontrarse al buscado, la diligencia se practicará mediante instructivo, en el que se asentará el número de expediente, nombre y apellidos del promovente, objeto y naturaleza de la demanda, el Juez o tribunal que manda practicar la diligencia, y se anexará copia íntegra de la determinación que se mande notificar, asentando la fecha y hora en que se entregue el instructivo y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega.

Asimismo, el instructivo se entregará a los parientes, domésticos o cualquiera otra persona capaz que se encuentre en la casa donde se practique la diligencia.

De lo anterior se sigue que la norma aplicable al caso en materia de emplazamiento, no señala como requisito formal de validez de la diligencia, que deba dejarse citatorio de espera para posteriormente practicar el emplazamiento, la cual en caso de no encontrar al buscado debe ser practicada mediante instructivo.

Pese a lo anterior, el hecho de que el funcionario judicial respectivo deje citatorio de espera para que el buscado lo espere en fecha posterior y pueda practicarse la diligencia en forma personal con él, no puede traer consigo la ilegalidad del emplazamiento.

Lo anterior, en virtud de que si bien, como lo sostiene el procesalista Víctor de Santo, en su libro "El Proceso Civil", editorial Universidad, Buenos Aires, 1999, página 271, el emplazamiento al juicio es la diligencia de mayor importancia dentro de los juicios por estar involucrada con la garantía de defensa, por lo que debe realizarse con las formalidades que la ley prescriba; sin embargo, también lo es que como lo señala el autor Porte Petit, en el libro denominado "Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz-Llave", editorial Cárdenas Editor y Distribuidor, 1985, página 306; la diligencia de emplazamiento persigue como fin que la demanda se haga saber en forma directa al interesado; es decir, la intención primordial del emplazamiento es hacer del conocimiento del demandado la acción instaurada en su contra para que tenga la posibilidad de defenderse.

Así pues, aun cuando el actuario judicial, previo a realizar el emplazamiento por instructivo, dejó citatorio de espera, por lo que tal actuación no estuvo ajustada a la norma aplicable al caso por haber realizado una diligencia de más, no ordenada por la legislación respectiva; sin embargo, tal proceder no puede traer consigo la nulidad de la diligencia de emplazamiento, ya que el citatorio es por sí mismo una actuación que pretende dar una mayor oportunidad para que el demandado conozca de la acción entablada en su contra, motivo por el que su entrega, en forma previa al emplazamiento, no vulnera el derecho de defensa del gobernado al darle una mayor oportunidad de conocimiento de la demanda.

En ese contexto, la sola entrega de un citatorio de espera en la diligencia de emplazamiento no puede traer consigo la violación a las garantías constitucionales del quejoso, al no vulnerar su derecho de defensa.

No obstante lo considerado, debe advertirse que los agravios en comento aun cuando fundados devienen inoperantes, en virtud de que como lo sostiene el Juez Federal en la resolución que se revisa, la diligencia de emplazamiento fue realizada con vulneración al derecho de defensa del gobernado, lo cual se desprende de lo siguiente:

En su primer concepto de violación, el quejoso alega que la diligencia de emplazamiento al juicio natural vulnera en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que al momento de ser practicada, el actuario judicial no se cercioró si estaba actuando en el domicilio real del demandado, motivo por el cual vulneró en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

Lo anterior, además que aun cuando en dicha diligencia el funcionario judicial señaló que se cercioró del domicilio del buscado por el dicho de dos vecinos de las fincas marcadas con los números 331 y 329, desarrollando las características físicas de los supuestos vecinos; sin embargo, tal actuación vulneró en su perjuicio las garantías constitucionales antes referidas al haberlo dejado en estado de indefensión; ello ya que no basta con señalar llanamente las características de los vecinos para que la diligencia estuviera practicada conforme a derecho, sino que era necesario que se precisara como se identificaron ellos; lo anterior, máxime que con las características señaladas de dichos vecinos se pueden identificar a un sin fin de personas.

Que además de lo anterior, el actuario judicial no circunstanció en la diligencia de mérito en qué domicilio vivía cada vecino, y en cuanto a que dejó cita de espera no dio pormenores de cómo constató que estaba constituido en el domicilio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20754-9325a4a2/notificacion-por-instructivo-para-su-validez-el-actuario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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