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Modo: Corpus Pro

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE PARA EL EFECTO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO, DE OFICIO, RECABE LAS CONSTANCIAS NECESARIAS PARA FALLAR EL ASUNTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 289/2004. · Registro digital (IUS): 18450
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUAN JORGE LÓPEZ GÓMEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, , Pág. 1862.

AMPARO EN REVISIÓN 289/2004. JUAN JORGE LÓPEZ GÓMEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son fundados, aunque suplidos en sus deficiencias, los agravios expresados, lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.

En efecto, en una sección de los motivos de inconformidad el revisionista aduce que es ilegal el criterio sostenido por el juzgador de garantías, en cuanto a que el acto reclamado consistente en la resolución de veintiséis de febrero de dos mil cuatro, pronunciada en el toca de apelación 1388/2003, por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, no le causa perjuicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, toda vez que, contrario a ello, es patente que sí resiente daño en su derecho, al resolver la mencionada autoridad el recurso de apelación interpuesto por el aquí inconforme, con base en agravios dirigidos o expresados en función de un asunto diverso por completo al de origen, lo cual innegablemente constituye una violación formal que perjudicó sus defensas, porque el juicio en relación con el cual expresó agravios en el segundo grado es el 993/97, del Juzgado Primero de lo Civil de esta circunscripción y no el 1513/97, de ese mismo órgano judicial.

Lo así dicho por el promovente debe declararse fundado. Para arribar a esta conclusión, conviene destacar que de la lectura de la demanda de garantías correspondiente, se desprende que el amparista reclamó la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil cuatro, pronunciada en el toca 1388/2003, por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, que confirmó la interlocutoria emitida en el expediente 993/97, del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad (foja doscientos cuarenta y cuatro).

También debe hacerse alusión a que dentro del capítulo de antecedentes del libelo constitucional, el quejoso se refiere en los puntos nueve y trece, al juicio ejecutivo mercantil número 993/97, ventilado ante la citada autoridad ordinaria, como aquel que dio origen al acto reclamado (foja doscientos cuarenta y seis).

Además, en los conceptos de violación el impetrante señala, en síntesis, que en el toca de apelación 1388/2003, de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se resolvió con base en un escrito de agravios relativos a un expediente distinto al número 1513/97, que era el origen del referido toca, pues se consideraron motivos de inconformidad expresados pero en función del auto de veinte de junio de dos mil tres, pronunciado en el expediente 993/97; siendo que aun cuando en ambos sumarios las partes contendientes son las mismas, se ventilan en cada uno causas distintas, por lo que no debió confundírseles (foja doscientos cuarenta y siete).

No obstante lo anterior, al fallar el asunto, el Juez de Distrito indicó que no se actualizaba perjuicio en contra del promovente, porque reclama que el tribunal de alzada resolvió el recurso de apelación que interpuso contra el auto de veintitrés de junio de dos mil tres, pronunciado dentro del juicio ejecutivo mercantil 1513/97, con base en los agravios que el mismo interesado presentó ante la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del referido toca, por lo que si el discrepante se equivocó al presentar en ese expediente motivos de inconformidad relativos a otro, ello era imputable sólo a él y, por tanto, el hecho de que la Sala ad quem hubiere estudiado tales agravios no causaba perjuicio al amparista, por lo que debía sobreseerse en el asunto. Sendos razonamientos los fundó el a quo en los artículos 73, fracción XVIII y 4o. de la Ley de Amparo.

Frente al anterior contexto, se llega a la conclusión de que asiste razón al inconforme, aunque para estimarlo de este modo deba suplirse la deficiencia de los agravios que plantea, acorde a lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción VI, de la ley de la materia.

Así se sostiene, toda vez que, en primer lugar, salta a la vista que el Juez de Distrito consideró como fuente remota del acto reclamado al juicio 1513/97, del Juzgado Primero de lo Civil de esta demarcación, según se desprende de la relación de constancias que realizó en el considerando cuarto del fallo recurrido, así como de los razonamientos vertidos en torno a la causal de improcedencia que dicho juzgador indicó se actualiza en el caso concreto, en los que reiteradamente señaló que el acto reclamado tenía origen en el referido expediente natural, resultando visible, según lo narrado, que el quejoso manifestó en la demanda de garantías como fuente y antecedente del acto reclamado al juicio 993/97, del citado juzgado.

En segundo término, se advierte que al examinar la procedencia del juicio de amparo, el Juez de Distrito determinó que la acción no era procedente, en su criterio, por no existir perjuicio, sin embargo, al explicar por qué motivo se materializaba dicha causal, expuso razonamientos íntimamente ligados con el fondo del reclamo de garantías, vinculados con los conceptos de violación alegados en la demanda constitucional, lo que no es factible jurídicamente, en razón de que la improcedencia de la acción de suyo impide asomarse a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del o los actos reclamados.

Esto es, el Juez de Distrito, en realidad, estudió el fondo de la controversia pero pese a ello determinó el sobreseimiento en el juicio, lo cual es incongruente.

Lo anterior sucede, toda vez que el juzgador federal a quo partió de la base de que debe existir un perjuicio para acudir al juicio de amparo, lo anterior, en términos del artículo 4o. de la ley de la materia, que dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos expresamente permitidos por la ley; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.

Luego, el Juez de Distrito sostuvo que, en el caso, no hay perjuicio, porque el tribunal responsable finalmente estudió el escrito de agravios que el quejoso presentó en el toca 1388/2003.

Aquí se detecta el error, porque a lo que el aludido numeral se refiere es a que el que pide amparo sea el perjudicado por el acto que se tacha inconstitucional, ya sea que la protección la pida por sí o a través de representante en términos de ley, y no a que el acto o actos reclamados efectivamente sean inconstitucionales o no, pues lógicamente esto último es materia de la litis y no un presupuesto procesal, es decir, a lo que se refiere el comentado artículo 4o. de la ley de la materia, es al capítulo que liga al quejoso con el perjuicio que reclama, con independencia de si ese perjuicio es o no demostrado, toda vez que esto último es precisamente la materia del amparo.

En el caso concreto, el quejoso reclama la sentencia de veintiséis de febrero del año en curso, pronunciada por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca 1388/2003, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el mismo doliente.

Es en esta sección de análisis donde se advierten discrepancias de lo que el amparista reclama con las constancias relativas al mencionado toca, lo cual será motivo de subsecuente pronunciamiento.

Por el momento, cabe precisar que el recurso de apelación radicado ante la supramencionada Sala, bajo ese número de toca, fue formado por la impugnación realizada por Juan Jorge López Gómez, del auto de veintitrés de junio de dos mil tres, pronunciado en el juicio ejecutivo mercantil 1513/97, promovido por Banco Mexicano, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverméxico, a través de su representante legal, Pablo Vázquez Dorantes, en contra del quejoso y otros.

El auto controvertido por el interesado por medio del recurso de apelación anteriormente aludido, versa sobre el reconocimiento de la personalidad de la parte actora en el juicio, en los términos que ésta propuso, hecho que el ahora inconforme estimó desde entonces ilegal.

En esta tesitura, es evidente que la resolución pronunciada por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca formado en razón del recurso de apelación que interpuso el quejoso en contra del auto que reconoció personalidad a su enjuiciante, le afecta, con independencia de si esa afectación fue o no legal.

Dicho en otras palabras, si Juan Jorge López Gómez acudió al amparo, por su propio derecho, reclamando la sentencia de segundo grado que resolvió un recurso de apelación que el mismo quejoso interpuso respecto de un auto que reconoció un derecho determinado a su contrario, dentro de un juicio en el que el mismo impetrante tiene el carácter de demandado, es inconcuso que el anteriormente nombrado tiene legitimación para promover el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo.

Por tanto, no puede establecerse, como erróneamente lo señaló el Juez de Distrito, que en la especie no asista derecho a Juan Jorge López Gómez de reclamar la sentencia de segundo grado que resolvió el recurso ordinario que él mismo propuso en un juicio dentro del que es parte y contra un auto relativo a la personalidad de su enjuiciante pues, en todo caso, si existe o no violación a sus garantías individuales, ello es materia de fondo y para nada puede confundirse con la necesaria conexión a que se refiere el artículo 4o. de la Ley de Amparo, que estriba en que sea el titular de un derecho afectado, o su representante, el que promueva el amparo contra el acto de autoridad que se estima ilegal, lo cual es tema diverso a la causal de improcedencia que el Juez de Distrito incorrectamente decretó en el asunto.

En este sentido, procede levantar el sobreseimiento decretado, desde luego, únicamente por cuanto hace a la causal de improcedencia en que el juzgador de garantías se apoyó para hacerlo.

CUARTO. No obstante, a fin de establecer si en el asunto se configura o no alguna causal de improcedencia o, inclusive, de no ser así, si existe violación a las garantías individuales del promovente, es necesario reponer el procedimiento, por las consideraciones que a continuación se detallan:

En la especie, como ya se dijo, el quejoso reclama la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil cuatro, pronunciada por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca 1388/2003, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Juan Jorge López Gómez.

Del análisis del referido toca, se desprende que esa instancia fue tramitada por la inconformidad que el quejoso planteó respecto del auto de veintitrés de junio de dos mil tres, pronunciado por la Juez Primero de lo Civil de esta ciudad, en el expediente 1513/97, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Banco Mexicano, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverméxico, a través de su apoderado legal Pablo Vázquez Dorantes, en contra del quejoso y otros.

El examen de las constancias remitidas en apoyo al informe justificado rendido por la citada Juez, permite advertir las actuaciones inherentes al juicio ejecutivo mercantil identificado líneas arriba, dentro de las que se desprende que el veintitrés de junio de dos mil tres, la Juez de los autos tuvo a Pablo Vázquez Dorantes justificando su personalidad como apoderado legal para pleitos y cobranzas de Administración de Carteras Nacionales, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, antes denominada Administración de Carteras Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien en términos del documento exhibido por el ocursante, funge como cesionaria de los derechos litigiosos del juicio natural lo que es, precisamente, materia de impugnación por el quejoso (fojas ciento dieciséis y ciento diecisiete).

Asimismo, obra el escrito presentado el siete de julio de dos mil tres, por Juan Jorge López Gómez, en el que promovió recurso de apelación contra el auto acabado de describir (foja doscientos ocho).

En este sentido, a foja doscientos seis, se advierte el acuerdo de ocho de julio de dos mil tres en el que se proveyó la interposición del mencionado recurso en los términos planteados. En la parte superior de la foja respectiva, se aprecia la razón asentada por la secretaria de acuerdos del juzgado natural, en la que hizo constar que en la misma fecha, es decir, ocho de julio de dos mil tres, se formó incidente de falta de personalidad.

En lo que concierne a las actuaciones inherentes al toca de apelación 1388/2003, de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se desprende el auto de veintiuno de octubre de dos mil tres en el que se admitió a trámite el recurso respectivo, bajo el indicado número de expediente, acordando que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de dicho auto, Juan Jorge López Gómez debería presentar los agravios correspondientes, con el apercibimiento que de no hacerlo se declararía desierto el recurso de apelación que interpuso contra el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil tres, pronunciado en el expediente 1513/97, del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad (fojas doscientos diecisiete y doscientos dieciocho).

Por escrito presentado el treinta de octubre del año en cita, Juan Jorge López Gómez expresó agravios dentro del toca número 1388/2003, de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, no obstante, bajo el rubro "Agravio", aparece textualmente lo que sigue "Hecho que constituye la violación. Como lo manifesté lo constituye el auto de fecha veinte de junio del año dos mil tres, dictado por la Juez Primero de lo Civil de esta capital, respecto del juicio ejecutivo mercantil, promovido por Pablo Vázquez Dorantes, en contra del suscrito, dentro del expediente número 993/997, en su parte que a la letra dice: ‘Heroica Puebla de Zaragoza, a veinte de junio del año dos mil tres ...’." (fojas doscientos veintiuno a doscientos veintitrés).

Mediante auto de treinta y uno de octubre de dos mil tres, el tribunal ad quem tuvo al apelante expresando en tiempo y forma legales sus agravios, por lo que ordenó correr traslado a la contraria. En la parte superior de la foja relativa, obra la razón asentada por el secretario adscrito a la Sala responsable, sobre la presentación del escrito de treinta de octubre de dos mil tres, es decir, el ocurso de expresión de agravios formulado por el aquí interesado, dentro del toca del que se viene hablando (foja doscientos veinte).

De fojas doscientos treinta a doscientos treinta y cinco se desprende la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil cuatro, emitida dentro del toca 1388/2003, reclamada por el quejoso.

De lo hasta aquí descrito, en primer lugar, debe decirse que del estudio de las constancias concernientes al juicio ejecutivo mercantil 1513/97, remitidas por la Juez Primero de lo Civil de esta ciudad de Puebla, no se advierte el expediente formado con motivo del incidente de falta de personalidad a que la secretaria de acuerdos de dicho juzgado hizo alusión en la razón asentada en la parte superior del auto de ocho de julio de dos mil tres, detallado líneas arriba, el cual es imprescindible conocer, toda vez que ese medio de defensa puede afectar la procedencia del juicio de garantías al haber sido planteado contra el acuerdo en que se reconoció personalidad a la parte actora, y que es el origen de la impugnación realizada por el quejoso, por lo que no puede ni debe prescindirse de su evidencia para fallarse en el asunto.

También destaca que, como el quejoso lo apunta en su demanda de garantías, en el escrito que presentó ante el tribunal de apelación, dentro del toca 1388/2003, hizo alusión al auto de veinte de junio de dos mil tres, pronunciado dentro del diverso expediente número 993/97, del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad.

Es decir, el promovente del recurso de apelación, del que se viene hablando, expresó agravios relativos a un expediente y auto distintos a los que dieron origen al referido toca 1388/2003, de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, no obstante que ese mismo interesado dirigió el ocurso, precisamente, al toca 1388/2003, de la referida Sala.

Ahora bien, por ejecutoria de cuatro de junio del año en curso, pronunciada por este Tribunal Colegiado, dentro del recurso de revisión 193/2004, se confirmó la sentencia emitida el treinta de marzo de dos mil cuatro, firmada hasta el veinte de abril del mismo año por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo 228/2004-B, promovido por Juan Jorge López Gómez, en contra de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil tres, dictada en el toca 1196/2003, por la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia de la citada entidad, con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria emitida en el expediente 1513/97, del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, que confirmó el auto impugnado.

Dicha ejecutoria pronunciada por este órgano colegiado constituye un hecho notorio para el mismo, que puede y debe ser invocado para el correcto estudio del presente asunto.

Tiene aplicación a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 27/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial."

Además es aplicable la jurisprudencia número VI.2o.C. J/211, sustentada por este órgano colegiado, publicada en la página 939, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE. Se considera que son hechos notorios para un tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por ser quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de convicción y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su artículo 2o., pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria a un diverso juicio de garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes."

Es el caso que del estudio de las constancias relativas al tantas veces citado expediente 1513/97, del Juzgado Primero de lo Civil de esta demarcación, remitidas en copia certificada por la Juez titular de dicho juzgado, no se desprende el pronunciamiento de la sentencia interlocutoria a que hizo alusión el aquí quejoso dentro del juicio de amparo 228/2004-B, que promovió anteriormente, ni de antecedente alguno del recurso de apelación interpuesto en su contra y del juicio de amparo propuesto contra el fallo emitido en el toca formado con motivo de la sustanciación del mencionado medio de defensa.

En este orden de exposición y, como ya se dijo, de la lectura de la demanda de garantías que da origen a esta instancia constitucional, se advierte que el quejoso manifiesta como acto reclamado la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil cuatro, pronunciada dentro del toca 1388/2003, por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, que confirmó la interlocutoria emitida dentro del expediente 993/97, del Juzgado Primero de lo Civil de este distrito judicial, según se advierte a foja doscientos cuarenta y cuatro, y que el primer concepto de violación alude a que existen dos juicios en los que las partes contendientes son las mismas, radicados ambos en el Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, pero con número de expedientes distintos, esto es, el 993/97 y el 1513/97; siendo que el escrito de agravios que el tribunal de apelación consideró para resolver el toca 1388/2003, era relativo a la apelación interpuesta contra una interlocutoria pronunciada en el juicio 993/97, y no contra el auto de veintitrés de junio de dos mil tres emitido en el juicio 1513/97, los dos del mencionado Juzgado Primero de lo Civil de esta circunscripción.

Ante este panorama, era inexorable, para estar en condiciones legales de establecer debidamente el acto reclamado, la procedencia del juicio de garantías que da origen a esta instancia y, en su caso, el estudio del fondo del asunto, contar con los expedientes completos, es decir, con sus respectivos cuadernos incidentales, si es que los hay, de los juicios 1513/97 y 993/97, del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad de Puebla, pues justamente ambos sumarios fungen como antecedente de la acción de garantías intentada.

Por ello, fue menester que el Juez de Distrito a quo recabara de oficio las constancias faltantes del expediente 1513/97, así como todas y cada una de las que integran el 993/97, del referido juzgado, en términos del artículo 78 de la ley de la materia, para así estar en legal posibilidad de resolver el asunto conforme a derecho.

Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/96, visible en la página 108, Tomo V, febrero de 1997, Pleno y Salas, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y con el texto siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.-De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra ‘podrá’ por ‘deberá’, se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."

También hace cita a la jurisprudencia número VI.2o. J/76, sustentada por este Tribunal Colegiado, antes de su especialización en materia civil, cuya consulta puede efectuarse en la página 376, Tomo IV, noviembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ FEDERAL DEBERÁ RECABARLAS OFICIOSAMENTE.-De conformidad con la reforma realizada al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor a partir del uno de febrero del mismo año, el Juez Federal está obligado a recabar de manera oficiosa las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en los autos del juicio de amparo y sean necesarias; cuando como en el caso el quejoso haya probado la existencia del acto reclamado; y al incluirse en esta reforma la palabra ‘deberá’, ello impone indudablemente al Juez constitucional la obligación de proveer lo necesario a fin de obtener oficiosamente las constancias indispensables para resolver el juicio de garantías, cuando las mismas obren y hayan sido valoradas en el juicio generador."

Es conveniente dejar precisado que este Tribunal Colegiado, por disposición expresa del artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, no tiene facultad para recabar los medios de convicción y constancias correspondientes, en virtud de que conforme a dicho numeral, los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos en revisión, sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito o las autoridades que conozcan o hayan conocido del juicio de amparo.

En consecuencia, con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, lo procedente es ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que el Juez de Distrito a quo, de oficio, recabe las constancias conducentes para fallar el asunto, las cuales han quedado precisadas líneas arriba y, previa la celebración de la audiencia constitucional, pronuncie la resolución que en derecho proceda, para lo cual debe revocarse la sentencia recurrida.

Sirve de apoyo a lo último la tesis número VI.2o.11 K, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil, ahora resuelve, visible en la página 498, Tomo II, noviembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AMPARO, REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE (FALTA DE CONSTANCIAS NECESARIAS PARA FALLAR EL ASUNTO).-Aun cuando en el juicio de amparo en revisión, el Tribunal Colegiado correspondiente revoque el sobreseimiento decretado por el Juez Federal a quo, no estaría en legal posibilidad de analizar el fondo del asunto, ante la omisión de la autoridad responsable respectiva de remitir las constancias necesarias para ello; y tampoco tiene facultades para recabar de oficio dichas constancias por disposición expresa del artículo 91, fracción II de la ley de la materia, según el cual, los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito o las autoridades que conozcan o hayan conocido del juicio de amparo. En esas condiciones, lo procedente es ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez de Distrito, de oficio, recabe las constancias necesarias, y previa la celebración de la audiencia constitucional pronuncie la resolución que en derecho corresponda."

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo número 570/2004, promovido por Juan Jorge López Gómez, en contra de los actos que reclamó de la Primera y Segunda Salas en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Raúl Armando Pallares Valdez, Gustavo Calvillo Rangel y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18450-03f124d3/reposicion-del-procedimiento-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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