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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. AL ESTAR SUJETOS A UNA RELACIÓN DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA CON EL GOBIERNO LOCAL, EN LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE ÉSTA, NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 302/2004. · Registro digital (IUS): 20159
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOEL NAVA GÓMEZ Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 1982.

AMPARO EN REVISIÓN 302/2004. JOEL NAVA GÓMEZ Y OTROS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son inoperantes en una parte e infundados en otra los agravios expuestos por los inconformes, sin que deban ser suplidos en su deficiencia, por las consideraciones que más adelante se puntualizan.

Para entenderlo así, se precisa que de un estudio pormenorizado de las constancias que integran el expediente de amparo materia de la revisión, se obtiene que:

Joel Nava Gómez, Raúl López García, José Gabriel Vázquez Lumbreras, Juan Antonio Lerma Soto, Margarito Muñiz Muñoz, Eustaquio E. Bernal Reyes, Jacinto Izaguirre Rodríguez, Verónica Salazar Carrizales, Roberto Bocanegra Charles, José Guadalupe Salas Pérez, Arturo Correa Villasana, Luis Gerardo Rodríguez Juárez y Pedro Zúñiga Nava, mediante escrito de siete de agosto de dos mil dos, comparecieron ante la Junta de Honor y Justicia del Estado de Tamaulipas a reclamar del Gobierno del Estado las siguientes prestaciones:

"a) Pago de 24 horas extras semanales correspondientes al tercer turno laborado semanalmente de 8:00 a.m. a 8.00 a.m. del día siguiente por todo el tiempo que duró la relación laboral. b) Pago del concepto beca que a todos los trabajadores de seguridad pública se está cubriendo, a excepción hecha por los suscritos a razón de $2,257.00 quincenales por todo el tiempo que duró la relación laboral. c) Pago del 40% de aumento a nuestro salario a que se comprometió la parte demandada por conducto del director de la Policía Rural en el Estado a partir de enero de 2002. d) Otorgamiento de uniformes a razón de 2 uniformes anuales que nos adeudan desde hace 10 años. e) Pago del concepto de beca que se les está cubriendo a los trabajadores de seguridad pública a partir de la segunda quincena del mes de enero del 2001, diferencia salarial que se reclama y que asciende a $2,257.00 quincenales y que se cubre la segunda quincena de cada mes, reclamando las que se sigan generando durante la tramitación y hasta en tanto no se regularice durante la tramitación de este juicio. f) Pago de la cantidad de $500.00 diarios para cada uno de los suscritos por concepto de viáticos, ya que no obstante que nuestra adscripción es en esta ciudad durante los últimos años se nos ha comisionado a diversos puntos fuera de la adscripción sin que se nos paguen los correspondientes viáticos."

Como hechos fundatorios de su acción señalaron:

"Los suscritos somos miembros de la Policía Montada y Rural del Estado, desde hace varios años (todos mas de 4 años) hemos venido laborando para el Gobierno del Estado cubriendo 3 turnos por semana comenzando cada uno de ellos a las 8:00 a.m. para salir a las 8:00 a.m. del día siguiente, incumpliendo así la demandada con la obligación consignada en el artículo 19 del reglamento que rige las relaciones laborales, por lo que se reclama el tercer turno que semanalmente hemos venido laborando como todo el tiempo laborado, tampoco se nos han proporcionado uniformes ni zapatos durante todo el tiempo laborado; y es el caso que a los trabajadores de seguridad pública se les paga un concepto denominado apoyo a becas, se les ha estado pagando a partir del mes de enero de 2001 y que ascienda a la cantidad de $2,257.00 mensuales, mismos que se cubren como ya se ha dicho la segunda quincena de cada mes el citado concepto, siendo nuestro salario actual quincenal el siguiente $1,328.25, igualmente se comprometió el director de la Policía Rural desde el mes de enero de 2002 a que se nos otorgaría un aumento del 40% a nuestro salario sin que a la fecha se nos haya cubierto por lo que también se reclama el pago de dichas prestación a partir de enero del 2002, adeudándonos también el pago de la cantidad de $500.00 diarios por concepto de viáticos a cada uno de los suscritos ya que no obstante que nuestra adscripción es en esta ciudad, durante los dos últimos años se nos ha comisionado a diversos puntos fuera de la adscripción sin que se nos paguen los correspondientes viáticos, por lo que en mérito de lo expuesto presentamos esta reclamación, señalando al final de nuestra demanda el puesto de trabajo, la fecha de ingreso y el salario que se nos está pagando."

Mediante auto de diez de enero de dos mil tres, la citada Junta de Honor y Justicia admitió a trámite la demanda antes aludida, radicando el expediente 27/2002, y mediante diverso de seis de octubre de ese mismo año tuvo a la demandada por dando contestación y por ofreciendo las pruebas de su intención; por lo que respecta a los actores, en términos del artículo 83 del Reglamento que Regula las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, los tuvo por no ofreciendo pruebas de su intención, al no anexarlos al escrito de demanda; desahogadas las etapas del procedimiento, el veintitrés de abril de dos mil cuatro resolvió el conflicto puesto a su consideración, condenando al demandado únicamente al pago del tiempo extraordinario reclamado por los actores.

En esa resolución, la Junta responsable expuso como fundamentos torales los siguientes:

•En relación con el pago del tiempo extraordinario correspondía la carga probatoria a la demandada de acuerdo con la fracción VIII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, que impone a la parte patronal la obligación de acreditar la duración de la jornada de trabajo; asimismo, le corresponde la carga de acreditar la excepción de falta de acción, basada en que los actores tienen horarios discontinuos y que cada área de seguridad cuenta con actividades, responsabilidades y grados de riesgo distintos.

•Analizadas las pruebas que ofreció la demandada relativas a las confesionales de los actores, las documentales que contienen sus archivos personales, inspección ocular, presuncional legal y humana e instrumental pública de actuaciones, consideró que con ellas no demostró la excepción opuesta respecto del tiempo extraordinario; dado que los actores negaron que tuvieran jornadas discontinuas, que existieran diferentes riesgos, preparación, responsabilidades entre la función que ellos realizaban y la de otros cuerpos de seguridad; además, porque el Reglamento que Regula las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, establece la jornada de trabajo sin que pueda ser modificada.

•Las prestaciones reclamadas de becas, aumento salarial del 40% pago de quinientos pesos diarios por viáticos, eran prestaciones extralegales porque no están contempladas en la Ley Federal del Trabajo ni en el reglamento que rige a esos trabajadores; por lo que correspondía a los actores la carga de la prueba, sin que hubiesen ofrecido medios de convicción para acreditar ese extremo, lo que hacía procedente su absolución.

•En relación con la prestación del otorgamiento de uniformes, sostuvo que los trabajadores reconocieron expresamente que ya recibieron los correspondientes al dos mil dos, según se desprende de la respuesta dada a la posición dieciocho de las confesionales a su cargo, lo que produce la absolución de esa prestación.

Para combatir esa resolución, tanto actores y demandado del juicio natural promovieron demanda de garantías, originando la radicación de los juicios de amparo 564/04 y 561/04 respectivamente, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad.

Juicios de garantías que fueron acumulados mediante resolución de treinta de junio de dos mil cuatro, según constancia que obra agregada a fojas 541 a la 543.

En audiencia constitucional celebrada a las diez horas con cincuenta minutos, del diecisiete de septiembre de dos mil cuatro, firmada hasta el treinta de ese mes y año, el a quo concedió al Gobierno del Estado de Tamaulipas el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos la resolución impugnada y, en su lugar, dicte otra en la que determine que la carga probatoria en cuanto al pago de tiempo extra reclamado corresponde a los actores, negando a los aquí inconformes esa protección.

Los argumentos en los que se apoyó el Juez Federal para resolver de esa manera, fueron:

Respecto de los conceptos de violación expuestos por el Gobierno del Estado, señaló:

•Fue correcto que la Junta responsable desechara las pruebas testimoniales que ofreció, dado que no obstante que el Reglamento que Regula las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, no señala mayor requisito para su ofrecimiento y admisión, era necesario que expusiera la causa del impedimento para presentarlos por su conducto, así como el nombre y el domicilio de la persona de que dependen para estar en condición de citarlos.

•De acuerdo al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de las instituciones policiacas se rigen por sus propias leyes, por lo que la responsable obró en forma equivocada al aplicar en el procedimiento de origen la Ley Federal del Trabajo, además, de que los artículos 82, 83 y 85 del Reglamento que Regula las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, imponen que el actor debe acompañar a su escrito de demanda las pruebas de que disponga; por lo que eran los actores quienes tenían la carga procesal de demostrar que laboraron el tercer turno que reclamaron, es decir, veinticuatro horas extras por semana, en términos de la fracción III del artículo 67 y 68 del citado reglamento.

•Además que de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del citado reglamento, por cada seis días de trabajo continuo, le corresponde uno de descanso y la jornada diaria es de ocho horas, lo que se traduce en laborar por semana cuarenta y ocho horas.

•De acuerdo con el artículo 19 de ese reglamento, vigente en la época en que los actores prestaron sus servicios a la entidad pública demandada, cuyo normativo fue derogado mediante decreto número 336 de veintiocho de mayo de dos mil tres, publicado en el Periódico Oficial del Estado el once de junio de ese año, los miembros del cuerpo de Seguridad Pública, requerían para trabajar tiempo extra, orden previa por escrito debidamente autorizada por el superior o por quien correspondía dar esas órdenes; lo que debieron acreditar, así como estar sujetos a los horarios de entrada y salida y a los roles de servicio que manifestaron en la demanda laboral.

Los conceptos de violación hechos valer por los quejosos inconformes se analizaron así:

•No es verdad que se les dejó en estado de indefensión al privárseles de su derecho a ofrecer pruebas, por aplicar en forma inexacta el artículo 82 del Reglamento que Rige las Relaciones Laborales del Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, dado que ese precepto establece que a la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el demandante, sin que prevea que puedan ofrecerse en algún momento posterior; pues por el contrario, obliga a indicar el lugar en que pueden obtenerse los medios de prueba que no pudieren aportar, lo que se robustece por el diverso artículo 84 de ese ordenamiento, que impone a la demandada la misma carga procesal al contestar la demanda; por lo que no existe precepto legal que establezca que la actora goce de dos oportunidades para ofrecer pruebas.

•Era fundado pero inoperante el argumento relativo a que la Junta responsable de manera ilegal aplicó en el procedimiento natural el procedimiento contencioso previsto en el Código Fiscal del Estado, cuando debió aplicar el Reglamento que Rige las Relaciones Laborales del Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública; lo que resulta fundado, dado que la Junta responsable en el acuerdo de seis de octubre de dos mil tres, aplicó como fundamento diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado, que de acuerdo con el artículo 5o. del reglamento antes aludido no resultaba de aplicación supletoria; sin embargo, lo inoperante tiene como origen que ello no le provoca ningún perjuicio a los quejosos porque en ese acuerdo lo relativo a las pruebas fue manifestado con apoyo en el artículo 83 del Reglamento que Rige las Relaciones Laborales del Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública.

•Era infundado que la Junta responsable omitió proveer sobre las objeciones señaladas a las pruebas documentales que exhibió la demandada en copia simple; pues por el contrario, del acuerdo del veintisiete de octubre de dos mil cuatro se advertía que esa autoridad se ocupó de las objeciones señaladas por los quejosos.

•Infundado también resultaba su concepto de violación relativo a la prestación consistente en becas; porque a los actores correspondió la carga de acreditar la procedencia de ese concepto, demostrando que tenían las mismas funciones, responsabilidades y obligaciones, así como el nivel de preparación y profesionalización semejante al de aquellos elementos que las percibían; ello porque ni el Reglamento que Regula las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, ni la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, se contempla su pago; sin que pase inadvertido que el artículo 62 del citado reglamento prevé que los elementos de seguridad pública tendrán derecho al otorgamiento de becas para sus hijos; sin embargo, los actores no reclamaron ese tipo de becas, sino aquellas que forman parte integral de su salario; no demostrando en el juicio los extremos exigidos por ese precepto para su concesión, tales como que sus hijos cursen estudios en instituciones educativas, que las becas se sometan a sorteo y que el Gobierno del Estado les realizó un estudio socioeconómico para regularlas de manera equitativa.

•También era infundado su concepto de violación en relación con la ilegalidad de la absolución del pago de viáticos, porque de acuerdo con los artículos 116, fracción VI y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución; 1o., fracción I, 22, fracciones I y II y 34 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas; 1o., 2o. y 3o., del Reglamento Sobre las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública; las relaciones entre los cuerpos policiacos y el Estado se rigen por sus propias leyes; y que en la especie lo era el Reglamento Sobre las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública; y si bien a los actores se les equipara como trabajadores de confianza al servicio del Estado, no participan del cúmulo de características, pues por sus tareas concernientes a la seguridad pública, hace que constitucional y legalmente, la relación jurídica adopte una serie de modalidades ajenas a la materia laboral, por tanto, el reglamento que las rige no deriva de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado, sino de la diversa Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas; por lo que la primera ley en mención no tiene injerencia en el asunto.

Establecido lo anterior, este Tribunal Colegiado procede a estudiar los agravios expuestos por los inconformes, aunque de una manera distinta a la que fueron planteados.

En primer término se dice que en la especie no opera la suplencia de la deficiencia de la queja en su favor, en virtud de que la relación que guardan con el Gobierno del Estado de Tamaulipas es de naturaleza administrativa y no laboral.

Ello es así, porque el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; y

Los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables."

Como puede verse, es claro que nuestra Constitución señala que los miembros de las instituciones policiacas se regirán por sus propias leyes.

Ahora bien, en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la relación que guardaba el Estado con sus empleados, si bien de origen era de naturaleza administrativa; en beneficio y protección de los empleados se transformó equiparándola a una relación de carácter laboral, lo que produce que se considera al Estado como un patrón sui géneris.

Sin embargo, de ese tratamiento especial se encuentran excluidos los militares, los marinos, el personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiacas, para los cuales la relación que guardan con el Estado, sigue siendo de carácter administrativo.

Apoya lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, P./J. 24/95, cuyos rubro y texto dicen:

"POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el Gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito."

Corrobora las consideraciones anteriormente expuestas la tesis emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país derivada de la ejecutoria de veintiocho de septiembre de dos mil uno, que resolvió el amparo directo en revisión 656/2001 y que fuera publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 590, cuyo contenido precisa:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE LA RELACIÓN QUE TIENEN CON EL ESTADO NO ES DE NATURALEZA LABORAL, SINO ADMINISTRATIVA. El artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo señala que las autoridades que conozcan del juicio de amparo en materia laboral deberán suplir la queja deficiente en los conceptos de violación de la demanda y en los agravios sólo cuando se trate de la parte obrera. En congruencia con lo anterior y tomando en consideración que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, de rubro: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, que la relación Estado-empleado en el caso de los militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y del personal del servicio exterior es de naturaleza administrativa, se concluye que la suplencia prevista en la citada fracción no opera tratándose de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, pues aun cuando el acto reclamado emana de un tribunal burocrático, el vínculo existente entre aquéllos y el Estado no es de carácter laboral, sino administrativo."

Así pues, es claro que si los recurrentes se ostentaron como miembros de la Policía Rural, la relación que guardan con el Estado de Tamaulipas es de naturaleza administrativa y debe regirse por sus propias leyes, operando el principio de estricto derecho.

Para combatir las consideraciones que sustentaron el fallo emitido por el juzgador federal, de manera esencial, los inconformes argumentaron que:

Fijó inexactamente el acto reclamado y trasgredió el artículo 77 de la Ley de Amparo, por las siguientes razones:

1. Respecto de la prestación de tiempo extraordinario no tomó en cuenta que la demandada no acreditó que su turno de labores era de veinticuatro horas por cuarenta y ocho de descanso; y que teniendo la carga de acreditarlo, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, en relación con el Reglamento de la Policía Rural y de la jurisprudencia XIX.2o. J/13, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con el rubro: "REGLAMENTOS SOBRE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA. SUPLETORIEDAD DE LA LEY LABORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS)."; ello porque el artículo 7o. del Reglamento de la Policía Rural establece que en lo no previsto se aplica supletoriamente el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, que en el artículo 48 dispone que cuando se requieran horarios especiales debido a la naturaleza de los servicios, se fijarán por la dependencia correspondiente en coordinación con el sindicato, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y dando conocimiento por escrito al personal, con la autorización de la Dirección de Recursos Humanos.

2. Que para resolver sobre los conceptos de violación relativos a la carga de la prueba del tiempo extraordinario no tomó en cuenta los artículos 7o., 29, 33 y 40 del Reglamento de la Policía Rural, ni el 5o., 7o., 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 48 y 56 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo; tampoco consideró que el citado reglamento tiene su origen en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos que en su artículo 6o. dispone que en lo no previsto en esa ley o su reglamento se aplica supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, la costumbre, el uso y los principios generales del derecho.

3. Que aun cuando el artículo 19 del Reglamento que Regula las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus cuerpos de seguridad pública, establece que para laborar tiempo extra se requiere orden escrita debidamente autorizada por el superior, y aunque ellos no acreditaron la existencia de esa orden, sólo constituye una presunción, tocándole a la demandada la carga de la prueba del horario de trabajo que controvirtió al sostener que su turno fue de veinticuatro horas de trabajo por cuarenta y ocho de descanso; lo anterior con apoyo en el criterio: "HORAS EXTRAS. ES VÁLIDO PACTAR CONTRACTUALMENTE QUE EL TRABAJADOR SÓLO DEBE LABORARLAS CON AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DEL PATRÓN O DE SUS REPRESENTANTES FACULTADOS PARA ELLO."

4. Los Reglamentos de la Policía Rural, el que Regula las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública y el de las Condiciones Generales de Trabajo, derivan de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos y no de la Ley de Seguridad Pública, por lo que resulta procedente el pago de viáticos, en virtud de que el artículo 7o. del Reglamento de la Policía Rural prevé la aplicación supletoria del diverso de las Condiciones Generales de Trabajo que contempla esa prestación en su artículo 72, y que reglamenta la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, en su artículo 22 también contiene el pago de viáticos; además, está acreditado que la demandada los podía cambiar discrecionalmente de adscripción, porque así lo aceptó, sin que controvirtiera lo que narraron en su demanda en el sentido de que los últimos dos años se les comisionó a lugares fuera de su adscripción.

5. El Juez de Distrito interpretó inexactamente los artículos 82, 83 y 85 del Reglamento que Regula las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, al sostener que era correcto se les tuviera por no ofreciendo pruebas, por no haberlas acompañado a su escrito de demanda; pues ese reglamento deriva de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, según se advierte del Decreto 95, publicado en Periódico Oficial del Estado el trece de marzo de mil novecientos ochenta y dos y que facultó al Ejecutivo a expedir los reglamentos especiales de sus cuerpos de seguridad; además, de que esa ley en sus artículos 107 y 108 establece que es la etapa de pruebas el momento oportuno para ofrecerlas; por tanto, un reglamento no puede restringir el contenido y alcance de una ley, de acuerdo con diversos criterios jurisprudenciales y que en defecto de su escrito de demanda la responsable debió requerirlos para subsanar sus deficiencias de acuerdo con el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y con el criterio: "REGLAMENTOS SOBRE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA. SUPLETORIEDAD DE LA LEY LABORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS)."

6. La parte demandada no estableció como controversia que los citados reglamentos sean inconstitucionales, por tanto le correspondía a la demandada la carga de la prueba del horario de labores, que están contempladas las jornadas de trabajo, que esas jornadas le son aplicables a la policía rural y que se contempla el pago del tiempo extraordinario.

7. El Juez consideró que no refirieron como parte de su acción cuáles fueron los movimientos de residencia que los obligaron a demandar el pago de viáticos, cuando no fue así, pues en su escrito de demanda señalaron que tuvieron movimientos a distintos puntos fuera de su adscripción.

8. Está probada la procedencia de la prestación de becas, porque el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos contemplan esa prestación, por lo que resulta incongruente que les impusiera la carga procesal de acreditar que ese concepto les era cubierto con motivo del desempeño de sus funciones.

Como se anticipó, los agravios expuestos son inoperantes en una parte e infundados en otra.

Para llegar a esa conclusión se precisa que el Reglamento elaborado por el Ejecutivo Estatal sobre las Relaciones Laborales entre el gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública señala:

"Artículo 1o. El presente reglamento es de observancia obligatoria y regirá las relaciones laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores pertenecientes a los cuerpos de Seguridad Pública."

"Artículo 2o. Son trabajadores de los cuerpos de Seguridad Pública las personas que integran las corporaciones de Policía Judicial, Rural, Tránsito y Centros de Readaptación Social del Estado."

"Artículo 3o. El gobierno del Estado es el jefe supremo de los cuerpos de seguridad; sus elementos serán considerados personal de confianza, en los términos del artículo 91, fracción IX, de la Constitución Política Local, y 4o. del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado."

Del análisis conjunto y sistemático de las disposiciones transcritas se obtiene que los elementos de la Policía Rural son considerados como trabajadores de los cuerpos de seguridad pública, cuya relación con el gobierno del Estado se rige por el Reglamento elaborado por el Ejecutivo Estatal sobre las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública.

Asimismo, el artículo 5o. de ese reglamento dispone:

"Artículo 5o. En lo no dispuesto por este reglamento, se aplicarán supletoriamente la costumbre, el uso y los principios generales del derecho, buscando siempre no contrarias el espíritu de este reglamento y la naturaleza de las relaciones que rige, considerando la seguridad pública como uno de los fines supremos del Estado."

El precepto legal antes transcrito es categórico al establecer que en lo no previsto por el reglamento sólo se puede acudir de manera supletoria para resolver las cuestiones imprevistas a la costumbre, a los usos y a los principios generales del derecho.

En su artículo 19 ese dispositivo, vigente en el tiempo en que los inconformes desempeñaban sus labores de policías rurales, establecía que para laborar tiempo extraordinario era necesario que existiera una orden por escrito, al señalar:

"La orden previa para laborar horas extras deberá constar por escrito y estar debidamente autorizada por quien corresponda."

En tal virtud, es infundado el argumento expuesto por los recurrentes

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20159-424b5c4c/trabajadores-de-seguridad-publica-del-estado-de-tamaulipas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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