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Modo: Corpus Pro

CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. NO LO ACTUALIZA EL PAGO ANUAL ANTICIPADO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA GOZAR DE LA REDUCCIÓN DE UN PORCENTAJE SOBRE SU MONTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2010. · Registro digital (IUS): 22287
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 506.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Tribunal Pleno, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de donde emanan los posibles criterios opositores, corresponden a la materia de amparo fiscal en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realizan los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que es uno de los órganos colegiados contendientes.

TERCERO. A fin de verificar la posible existencia de la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario atender al contenido de las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. La ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito de fecha dieciocho de febrero de dos mil diez, relativa al amparo en revisión número **********, refiere en lo conducente lo siguiente:

"SÉPTIMO. Los agravios hechos valer, son sustancialmente fundados, para ordenar se levante el sobreseimiento decretado, respecto a los numerales 39 a 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil nueve. En la sentencia cuestionada, el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento, en términos de lo que indica el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por virtud de que consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del numeral 73 del mismo ordenamiento, básicamente, debido a que el quejoso consintió expresamente o hizo una manifestación que entraña el consentimiento de los arábigos 39 a 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, como consecuencia de que pagó el impuesto predial libre y espontáneamente, con la finalidad de obtener el beneficio de una reducción del monto a enterar, es decir, solicitó un trato preferencial al optar por acogerse al beneficio de la bonificación que otorga el artículo 42 de la ley impugnada, lo que equivale al consentimiento expreso de la norma o la realización de actos que entrañan dicho consentimiento. También, el aludido juzgador señaló que debido a que pidió y obtuvo el trato preferencial mencionado, para efectos del juicio de garantías consintió expresamente las disposiciones tributarias que reglamentan el gravamen predial, porque ‘... al optar por pagarlo libre y espontáneamente con base en un trato de beneficio, se sujetó a los requisitos que para tal efecto se exigen, asumiendo los efectos normativos que emanan de los decretos, tablas de valores catastrales y numerales relativos al referido impuesto. ...’. La determinación cuestionada, tuvo sustento en los criterios judiciales que llevan los rubros: ‘ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA.’, ‘ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL.’, ‘CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO.’, ‘TRATO PREFERENCIAL ARANCELARIO. SI EL QUEJOSO CONTRIBUYENTE OPTÓ POR ESTE BENEFICIO, SE ACTUALIZA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS POR DIFERENCIAS DE TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR.’, ‘LEYES. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE, CUANDO SE CONSINTIÓ PREVIAMENTE UNO DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS, QUE ES CAUSA DE LA APLICABILIDAD DE LOS OTROS.’, ‘ACTOS CONSENTIDOS.’ y ‘PREDIAL. SU PAGO ANTICIPADO PARA GOZAR DEL BENEFICIO DE LA REDUCCIÓN DE UN PORCENTAJE SOBRE EL IMPORTE ANUAL DETERMINADO, ACTUALIZA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LAS NORMAS QUE REGULAN DICHO GRAVAMEN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’. Por su parte, con relación al sobreseimiento decretado respecto a los artículos 39 a 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, el promovente alega en los motivos de disentimiento, que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del numeral 73 de la Ley de Amparo y que el a quo efectuó una incorrecta interpretación del precepto legal en cita, porque el hecho de que haya enterado el impuesto predial en forma voluntaria y que derivado de ello gozara del beneficio de algún estímulo o descuento, no implica ni acarrea de manera alguna el consentimiento de la norma, toda vez que sólo se trata de una autoliquidación, pero que la inconformidad con el contenido de las disposiciones cuestionadas, se hace evidente con la promoción del juicio de garantías en su contra; además, que no es suficiente el pago del impuesto para que se considere consentida la ley, ya que para que exista un consentimiento expreso, debe acreditarse que el gobernado realizó una conducta inequívoca que implique el sometimiento, pero que eso no puede entenderse a partir de la liquidación del impuesto. Pues bien, tomando en consideración lo que argumentó el Juez de Distrito y los agravios que hizo valer la parte recurrente, se arriba a la ya anticipada conclusión de que son fundadas sus manifestaciones, de acuerdo con lo que a continuación se indicará. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, dispone: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Como se puede apreciar, la disposición transcrita establece la hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, que se da cuando el quejoso consiente de manera expresa un acto, o bien, cuando aparece que éste realizó una manifestación que entraña la voluntad de consentirlo. Para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, nuestro Máximo Tribunal ha definido que el consentimiento debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Ahora bien, para verificar si se da un sometimiento a los efectos de la ley, que se traduzca en consentimiento expreso o en una manifestación de voluntad que lo entrañe, en la hipótesis en que un gobernado realiza el pago anticipado del impuesto predial del que obtiene una reducción, de acuerdo con los artículos 39 a 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, es necesario hacer un estudio de la parte conducente del mecanismo del tributo de que se habla, por ello, se señala que tales preceptos textualmente disponen: ‘Artículo 39.’ (se transcribe). ‘Artículo 40.’ (se transcribe). ‘Artículo 41.’ (se transcribe). ‘Artículo 42.’ (se transcribe). De la transcripción efectuada, se advierte que el beneficio de la reducción del impuesto predial por pago anticipado está previsto por el artículo 40 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil nueve. En esa disposición, se establece como regla general, un beneficio para todos los contribuyentes, a fin de que puedan acceder a una reducción de un 10% un 15% del monto a pagar, dependiendo de la forma de liquidación (si es con tarjeta de crédito el primer porcentaje y si es con otro medio el segundo), el cual está condicionado únicamente a que se entere la contribución antes del **********, **********, **********, **********, por la totalidad de los bimestres que comprenden el ejercicio fiscal. Pues bien, del análisis de lo anterior, este tribunal interpreta que cuando un gobernado cumple con las disposiciones controvertidas, en realidad no lo hace preponderantemente con la finalidad de obtener el beneficio de la reducción del monto, ya que ésta sólo exige que se haga el pago antes de la fecha que señala, es decir, no impone ningún requisito adicional de modo que pueda entenderse que en realidad el contribuyente lleva a cabo actos tendentes a consentir de manera voluntaria la ley con la finalidad de obtener un beneficio. Además, se aprecia que la liquidación del tributo de que se habla, participa más de la naturaleza de un pago liso y llano, que por el simple hecho de que se lleve a cabo, no torna improcedente el amparo que se haga valer contra las disposiciones que obligan a hacerlo, bajo la premisa de que existe consentimiento expreso o una manifestación de voluntad que lo entrañe. Esto es así (sic) que difícilmente podría distinguirse entre los individuos que realmente hicieron un esfuerzo por efectuar el pago de la contribución, antes de la fecha señalada, con la finalidad de obtener una reducción en el monto, de aquellos que solamente intentaron cumplir con la norma dentro del plazo otorgado, para que no les fueran aplicadas las sanciones que se derivan de la no liquidación del impuesto predial, previstas en el artículo 124 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan y en otras disposiciones, ni se diera inicio a algún procedimiento administrativo de ejecución, por la determinación de algún crédito fiscal, o bien, simplemente con el objeto de no tener que asistir a realizar múltiples pagos por el mismo impuesto y en diversas fechas, dependiendo el periodo que se vaya adeudando. Por los motivos antes expuestos, se determina que asiste razón al recurrente, en cuanto a que no se concreta la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por lo mismo, no se coincide con el criterio sustentado por el a quo, en el sentido de que el pago anticipado del impuesto predial, que conlleva una reducción, necesariamente se traduce en un consentimiento expreso de las disposiciones legales combatidas, o bien, una manifestación de voluntad que lo entraña. Es aplicable al caso, en relación a que el pago liso y llano de una contribución no implica consentimiento expreso, la jurisprudencia 68/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 92 del Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete, que es del siguiente tenor literal: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE.’ (se transcribe). Debe agregarse, como otra razón para no participar del sostenido por el Juez de Distrito, el que tan no puede considerarse como un consentimiento el pago de la contribución, en los términos que se especificaron, que precisamente para que el gobernado esté en condiciones de acudir al juicio de garantías, con la finalidad de que se analice la constitucionalidad de la ley, es indispensable que demuestre la afectación a su interés jurídico, de acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo y dicho interés, tratándose de normas que se reclaman con el carácter de heteroaplicativas, solamente puede justificarse acreditando la existencia de un acto concreto de aplicación, que puede materializarse de muchas formas, siendo una de ellas el cumplimiento de la obligación tributaria, a través de una autoliquidación, como la que consta en los recibos de pago oficiales con folios ********** y **********, que es apta para acudir al juicio de garantías. Lo anterior, encuentra sustento, en cuanto a la posibilidad de acudir al amparo, partiendo de una autoliquidación de un impuesto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que puede consultarse en la página 367 del Tomo XXVI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de agosto de dos mil siete, que dice: ‘AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.’ (se transcribe). También, sostiene lo antes dicho, por las razones que informa, la tesis que emitió la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal, visible a fojas 187, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con el rubro y texto que a continuación se transcriben: ‘LEYES FISCALES. AMPARO CONTRA. PROCEDE CUANDO EL ACTO DE APLICACIÓN LO CONSTITUYA UN ACTO DE UN PARTICULAR QUE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LA MISMA LEY.’ (se transcribe). No son óbice a lo anterior, los criterios judiciales que invoca el Juez Federal, con los rubros: ‘ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA.’, ‘ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL.’, ‘CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO.’, ‘LEYES. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE, CUANDO SE CONSINTIÓ PREVIAMENTE UNO DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS, QUE ES CAUSA DE LA APLICABILIDAD DE LOS OTROS.’ y ‘ACTOS CONSENTIDOS.’; toda vez que como se indicó en los argumentos vertidos con antelación, no se está en algún supuesto que pueda interpretarse como que existe consentimiento de la norma impugnada. Tampoco es obstáculo, el que se haya citado la jurisprudencia con el rubro: ‘TRATO PREFERENCIAL ARANCELARIO. SI EL QUEJOSO CONTRIBUYENTE OPTÓ POR ESTE BENEFICIO, SE ACTUALIZA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS POR DIFERENCIAS DE TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR.’; pues las normas de que se ocupa ese criterio judicial, gozan de una naturaleza muy distinta a las reclamadas en el amparo que dio origen a esta revisión, en cuanto al esquema que prevén, así como las opciones y consecuencias que establecen en relación a los contribuyentes. Del mismo modo, debe señalarse que la jurisprudencia IV.3o.A. J/16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que lleva el rubro: ‘PREDIAL. SU PAGO ANTICIPADO PARA GOZAR DEL BENEFICIO DE LA REDUCCIÓN DE UN PORCENTAJE SOBRE EL IMPORTE ANUAL DETERMINADO, ACTUALIZA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LAS NORMAS QUE REGULAN DICHO GRAVAMEN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’, en que se trata un tema similar al de las disposiciones controvertidas, aunque de otra entidad federativa, no obliga a este Tribunal Colegiado, por haberse emitido por un órgano jurisdiccional de la misma jerarquía, que goza de independencia de criterio al igual que el que resuelve. Además, que por las razones expuestas a lo largo de esta ejecutoria, no se comparte el criterio sostenido en la jurisprudencia IV.3o.A. J/16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y, por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, fracción III, de la Ley de Amparo, deberá denunciarse la posible contradicción de criterios. En las apuntadas condiciones, al no actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, debe modificarse la sentencia recurrida y levantarse el sobreseimiento decretado en relación a los arábigos 39 a 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil nueve. Asimismo, en virtud de lo anterior, se procede al estudio de las restantes hipótesis de inejercibilidad (sic) que se hicieron valer por las autoridades responsables, tal y como lo ordena el último párrafo del arábigo en cita, por ser una cuestión de orden público y en virtud de que éstas, por el sentido de la resolución recurrida, no fueron examinadas por el a quo. No asiste razón a la autoridad responsable denominada director del Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, al argumentar que este juicio de garantías es improcedente, en términos de lo que establece el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no se vulnera el interés jurídico de la quejosa. Esto es así, habida cuenta que contrariamente a lo que aduce la mencionada autoridad, la parte agraviada sí demostró su interés jurídico y, para evidenciarlo, hay que establecer qué debe entenderse por éste para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, tomando en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia emitida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 35 de la Gaceta Número 60 del Semanario Judicial de la Federación, con el sumario siguiente: ... Bajo este contexto, es decir, al no actualizarse las causales de improcedencia invocadas u otra que pudiera advertirse de oficio y, por ende, tampoco el sobreseimiento conforme a lo que establece la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que procede es analizar los conceptos de violación que se hicieron valer sobre el fondo del juicio de garantías, únicamente por cuanto hace a los numerales 39 a 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil nueve. OCTAVO. Los conceptos de violación primero, tercero y cuarto, que se hicieron valer en la demanda de garantías, son ineficaces. Por razón de método, serán examinados en orden distinto al propuesto. En el tercero y cuarto conceptos de violación, la parte agraviada alega, en esencia, que se conculcaron las garantías contenidas en los artículos 31, fracción IV y 115, fracción IV, de la Constitución Federal, como consecuencia de que en los numerales combatidos se establecieron exenciones simulando beneficios por medio de los cuales se reduce el monto del impuesto predial, a favor de las asociaciones civiles y de los predios edificados destinados a casa habitación, propiedad de pensionados y jubilados, personas mayores de sesenta años, viudas y personas con capacidades diferentes, no obstante que el quejoso y esas personas se encuentran en un plano de igualdad y debieran gozar del mismo trato ante la ley, por realizar todos el mismo hecho generador; que la distinción entre los sujetos obligados para el goce de los beneficios fiscales o exenciones, se hace en función a cuestiones distintas a los valores económicos de los predios, como es el estado en que se encuentran, su ubicación y el destino o uso que se les dé; y, que tales exenciones se instituyeron, a pesar de la prohibición expresa hecha en la Carta Magna, en el sentido de que las leyes estatales no podrán establecer exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna, generando con ello un trato desigual. Cita en apoyo a sus argumentos, los criterios judiciales con los rubros: ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ y ‘ASOCIACIONES RELIGIOSAS. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS PREDIAL Y SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE INMUEBLES EN SU FAVOR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO A) Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL UNO).’. Los motivos de queja sintetizados con antelación, como ya se dijo, son ineficaces por inoperantes. ..."

II. Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que sirvieron de sustento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver los juicios de amparo directo números *********, **********, **********, ********** y **********, en lo que interesa y en esencia, son los siguientes:

En los amparos directos de referencia, se reclamó la sentencia definitiva dictada por la Magistrada de la Sala Superior y presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León en diversos juicios contenciosos administrativos, en los que se impugnó la determinación y liquidación del impuesto predial, respecto de algunos inmuebles propiedad de los actores, expedido por la Tesorería Municipal de algunos Municipios del Estado de Nuevo León.

La Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León resolvió dichos juicios contenciosos administrativos en el sentido de confirmar la sentencia combatida, por considerar infundadas e inoperantes las manifestaciones vertidas por los actores.

En contra de estas sentencias, los actores promovieron juicios de amparo directo, de los que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito con los números de expediente **********, **********, **********, ********** y **********, respectivamente, y en los que resolvió de manera coincidente, declarar inoperantes los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, que regula la forma de pago del impuesto predial.

A continuación, se transcriben únicamente las consideraciones correspondientes al amparo directo **********, en obvio de repeticiones.

"SEXTO. Por cuestión de orden y técnica jurídica, primeramente se realizará pronunciamiento sobre los conceptos de violación, virtud de los cuales la parte interpositora del actual juicio de garantías sostiene la inconstitucionalidad del refrendo a la promulgación del Decreto 177 que reforma, adiciona y deroga a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado; de los artículos 21 Bis, 21 Bis 8 y 21 Bis 9 de esta misma ley; de los numerales 17, 18 y 24 de la Ley de Catastro; de las tablas que contienen los valores catastrales, así como de la omisión de modificar la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, acorde al artículo primero transitorio del decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, mismos cuya transcripción se omite, dada la suerte que seguirán los planteamientos que en ellos se formulan. La preferencia en el examen de tales alegaciones, encuentra soporte en la tesis 2a. CXIX/2002, autoría de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de dos mil dos, página trescientos noventa y cinco, al tenor del epígrafe y sinopsis sucesivos: ‘AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD.’ (se transcribe). Como punto de partida, es pertinente puntualizar que el Sumo Órgano Constitucional del país, ha sostenido el criterio jurisprudencial de que de acuerdo al numeral 166, fracción IV, de la ley de la materia, se puede alegar en amparo directo la inconstitucionalidad de algún precepto vía conceptos de violación; empero, si respecto a la normatividad controvertida se actualiza alguna hipótesis de improcedencia que, si estuviéramos ante un amparo indirecto, traería aparejado el decretamiento del sobreseimiento, tratándose del juicio de amparo uniinstancial, al no señalarse como acto reclamado la norma general en sí, el pronunciamiento del órgano conocedor del asunto únicamente deberá realizarse en relación a la parte considerativa de la sentencia, declarando la inoperancia de los motivos de desavenencia hechos valer. La jurisprudencia en comentario es la siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON EN AMPARO DIRECTO SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL RESPECTO DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZARÍA ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). Así pues, este órgano colegiado, atento a los criterios de reciente conformación emitidos por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (los cuales serán reproducidos en apartados posteriores), ha realizado una nueva reflexión sobre el tópico del consentimiento expreso de las normas como las que ahora se impugnan, y ha discurrido que en el caso en particular tal supuesto de improcedencia se cristaliza conforme lo previene el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo cual origina que los conceptos de violación correlativos se cataloguen como inoperantes, según lo ordena la jurisprudencia de anterior inserción. En efecto, el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, dispone: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). De conformidad con el precepto anterior, el juicio de garantías resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado o, bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El presupuesto de mérito impide examinar la legalidad o la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento expreso del mismo quejoso, entendido aquél como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. La anterior regla subyace del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos normativos del acto o ley reclamada, esto es, opta o se somete voluntariamente a sus efectos legales, entre otras situaciones, con tal de obtener un beneficio establecido en su favor. En relación con los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido un acto de autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio sucesivo: ‘ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL.’ (se transcribe). El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente para los efectos conocidos, cuando se cumplan tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. Valorados que son tales extremos, se obtiene que éstos se actualizan en la especie y, por ende, deben apreciarse como consentidos en forma expresa los actos legislativos materia de contradicción constitucional. En primer lugar, la existencia de las normas reclamadas se encuentra reconocida por las partes, además, se trata de normas generales que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado. Por su parte, el perjuicio que los actos causan a la quejosa, se demuestra con los recibos de pago del impuesto predial números **********, **********, **********, **********, ********** y **********, expedidos por la Tesorería Municipal de Monterrey, Nuevo León. Ello, porque en observancia de la normatividad discutida, aquélla finalmente se desprendió de una parte de su patrimonio. Por último, se considera que la quejosa realizó una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento de que se habla, dado que acató de manera libre y consciente el sistema normativo que soporta el tributo predial, a fin de verse favorecido con el monto a pagar. Cierto, el artículo 21 Bis-12 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Nuevo León, establece: ‘Artículo 21 Bis-12.’ (se transcribe). El anterior precepto, en su segmento inicial, contiene dos prescripciones, a saber: la primera, que el impuesto predial se causará anualmente y su pago deberá de hacerse por bimestres adelantados; y, la segunda, que podrá pagarse por anualidad anticipada a fin de gozar de una bonificación, ya sea del quince o del diez por ciento del importe total determinado. Es imperioso resaltar, que en tanto la primera hipótesis es de acato obligatorio (deber de pagar bimestralmente el impuesto de trato), la segunda no lo es, puesto que sólo constituye una decisión potestativa de los propios contribuyentes. Ocurre que la quejosa, según se desprende de las probanzas aportadas por ella al juicio natural, consistentes en los recibos de pago del impuesto predial ya descritos, fechados todos **********, **********, optó por acogerse al beneficio de la bonificación mayor que otorga el primer párrafo del artículo 21 Bis-12 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León. De lo anterior se evidencia que si la promovente solicitó dicho trato preferencial, entonces, para efectos del juicio de amparo consintió expresamente las normas tributarias que regulan el régimen fiscal del gravamen predial, situación que comprende cualquier cuestión que surja en virtud de haberse sometido voluntariamente, porque la aceptac

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22287-16bc88ee/consentimiento-expreso-como-causal-de-improcedencia-del-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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