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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20675
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 994.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, dado que se trata de la posible contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal el cual es un tema en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.

Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 2a./J. 65/2003, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 330, Tomo XVIII, agosto de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza."

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realizan los Magistrados integrantes de la Segunda Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la cual fue parte en las revisiones fiscales de donde derivan los criterios materia de la presente contradicción de tesis.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, se estima necesario tener presentes los antecedentes de los asuntos de los que derivaron los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como la parte conducente de las consideraciones en que éstos se sustentan:

I. Los antecedentes y consideraciones que sirvieron de sustento a la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver por unanimidad de votos la revisión fiscal número 79/2006, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil seis, son los siguientes:

Antecedentes:

• Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil cuatro, el administrador local de Auditoría Fiscal de Naucalpan del Servicio de Administración Tributaria emitió la resolución contenida en el oficio 324-SAT-15-I-6-C-I-04424 en la que determinó a cargo de la empresa denominada Desperdicios Industriales Momoxpan, Sociedad Anónima de Capital Variable, una multa en cantidad total de $3’265,789.92 (tres millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve pesos 92/100 M.N.) y como renta gravable base del reparto de utilidades por el ejercicio del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil en cantidad de $2'488,140.36 (dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta pesos 36/100 M.N.)

• Inconforme con esta resolución la empresa Desperdicios Industriales de Momoxpan, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de nulidad del que conoció la Segunda Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien lo registró con el número 3883/04-II-02-3, y dictó sentencia el treinta de junio de dos mil cinco en el sentido de declarar la nulidad de la resolución impugnada.

• No conforme con esta sentencia el secretario de Hacienda y Crédito Público por conducto de la unidad encargada de la defensa jurídica, promovió recurso de revisión fiscal, el que se tramitó con el número RF. 79/2006 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

• Con fecha veintidós de septiembre de dos mil seis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, dictó sentencia en la que resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenar a la Sala el dictado de una nueva resolución, debido a que estimó fundado el agravio por existir violación al numeral 237 del Código Fiscal de la Federación ya que la Sala resolvió sobre cuestiones que no fueron propuestas por las partes.

Consideraciones:

"SÉPTIMO. El primer agravio, resulta parcialmente fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida. Para evidenciar lo anterior, es útil recordar que la resolución impugnada en el juicio de nulidad fue la resolución expresa contenida en el oficio 324-SAT-15-I-6-C-I-04424, de veinticuatro de febrero de dos mil cuatro, en la que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, determinó una multa en cantidad total de $3'265,789.92 y como renta gravable base del reparto de utilidades por el ejercicio de uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil, la cantidad de $2'488,140.36. En la sentencia materia de este recurso, la Sala declaró la nulidad de esa resolución impugnada, aseverando hacer únicamente el estudio del séptimo concepto de impugnación de la demanda de nulidad, que dijo declarar fundado. La resolutora primaria al dictar su sentencia dijo advertir un vicio de legalidad en una determinación que antecedió al dictado de dicha resolución, pero emitida con posterioridad a la orden de visita domiciliaria en la que la autoridad hacendaria había determinado ejercer sus facultades de comprobación, pues el acto que analizó y al que atribuyó el vicio concreto de legalidad que mencionó en su sentencia, fue el oficio 324-SAT-15-I-47695, de ocho de septiembre de dos mil tres, emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, en el que comunicó la sustitución de la autoridad revisora y la continuidad de la visita en el domicilio de la contribuyente, que porque a decir de la propia Sala ‘... dicho administrador no fundó debidamente su competencia para actuar en tales términos.’, lo que también dijo en uso de palabras diversas al aseverar la Sala que ‘no obstante la fundamentación que se cita en el oficio antes invocado, es evidente que no se encuentra debidamente fundada la competencia de la autoridad emisora, actualizándose la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación.’. Lo anterior, se aprecia del considerando cuarto del fallo traído a revisión. La Sala aseveró que la competencia material del administrador local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, quien emitió el referido oficio número 324-SAT-15-I-47695, que dijo visible entre folios ciento uno a ciento tres del juicio de nulidad; en el caso, sí fue fundada y motivada conforme a derecho, pues dijo apreciar la invocación en ese acto de los artículos 25, primer párrafo, fracción II, tercer y último párrafos, en relación con el 23, fracciones VII, VIII y XI, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de marzo de dos mil uno, y con el diverso artículo 44, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la fecha de emisión de ese oficio; así como del artículo segundo, párrafo segundo del acuerdo en el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el mismo medio de difusión oficial el veintisiete de mayo de dos mil dos. Al interpretar de manera conjunta los numerales citados del referido reglamento y el artículo en mención del código tributario federal, la Sala concluyó que la administración local de Auditoría Fiscal de Naucalpan sí ‘tiene plenas facultades para ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales, así como para sustituir a la autoridad originalmente revisora, como en el caso acontece.’. Empero, para declarar la nulidad la Sala de origen atribuyó como deficiencia concreta, el que al emitir ese oficio, no se fundó debidamente la competencia por territorio de la autoridad emisora. Al efecto, en el fallo recurrido se aseveró lo siguiente: ‘... con la facultad conferida a este órgano jurisdiccional de analizar la competencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada y de la que sustanció el procedimiento de fiscalización de donde deriva dicha resolución, aun de oficio, en términos del artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se determina fundado el argumento de la actora en el sentido de que el funcionario emisor del acto que se analiza es omiso en señalar con toda precisión, los fundamentos legales de su competencia por cuestión de territorio.’. Para sustentar dicha determinación, la Sala sostuvo que sólo se invocó para sustentar ese presupuesto jurídico: El artículo segundo, párrafo segundo, del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de mayo de dos mil dos. Según la resolutora primaria, el señalamiento de tal precepto con la precisión indicada, es insuficiente e implica en el referido acto de autoridad la omisión de señalar en su texto, los fundamentos legales específicos que le otorgan plena competencia por cuestión de territorio para emitir esa determinación. La consideración en tal sentido la reafirmó, pues luego de transcribir esa disposición jurídica, aseveró ‘... que en él se establece no sólo la delimitación por territorio de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca (sic), sino de cada una de las unidades administrativas del servicio de administración tributaria’; que, por lo mismo, no le son aplicables a la autoridad emisora todas las disposiciones contenidas en ese precepto, porque ‘... evidentemente no puede ejercer sus facultades y atribuciones en las distintas entidades federativas y municipios que consigna en lo particular’; y, que como consecuencia de ello debía concluirse que ‘... con la invocación genérica de tal disposición reglamentaria en la orden de visita (sic) que motiva la resolución impugnada, no se otorga ninguna certeza jurídica a la accionante respecto a la competencia territorial del funcionario emisor de la citada orden, esto es, específicamente de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan.’. La Sala citó como apoyo de su determinación, la jurisprudencia número 57/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, Y EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.’. También citó la jurisprudencia número 10/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’. Ahora bien, como se aseveró a un inicio del apartado considerativo que nos ocupa, el primer agravio hecho valer por la recurrente es fundado y suficiente para revocar la sentencia dictada por la Sala, pues, con independencia de los errores en cuanto a la mención de la autoridad de quien provino y de los alcances de ese propio acto en que incurrió la Sala, al hacer referencia en ocasiones a que la autoridad que emitió el oficio 324-SAT-15-I-47695, fue la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca (en vez de la de Naucalpan), ya que ese oficio era relativo a una orden de visita domiciliaria (cuando lo correcto de acuerdo a las constancias de autos es que ese oficio fue de determinación de sustitución de la autoridad revisora y de continuación en el nuevo domicilio fiscal de la contribuyente, como en otras partes correctamente lo mencionó); se advierte de lo anterior, que el vicio ponderado por la resolutora primaria para emitir la declaración de nulidad fue concretamente un aspecto de indebida fundamentación de la competencia por razón del territorio de la autoridad que emitió el oficio, al estimar que fue insuficiente por imprecisa la cita de los dispositivos jurídicos que invocó para sustentar ese presupuesto de derecho. Por ende, asiste la razón a la recurrente acerca de que los pronunciamientos de la Sala no versaron propiamente sobre ‘la incompetencia de la autoridad’ para dictar esa resolución, ni determinó en momento alguno ‘la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución’; que son los dos aspectos respecto de los cuales se conceden facultades al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para hacer un análisis oficioso al resolver los juicios de nulidad que sean de su conocimiento, según lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 238 del Código Fiscal de la Federación y la interpretación que de tal disposición ha hecho la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia número 201/2004, que la propia Sala citó en su sentencia. Bajo ese orden de ideas, es claro que a efecto de que la Sala de origen estuviese en aptitud de verter los pronunciamientos respecto al tema que abordó en su fallo, éste debió ser planteado como tal por la demandante, aunque sea de manera substancial, formulando argumentos en el sentido de que la autoridad que dictó ese oficio 324-SAT-15-I-47695, omitió fundar debidamente su competencia territorial, por el hecho de que los dispositivos jurídicos que citó en ese acto no fueron precisados con suficiencia. Sin embargo, como lo aduce la inconforme, dentro del ‘séptimo concepto de impugnación’, el particular ningún argumento vertió en tal sentido, lo que se aprecia de la transcripción relativa a ese concepto, hecha enseguida: ... Del concepto de impugnación transcrito, se desprende que la demandante, se limitó a aducir en forma medular que consideraba que el oficio 324-SAT-15-I-47695 no se encontraba debidamente fundado ni motivado en cuanto a la competencia para ordenar o comunicar la sustitución de la autoridad revisora y la continuación de la visita en el nuevo domicilio, es decir, cuestionando propiamente sólo la competencia material de la autoridad que lo emitió, (cuestión que la propia Sala, desestimó en la sentencia recurrida, al considerar que ese aspecto sí fue fundado y motivado debidamente). Sin embargo, es claro que el particular realmente no propuso al plantear tal concepto de impugnación, el aspecto por el que la Sala declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, pues en modo alguno argumentó que la autoridad que emitió el oficio número 324-SAT-15-I-47695, haya omitido precisar con suficiencia su competencia en razón del territorio, por considerar que la cita del artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, no fuese lo suficientemente precisa. Por consiguiente, al haberse resuelto el juicio de nulidad de origen, en la forma en que se hizo en la sentencia recurrida, este Tribunal Colegiado considera sí (sic) existió violación al numeral 237 del Código Fiscal de la Federación, ya que al ser declarada la nulidad en la forma y por el motivo en que se hizo; la Sala resolvió sobre cuestiones que no fueron propuestas por las partes, desbordando los planteamientos de la actora, pese a que aquél numeral la obliga a resolver ‘sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada.’. Bajo el orden de ideas indicado, este Tribunal Colegiado procede a revocar la sentencia recurrida, y ordena a la Sala de origen que, con plenitud de jurisdicción, proceda al dictado de un nuevo fallo en el que resuelva la litis, pero sin desbordar su materia y atendiendo a lo expuesto en líneas precedentes. Como consecuencia de lo anterior, resulta innecesario pronunciarse sobre el segundo agravio, en el que se adujo que sí se fundó debidamente la competencia por territorio en la resolución analizada por la Sala, porque, a decir de la recurrente al invocarse el referido artículo segundo con la precisión que se hizo, ello fue suficiente, dada la redacción de esos preceptos. Lo anterior, deviene como consecuencia lógica de que al no haber sido cuestionado ese aspecto por el particular que a la postre promovió el juicio de nulidad traído a revisión, el mismo no debe ser objeto de pronunciamiento alguno para resolver la litis, ya que no formó parte de ésta, ni por la Sala de origen como (sic) por este tribunal revisor. ..."

II. Los antecedentes y consideraciones que sirvieron de sustento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver por unanimidad de votos en sesión del día veintisiete de octubre de dos mil seis, en la revisión fiscal número 143/2006, son los siguientes:

Antecedentes:

• Con fecha trece de octubre de dos mil cuatro el administrador local de Auditoría Fiscal de Toluca dictó la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-15-II-7065 en la que establece un crédito fiscal a cargo de la empresa Aspros Comercial, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la cantidad de $122,875.00 (ciento veintidós mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta.

• Inconforme con esta resolución la empresa Aspros Comercial, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió demanda de nulidad de la cual conoció la Segunda Sala Regional Hidalgo México, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien tramitó el expediente 36/05-II-02-3, y dictó sentencia el treinta de junio de dos mil cinco en la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

• No conforme con esta resolución la autoridad demandada secretario de Hacienda y Crédito Público por conducto de la unidad encargada de la defensa jurídica interpuso recurso de revisión el cual se tramitó con el número RF. 143/2006 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, aduciendo en sus agravios que la sentencia combatida vulneró el principio de congruencia y que ella fundamentó debidamente su competencia territorial y su existencia jurídica.

• Con fecha veintisiete de octubre de dos mil seis, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito dictó resolución en la que resolvió, confirmar la sentencia recurrida y declarar la nulidad lisa y llana de la resolución combatida al estimar infundado el agravio, porque por una parte consideró que la Sala Fiscal ejerció su facultad de estudiar de oficio la incompetencia de la autoridad demandada, ubicándose en la hipótesis del penúltimo párrafo del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación vigente en la fecha de emisión de la sentencia combatida (treinta de junio de dos mil cinco), y cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 201/2004 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice al rubro: "NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN FACULTADAS PARA ANALIZAR DE OFICIO NO SÓLO LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SINO TAMBIÉN LA DE QUIEN ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVÓ ÉSTA." que es de aplicación obligatoria, además de la jurisprudencia 2a./J. 99/2006 de esta Segunda Sala que dice al rubro: "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."; además porque determinó que para cumplir debidamente con la garantía de fundamentación y motivación era necesario transcribir el párrafo del precepto que específicamente resultara pertinente para fundamentar la competencia territorial de la autoridad demandada.

Consideraciones:

"CUARTO. Las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida se encuentran contenidas en copias certificadas, que se anexan a la presente resolución. En contra de la sentencia recurrida dictada por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México, el recurrente expone como agravios los que obran en el escrito de revisión glosado al presente expediente. Los agravios expresados por la autoridad recurrente son infundados. Antes de explicar las razones que justifican tal conclusión, para mejor comprensión del asunto, conviene destacar los siguientes antecedentes del asunto: Mediante el oficio 324-SAT-15-II-7065, de trece de octubre de dos mil cuatro, el administrador local de Auditoría Fiscal de Toluca, del Servicio de Administración Tributaria estableció un crédito fiscal a cargo de la actora, por un monto de ciento veintidós mil ochocientos setenta y cinco pesos; en desacuerdo, el tres de enero de dos mil cinco, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la actora demandó la nulidad del oficio 324-SAT-15-II-7065, por lo que se inició el juicio de nulidad 36/05-11-02-3; el treinta de junio de dos mil cinco, la Segunda Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, determinó la nulidad del oficio 324-SAT-15-II-7065, al estimar que en el acto combatido no se precisaron los fundamentos legales de la competencia territorial de la autoridad demandada; inconforme, la autoridad recurrente presentó el recurso en estudio. Así, es importante tomar en cuenta que en sus agravios, la autoridad recurrente, en síntesis, se inconformó con la sentencia recurrida, bajo los siguientes argumentos: ... En función de tales motivos de agravio, conviene precisar que la litis en este recurso, se constriñe a determinar si la sentencia recurrida vulneró el principio de congruencia, al tomar en cuenta argumentos no planteados por las partes, y si fue adecuada la determinación de que en la resolución impugnada la autoridad demandada no fundamentó debidamente su competencia territorial, ni su existencia jurídica. Por cuestión de método, en primer lugar abordaremos el estudio del agravio en el que la autoridad recurrente aduce que la sentencia combatida vulneró el principio de congruencia. Posteriormente, analizaremos el motivo de inconformidad en el que la autoridad recurrente insiste en que fundamentó debidamente su competencia territorial, y su existencia jurídica. 1. Principio de congruencia. La autoridad recurrente adujo que la sentencia combatida vulneró los artículos 234 y 237, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al analizar, valorar y resolver sobre cuestiones no propuestas por las partes, porque en su demanda, la actora sólo manifestó que la autoridad demandada carecía de competencia para emitir la resolución impugnada, pero que la Sala Fiscal declaró la nulidad de tal resolución, en razón de que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca no fundamentó su competencia territorial, y que si bien el artículo 238, fracción V, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación contempla la facultad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para hacer valer de oficio la incompetencia de la autoridad demandada, el caso en estudio no encaja en tal supuesto, porque no existe ausencia total de fundamentación o motivación, y en la especie quedó demostrada la competencia de la autoridad demandada para actuar en la forma en que lo hizo, pero que se suplió la deficiencia de la queja a favor de la contribuyente, y se tomaron en cuenta consideraciones no expuestas por las partes, ya que la actora nunca se quejó de la competencia territorial. Tal agravio es infundado, como se explicará a continuación. Como punto de partida, debe destacarse que la sentencia recurrida, al determinar la nulidad de las resoluciones impugnadas, en la parte que interesa, se apoyó en las siguientes consideraciones: Que con la facultad conferida a ese órgano jurisdiccional de analizar la competencia de la autoridad demandada, aun de oficio, en términos del artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se estimaba fundado el argumento de la actora, en el sentido de que en el acto impugnado no se precisaron los fundamentos legales de la competencia territorial de la autoridad demandada; Que de la orden de visita domiciliaria impugnada, se advertía que al fundar su competencia por razón del territorio, el subadministrador tres, en suplencia del administrador local de Auditoría Fiscal de Toluca, únicamente señaló el artículo segundo, párrafo segundo del acuerdo en el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributa, (sic) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos; Que de esa manera, la autoridad demandada omitió precisar el precepto legal que la faculta para sancionar, dentro de la circunscripción territorial en que se encuentra domiciliada la actora, ya que no era suficiente la sola invocación del artículo referido, dada la omisión de precisar el párrafo o apartado del citado artículo, que específicamente le otorgaba esa competencia por territorio, y que ello incidía en la esfera jurídica de la actora, ya que al no fundar a cabalidad su competencia por territorio, la actora no pudo conocer si efectivamente la autoridad emisora del acto combatido, estaba legitimada para tal efecto, con lo que se transgredió la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 16 constitucional; Que era insuficiente la sola invocación del citado artículo segundo, párrafo segundo del acuerdo en el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, ya que en éste no sólo se establece la delimitación por territorio de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca, sino de cada una de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, por lo que no le era aplicable a la autoridad demandada, la totalidad de las disposiciones de tal precepto, porque ésta no podía ejercer sus facultades y atribuciones, en las distintas entidades federativas y municipios consignadas en el precepto referido, y que por ello, la sola invocación genérica de tal disposición, no otorgaba ninguna certeza jurídica a la actora respecto de la competencia territorial de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca; ... Así, este tribunal advierte que al pronunciarse sobre la fundamentación de la competencia territorial de la autoridad demandada, la Sala Regional ejercitó su facultad de estudiar tal aspecto de oficio. Es importante tomar en cuenta que el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, vigente al emitirse la sentencia en estudio, disponía: ‘Artículo 238.’ (se transcribe). Como puede apreciarse, el penúltimo párrafo del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, recién transcrito, señalaba dos supuestos que entre sí presentan autonomía, y en los que la Sala Regional podía ejercitar su facultad de efectuar el estudio de oficio: la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, y la ausencia total de fundamentación o motivación en tal resolución. En la especie, la Segunda Sala Regional ejercitó su facultad de estudiar de oficio la incompetencia de la autoridad demandada. Se estima que al efectuar tal análisis, la Segunda Sala Regional se ubicó en el primer supuesto previsto en el penúltimo párrafo, del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación vigente al emitirse la sentencia combatida. Debe destacarse además, que al ejercer su facultad de estudiar de oficio la incompetencia de la autoridad demandada, la Segunda Sala Regional cumplió con la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: ‘NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN FACULTADAS PARA ANALIZAR DE OFICIO NO SÓLO LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SINO TAMBIÉN LA DE QUIEN ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVÓ ÉSTA.’(1), de aplicación obligatoria para la Segunda Sala Regional. Además, conviene resaltar que en la tesis 2a./J. 99/2006, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó: ‘COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). Así, es importante tomar en cuenta que el principio de congruencia externa consiste en que las decisiones se dicten de acuerdo con la pretensión planteada en la demanda y con las otras alegaciones formuladas por las partes. De esta manera, para que una sentencia cumpla con el principio de con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20675-13f35859/competencia-de-la-autoridad-demandada-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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