LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Los antecedentes y consideraciones que derivan de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 278/2003, son los siguientes:
1. En la demanda de amparo presentada ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, se reclamó del Congreso de la Unión y otras autoridades como ordenadoras: La aprobación y expedición de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, particularmente de su artículo 1o., fracción I, inciso 5, que autoriza el cobro del impuesto mencionado durante el ejercicio fiscal de dos mil tres y del secretario de Finanzas como autoridad ejecutora el cobro y aplicación de la ley.
2. En su oportunidad, el Juez de Distrito dictó resolución y determinó sobreseer el juicio de garantías por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Expuso que el impetrante reclamó la aprobación y expedición de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en virtud de que el trece de enero del año en curso, pagó a la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, el concepto de impuesto referido, según recibo oficial FA210553, por lo que ante el pago realizado, dijo que se estaba en el supuesto de que la ley tiene el carácter de heteroaplicativa, y en tal virtud el término para interponer el juicio de amparo debe ser de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, resultando que la demanda se presentó en forma extemporánea.
3. En contra de la resolución emitida, el quejoso interpuso recurso de revisión y como agravio expuso que el Juez Federal dejó de aplicar el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, porque la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el año dos mil tres tiene un "doble carácter", ya que es autoaplicativa, que además puede impugnarse con motivo del primer acto concreto de aplicación y podía combatir la ley dentro del plazo de treinta días hábiles que señala el numeral invocado, lo que ocurrió en la especie. En tal virtud, no tenía aplicación el precepto 21 de esa legislación, resultando intrascendente el hecho de que se hubiese pagado la tenencia en razón de que impugnó la ley y no el acto de aplicación.
4. En sesión celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil tres, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió el recurso de revisión 278/2003, bajo las siguientes consideraciones.
"IV. Son infundados los agravios. El Juez Federal sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Rosa Lilia Gama Ruiz, contra los actos y autoridades siguientes: (se transcribe) (foja 109, id.); que, por tanto, el término para promover la demanda de amparo era de quince días, contados a partir del día siguiente al en que la peticionaria de garantías se ostentó sabedora de los actos reclamados, de conformidad con el numeral 21 de la ley de la materia, lo que ocurrió el trece de enero de dos mil tres, fecha en que realizó el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, por lo que si la demanda fue presentada el trece de febrero siguiente, era extemporánea su interposición, porque dicho plazo comenzó el catorce de enero anterior, feneciendo el tres de febrero de dos mil tres, sin contarse los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del propio mes de enero, y uno y dos de febrero de este año, por ser inhábiles; y que, por ello, se tenían por consentidos tácitamente los actos reclamados. En contra de lo anterior, la recurrente aduce, en sus agravios, esencialmente, que el Juez de Distrito no tomó en cuenta la tesis invocada por ella, del rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO, EN TIEMPO SI SE RECLAMA TANTO EL DECRETO, LEY AUTOAPLICATIVA, ASÍ COMO EL ACTO DE AFECTACIÓN SI SE HACE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A SU ENTRADA EN VIGOR, AUNQUE FUERA DE LOS QUINCE DÍAS A TAL ACTO.’; que el Juez Federal dejó de aplicar el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, porque la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el año dos mil tres tiene un ‘doble carácter’ (foja 6 del toca de revisión), ya que es autoaplicativa y además puede impugnarse con motivo del primer acto concreto de aplicación; que, por ende, la promovente del amparo podía combatir la ley, dentro del plazo de treinta días hábiles que señala el numeral invocado, lo que ocurrió en la especie; que, en esa virtud, no tenía aplicación el precepto 21 de esa legislación; que era intrascendente el hecho de que se pagara la tenencia el trece de enero de dos mil tres, en razón de que la quejosa impugnó la ley y no el acto de aplicación, por lo que tampoco tenía aplicación el artículo 73 del ordenamiento legal referido, puesto que era inexacto que se haya consentido tácitamente el acto reclamado; que la fracción XII de este numeral otorga dos oportunidades para la promoción del amparo, tratándose de leyes autoaplicativas, es decir, dentro del término que establece el precepto 22, fracción I, de la ley en comento, o en los plazos previstos en el artículo 21 de dicha normatividad; que ante la dualidad de los periodos para combatir la ley, debía estarse a lo más favorable a la peticionaria de garantías; que el término de quince días para tildar de inconstitucional el primer acto de aplicación de una ley, sólo se configura con el requerimiento de pago de la autoridad; que si la demanda se promovió dentro del plazo señalado en el indicado numeral 22, fracción I, era irrelevante si existió o no el primer acto de aplicación; que en la especie se reclamó tanto el decreto, como el ‘acto de afectación’ (foja 12, id.); que el Juez Federal no tomó en consideración las tesis de los rubros: ‘LEYES Y NORMAS GENERALES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA DEBE ESTIMARSE OPORTUNO, AUN CUANDO LA DEMANDA SE HAYA PRESENTADO CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y ÉSTE NO SE ACREDITE, SI ESA PRESENTACIÓN SE HIZO DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL INICIO DE SU VIGENCIA.’ y ‘DEMANDA DE AMPARO, EN TIEMPO, SI SE RECLAMA TANTO EL DECRETO, LEY AUTOAPLICATIVA ASÍ COMO EL ACTO DE AFECTACIÓN SI SE HACE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A SU ENTRADA EN VIGOR, AUNQUE FUERA DE LOS QUINCE DÍAS A TAL ACTO.’; y que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió un caso idéntico al presente, en el toca 93/2003, el día once de marzo de este año. No tiene razón la recurrente. Así es, por cuanto a lo que aduce en el sentido de que el acto de aplicación de la ley reclamada, sólo se materializa cuando la autoridad le requiere de pago, cabe decir que el cumplimiento de dicha norma por el particular, constituye también un acto de aplicación de la ley, que puede servir de base para computar el plazo de impugnación constitucional, sin necesidad de que exista un acto específico de aplicación emanado de autoridad, según lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 316, visible en la página trescientos setenta y dos del Tomo I, Constitucional, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000, que dice: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN.’ (se transcribe). Tampoco es verdad, como lo manifiesta la recurrente en sus agravios, que únicamente haya impugnado la ley y no el acto de aplicación. Lo anterior se desprende de la demanda de garantías, específicamente en el punto dos del capítulo de ‘antecedentes’, en donde indicó la quejosa: ‘Que el día 13 de enero del año 2003, pagué a la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, la cantidad de $4,183.00 pesos, por concepto de impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, para el ejercicio del año 2003, según recibo oficial FA210553.’ (foja 4 del juicio de amparo). Asimismo, la propia quejosa aportó el original del aludido recibo número FA210553, cuya copia certificada obra a foja treinta y cuatro de los autos del expediente de garantías, de lo que se puede advertir que, contrario a lo argüido por la recurrente, se está combatiendo la ley, con base en el primer acto de aplicación. En esa tesitura, tampoco es verdad que, como lo afirma la recurrente, al haber impugnado la legislación de mérito, de esa manera, pero estando todavía dentro de los treinta días a que alude el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, deba estimarse presentada en tiempo la demanda de garantías. En efecto, el numeral 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ordenaba, en su texto vigente a partir del diez de enero de mil novecientos treinta y seis, lo siguiente: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo, dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de esta ley.’. El precepto invocado fue reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco, quedando redactada su fracción XII, así: ‘Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22. No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de su promulgación, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya interpuesto amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.’. En la exposición de motivos en la que se justificó la modificación a la fracción transcrita, en lo conducente, se dijo: ‘... la fracción XII del mismo artículo 73 se adiciona con un segundo párrafo, a fin de que no se entienda consentida tácitamente una ley a pesar de que sea impugnable en amparo desde el momento de su promulgación y de que éste no se haya interpuesto, sino sólo en el caso de que tampoco se haya hecho valer contra el primer acto de su aplicación con respecto al quejoso. El problema de amparo contra leyes es el más grave y el más genuinamente constitucional, no sólo porque se está frente al control directo de actos legislativos, sino porque éstos, por ser de observancia general, deben tener aplicación inmediatamente para el correcto desenvolvimiento de la vida social. Tratadistas ilustres han sostenido que no debe haber término para interponer amparo contra una ley. Otros, establecen temperancias a este principio soluto. La reforma que proponemos, aquilatando las múltiples facetas que presenta dicho problema, consideran que habrá dos momentos para impugnar una ley; desde su expedición, si ésta causa perjuicio al quejoso, y contra su primer acto de aplicación, aunque no se haya reclamado al expedirse. Si no se procede en estos términos, entonces sí se entenderá consentida tácitamente la ley. ...’. El cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y tres, fue publicada en ese medio de difusión, otra reforma a la fracción de que se trata, dando como resultado la siguiente redacción: ‘Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22. Se exceptúan de lo dispuesto en esta fracción los amparos interpuestos por núcleos de población ejidal o comunal. No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de su promulgación, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya interpuesto amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.’. Otro cambio que sufrió la fracción ponderada, fue dada a conocer el veintinueve de junio de mil novecientos setenta y seis, en el Diario Oficial de la Federación, quedando como sigue: ‘Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos, contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21, 22 y 218. No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de su promulgación, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya interpuesto amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.’. La multicitada fracción sufrió otra reforma, publicada en el señalado Diario Oficial, el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, cuyo texto se encuentra vigente hasta la fecha. Tal fracción dispone, en la actualidad: ‘XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218. No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento.’. Según se desprende de lo anterior, especialmente de la modificación efectuada al artículo 73, fracción XII, mediante decreto publicado el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, y la exposición de motivos a tal reforma, existen dos momentos para impugnar una ley, desde su entrada en vigor, si ésta causa perjuicio al quejoso, y contra su primer acto de aplicación, aunque no se haya reclamado al expedirse. Sin embargo, esta dualidad de oportunidades para combatirla no debe entenderse en el sentido de que, al haber escogido el peticionario de garantías, tildarla de inconstitucional, con motivo de su primer acto de aplicación, como sucede en este caso, pueda optar también por combatirla dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor. Ello en virtud de que el segundo párrafo de la fracción XII del numeral en estudio, vigente actualmente, es tajante al establecer que ‘No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.’ (el subrayado es de este tribunal), lo que significa que, como ocurrió en la especie, al ser extemporánea la presentación de la demanda de amparo, con relación al primer acto de aplicación, debe entenderse que no se promovió oportunamente amparo contra éste, por lo que, como manda el precepto citado, debe estimarse consentida la ley, porque siendo impugnable desde el momento de iniciación de su vigencia, la quejosa no escogió este camino, sino el de combatir la legislación reclamada, con base en su acto de aplicación. Por estas razones, este órgano jurisdiccional no comparte del criterio sustentado en la tesis invocada por la recurrente, emitida por su homólogo Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que aparece publicada con el número XV.1o.16 A, en la página mil cincuenta y ocho del Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO, EN TIEMPO SI SE RECLAMA TANTO EL DECRETO, LEY AUTOAPLICATIVA, ASÍ COMO EL ACTO DE AFECTACIÓN SI SE HACE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A SU ENTRADA EN VIGOR, AUNQUE FUERA DE LOS QUINCE DÍAS A TAL ACTO. Si en un juicio de garantías la parte quejosa es una empresa dedicada a la importación de vehículos automotores usados destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, y señala como acto reclamado el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que estableció las condiciones para la importación de dichas unidades, decreto que como lo estimó el Juez de Distrito resulta ser una norma de carácter autoaplicativo, por lo que causa agravios por su sola entrada en vigor, y aun cuando también se haya señalado que al tratar de introducir al país los citados vehículos a través de la aduana, dentro de los treinta días siguientes a la vigencia del decreto, no fue posible porque el delegado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial había girado indicaciones respecto a que dichas empresas únicamente podían importar hasta veinte unidades mensualmente, acto que no está dirigido específicamente a la quejosa; por tanto, el término para su impugnación mediante el juicio de amparo no es el de quince días, sino el de treinta días a partir de la vigencia de la ley, de acuerdo a la regla específica contenida en la fracción I del artículo 22 de la Ley de Amparo. Por otra parte, aun de aceptarse que también se hubiera reclamado el primer acto de aplicación, se estaría ante una situación jurídica sui géneris, consistente en que aun estando vigente el término para impugnar la norma de carácter autoaplicativo, se haya emitido el primer acto de aplicación, y a partir del día siguiente del conocimiento de éste ya hubieran transcurrido los quince días, pero aún vigentes los primeros, debe tenerse por interpuesta la demanda dentro del término, dado que ante la dualidad de términos debe estarse a lo más favorable al quejoso para no dejarlo en estado de indefensión.’ (el subrayado es de este tribunal). La razón del rechazo del criterio transcrito, específicamente en su parte final, estriba, insístese, en que el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, es contundente en establecer que debe considerarse consentida una ley, si el quejoso no la impugna en el plazo de quince días, con motivo de su primer acto de aplicación, y por eso ya no puede estarse al término especial de treinta días para combatirla a partir de su entrada en vigor. Ésta, la que autoriza al afectado por una ley a impugnarla en ese más amplio término (30 días), constituye una regla de excepción, encaminada a que aquél pueda aspirar a que se estudie su cuestionamiento, aun antes de que la autoridad encargada de la ejecución de actos derivados de la norma intervenga, mas la regla cardinal es la que prevé el término de quince días para acudir al amparo cuando ya hay acto de aplicación, que obviamente excluye la configuración de la previsiva del amplio término, esto según la clara y contundente redacción del involucrado artículo 21 de la Ley de Amparo, así como del numeral siguiente (22) que describe ‘excepciones’, y tomando en cuenta, además, la evolución sufrida por el artículo 73, fracción XII, de la propia ley. Por lo que ve a la tesis número P. XV/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página veinticuatro del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita la recurrente en sus agravios, del rubro: ‘LEYES Y NORMAS GENERALES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA DEBE ESTIMARSE OPORTUNO, AUN CUANDO LA DEMANDA SE HAYA PRESENTADO CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y ÉSTE NO SE ACREDITE, SI ESA PRESENTACIÓN SE HIZO DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL INICIO DE SU VIGENCIA.’, tal criterio no cobra aplicación, en la especie, toda vez que se refiere al supuesto de que no se hubiera acreditado el acto de aplicación, y, en este asunto, como se evidenció líneas atrás, la quejosa acreditó éste, al demostrar haber efectuado el pago del impuesto regulado por la ley tildada de inconstitucional. Por último, la resolución emitida en el toca 93/2003, que invoca la recurrente en sus agravios, dictada el once de marzo de este año por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, establece, en lo que aquí interesa: (se transcribe). Si bien es cierto que en la ejecutoria transcrita se trató un tema similar al que aquí se estudia, también lo es que la consideración toral en aquélla fue que la improcedencia de aquel juicio de amparo, no era patente, clara y evidente, por lo que el Juez Federal debía admitir la demanda, cosa distinta a la del presente asunto, en que de manera definitiva se analiza, en la sentencia de amparo, la procedencia del juicio de garantías. Por eso, el referido criterio tampoco es útil para la pretensión de la recurrente. Consiguientemente, no evidenciadas las violaciones alegadas, ni advertida queja deficiente por suplir, como lo prevé el numeral 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida."
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sostuvo la tesis cuyos texto, rubro y datos de identificación son del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIX, febrero de 2004
"Tesis: III.3o.A.9 K
"Página: 978
"AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, ES IMPROCEDENTE AQUÉL, NO OBSTANTE QUE NO HAYAN TRANSCURRIDO TODAVÍA LOS TREINTA DÍAS PARA IMPUGNARLAS COMO AUTOAPLICATIVAS. De conformidad con los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, existen dos oportunidades para combatir una ley mediante el juicio de garantías: la primera, desde su entrada en vigor, si causa perjuicio al quejoso y, la segunda, contra el primer acto de aplicación, aunque no se haya reclamado como autoaplicativa. Sin embargo, esta dualidad de oportunidades no debe entenderse en el sentido de que coexistan, de manera que si el peticionario de garantías promovió la demanda con motivo de su primer acto de aplicación, pueda acogerse al término de los treinta días siguientes a su entrada en vigor, bajo la postura de que la reclama como autoaplicativa. Ello en virtud de que el segundo párrafo de la fracción XII del referido numeral 73 es tajante al establecer que ‘No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.’, lo que significa que al no haberse impugnado la ley dentro del genérico plazo de quince días, en relación con el primer acto de aplicación, debe estimarse consentida porque la quejosa no acudió a tiempo a combatirla con base en tal acto de aplicación, no obstante que no hayan transcurrido todavía los treinta días para reclamarla como autoaplicativa, en tanto que ésta es una fórmula de excepción a la que es posible acudir si no media acto concreto de aplicación."
CUARTO. Los antecedentes y consideraciones que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, tomó en cuenta para resolver el amparo en revisión 900/99-I, fueron las siguientes:
1. Ante el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Tijuana, Baja California, se interpuso demanda contra los actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, consistentes en la expedición y promulgación del decreto de tres de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados por parte de empresas comerciales de autos usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, mismo que pretende desconocer derechos otorgados mediante diverso decreto que aquél abroga, ya que pretende obligar a quienes se dedican a la importación y comercialización de automotores a renovar el registro que se les expidió previamente con vigencia al año dos mil ocho.
2. También reclamó del subdelegado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en Tijuana, Baja California, la emisión del oficio 01094 de nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, a través del cual se indica a la Administración de Aduanas del Noreste que a las empresas comerciales de autos usados, se les permitirá importar vehículos automotores usados únicamente hasta por la cantidad de veinte unidades en forma mensual no acumulables.
3. El Juez de Distrito desestimó las causas de improcedencia y consideró que el decreto impugnado no es de naturaleza heteroaplicativa, sino autoaplicativa, y por ello su sola vigencia provoca afectación inmediata al quejoso, que no requiere de ningún acto de autoridad posterior.
4. Por cuanto hace a la emisión del oficio 01094 de nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, sobreseyó el juicio de amparo por no formularse concepto de violación y porque su simple emisión no afecta la esfera jurídica del quejoso, sino que se requiere de un acto concreto de aplicación, es decir, que realice la importación de veinte unidades dentro de un mes y en ese mismo lapso pretenda otra unidad vehicular para que se generen consecuencias que involucre la negativa de la responsable para llevar a cabo el trámite respectivo, supuesto que no fue acreditado.
5. Finalmente resolvió otorgar el amparo, por considerar que el decreto impugnado resulta violatorio del artículo 14 constitucional.
6. En contra de la resolución emitida, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión y expuso que contrario a lo resuelto por el a quo, el decreto materia de la protección constitucional fue reclamado con motivo del primer acto de aplicación, ya que tuvo conocimiento del oficio 01094 de nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por lo que el término de quince días para interponer la demanda de amparo en contra del decreto, transcurrió en exceso y la demanda de amparo se presentó en forma extemporánea, debiendo el a quo sobreseer el juicio, por lo que a dicho decreto se refiere, por ser de naturaleza heteroaplicativa.
7. Del recurso de revisión, conoció el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con el número 900/99-1 y en sesión celebrada el dieciocho de mayo de dos mil, resolvió en los siguientes términos:
"CUARTO. Los agravios expresados por la autoridad recurrente son ineficaces para revocar la sentencia que concedió la protección federal al impetrante de garantías por las razones que a continuación se expresan: en principio debe destacarse que el decreto impugnado en el juicio de garantías cuya revisión nos ocupa, tal como lo sostuvo el a quo, efectivamente es una norma de carácter autoaplicativo, misma que causa agravios a la esfera del impetrante por la sola entrada en vigor, por tanto, de acuerdo a la regla específica contenida en la fracción I del artículo 22 de la Ley de Amparo, el quejoso tiene un término de treinta días a partir de la vigencia de la ley para impugnarla mediante el juicio constitucional. Sentado lo anterior, resulta entonces pertinente el señalar que la autoridad recurrente parte de una premisa falsa al afirmar, en su primer agravio, que la demanda de amparo presentada ante el Juez a quo era extemporánea y que al no haberlo considerando así en la sentencia recurrida, transgredió los dispositivos de la ley reglamentaria del juicio constitucional, ello es así, debido a que el peticionario de la protección federal no impugnó dicho decreto mediante el primer acto de aplicación, pues en el hecho número 2 de su demanda adujo: ‘2. Es el caso que el día 10 de febrero del año en curso, me presenté en la aduana de la ciudad de Tijuana, Baja California, y al tratar de introducir los vehículos debidamente reglamentados, se me manifestó por parte del personal de esa dependencia que por órdenes del administrador de dicha aduana, que no podría importar más vehículos usados, ya que a su vez, el sub-delegado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de Tijuana, B.C., había girado indicaciones en ese sentido mediante oficio número 01094 de fecha 9 de febrero de 1999, a través del cual indica a la Administración Regional de Aduanas del Noroeste que a las empresas comerciales de autos usados, se les permitiría importar vehículos automotores usados únicamente hasta por la cantidad de veinte unidades en forma mensual, razón por la cual, al considerarla lesiva a mis int
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19135-d5c085d1/leyes-autoaplicativas-combatidas-con-motivo-de-su-primer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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