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Modo: Corpus Pro

SUPRESIÓN DE PLAZAS. LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA NO TIENEN DERECHO A SOLICITAR UNA EQUIVALENTE A LA SUPRIMIDA, O LA INDEMNIZACIÓN DE LEY, EN TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES IX Y XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIONES BUROCRÁTICAS FEDERAL Y DE SONORA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 224/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20698
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 1820.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 224/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001 de veintiuno de junio del dos mil uno, dado que las ejecutorias de donde emanan los posibles criterios opositores, corresponden a la materia laboral, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la hizo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, por conducto de su presidente, y dicho órgano pronunció la ejecutoria en el juicio de amparo directo 887/2006, cuyo criterio se denuncia como contradictorio.

TERCERO. Para estimar existente la contradicción de criterios jurídicos, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, la que tiene por objeto decidir cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que exista oposición de criterios respecto de cuestiones jurídicas esencialmente iguales;

b) Que tal oposición de criterios surja entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Los anteriores requisitos han sido precisados en la jurisprudencia P./J. 26/2001 sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que es del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Así, para estar en condiciones de poder determinar si tales elementos se reúnen en la presente contradicción de tesis, es menester tomar en cuenta en primer lugar, los antecedentes que tuvieron en cuenta los órganos colegiados para resolver y posteriormente atender a las consideraciones que derivan de cada una de las ejecutorias cuyos criterios se denuncian como contradictorios.

I. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora.

Antecedentes:

1. Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, diversos trabajadores demandaron del Gobierno del Estado de Sonora y otros, las siguientes prestaciones:

I. Se deje sin efecto el acuerdo que determina la desaparición de la plaza ocupada por cada uno de los actores.

II. La reinstalación en el mismo puesto que desempeñaban.

III. Pago de los salarios caídos e incrementos salariales que se otorguen durante el transcurso del juicio.

IV. La preferencia para ocupar una plaza de idéntica naturaleza a la que ocupaban, o la reubicación en otra equivalente.

V. De no ser posible la reubicación, la indemnización en los términos del artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente.

2. Como hechos de la demanda identificaron la plaza en la que cada uno de los actores se desempeñó y la dependencia a la que estaban adscritos, en la que dijeron haber laborado por más de seis meses.

Expusieron los trabajadores que fueron separados de sus empleos con motivo del redimensionamiento de la plantilla laboral de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, mediante la cual se pretendía eficientar el gasto público y que para ello se hizo referencia al Decreto Número 57, expedido por el Congreso del Estado en sesión de dieciocho de diciembre de dos mil tres, publicado en el Boletín Oficial número 51, de veintiséis de diciembre del citado año.

3. Fueron emplazados los demandados y seguido el procedimiento por sus trámites legales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora dictó resolución, en la que determinó que diversos trabajadores al momento de ser separados de sus empleos se desempeñaban como empleados de confianza.

Atento a ello, absolvió a los demandados de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, pues consideró que los demandantes no se encuentran protegidos por la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, por haber ostentado puestos de confianza en términos del artículo 5o., fracción I, inciso a), de la citada ley, y al no actualizarse el supuesto de inamovilidad establecido en el artículo 6o. de la Ley del Servicio Civil, por no ser trabajadores de base, el patrón estaba autorizado para removerlos libremente sin expresión de causa y sin responsabilidad.

4. Inconformes con la anterior determinación, los actores promovieron juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito con el número 887/2006, el cual quedó relacionado con el diverso 886/2006 promovido por la parte demandada y resueltos en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil siete.

Para efectos del estudio del presente asunto, únicamente se hará referencia a las consideraciones emitidas por el órgano colegiado en el juicio de amparo directo 887/2006, por ser el que contiene el criterio que se denuncia y en lo conducente se transcriben:

"SÉPTIMO. El primer concepto de violación es infundado, ya que este órgano de control constitucional estima que la decisión del tribunal responsable de absolver a la parte enjuiciada de las prestaciones principales reclamadas por los actores Irma Leticia Limón Moreno y Carlos González Meza, es correcta. En principio, tal como lo determinó la responsable los trabajadores de confianza al servicio del Estado, como los actores citados, no están protegidos en cuanto a la estabilidad en el empleo; por tanto, carecen de acción para solicitar la reinstalación en el puesto que desempeñaban con motivo de la supresión de plazas. Ciertamente, los artículos 116, fracción VI y 123, apartado B, fracciones IX y XIV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 6o., 7o. y 112 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, estatuyen: (se transcribe). Del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes transcritos, se advierte que efectivamente, en general, los trabajadores al servicio del Estado pueden ocurrir ante los tribunales de arbitraje para dirimir los conflictos de carácter laboral que pudieran surgir, incluyendo aquellos en que como consecuencia de su separación injustificada se pretenda la reinstalación en el empleo o el pago de la indemnización correspondiente. Sin embargo, tanto en la Ley Suprema como en la legislación local en cuestión, expresamente se establece un tratamiento de excepción para los denominados trabajadores de confianza, los cuales, conforme al mencionado artículo 123 constitucional, apartado B, fracción XIV, solamente ‘disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social’, esto es, se les excluye del derecho a la estabilidad en el empleo; y, en términos del artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil, se les excluye también de la aplicación del propio ordenamiento, lo que debe entenderse para los efectos de las acciones derivadas de la estabilidad en el empleo, sindicales y de huelga. Entonces, es claro que el derecho de los trabajadores al servicio del Estado para demandar, la indemnización constitucional o la reinstalación en el empleo, aun cuando se trate de supresión de plazas, como acontece en la especie, les asiste únicamente a aquellos que ocupen puestos de base en términos de la fracción IX, del apartado B, del artículo 123 constitucional, pero de ningún modo corresponde tal posibilidad legal a los trabajadores de confianza, los que si bien es cierto, pueden ocurrir ante los tribunales de arbitraje para dirimir conflictos que pudieran afectar sus derechos laborales, también lo es que en su condición solamente tienen expedito su derecho para aquellas cuestiones que se refieran a la protección de sus salarios y las prestaciones del régimen de seguridad social, y no así para demandar prestaciones que derivan directamente del derecho a la estabilidad en el empleo, como lo son la indemnización constitucional o la reinstalación, por estar expresamente excluidos de tal derecho. En el caso concreto, Irma Leticia Limón Moreno y Carlos González Meza, reclamaron del Gobierno del Estado de Sonora, entre otras prestaciones, la reinstalación en el puesto que venían desempeñando a consecuencia de la supresión de sus puestos. En relación a los hechos que sustentan la acción ejercitada, adujeron que, la primera empezó a trabajar el día quince de agosto de mil novecientos noventa con el carácter de secretaria escribiente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y que desde el uno de septiembre de dos mil tres, se desempeñaba como secretaria dictaminadora y con nombramiento de secretaria de acuerdos; el segundo refirió que empezó a laborar el veintidós de julio de mil novecientos noventa y nueve, como inspector especial de ganadería y que últimamente se desempeñó y tuvo como último nombramiento el de jefe de departamento; asimismo, ambos sostuvieron que el día cinco de enero de dos mil cuatro se les comunicó que ya no tenían trabajo, porque sus plazas no estaban contempladas en el presupuesto de egresos de ese año. Por su parte, la demandada afirmó que los puestos que ocupaban los referidos actores son de confianza, por así establecerlo el artículo 5o., fracción I, inciso a) de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, por lo que de conformidad con lo establecido en nuestra Carta Magna y la citada ley, éstos únicamente disfrutan de las medidas protectoras del salario y de los beneficios de la seguridad social. La autoridad responsable respecto a la prestación en estudio señaló: (se transcribe). Como puede observarse, el tribunal responsable determinó que con las pruebas aportadas al contradictorio se advertía que los actores Irma Leticia Limón Moreno y Carlos González Meza, al desempeñarse como secretaria dictaminadora de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (la primera), y el segundo como jefe de departamento en la Secretaría de Fomento Ganadero, tuvieron el carácter de empleados de confianza; por tanto, carecían de acción para demandar la reinstalación, ya que éstos no tienen derecho a la garantía de inamovilidad o estabilidad en el empleo sino sólo a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de seguridad social. Este Tribunal Colegiado estima correcta la decisión anotada, es decir, la acreditación del carácter de trabajadores de confianza en las personas de los actores Irma Leticia Limón Moreno y Carlos González Meza, y como consecuencia, la absolución de la parte demandada de la prestación de reinstalación que reclamaron. Es así, pues los propios actores en el escrito de demanda afirmaron, la primera, que tenía el carácter de secretaria dictaminadora y con último nombramiento de secretaria de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (foja 2), y el segundo sostuvo que se desempeñaba y tenía como último nombramiento el de jefe de departamento de Estadística de la Dirección General de Control y Servicios Ganaderos adscrito a la Secretaría de Fomento Ganadero, lo cual se corrobora con los nombramientos expedidos a los actores, que obran a fojas cincuenta y cinco y ciento diecinueve y que fueron ofrecidos por ellos. Los puestos de secretaria dictaminadora y el de jefe de departamento otorgados a los agraviados están catalogados como de confianza, según lo previsto en el artículo 5o., fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. En relación a la determinación si es de base o de confianza un nombramiento, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 36/2006, sostuvo que es necesario atender a la naturaleza de las funciones que desarrollan y no a la denominación de aquél. La jurisprudencia en cuestión aparece publicada en la página 10, Tomo XXIII, correspondiente al mes de febrero de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.’ (se transcribe). En el caso concreto no están controvertidas las funciones o actividades desarrolladas por los actores Irma Leticia Limón Moreno y Carlos González Meza, en virtud de que en el propio escrito de demanda éstos afirmaron que desempeñaban las funciones para las cuales fueron contratados, es decir, las inherentes al cargo que ocupaban, de ahí que se considere que las actividades realizadas eran las propias del puesto. Entonces, con base en lo anotado se puede concluir que los citados enjuiciantes tenían nombramiento y desempeñaban, respectivamente, los puestos de secretaria dictaminadora de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y de jefe de departamento en la Secretaría de Fomento Ganadero del Gobierno del Estado de Sonora, los cuales, como ya quedó establecido, están catalogados como de confianza de acuerdo con lo previsto en el artículo 5o., fracción I, inciso a) de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, de ahí que estuvo en lo correcto el tribunal responsable de (sic) absolver a la demandada de la reinstalación exigida por los actores, en razón de que dichos trabajadores no gozan de la garantía de estabilidad en el empleo en atención a lo argumentado en párrafos precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia por contradicción 22/93 sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 20, Tomo 65, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y tres, Novena (sic) Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE.’ (se transcribe). No pasa inadvertido que los citados quejosos invocan a su favor la tesis de rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. AL NO ESTAR CONTEMPLADA COMO CAUSAL DE CESE LA SUPRESIÓN DE PLAZAS, TIENEN DERECHO A QUE SE LES OTORGUE UNA EQUIVALENTE O A LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, SIN IMPORTAR QUE SEAN DE BASE O DE CONFIANZA.’, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; sin embargo, este órgano colegiado no comparte esa tesis en base a los razonamientos antes señalados y porque estima que del análisis conjunto del artículo 123 constitucional, apartado B, fracciones IV y XIV, se debe estimar que aun cuando al citarse la supresión de plazas no se excluye a los trabajadores de confianza, la redacción de éstos implica que sí los descarta, pues expresamente se menciona que ese tipo de trabajadores no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, de lo que se colige que tampoco tienen derecho a que se les reinstale en una plaza equivalente a la que se suprimió. De ahí que conviene citar como apoyo, la tesis que invocó la autoridad responsable, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE BASE, SUPRESIÓN DE UNA PLAZA DE LOS.’ (se transcribe) ..."

II. Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Antecedentes:

1. Ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Aracely Gallegos León demandó de la Secretaría de Turismo, las siguientes prestaciones:

A. El pago de la indemnización constitucional por el injustificado despido de que fue sujeta.

B. Pago de salarios vencidos más los incrementos que se apliquen a la plaza que venía desempeñando.

C. Aguinaldo y demás prestaciones que le corresponden.

2. Como hechos de la demanda señaló que la Secretaría de Turismo la contrató para laborar en la Dirección General de Coordinación Regional, con categoría de jefe de proyecto de coordinación regional.

Destacó que el quince de junio de dos mil uno se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, que determinó que la Dirección General de Coordinación Regional pasaba a ser Dirección General de Programas Regionales.

Que debido a la reestructuración de dicha Dirección General, el personal recibió indicaciones de presentarse en un nuevo domicilio, sin embargo, a la actora jamás se le instruyó al respecto y buscó entrevistarse con su superior jerárquico, siendo infructuosos sus intentos.

Señala la actora, que solicitó por escrito la explicación de su situación laboral, sin recibir respuesta y en entrevista, el director de recursos humanos le indicó que en virtud de que su jefe superior había decidido ya no contar más con sus servicios, por tal razón quedaba despedida, y le requirió su renuncia.

3. Emplazada que fue la Secretaría de Turismo, contestó la demanda y señaló que la actora no fue despedida y por ser trabajadora de confianza no le corresponde la indemnización constitucional.

Respecto al capítulo de los hechos, contestó que la Secretaría sufrió una reestructuración, desapareció la Dirección General de Coordinación Regional, surgiendo la Dirección General de Programas Regionales y la transferencia de personal se enfocó para trabajadores de base, no de confianza, por ello, parte del personal de base fue transferido a la nueva dirección, no así el personal de confianza y la actora conocía de su baja en términos del reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que la desaparición de la categoría de la actora se debió a cuestiones jurídicas de reestructuración.

4. Seguido el juicio por sus etapas procesales, la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a quien correspondió el conocimiento del asunto, dictó laudo en el que realizó el análisis del material probatorio y determinó que de modo alguno demostró el carácter de trabajadora de confianza de la actora.

Ante la falta de justificación de las excepciones y defensas opuestas por la demandada, la autoridad tuvo por cierta la fecha del cese que sufrió Aracely Gallegos León, y como consecuencia, condenó a la Secretaría de Turismo al pago de la indemnización constitucional.

5. Inconforme con el laudo anterior, la Secretaría de Turismo promovió demanda de amparo directo y correspondió su conocimiento al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito con el número 3556/2004, el cual resolvió en sesión de trece de mayo de dos mil cuatro, bajo las siguientes:

Consideraciones:

"... En su segundo, tercer y cuarto conceptos de violación refiere que la Sala responsable, omitió el estudio y análisis de las excepciones de falta de acción y derecho, sustentadas en que no hubo despido, que la actora dejó de prestar sus servicios con motivo de la entrada en vigor del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2001, fecha en que desapareció la Dirección General de Coordinación Regional y como consecuencia se suprimió la plaza de confianza de dicha Dirección General que ocupaba la actora, que lo anterior fue reconocido por la propia trabajadora; ... La excepción de falta de acción también la sustenta en que la actora confesó en su escrito inicial de demanda que ocupaba el cargo de jefe de proyecto de coordinación regional y lo acreditó con el original de (sic) oficio sin número de fecha 5 de enero del corriente año, mediante el cual el Lic. Mario Palma Rojo, en su carácter de oficial mayor de la Secretaría de Turismo, expide el nombramiento a mi mandante con la categoría de jefe de proyecto de coordinación regional, copia del nombramiento y/o asignación de remuneraciones expedido por el licenciado Juan César Castro García, en su carácter de director de Recursos Humanos, de la Dirección General de Coordinación de Promoción Regional, dependiente de la Secretaría de Turismo, con las (sic) que evidentemente se acredita que la tercera perjudicada ocupaba una plaza de confianza que la excluía de la aplicación de la ley de la materia, en términos de lo dispuesto por el artículo 123, inciso B constitucional y artículos 5o. y 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; que dichas documentales fueron valoradas incorrectamente por la responsable ... De lo anterior, se desprende que de haberse efectuado una correcta valoración de las referidas pruebas por parte de la responsable, analizándolas en su conjunto, resultaba procedente concluir que la actora siempre laboró para su representada, con la categoría de empleada de confianza. Es fundado pero inoperante el concepto de violación que se estudia. En efecto, es correcto el señalamiento en torno a que con el material probatorio que se allegó a los autos se demuestra fehacientemente el carácter de empleada de confianza de la trabajadora actora, contra lo que sostuvo la autoridad responsable en el laudo impugnado, no obstante ello, debe decirse que si bien, está acreditado ese carácter, también lo es que no está demostrada la causa de terminación de la relación, pues para demostrar su conclusión legal el peticionario de garantías se limita a sostener desde su escrito de contestación a la demanda que atento a su carácter de empleada de confianza no goza de estabilidad en el empleo, por un lado, y por otro, que con la publicación del nuevo reglamento de esa dependencia el quince de junio de dos mil uno, se suprimió de la Dirección General de Coordinación Regional y por ministerio de ley quedó suprimida la plaza de jefe de proyecto de coordinación regional que venía ocupando la demandante, sin responsabilidad para la dependencia demandada, apreciación que resulta ilegal. Lo anterior es así, porque en principio en términos de la parte final del segundo párrafo, de la fracción IX, del artículo 123 constitucional, apartado B, en los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley. Debiéndose hacer hincapié en que el precepto constitucional no hace distinción alguna respecto a la calidad de empleado de base o de confianza, luego, es un derecho que se otorga en forma indistinta; con lo anterior, se denota la ilegalidad de la pretensión del quejoso, al considerar que por el solo hecho de que fue suprimida la Dirección General a la que se encontraba adscrita la tercera perjudicada y por tanto, la plaza que ocupaba, no tiene ninguna responsabilidad con la misma, pues, se insiste tal apreciación contraviene el Pacto Federal y por consiguiente de acceder a ella, se vulnerarían los derechos sustantivos de la actora laboral. De esta forma, para la conclusión de la relación laboral en tratándose de empleados de confianza, no basta con señalar que se ocupa una plaza de esa naturaleza para darla por concluida, pues es necesario expresar y demostrar qué hechos objetivos dieron motivo para la conclusión de dicha relación a fin de que la autoridad esté en aptitud de analizar si se trata o no de un despido injustificado, que propiciara el cese del trabajador burocrático; lo que en el caso no existe, dado que la dependencia demandada es omisa en señalar las causas objetivas por las que da por concluida la relación laboral, atendiendo a que si bien ese tipo de empleados no gozan de estabilidad en el empleo, también es cierto, que para su desplazamiento es requisito indispensable precisar las causas a efecto de no dejar en estado de indefensión al trabajador. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Quinta Parte, (sic) XXVII. Sexta Época, página 47, que dice: ‘TRABAJADORES DEL ESTADO. PLAZA, SUPRESIÓN DE LA, NO ES MOTIVO DE CESE.’ (se transcribe). Así, no es exacto que la supresión de una plaza sea motivo de cese, por no estar contemplada como causal de cese o terminación de la relación laboral a menos que obedezca tal supresión a causas de fuerza mayor, pues según se ha visto el hecho de que no figure la plaza en el presupuesto, puede ser intencionado o deliberado, y, en todo caso, se debe tener presente lo dispuesto por la parte final del segundo párrafo de la fracción IX, del artículo 123 constitucional apartado B. En su quinto concepto de violación se duele de que sin justificación legal le fueron desechadas las nóminas que ofreció la demandada supuestamente por carecer de certificación legal, aun cuando no fueron objetadas y tuvo por cierto el salario mensual que manifestó la actora, a razón de $18,905.80 (dieciocho mil novecientos cinco pesos 80/100 M.N.), y sin razón y fundamento agrega a dicho sueldo una prestación extralegal no probada consistente en la cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de un bono mensual de productividad y puntualidad. Es conveniente tener presentes ciertas cuestiones relativas a las prestaciones extralegales, que a continuación se precisan: En términos de lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, instituye el mínimo de derechos, beneficios o prerrogativas que debe obtener todo trabajador por la prestación de sus servicios; y así, elimina la posibilidad de un otorgamiento de derechos inferiores a los que la misma concede. Así, resulta inconcuso que las prestaciones que están garantizadas por la legislación laboral reciben el nombre de legales. Además existen las prestaciones extralegales, las cuales tienen como característica especial el que es necesario un pacto o convenio que mencione que se otorgan con independencia de las legales, ya sea en casos análogos o por un concepto o motivo no previsto en la ley laboral. En efecto, de acuerdo con el artículo 5o. de la Ley Federal del Trabajo, las disposiciones que ésta contiene son de orden público, lo que significa que la sociedad está interesada en su cumplimiento, por lo que, todos los derechos que se establecen en favor de los trabajadores en dicho ordenamiento legal, se refieren a prestaciones legales que los patrones están obligados a cumplir; pero además, atendiendo a la finalidad protectora del derecho laboral en favor de la clase trabajadora, los patrones y los trabajadores pueden celebrar convenios en los que se establezca otro tipo de prestaciones que tiendan a mejorar las establecidas en la Ley Federal del Trabajo, a las que se les denomina prestaciones extralegales las cuales normalmente se consiguen a través de los sindicatos, pues los principios del artículo 123 constitucional constituyen el mínimo de los beneficios que el Estado ha considerado indispensable otorgar a los trabajadores ..."

La resolución emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito dio origen a la tesis I.6o.T.224 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 2418, con los siguientes rubro y texto:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. AL NO ESTAR CONTEMPLADA COMO CAUSAL DE CESE LA SUPRESIÓN DE PLAZAS, TIENEN DERECHO A QUE SE LES OTORGUE UNA EQUIVALENTE O A LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, SIN IMPORTAR QUE SEAN DE BASE O DE CONFIANZA. En términos de la parte final del segundo párrafo de la fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional, en los casos de supresión de plazas los trabajadores al servicio del Estado, sin importar su calidad de base o de confianza, tendrán derecho a que se les otorgue otra plaza equivalente a la suprimida o a la indemnización constitucional, habida cuenta de que tal supresión no está contemplada como causal de cese o de terminación de la relación laboral."

CUARTO. De los antecedentes narrados y de las consideraciones emitidas por los Tribunales Colegiados, se advierte que en el caso concreto sí se cumplen los presupuestos señalados en el criterio jurisprudencial citado, para estimar que existe contradicción de criterios, por lo siguiente:

En cuanto al requisito relacionado en el inciso a), esta Sala considera que se encuentra cumplido, pues los Tribunales Colegiados de Circuito conocier

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20698-5e4eb1f0/supresion-de-plazas-los-trabajadores-de-confianza-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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