JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PARA QUE RECLAMEN EL PAGO ANUAL ASIGNADO POR DECRETOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2000 Y 2001 ESTÁ SUJETO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la denunció el Magistrado Abraham Calderón Díaz, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y dicho órgano emitió el criterio que se denuncia como contradictorio en los juicios de amparo directo 607/2005, 656/2005 y 962/2006.
TERCERO. A fin de poder determinar sobre la existencia de la contradicción de criterios, resulta necesario tener en cuenta los antecedentes y consideraciones fundamentales que provienen de cada una de las ejecutorias que participan en el presente asunto.
A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito resolvió en sesión de dieciséis de enero de dos mil seis, el amparo directo 607/2005, el diez de febrero del mismo año, el amparo directo 656/2005 y el quince de marzo de dos mil siete el amparo directo 962/2006. En las destacadas ejecutorias el Tribunal Colegiado se pronunció sobre un mismo tema en similares términos, con la particularidad de que en la tercera de las ejecutorias la accionante compareció en su carácter de pensionada por viudez y, por ello, basta hacer referencia a la primera de las resoluciones, destacando sus antecedentes y consideraciones:
1. Rogelio Hernández Gutiérrez demandó ante la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje el pago del bono aprobado por el Congreso de la Unión para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social por un valor de un mil quinientos cincuenta pesos, conforme al mandato del artículo 84, fracción VI, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2000, 2001, 2002, 2003 y los que se sigan venciendo hasta que le sea cubierta dicha prestación.
El pago del bono autorizado por el Congreso de la Unión según decreto publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil, en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001 a razón de un mil setecientos setenta y dos pesos, con setenta y tres centavos, los que corresponden a los años de 2002, 2003 y los que se sigan venciendo hasta su pago, con los intereses moratorios, daños y perjuicios.
2. Como hechos de la demanda señaló ser asegurado del Instituto Mexicano del Seguro Social y disfrutar de una pensión de invalidez.
Expuso que mediante decreto de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el Congreso de la Unión autorizó un bono para pensionados, por la cantidad de un mil quinientos cincuenta pesos, para el ejercicio de dos mil y mediante decreto de treinta y uno de diciembre de dos mil, también el Congreso de la Unión autorizó un bono en beneficio de los pensionados por la cantidad de un mil setecientos setenta y dos pesos, para el ejercicio fiscal de dos mil uno.
Que ambos importes no le fueron cubiertos, así como el relativo al ejercicio de dos mil tres y subsecuentes.
3. El Instituto Mexicano del Seguro Social al contestar la demanda señaló que la citada prestación se otorgó por única vez y opuso la excepción de prescripción, por considerar que la acción se encuentra prescrita en términos de los artículos 516 de la Ley Federal del Trabajo, 279 de la derogada Ley del Seguro Social y 300 de la actual Ley del Seguro Social, con un año anterior a la presentación de la demanda.
4. La autoridad responsable al emitir el laudo, resolvió que es procedente la excepción de prescripción opuesta por el instituto demandado, atento a lo dispuesto por los señalados preceptos legales y respecto de las reclamaciones que se pretenden hacer valer con un año anterior a la presentación de la demanda, toda vez que lo no ejercido con antelación se encuentra prescrito.
5. En contra del laudo emitido, el actor promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito con el número AD. 607/2005 y en sesión celebrada el dieciséis de enero de dos mil seis, resolvió otorgar el amparo para el efecto de que la autoridad dicte otro acto y establezca que no operó la prescripción de la acción ejercida en términos de los artículos 516 de la Ley Federal del Trabajo y 279 de la anterior Ley del Seguro Social y debía la autoridad resolver lo que en derecho corresponda, en su caso, y (en lo que interesa para la materia del presente asunto) consideró lo siguiente:
"OCTAVO. En cambio, son fundados los conceptos de violación que enseguida se analizan. El quejoso expresa como primer concepto de violación que la responsable infringió sus garantías individuales al declarar procedente la excepción de prescripción, pues afirma que en los preceptos en los cuales se apoyó la responsable para declararla procedente, esto es, los artículos 279 de la Ley del Seguro Social abrogada, 300 de la nueva Ley del Seguro Social y 516 de la Ley Federal del Trabajo ‘no se establece por ningún lado que se refiera al pago del bono que reclamara mi representado en el juicio de origen’, razón por la cual la Junta responsable debe corregir dicha desviación y hacer un nuevo pronunciamiento declarando la improcedencia de la excepción de la prescripción. Es fundado el anterior concepto de violación. El quejoso reclamó, entre otras prestaciones, el pago de los bonos autorizados por la Federación y el Congreso de la Unión, correspondientes a los años dos mil y dos mil uno, en su calidad de asegurado y pensionado por invalidez del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social al contestar la demanda no controvirtió la calidad de pensionado del actor y, además, de oponer la excepción de prescripción, adujo que tales prestaciones habían sido pagadas al asegurado. Ahora bien, se dice que es fundado el concepto, pues fue ilegal que la responsable declarara operante la excepción de prescripción, con base en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, ya que si los bonos reclamados correspondientes al dos mil y dos mil uno fueron otorgados al peticionario, en su calidad de pensionado, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social es incuestionable que se trata de prestaciones sociales, de ahí que las disposiciones aplicables son las consignadas en la Ley del Seguro Social. Es verdad que en la Ley Federal del Trabajo existe en el artículo 516 una disposición general en el sentido de que prescriben en lo general los derechos para las prestaciones derivadas de la relación de trabajo en un año, salvo las excepciones que la misma ley señala; sin embargo, tratándose de prestaciones otorgadas en función de la calidad de pensionado (como en el caso), deben prevalecer las disposiciones de la Ley del Seguro Social, ya que se trata de reclamaciones relacionadas directamente con prestaciones de seguridad social a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues debe recordarse que si esa institución de seguridad social se subroga en la obligación que se impone a los patrones cuando éstos aseguran a sus trabajadores, en esa subrogación quedan comprendidos los derechos a las prestaciones de seguridad social y, por tanto, la prescripción de ellos. En tal virtud, si en el caso se trata de prestaciones a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, las disposiciones aplicables son las consignadas en la Ley del Seguro Social, pues la sola circunstancia de que se hayan otorgado por la calidad de pensionado, da pie a que se estime como prestaciones de origen social. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 104/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con registro 193374, a página 204, Tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘SEGURO SOCIAL. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS AL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA Y ES INEXTINGUIBLE.’ (se transcribe). En consecuencia, en el caso, al ser las prestaciones reclamadas bonos otorgados a los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo es el actor, la extinción del derecho de reclamación del pago en razón del tiempo transcurrido, escapan del ámbito de aplicación de las normas que sobre prescripción se contienen en el numeral 516 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, el artículo 279 de la anterior Ley del Seguro Social regula la figura de prescripción. Así es, el artículo 279 de la Ley del Seguro Social vigente a partir de mil novecientos setenta y tres, hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, establece: ‘Artículo 279. El derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de las prestaciones en dinero, prescribe de acuerdo con las siguientes reglas. I. En un año: a) Cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial, así como el aguinaldo. b) Los subsidios por incapacidad para el trabajo por enfermedad no profesional y maternidad. c) La ayuda para gastos de funeral; y d) Los finiquitos que establece la ley ...’. El precepto aludido, en esencia, refiere que prescribe en un año el derecho de los asegurados para reclamar el pago de las prestaciones en dinero o prestaciones sociales consistentes en las mensualidades correspondientes a las pensiones, asignación familiar o ayuda asistencial, así como el aguinaldo, entre otras. Entonces, es que si la responsable estimó prescrito el reclamo de los bonos correspondientes al dos mil y dos mil uno, habrá de convenirse que la declaratoria de procedencia de la prescripción anotada vulneró las garantías individuales de la quejosa, ya que en el artículo 279 del ordenamiento legal no encuentra fundamento la excepción de prescripción, pues se trató del otorgamiento de bonos por parte del Ejecutivo y el Congreso Federal a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social y, por tanto, en divergencia a lo considerado por la Junta, tal hipótesis no encuentra aplicación en el citado numeral, que establece que prescribe en un año el derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de las prestaciones en dinero de cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial, así como el aguinaldo, los subsidios por incapacidad para el trabajo por enfermedad no profesional y maternidad, ayuda para gastos de funeral y los finiquitos que establece la ley. De manera que, si los bonos reclamados no se contienen expresamente en la citada ley de seguridad social, dado que el artículo en comento es limitativo y no ejemplificativo en cuanto a la prescripción de las prestaciones que en él se enumeran, y al no establecer una regla general de extinción del derecho en la que pudiera encuadrar la prestación reclamada por el actor o, en su caso, la prescripción para el pago de los mencionados bonos, no es posible aplicar el numeral que se analiza, para estimar que la acción de pago de los bonos otorgados a los jubilados en los años dos mil y dos mil uno se encuentran prescritos, por el hecho de que el actor no los reclamó con un año anterior a la presentación de la demanda, pues se insiste esa prestación no se encuentra contemplada en el numeral 279 de la Ley del Seguro Social. En suma, se estima ilegal la procedencia decretada por la Junta respecto de la excepción de prescripción hecha valer por el instituto demandado con base en el artículo 279 de la Ley del Seguro Social, cuando el mismo no la contempla, por lo que deberá removerse su aplicación. Una vez que se dejó claro que la prestación no estaba prescrita, conforme a lo dispuesto por el artículo 279 de la Ley del Seguro Social, debe decirse que fue ilegal que la Junta también considerara acreditada la excepción de pago que opuso el instituto demandado con los recibos de pago que ofreció. ... En las condiciones apuntadas, al ser ineficaces los recibos de pago para tener por acreditada la excepción que en ese sentido hizo valer el instituto demandado, lo procedente es otorgar el amparo solicitado, para que la Junta realice lo siguiente. 1. Deje insubsistente el laudo reclamado; y, 2. Dicte otro en el que: 2.1. Establezca que no operó la prescripción de la acción ejercida en términos de los artículos 516 de la Ley Federal del Trabajo y 279 de la anterior Ley del Seguro Social y resuelva lo que en derecho corresponda; y, en su caso; 2.2. Determine que los recibos ofrecidos por el instituto demandado, no acreditan la excepción de pago de los bonos correspondientes a los años dos mil y dos mil uno y, resuelva lo que en derecho corresponda."
B) Por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito resolvió en sesión de veintisiete de junio de dos mil seis el amparo directo 195/2006 y el treinta de agosto del mismo año el amparo directo 323/2006. En ambas ejecutorias el órgano colegiado resolvió sobre un mismo tema en similar sentido; con la particularidad de que en la segunda de las ejecutorias figuran como actores los beneficiarios del pensionado, consecuentemente, basta hacer referencia a la primera de las resoluciones, destacando sus antecedentes y consideraciones que sirvieron de sustento al tribunal para resolver.
1. Ante la autoridad laboral Arcadio Góngora Gauna demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social, los siguientes conceptos: a) el pago del bono aprobado por el Congreso de la Unión para los pensionados del instituto demandado por un valor de mil quinientos cincuenta pesos conforme al mandato del artículo 84, fracción VI, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil, b) el pago del bono autorizado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil para el ejercicio fiscal de dos mil uno, a razón de mil setecientos setenta y dos pesos con setenta y tres centavos, c) el pago del bono anual con un valor de mil setecientos setenta y dos pesos con setenta y tres centavos, correspondiente a los años dos mil dos, dos mil tres y dos mil cuatro y los que sigan venciendo por los años ulteriores al presente, hasta en tanto el instituto demandado pague voluntariamente esta prestación, y d) el pago de los daños y perjuicios consistentes en intereses legales moratorios por la tardanza en el cumplimiento de los pagos que se reclaman en esta demanda.
Como hechos fundatorios de la demanda señaló que es asegurado del Instituto Mexicano del Seguro Social y pensionado por invalidez desde el día diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta. El instituto demandado no le ha cubierto el bono anual correspondiente al año dos mil, no obstante que ya se venció el plazo para tal efecto. El fundamento legal de la reclamación del otorgamiento y pago de los bonos anuales correspondientes a dos mil dos, dos mil tres, así como el dos mil cuatro, lo constituye la costumbre conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo.
2. El Instituto Mexicano del Seguro Social al contestar la demanda opuso la excepción de prescripción en términos de los artículos 516 de la Ley Federal del Trabajo, 300 de la Ley del Seguro Social en vigor y 279 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, por lo que hace al otorgamiento de los bonos de dos mil y dos mil uno, ya que el quejoso presentó su demanda hasta el día dos de septiembre de dos mil cuatro.
3. La Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje declaró procedente la excepción de prescripción y absolvió al demandado del pago de las prestaciones destacadas, para lo cual consideró "el actor establece que el bono de mil quinientos cincuenta pesos debió de cubrirse a partir del primero de abril del dos mil y el bono por la cantidad de mil setecientos setenta y dos pesos con setenta y tres centavos debió de cubrirse a partir del primero de mayo de dos mil uno, prestaciones reclamadas en los incisos a) y b) del capítulo de prestaciones del libelo inicial, si se toman en cuenta estas fechas, a la de presentación de la demanda dos de septiembre de dos mil cuatro, es obvio que transcurrió en demasía el término de un año y, por tanto, dichas prestaciones se encuentran prescritas en los términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo ...".
4. Inconforme con el laudo emitido, el actor promovió juicio de amparo directo del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con el número ADL. 195/2006, el cual resolvió en sesión de veintisiete de junio de dos mil seis negar el amparo solicitado, bajo las siguientes consideraciones:
"SÉPTIMO. ... El primer concepto de violación, resulta infundado. Alega el quejoso que el artículo 300 de la Ley del Seguro Social vigente no contempla la hipótesis de la acción reclamada en el juicio laboral para la prescripción y que, por ende, no fue correcto que la acción reclamada por el quejoso, consistente en el pago del bono otorgado por el Congreso de la Unión, relacionada y transcrita en los incisos a) y b) de su escrito inicial de demanda se declarara prescrita, en términos de lo dispuesto por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, es infundado lo alegado porque como lo decidió la Junta, esa acción ya estaba prescrita; teniendo en cuenta que de acuerdo con los antecedentes del caso el apoderado legal del instituto demandado, al contestar la demanda interpuesta en contra de su representado, se excepcionó expresando que eran improcedentes los conceptos reclamados por el actor, ya que carecía de acción y derecho para ello, además expresó que si bien es cierto que en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de los años dos mil y dos mil uno, se otorgaron bonos para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, también lo es que en dichos presupuestos se estableció que se trataba de una prestación única, sin que en el mismo se estableciera que se trata de una prestación otorgada para ejercicios fiscales posteriores a los que se hace mención; así también el instituto demandado opuso la excepción de prescripción, en términos de los artículos 516 de la Ley Federal del Trabajo, 300 de la Ley del Seguro Social en vigor y 279 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, argumentando que al reclamar el actor el otorgamiento y pago de los bonos dos mil y dos mil uno, pagados en abril de dos mil y mayo de dos mil uno, dicho reclamo se encuentra prescrito, ya que el quejoso presentó su demanda hasta el día dos de septiembre de dos mil cuatro, cuando debió haber sido en el mes de abril de dos mil uno y mayo de dos mil dos, respectivamente; finalmente refirió que resultaba improcedente el reclamo del pago de la partida económica con valor de mil setecientos setenta y dos pesos con setenta y tres centavos, correspondiente a los años dos mil dos, dos mil tres y dos mil cuatro y los que se sigan venciendo, toda vez que en esos años no se otorgó ninguna prestación de carácter único, además de que no se encuentra contenida ni en la Ley del Seguro Social, ni en la Ley Federal del Trabajo, ni en decreto alguno. La Junta absolvió al instituto demandado de todos y cada uno de los conceptos reclamados y, en lo que interesa, de lo reclamado en los incisos a) y b), de su escrito inicial, al tomar en cuenta la excepción de prescripción opuesta por éste, conforme al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de las reclamaciones que se pretendieron hacer con anterioridad al dos de septiembre de dos mil cuatro, es decir, un año anterior a la presentación de la demanda. La declaró procedente bajo el argumento de que transcurrió en demasía el término de un año para solicitar el derecho al pago de tales conceptos. Así las cosas, es infundado el primer concepto de violación, en el que expresa el quejoso que la responsable incorrectamente declaró procedente la excepción de prescripción, en relación con los bonos otorgados por el Ejecutivo Federal por las cantidades de $1,550.00 (mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y $1,772.73 (mil setecientos setenta y dos pesos 73/100 M.N.), apoyando dicha excepción en los numerales 516 de la Ley Federal del Trabajo y 300 de la Ley del Seguro Social vigente, lo cual a su juicio es ilegal, ya que por lo que hace al artículo de la ley laboral, éste no tiene aplicación al caso concreto; y, por lo que respecta al diverso numeral de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, no contempla la prescripción del derecho a reclamar los aludidos bonos, supuesto que en el citado numeral no aparece que el bono otorgado por el Congreso de la Unión prescriba en un año. Es infundado considerando que la prescripción es la pérdida de un derecho por no ejercerse oportunamente. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 516 establece la regla general de la prescripción, para aquellas acciones que no están previstas expresamente en la ley, concediendo el término de un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. En el caso, la demandada opuso la excepción de prescripción en términos de lo dispuesto por los artículos 279 de la abrogada Ley del Seguro Social, 300 de la ley vigente y 516 de la Ley Federal del Trabajo. Es acertada la decisión de la responsable al establecer como prescritas las acciones que pretendió hacer valer el actor con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda, dos de septiembre de dos mil cuatro, ya que las mismas se encuentran prescritas de conformidad con lo establecido en la regla genérica de un año, que deriva de la aplicación del artículo 300 de la Ley del Seguro Social vigente y su correlativo 279 de la derogada ley en los cuales se establece que prescribe en un año el derecho de los asegurados o de sus beneficiarios ‘... para reclamar el pago de las prestaciones en dinero, respecto de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez ...’; de suerte que si en la demanda laboral el actor afirmó ser ‘asegurado’ y hallarse pensionado por ‘invalidez’ (hecho uno) se ubicó en la hipótesis de esas normas, por mas que no se aluda en especial a la prescripción de un ‘bono presidencial’ pues éste debe considerarse como una prestación en dinero derivada de la pensión de invalidez que se le otorga, razón por la cual sí prescribía en el término de un año a que aluden los numerales citados de la ley de la materia, que en el caso es precisamente la que se debía aplicar. En efecto, aun cuando de las citadas disposiciones 279 de la abrogada Ley del Seguro Social y 300 de la vigente, no se advierte que de manera específica refieran a la procedencia de la prescripción del bono presidencial ni el bono aprobado por el Congreso de la Unión reclamados por el quejoso, por tratarse de una prestación en dinero, debe estarse a la hipótesis de la fracción I de cada una de esas normas, dado que la ley no puede prever todas las hipótesis fácticas, que se produzcan sino una característica es la generalidad y abstracción de ahí que deba estarse al término de un año ya que dichos preceptos disponen:
Ver preceptos
"Dichas disposiciones no se refieren a la prescripción de los bonos. Tampoco aluden la prescripción de prestaciones extralegales; empero, de la interpretación literal del párrafo inicial se deduce que dentro de las prestaciones en dinero que deriven de la pensión de invalidez se puede encajar el bono presidencial que se demandó en el juicio, por ser una prestación en dinero que tiene su origen en esa pensión. De ahí que aunque le asiste la razón al quejoso, al expresar que el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, no es aplicable al caso, porque existe jurisprudencia de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina que en el derecho de seguridad social no deben de aplicarse los preceptos que en forma concreta contiene la Ley Federal del Trabajo sobre la prescripción; en la propia Ley del Seguro Social se contempla la prescripción del reclamo del bono presidencial derivado de una pensión por ser una prestación en dinero. ... En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación en estudio y no existiendo elementos para suplir la deficiencia en los mismos, en términos de lo que establece la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada."
El criterio contenido en las ejecutorias relativas a los juicios de amparo directo 195/2006 y 323/2006 dictados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, originó la emisión de la tesis aislada, cuyos datos de identificación, rubro, texto y precedentes son los siguientes:
"No. Registro: 174,045
"Tesis aislada
"Materia(s): Laboral
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, octubre de 2006
"Tesis: IV.3o.T.234 L
"Página: 1493
"PRESCRIPCIÓN PARA RECLAMAR EL PAGO DEL BONO ANUAL DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN EN DINERO ES APLICABLE EL TÉRMINO GENÉRICO DE UN AÑO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 279 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ABROGADA Y SU CORRELATIVO 300 DE LA LEGISLACIÓN EN VIGOR. Del artículo 279 de la Ley del Seguro Social abrogada, y su correlativo 300 de la legislación en vigor, se advierte que el derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de las prestaciones en dinero, respecto a los seguros que en ella se señalan, prescribe en un año. Por otra parte, el Congreso de la Unión mediante decretos de Presupuestos de Egresos para los ejercicios fiscales de los años 2000 y 2001 otorgó a los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, de entre otras dependencias, el pago único de determinadas cantidades (bono anual). Ahora bien, dichas cantidades constituyen prestaciones en dinero, y aun cuando los referidos numerales no prevean en forma específica la hipótesis concreta de prescripción de la aludida ayuda, ya que la ley no puede contemplar todas las hipótesis que pueden producirse, pues una de sus características es la generalidad y la abstracción, le resulta aplicable el término genérico de un año previsto en los aludidos preceptos.
"Amparo directo 195/2006. Arcadio Góngora Gauna. 27 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Torres Lagunas. Secretaria: Elvia Chávez Delgadillo.
"Amparo directo 323/2006. Gustavo Octavio Rebolledo Almanza y otros. 30 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Torres Lagunas. Secretaria: Angélica Lucio Rosales.
"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 74/2007, en la Segunda Sala."
CUARTO. En principio, es pertinente tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.
Ahora bien, la existencia de la contradicción de tesis precisa de la reunión de los siguientes supuestos:
a) Dos o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos jurídicos, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros asuntos.
b) Que de tal examen arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
c) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.
Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 76 del Tomo XIII, abril de 2001 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de cri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20262-a21c9d5d/jubilados-y-pensionados-del-instituto-mexicano-del-seguro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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