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CONFLICTOS DE TRABAJO SUSCITADOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA LA INSPECCIÓN FISCAL Y ADUANERA CON LOS INSPECTORES QUE ANTERIORMENTE SE DESEMPEÑARON COMO POLICÍAS FISCALES FEDERALES. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20244
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 462.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la denunciaron los Magistrados que integran el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y dicho órgano pronunció la ejecutoria en el conflicto competencial 573/2006, cuyo criterio se denuncia como contradictorio.

TERCERO. Para estar en condiciones de pronunciarse en relación con la presente contradicción de tesis, es menester tomar en cuenta, en primer lugar, los antecedentes que tuvieron en cuenta los órganos colegiados para resolver y atender las consideraciones que derivan de cada una de las ejecutorias cuyos criterios se denuncian como contradictorios.

En ese contexto tenemos que:

A) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 323/2005, tuvo como parámetro para resolver los siguientes elementos:

1. José Luis Granados Caballero demandó de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la reinstalación en el puesto de tercer inspector de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera, así como el pago de horas extras, y de la prima vacacional anual.

2. Como hechos de la demanda expresó que ingresó a prestar sus servicios personales y directos el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y dos con el carácter de policía fiscal tipo "C", adscrito a la Dirección General de Aduanas, Policía Fiscal Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; posteriormente fue promovido y comisionado a diferentes cargos, adscrito a la Dirección General de Aduanas, policía fiscal federal de la citada secretaría, y unidad de apoyo para la inspección fiscal y aduanera.

Destacó que la parte demandada pretendió disfrazar la relación laboral, al tratar de darle el carácter de prestador de servicios independiente, e indica que su relación con la dependencia demandada fue de subordinación y jerarquización, ya que recibía las órdenes de las funciones a desempeñar, a su vez indica que le proporcionaban un uniforme, transporte y equipo de oficina para el desempeño de sus actividades.

Que el primero de octubre de dos mil cuatro, el coronel Abraham Fernández Reyes le comunicó que a partir de ese momento quedaba separado de su cargo de tercer inspector, por supuestas órdenes del general de división diplomado del Estado Mayor, Mario Pérez Alarcón.

3. Emplazada que fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interpuso incidente de incompetencia y expresó que conforme al apartado B del artículo 123 constitucional, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no es competente para conocer del conflicto, en primer lugar, porque no ha existido vínculo laboral con la parte actora, y además, porque el actor estaba reclamando prestaciones derivadas de un cargo de tercer inspector o inspector fiscal tipo "C" de la Unidad de Apoyo Fiscal para Inspección Fiscal y Aduanera, antes Policía Fiscal Federal, tal como se desprendía del decreto presidencial de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho que reformó la Ley del Servicio de Administración Tributaria y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve.

Destacó el reconocimiento del actor, en el sentido de que se había desempeñado como policía fiscal federal, y al tener funciones consistentes en servicio de vigilancia, seguridad y prevención de delitos fiscales, vigilancia aduanera, así como apoyo a otras autoridades, realmente su actividad era de carácter policial, de tal manera que conforme a las reformas constitucionales, su vínculo laboral se regula por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución, además de que se proporcionó al actor arma de fuego para el desempeño de su actividad de seguridad pública.

4. La Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se pronunció en relación con la excepción de incompetencia y concluyó que el actor se desempeñaba para un cuerpo de seguridad pública, por consiguiente, legalmente se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó se turnaran los autos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

5. La Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa recibió los autos, y se declaró incompetente legalmente para conocer del asunto; los argumentos que adujo esencialmente se hicieron consistir en que las prestaciones que reclamaba el actor no se ubicaban en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sino que se trataba de una reinstalación en el puesto que venía desempeñando, del pago de horas extras y prima vacacional, de tal manera que la naturaleza de esas prestaciones era de carácter eminentemente laboral, por lo que no aceptó la competencia y ordenó se remitieran los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para que dilucidara el conflicto competencial que surgió.

6. Del conflicto competencial correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, registrándolo con el número 323/2005 y resolvió que es legalmente competente la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de la controversia planteada por José Luis Granados Caballero, en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual se apoyó en las siguientes consideraciones:

"SEGUNDO. A fin de estar en condiciones para determinar a favor de qué órgano contendiente debe resolverse el presente conflicto competencial, resulta necesario determinar la naturaleza de la actividad que desempeña el actor José Luis Granados Caballero, es decir, si estamos en presencia de un elemento policial, o bien de un servidor público al que le es aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ... Sentado lo anterior, es menester establecer que conforme a los artículos 29, 56, 61 y 62 de la Ley de Servicio de Inspección Fiscal, corresponde a las autoridades fiscales llevar a cabo la instrucción de las averiguaciones previas para la comprobación de irregularidades, las diligencias que se practiquen en negociaciones o empresas, a fin de comprobar alguna responsabilidad de carácter penal, y en estos casos actúan como policía fiscal pero se encuentran investidos de las mismas facultades y obligaciones que corresponden a los agentes de la Policía Judicial Federal. Por otra parte, es menester señalar que el cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve se reformaron diversos ordenamientos relacionados con cuestiones fiscales, como es la Ley Aduanera, la Ley de Servicio de Administración Tributaria y fundamentalmente se publicó la Ley de la Policía Federal Preventiva; ahora bien, todos estos ordenamientos contienen un transitorio en los que expresamente se indica que ‘... Las menciones a la Policía Fiscal Federal que aparezcan en cualquier ordenamiento legal, se entenderán referidas a la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera. ...’, en ese sentido, si actualmente el personal de dicha unidad realiza las funciones de los citados policías fiscales, además de que les autoriza con la correspondiente licencia para portar armas de fuego a fin de cumplir con el desempeño de la función encomendada, entonces deben considerarse como elementos de una policía administrativa. En este orden de ideas, si José Luis Granados Caballero en el escrito de demanda que hace valer refiere que estaba adscrito a la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera en su calidad de tercer inspector, cuestión que es aceptada por la dependencia demandada, pues incluso reconoce y acredita en su calidad de tercer inspector se desempeñaba como policía fiscal y para ello exhibe la credencial con vigencia al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, que a su vez lo autoriza para portar arma de fuego ya sea corta o larga descrita en el oficio de comisión (pues la dependencia cuenta con licencia colectiva), es inconcuso que dicho actor debe de entenderse como un agente de la policía administrativa, específicamente de Policía Fiscal Federal. No es obstáculo para considerar que el actor José Luis Granados Caballero sea considerado como un elemento perteneciente a los cuerpos de seguridad policial el hecho de que la Ley de la Policía Federal Preventiva, en los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, establezca lo siguiente: ‘Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes transitorios. Segundo. La organización de la Policía Federal Preventiva durará un máximo de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, lapso en el que no ejercerá las atribuciones conferidas por este decreto, las cuales corresponderán a las policías administrativas que han venido realizándolas con fundamento en disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Población, la Ley de Vías Generales de Comunicación y los demás ordenamientos reformados por este decreto. Tercero. Se faculta al Ejecutivo Federal para dictar los acuerdos que estime necesarios, con el fin de que las atribuciones de la institución policial previstas en el artículo 4o. de la Ley de la Policía Federal Preventiva, sean asumidas con la gradualidad que permita asegurar la continuidad de las respectivas funciones y puedan llevarse a cabo las transferencias de recursos humanos, materiales y financieros de las policías administrativas cuya competencia corresponderá a la Policía Federal Preventiva, sin detrimento de la eficacia de los servicios.’. Para ese solo efecto y en los términos de los acuerdos correspondientes, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, las policías administrativas existentes hasta la fecha de entrada en vigor de esta ley, una, varias o todas, según sea el caso, seguirán cumpliendo con sus atribuciones en los términos de los ordenamientos legales y reglamentarios respectivos, hasta por un plazo no mayor de veinticuatro meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, en el entendido de que la coordinación entre ellas deberá quedar a cargo del comisionado de la Policía Federal Preventiva, a partir de su nombramiento. Los miembros de las policías administrativas antes citadas exclusivamente podrán formar parte de la Policía Federal Preventiva si cumplen con los requisitos que establece la ley para su ingreso o permanencia. Cuarto. Los derechos de los miembros de las policías administrativas de Migración, Fiscal Federal y Federal de Caminos, serán respetados conforme a las disposiciones legales aplicables. Quinto. Las menciones a la Policía de Migración y a la Policía Federal de Caminos que aparezcan en otros ordenamientos, se entenderán referidas a la Policía Federal Preventiva. Las menciones a la Policía Fiscal Federal que aparezcan en cualquier ordenamiento legal, se entenderán referidas a la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera.’. De los transitorios antes señalados, esencialmente se desprende que el Ejecutivo Federal dictará los acuerdos correspondientes para que todas las atribuciones de las instituciones policíacas administrativas se asuman por la Policía Federal Preventiva, cuestión que debe realizarse de manera gradual a efecto de asegurar la continuidad de las correspondientes funciones, por lo que para ello deben realizarse las transferencias de recursos humanos, materiales y financieros. Asimismo, que las policías administrativas que existan a la fecha a la entrada en vigor de la correspondiente ley, sean una o varias seguirán cumpliendo con sus atribuciones en los términos de los ordenamientos legales y reglamentarios respectivos, hasta por un plazo no mayor de veinticuatro meses, por lo que los elementos policiacos de las demás dependencias podrán formar parte de la Policía Federal Preventiva si cumplen con los requisitos que establece la ley para su ingreso y permanencia. Por otra parte, el artículo cuarto transitorio establece que los derechos de los miembros de las policías administrativas de Migración, Fiscal Federal y Federal de Caminos, serán respetados conforme a las disposiciones legales aplicables. En ese sentido, si se realiza una interpretación sistemática de los preceptos transitorios a que se ha hecho alusión se arriba a la conclusión de que los elementos pertenecientes a la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera corresponden a lo que antes conformaba la Policía Fiscal Federal, que esta corporación no obstante de pertenecer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su caso debió quedar incorporada a la Policía Federal Preventiva en un lapso no mayor de dos años contados a partir del día siguiente al cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve. Sin embargo, si esa incorporación no se ha realizado a través de las dependencias gubernamentales, tal evento no puede implicar que los derechos de los miembros de la policía administrativa como lo es la Fiscal Federal, se afecten por incumplimiento a las leyes de las dependencias responsables que en su oportunidad debieron acatar lo que legalmente se publicó, pues el mismo cuarto transitorio señala que los derechos de estas policías administrativas deberán de ser respetados, por consiguiente, para efectos del conflicto competencial que se resuelve José Luis Granados Caballero debe ser considerado como un elemento de la policía administrativa, que pertenece a la Policía Fiscal Federal actualmente Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera. En otro orden de ideas, debe tomarse en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 87/2002, en la parte considerativa de dicha ejecutoria, ha señalado que ese Alto Tribunal ha establecido en reiteradas ocasiones que los miembros de los cuerpos de seguridad pública no están sujetos al régimen laboral que establece el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 constitucional, no quedan incluidos en la relación laboral que existe entre los trabajadores de confianza y el Estado, equiparándolo con un patrón, ya que el vínculo existente entre los miembros de seguridad pública y el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa, y que el acto de baja del servicio no es un acto de particular sino de una autoridad. Por tanto, la relación existente entre un agente de la Policía Judicial Federal, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas administrativas de la ley y reglamentos que le correspondan; por ello, de acuerdo con las diversas jurisprudencias y tesis aisladas, los actos que impugne algún miembro de un cuerpo de seguridad, no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, motivo por el cual no se surte la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La competencia para conocer de la demanda laboral de un agente de la Policía Fiscal Federal corresponde, por afinidad, al Tribunal Fiscal de la Federación, pues al margen de las atribuciones que tradicionalmente se le han otorgado al Tribunal Fiscal de la Federación, como órgano jurisdiccional dotado de facultades para conocer de las controversias suscitadas entre el fisco y los particulares, el legislador le ha otorgado otras, comprendidas dentro de la rama administrativa, pero específicamente inmersas dentro del régimen de responsabilidades de los servidores públicos del Estado. El argumento toral para fincar la competencia en favor del Tribunal Fiscal de la Federación, órgano jurisdiccional de naturaleza administrativa, parte de la base de que la demanda es propuesta por un miembro de un cuerpo de seguridad pública federal y deriva de una relación administrativa y no laboral. Además, se toma en cuenta que al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le compete resolver en materia disciplinaria los conflictos derivados de infracciones por responsabilidad administrativa de servidores públicos, entendiéndose por éstos, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 108 constitucional, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Luego, por los motivos expuestos y ante la falta de disposición legal que elija a una autoridad con facultades expresas para resolver controversias como la suspensión de pago y cumplimiento de salarios devengados, continuación de la relación laboral y de sus salarios, pago de incrementos generados, despensa y aguinaldo correspondiente, se debe declarar competente para conocer de la demanda relativa al Tribunal Fiscal de la Federación, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, habida cuenta de que esa autoridad, dadas las facultades de que está investida, es la más afín para conocer de este tipo de demandas. Asimismo, en dicha ejecutoria se sostiene que el referido Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver la controversia, cuenta con facultades para decretar condenas, y no sólo para declarar la validez o nulidad de un acto de autoridad, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que hace factible, con independencia de la competencia que se finca, para resolver con plenitud de jurisdicción, desde luego, sobre la procedencia o no de las reclamaciones contenidas en este tipo de demandas, aun y las prestaciones demandadas sean consideradas como de naturaleza laboral; ya que tal circunstancia no cambia de manera alguna la conclusión a que se arribó, porque sobre tal observación predomina el imperio del artículo 123 constitucional, que en su apartado B, fracción XIII, excluye de la relación laboral o equiparada a los miembros de los cuerpos de seguridad pública. Argumentos antes expuestos se contienen en la ejecutoria de la jurisprudencia por contradicción de tesis identificada con el número 2a./J. 129/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, visible a página 246, cuyos rubro y texto es el siguiente: ‘POLICÍAS JUDICIALES FEDERALES. EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE DECRETE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). ‘Contradicción de tesis 87/2002-SS. Entre las sustentadas por el Primer y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 30 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alberto Díaz Díaz. Tesis de jurisprudencia 129/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de noviembre de dos mil dos.’. En este orden de ideas, este Tribunal Colegiado determina que la competencia del asunto que nos ocupa se surte en favor de la Cuarta Sala (sic) Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que el actor reclama cuestiones relacionadas con la remoción del cargo que desempeñaba, así como prestaciones a las que afirma tenía derecho, por lo que siguiendo el criterio de la Segunda Sala, al tratarse de un servidor público que impugna remoción (despido), así como de pago de salarios y prestaciones atribuidas a un órgano público, como lo es el servicio de administración tributaria, los que constituyen actos de autoridad que afectan la esfera jurídica de un miembro de un cuerpo de seguridad, ya que si bien es verdad que las prestaciones demandadas son consideradas como de naturaleza laboral, lo cierto es que tal circunstancia no cambia de manera alguna la conclusión arribada, porque sobre tal observación predomina el contenido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, que excluye de la relación laboral o equiparada a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, en virtud de la naturaleza jurídica del sujeto. Lo anterior tiene apoyo en la tesis identificada con el número I.60.T.198 L, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, octubre de 2003, visible en la página 1083, que este tribunal comparte, cuyos rubro y texto es el siguiente: ‘POLICÍA FISCAL FEDERAL. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS PRESTACIONES QUE RECLAME, INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA.’ (se transcribe)."

El criterio anterior dio origen a que el Tercer Tribunal Colegiado emitiera la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación:

"Novena Época

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIV, agosto de 2006

"Tesis: I.3o.T.135 L

"Página: 2152

"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE LA UNIDAD DE APOYO PARA LA INSPECCIÓN FISCAL Y ADUANERA, CON EL PERSONAL QUE ACTUALMENTE REALIZA LAS FUNCIONES DE LA ENTONCES POLICÍA FISCAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve se reformaron diversos ordenamientos relacionados con cuestiones fiscales, entre otros, la Ley Aduanera, la Ley del Servicio de Administración Tributaria y se expidió la Ley de la Policía Federal Preventiva; todos estos ordenamientos contienen un artículo transitorio en los que expresamente se indica: ‘Las menciones a la Policía Fiscal Federal que aparezcan en cualquier ordenamiento legal, se entenderán referidas a la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera.’; en ese sentido si actualmente el personal de dicha unidad realiza las funciones de los citados policías fiscales con la licencia correspondiente para portar armas de fuego, deben considerárseles como elementos de una policía administrativa, ya que de una interpretación sistemática de los artículos primero a quinto transitorios de la Ley de la Policía Federal Preventiva, se advierte que los elementos pertenecientes a la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera corresponden a lo que antes formaba la Policía Fiscal Federal, y esta corporación, no obstante pertenecer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debió incorporarse a la Policía Federal Preventiva, en términos del segundo párrafo del artículo tercero transitorio citado, por un lapso no mayor de dos años contados a partir del día cinco de enero de mil novecientos noventa y nueve, en que entró en vigor la Ley de la Policía Federal Preventiva; por lo que si esa incorporación no se ha realizado a través de las dependencias gubernamentales, tal evento no implica que los derechos de los miembros de la policía administrativa, como lo es la Fiscal Federal, se afecten por incumplimiento a las leyes de las dependencias responsables que, en su oportunidad, debieron acatarla; toda vez que el artículo cuarto transitorio de la ley citada, señala que los derechos de las policías administrativas de Migración, Fiscal Federal y Federal de Caminos, deben ser respetados conforme a las disposiciones legales aplicables; consecuentemente, la competencia para conocer de los conflictos suscitados entre la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera con el personal que realiza las funciones de los entonces policías fiscales, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."

B) Los antecedentes y consideraciones que derivan de la ejecutoria emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en el conflicto competencial CCT. 573/2006, son los siguientes:

1. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, turnado a la Cuarta Sala de dicho órgano, Juan Enrique González Soto demandó del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las siguientes prestaciones:

a) La reinstalación en el trabajo que desempeñaba como "inspector en la Administración Central de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera", denominación que tuvo hasta el seis de junio de dos mil cinco, ya que mediante decreto publicado en la citada fecha y a partir del día siguiente cambió su denominación a la de Administración Central para la Inspección Fiscal y Aduanera, dependiente de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b) El reconocimiento de su calidad de trabajador al servicio del Estado por haber desempeñado tareas de apoyo a las funciones directivas de especialización y técnicas para la Administración Central de la Unidad de Apoyo, para la Inspección Fiscal y Aduanera, cuya denominación tuvo hasta el seis de junio de dos mil cinco.

c) El pago de la prima de antigüedad conforme al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada en forma supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

d) El pago del quinquenio desde el año de dos mil cinco y no cubierto, en términos del artículo 34, segundo párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con los montos autorizados en la ley de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año citado, llamado Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal.

e) El pago de salarios caídos y los que se sigan generando en términos del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

f) El pago de todas las prestaciones integradoras del salario, incluyendo la compensación garantizada, de acuerdo con el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal, consagradas en las respectivas leyes de egresos de los años de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, ahora llamado Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal.

g) y h) El pago del aguinaldo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el citado manual de los ejercicios de 2003 y 2004, y el decreto que establece las bases para el aguinaldo correspondiente a esos años.

i) El reconocimiento de su derecho constitucional de seguridad social y los que se derivan de tal prestación, previstos en la fracción VI del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con los artículos 1o., fracción I y 5o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

j) El pago del seguro de vida institucional equivalente a cuarenta meses de sueldo por cobertura básica que la demandada no le ha cubierto y que tiene derecho en términos del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de mil novecientos noventa y tres.

k) En general, el pago de todas las prestaciones laborales, como vacaciones, prima vacacional, seguro de gastos médicos, seguro de separación individualizada, conforme a las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, depositadas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y artículos 98-B y 98-C del reglamento interior de dicha secretaría en relación con los artículos 87, 88, 90 y 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

2. Como hechos de la demanda expuso, que en mil novecientos noventa y nueve fue contratado como Policía Fiscal Federal, que posteriormente con la creación del Servicio de Administración Tributaria, aun cuando sus labores eran las mismas fue modificada la denominación de su puesto a la de inspector.

Expuso que se le debe considerar como trabajador de base y no de confianza, y si bien es cierto que la denominación histórica de su puesto es la de Policía Fiscal Federal, en realidad ninguna de las funciones encomendadas son las de un cuerpo de seguridad pública.

Que la demandada en forma arbitraria y sin agotar el procedimiento previsto por el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, le recogió las placas metálicas originales de inspector y su gafete, lo cual constituye un despido injustificado.

3. La demandada Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su apoderado, dio contestación a la demanda y promovió incidente de incompetencia, derivado del hecho de que el actor se había ostentado como inspector, adscrito a la Unidad de Apoyo para la Inspe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20244-fe1ac2cf/conflictos-de-trabajo-suscitados-entre-la-administracion-central · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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