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Modo: Corpus Pro

RECUENTO PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 931 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBEN ORDENAR Y GARANTIZAR QUE EN SU DESAHOGO LOS TRABAJADORES EMITAN VOTO PERSONAL, LIBRE, DIRECTO Y SECRETO. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE LA DENUNCIA CUANDO UNA DE LAS SENTENCIAS RELATIVAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21216
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO, NOVENO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, , Pág. 392.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO, NOVENO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien resolvió el amparo directo ********** Por tanto, como se trata de un integrante del órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios que se estima contradictorio, debe concluirse que la presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

TERCERO. En cuanto a la procedencia la denuncia de la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, requiere como un presupuesto básico, que las sentencias en que los criterios discrepantes fueron emitidos tengan la naturaleza de ejecutorias, pues de no ser así, por encontrarse en trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de una de esas sentencias, el criterio emitido por el respectivo Tribunal Colegiado está sujeto a la determinación que sobre el particular adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso, aun cuando no fue destacado por el denunciante, se invoca como hecho notorio la existencia del amparo directo en revisión ********** promovido por ********** en su carácter de tercero perjudicado, en el que recurre la sentencia dictada el nueve de abril de dos mil ocho, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo ********** cuyo criterio se denuncia, así como el recurso de reclamación ********** interpuesto por el mismo recurrente en contra del acuerdo de presidencia de diecinueve de mayo de dos mil ocho que determinó desechar el recurso de revisión por notoriamente improcedente.

Lo anterior tiene apoyo en la tesis emitida por el Pleno, cuyos contenido y datos de identificación se citan a continuación:

"No. Registro: 181,729

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIX, abril de 2004

"Tesis: P. IX/2004

"Página: 259

"HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial."

El mencionado recurso de reclamación bajo la ponencia del Ministro Mariano Azuela Güitrón fue resuelto por esta Segunda Sala en sesión de trece de agosto de dos mil ocho, en el sentido de que es fundado el recurso y ordenó devolver los autos a la presidencia de este Alto Tribunal a fin de que se admita el recurso de revisión interpuesto y se designe al Ministro ponente de acuerdo con el turno que corresponda para que formule el proyecto respectivo que en su oportunidad se someta al Pleno.

Los datos anteriores llevan a este órgano colegiado a considerar parcialmente improcedente la presente contradicción de tesis, ya que la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en el juicio de amparo directo ********** y que se denuncia como criterio contradictorio no ha causado estado.

Tiene aplicación sobre el particular la tesis emitida por esta Segunda Sala, cuyos contenido y datos de identificación se citan a continuación:

"No. Registro: 200,511

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IV, noviembre de 1996

"Tesis: 2a. XCVIII/96

"Página: 226

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA CUANDO UNA DE LAS SENTENCIAS RELATIVAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA. De lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, se infiere que la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, requiere como un presupuesto básico, que las sentencias en que los criterios discrepantes fueron emitidos tengan la naturaleza de ejecutorias, pues de no ser así, por encontrarse en trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de una de esas sentencias, el criterio emitido por el respectivo Tribunal Colegiado está sujeto a la determinación que sobre el particular adopte la Suprema Corte de Justicia, pudiendo no subsistir y entonces no existiría la contradicción de tesis. Consecuentemente, en esta hipótesis la denuncia respectiva debe declararse improcedente."

No se está en el caso de declarar improcedente en su totalidad la denuncia de contradicción de tesis, en virtud de que también participan en ella los criterios emitidos en los diversos juicios de amparo directo resueltos por los Tribunales Colegiados Cuarto, Noveno, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito y de los cuales procederá su análisis a fin de poder determinar si fueron contradictorios en sus pronunciamientos.

CUARTO. A fin de resolver la presente contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones emitidas por los órganos colegiados en las ejecutorias que participan en la presente contradicción, precedidas de sus antecedentes.

Con la finalidad de no incurrir en repeticiones respecto de los antecedentes relacionados con los amparos directos **********, **********, ********** y **********, dictados, respectivamente, por los Tribunales Colegiados Cuarto, Noveno, Décimo Segundo y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se hace mención que dichos amparos fueron promovidos por el ********** en los cuales reclamó el laudo dictado por la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje en cada uno de los juicios laborales que promovió en su contra el **********.

En todos y cada uno de los juicios laborales, se demandó del sindicato quejoso, entre otras prestaciones, la titularidad y administración del contrato colectivo de trabajo por falta de representación profesional y sindical de los trabajadores al servicio de la empresa para la cual prestan sus servicios y de quien también se demandó la declaración y reconocimiento al sindicato actor como administrador y titular del contrato colectivo de trabajo.

El sindicato demandante señaló como hechos, que está legalmente constituido bajo las leyes laborales, que los trabajadores al servicio de la empresa demandada han solicitado y obtenido su ingreso y afiliación como miembros activos de la organización sindical.

El ********** negó la acción y derecho al sindicato demandante para representar el mayor interés profesional de los trabajadores que prestan sus servicios en las diversas empresas y calificó de falso que los trabajadores hayan solicitado su ingreso y afiliación como miembros del sindicato actor.

El sindicato demandante ofreció como prueba el recuento que se llevara a cabo en el domicilio de la empresa por conducto del actuario.

La Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo en cada uno de los procedimientos, y con excepción del que fue del conocimiento del Tribunal Colegiado Décimo Tercero en Materia de Trabajo, la autoridad resolvió que el sindicato actor acreditó representar a la mayoría de los trabajadores sindicalizados que prestan sus servicios en la empresa, correspondiéndole la titularidad del contrato colectivo de trabajo y que en consecuencia debía condenarse a la empresa y sindicato demandados a reconocer al sindicato demandante, representante del interés profesional mayoritario de los trabajadores al servicio de la empresa demandada.

Inconforme con el laudo emitido en cada uno de los procedimientos, el ********** (en su carácter de demandado) promovió juicio de amparo contra el laudo que le fue adverso.

El sindicato demandado planteó similares conceptos de violación en las demandas de garantías, cuyo conocimiento correspondió a los Tribunales Colegiados Cuarto, Noveno, Décimo Segundo y Décimo Cuarto todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, entre los cuales adujo que la responsable vulneró lo dispuesto en los artículos 692, 720 y 931 de la Ley Federal del Trabajo, así como los derechos de libertad y afiliación sindical y negociación colectiva, en razón de que no ordenó que el recuento se llevara a cabo mediante voto secreto, resultando ilegal además, que la autoridad desechara las preguntas formuladas en la audiencia relativa al desahogo de la prueba relacionada con la declaración o interrogatorio libre al sindicato actor y empresa demandada, cuando las preguntas sí guardaban relación con la litis planteada.

Ante similares conceptos de violación que planteara el sindicato quejoso, los citados Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvieron los respectivos juicios de amparo, pronunciándose en idénticos términos en algunos casos y en otros en diverso sentido, llegando al grado de emitir criterios contradictorios al dar respuesta a los destacados conceptos de violación.

En lo que interesa para la presente contradicción de tesis, se transcribe parte de las consideraciones emitidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Noveno, Décimo Segundo y Décimo Cuarto todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el veintisiete de marzo de dos mil ocho, el amparo directo ********** promovido por el ********** sostuvo, en lo conducente:

"CUARTO. ... Señala el quejoso en su cuarto concepto de violación que en su acuerdo del treinta y uno de agosto de dos mil siete, la Junta dejó en manos del patrón la elaboración de las listas de los trabajadores que podrían votar en el recuento, al requerirlo para que exhibiera las nóminas, listas de raya, recibos de pago y demás documentos que sirvieran de base para el desahogo del mismo, con lo que se le permitió intervenir en el régimen interno del sindicato demandado, al impedir que ‘ciertos’ trabajadores participaran en el mismo, sin exigir algún requisito para verificar la autenticidad de dichos documentos, violando así lo dispuesto por la fracción V del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo; más aún que al no haber ordenado que el voto fuera secreto, permitió a la empresa que ejerciera presión sobre sus trabajadores, dado que presenciaría la votación y tomaría nota del sentido de su voto, máxime que al asentar los actuarios que lo practicaron, su nombre y el sentido de su voto, además de requerirles su firma, coadyuvó para que la votación fuera manipulada. Son infundados tales argumentos, ya que del contenido del acuerdo mencionado, no aparece que la Junta hubiere ordenado que el patrón exhibiera las listas del personal sindicalizado, sino: ‘... las nóminas de personal sindicalizado y/o constancias de autodeterminación de pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social del personal sindicalizado y/o cualquier otra documentación que acredite el carácter de trabajadores a su servicio de los votantes ...’ (foja 104 vuelta); por lo que si no obstante ello, la empresa exhibió listas del personal sindicalizado y de confianza, ello no dejó en estado de indefensión al promovente, habida cuenta que si bien es cierto que las mismas fueron elaboradas unilateralmente por aquélla, no menos exacto es que tales listas no constituyen el elemento de convicción principal que sirvió de base para que los actuarios determinaran qué trabajadores tenían o no derecho a votar, sino los recibos de pago de salarios que también exhibió, por contener el nombre de los trabajadores, la categoría, el periodo que comprenden y lo más importante, que son originales, tienen asentado el descuento por cuota sindical, la firma autógrafa de los mismos y no fueron objetados por la contraria, lo que da como consecuencia que adquieran pleno valor probatorio y demuestran su carácter de personal sindicalizado con derecho al voto; por tanto, la sola exhibición de esas listas, no causa perjuicio al quejoso, pues sólo contiene un concentrado de los nombres de los trabajadores sindicalizados, cuyo carácter se puede constatar con los recibos señalados y su identidad con las identificaciones que exhibieron, como quedó asentado en las cédulas de votación que obran de fojas 117 a 169 de autos, respecto a las identificaciones exhibidas por cada uno de ellos; a mayor abundamiento, en el acta de la diligencia de recuento, no consta que al formular sus objeciones, el sindicato demandado hubiera precisado qué trabajadores, en específico, votaron sin tener derecho a ello, por no ser empleados de la empresa, o sindicalizados, o no cumplir con los demás requisitos previstos por el artículo 931 de la ley invocada. Aunado a ello, como el artículo 839 (sic) de la Ley Federal del Trabajo, no contempla alguna disposición sobre que el voto en el recuento deba ser secreto, entonces, no ha lugar a considerar que la Junta incurrió en alguna irregularidad, al no ordenarlo así, puesto que al contar con las cédulas de votación, aquélla tuvo elementos de convicción suficientes para dictar su laudo y resolver en la forma en que lo hizo y, por tanto, tampoco es dable estimar que fue incorrecto que los actuarios recabaran la votación en las cédulas que agregaron a los autos (fojas 117 a 169), porque contienen la verdad histórica de los hechos sobre el particular; además, del acta respectiva se advierte que los actuarios dieron fe de: ‘... que se presentaron a emitir su voto de manera libre y espontánea un total de 786 ... trabajadores, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados ...’ (foja 179), y por la empresa sólo comparecieron dos apoderados, tres por el sindicato demandado y tres por el actor (foja 176), por lo que el hecho de requerir los fedatarios de la diligencia a los trabajadores su nombre, firma y el sentido de su voto, por sí solo no demuestra que el patrón ejerció presión para que votaran por determinado sindicato, ni que esa votación haya sido manipulada, por el simple hecho de solicitar su nombre, firma y sentido de su voto a los trabajadores. ... En otro tenor, sostiene el quejoso en su sexto concepto de violación, que fue incorrecto que la Junta le desechara las preguntas 1 a 9, 11 a 28 y 32 a 34, que le formuló al sindicato actor y las preguntas 1 y 4 a 29 a la empresa, con el argumento de que no tenían relación con la litis; ya que a decir del promovente, sí la tienen, ya que el propio actor fue quien sostuvo que en la supuesta asamblea celebrada el dieciséis de junio de dos mil siete, estuvieron presentes todos los trabajadores de ********** lo que resulta falso, como se acreditaría con la ratificación de las solicitudes de ingreso que desechó, quitándole la oportunidad de demostrar la fabricación de documentos entre el actor y la empresa codemandada. No le asiste la razón, ya que de autos se advierte que el sindicato demandado ofreció como prueba de su parte, entre otras, la ‘DECLARACIÓN’ a cargo del sindicato actor y de la empresa citada (foja 69), al tenor de los pliegos de preguntas que obran de fojas 190 a 192 y 193 a 195 de autos, de las que se advierte lo siguiente: De las formuladas al sindicato actor, de la 1 a la 9, son relativas a cómo obtuvo su registro, cuántos trabajadores tenía afiliados, en qué empresas trabajan los miembros de su organización, cómo se eligió a su directiva, dónde tiene su domicilio, dónde residen sus dirigentes, cuándo entró en contacto con los trabajadores de la empresa, quién fue la primera persona de ésta que lo contactó y cuándo (foja 190), sin que éstas tengan relación con la controversia planteada, así que su desechamiento es apegado a derecho. De las diversas preguntas 11 a 27 se advierte que se refieren al lugar donde se llevó a cabo la asamblea del dieciséis de junio de dos mil siete, cuándo y por qué medio se trasladó ********** a ese lugar, dónde se hospedó, al igual que por lo que toca a **********, **********, ********** y ********** así como quién pagó los gastos de traslado y hospedaje de los dirigentes de su organización (fojas 191 y 192); lo que tampoco tiene relación con la litis, pues aunque el demandado sí mencionó haber celebrado esa asamblea, lo cierto es que las partes no alegaron las cuestiones apuntadas. Por lo que toca a las preguntas 28, 33 y 34, referentes a ‘cómo’ se llevó a cabo esa asamblea, cuándo y dónde se entregaron a los trabajadores las solicitudes de ingreso y a si el actor ha recibido algún apoyo económico de la empresa (fojas 192), tampoco tienen relación con la litis; ya que aunque el sindicato actor sí mencionó haber celebrado dicha asamblea, lo cierto es que las partes no formularon controversia sobre cómo fue, ni en cuanto, a dónde y cuándo se entregaron las solicitudes de ingreso referidas, ni respecto al apoyo económico señalado; y, referente a las preguntas 1 y 4 a 29 que se formularon a la empresa, se refieren a si ésta pertenece al ********** a si se interrumpieron las labores durante la celebración de la asamblea citada, si la permitió, si se dieron facilidades para ello, en qué consistieron, dónde se celebró, cuántos trabajadores participaron, cuándo se enteró de la existencia del sindicato actor, si sancionó o no a sus trabajadores por interrumpir su jornada laboral en esa fecha, si les pagó sus salarios del día, cuándo entró en contacto con el demandante, cómo se llevó a cabo la asamblea, cuántos trabajadores participaron, a qué hora inició y terminó, si ha dado apoyo económico al actor, si ha manifestado públicamente su animadversión al sindicato demandado o sus dirigentes o lo hizo al grupo ********** si descontó cuotas sindicales de julio de dos mil seis a agosto de dos mil siete, a quién las entregó, cuántos trabajadores sindicalizados han dejado de prestarle sus servicios desde el veintinueve de junio de dos mil siete, si ha contratado trabajadores durante los últimos doce meses, sin verificar su pertenencia al sindicato demandado y cuántos; tampoco se formuló controversia al respecto, salvo en lo relativo al descuento de las cuotas sindicales, como consta en la contestación al inciso B) de la demanda, donde sólo se sostuvo, en forma general, que la empresa ha incumplido con la obligación de descontar cuotas sindicales y de entregar su monto al sindicato demandado (foja 67), mas no se precisó que ello hubiere ocurrido en determinado periodo, ni lo relativo a quién se entregaron esas cuotas; siendo ociosas, inútiles e intrascendentes, las preguntas al respecto, porque ello no tiende a demostrar que el demandado cuenta con mayor interés profesional que el actor, para continuar siendo el titular de la administración del contrato colectivo de trabajo, al igual que sucede con las demás preguntas formuladas al sindicato y empresa mencionados, por la misma razón, así que su desechamiento es apegado a lo dispuesto por el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo. Menciona el quejoso en su séptimo concepto de violación, que fue incorrecto que la Junta le desechara las pruebas I a VII que ofreció, para acreditar la existencia de diversas irregularidades cometidas en la diligencia de recuento, con el argumento de que resultan inútiles e intrascendentes, además de que las objeciones no se hicieron en el momento procesal oportuno y el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, sólo permite ofrecer pruebas respecto a los trabajadores que concurrieron al recuento, por tanto, las objeciones deben ser particularizadas respecto a si son de confianza, a si ingresaron con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda o (sic) si fueron separados con anterioridad a ese hecho, pues lo importante es la voluntad de los votantes; porque al decir del promovente, no se le permitió acreditar las irregularidades mencionadas y resulta absurdo que las objeciones deban ser particularizadas, ya que si todos fueron presionados, es ilógico que se le exija señalar el nombre de todos y cada uno de ellos, si la objeción se formuló en cuanto a todos los votantes. Resulta infundado lo anterior, ya que el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, prevé en su fracción V, que: ‘Las objeciones a los trabajadores que concurran al recuento, deberán hacerse en el mismo acto de la diligencia, en cuyo caso la Junta citará a una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas’; lo que significa que, en principio, sólo se permite hacer valer objeciones contra trabajadores que aunque hayan concurrido al recuento, al decir de quien las formula, no tienen derecho a votar, ya sea porque no son trabajadores de la empresa de que se trate, o bien, en razón de que hayan sido despedidos antes de la fecha de presentación del escrito de demanda o que se trate de personal de confianza o que hayan ingresado al servicio antes de la fecha señalada, como lo disponen las fracciones II, III y IV del artículo 931 invocado y esto hace necesario que las objeciones se particularicen sobre dichas cuestiones; sin que ello impida que si se formulan en sentido general, puedan ser analizadas y, en su caso, declararse procedentes, cuando por su naturaleza grave y trascendente así lo ameriten, como por ejemplo cuando se trate de alguna acción intimidatoria de la voluntad de los trabajadores, que afecte su decisión o el desarrollo del propio recuento, siempre que se formulen dentro de dicha diligencia, no con posterioridad, pues la audiencia que para tal efecto se prevé, sólo es para ofrecimiento de pruebas relacionadas con esas objeciones. Así se infiere del contenido de las tesis aisladas emitidas por las extintas Sala Auxiliar y Cuarta Sala, así como por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas a páginas 49 del Volumen 151-156, Séptima Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, a páginas 27, Volumen 71, Quinta Parte de la Séptima Época del Semanario citado, y páginas 299 del Tomo XVII, junio de 2003, de la Novena Época de dicho Semanario, que dicen así: ‘RECUENTO DE TRABAJADORES. AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y RENDICIÓN DE PRUEBAS.’ (se transcribe). ‘RECUENTO DE TRABAJADORES, OBJECIONES EN EL.’ (se transcribe); y ‘RECUENTO DE TRABAJADORES. LAS OBJECIONES POR IRREGULARIDADES DURANTE SU DESAHOGO DEBEN FORMULARSE EN EL ACTO MISMO DE LA DILIGENCIA.’ (se transcribe). Ahora bien, del acta de la diligencia de recuento, se advierte que al concluir éste por parte de los actuarios, el sindicato demandado formuló sus objeciones en los términos transcritos en el párrafo tercero del considerando cuarto del laudo reclamado (fojas 230 y 230 vuelta), mismo que a su vez obra asentado en el resultando tercero de esta ejecutoria y por lo mismo, no se transcribe nuevamente, a fin de evitar repeticiones innecesarias, objeciones que fueron formuladas únicamente respecto a los siguientes puntos: 1. Se objetan todos y cada uno de los votos emitidos a favor del actor, porque los trabajadores ‘se vieron’ presionados para hacerlo así, en razón de que el recuento se desahogó en el interior de la empresa, lo cual les causó dicha presión; y, porque asistieron personas ajenas a la fuente de trabajo (sin precisar cuántas, ni quiénes), que mantuvieron diálogo permanente con aquéllas. 2. También, porque a los actuarios les fue solicitado que se permitiera repreguntar a los votantes, pero no lo autorizaron. 3. Asimismo, en razón de que dichos actuarios desahogaron la diligencia con copias simples de las listas del entero de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, que por lo mismo carecen de valor probatorio. 4. Agregando el demandado que él es el titular y administrador del contrato colectivo de trabajo y tiene un padrón de setecientos veintiséis trabajadores sindicalizados, pero como la empresa no le ha entregado padrones actualizados, entonces, sólo se debe tomar en cuenta esa cantidad de trabajadores a su servicio (fojas 182 a 184). Posteriormente, en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas relacionadas con dichas objeciones, celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil siete, el sindicato demandado exhibió el escrito del catorce de septiembre anterior, en cuyos apartados 1 al 11, señaló las irregularidades que en su concepto se incurrió durante el desahogo del recuento cuestionado (fojas 198 a 200), mismos que el quejoso transcribe en este séptimo concepto de violación; ahora bien, del contenido de los apartados 1 al 7, se advierte que ninguno tiene relación con las objeciones apuntadas, por referirse a cuestiones distintas, como a que la empresa no exhibió los documentos de los trabajadores sindicalizados, sino otros que no precisan si son así o de confianza, que los recibos exhibidos no contienen descuentos de cuotas sindicales, ni se hizo constar que los que votaron eran sindicalizados, que los documentos exhibidos carecen de sellos o firmas que los autentifiquen, que los actuarios no identificaron ni clasificaron a los trabajadores, ni señalaron su identificación, ni permitieron votar a los sindicalizados, ni la votación se llevó en forma individual y particularizada; el apartado 8 dice que la empresa presionó a los trabajadores para emitir su voto a favor del actor, pero la objeción no se formuló así, sino en el sentido de que los votantes se vieron presionados por el hecho de que la diligencia se desahogó en el interior de la empresa y esto les causó dicha presión, lo que es distinto; y si bien es cierto que en el segundo párrafo del apartado 8, se dice que hubo personas ajenas a la misma que platicaron con los trabajadores para presionarlos, también lo es que, según se vio con antelación, al formular esa objeción, el demandado no precisó a cuántas personas se refirió, ni quiénes, ni si eran de la empresa o del sindicato actor, ni qué les dijeron a aquéllos para presionarlos y menos, los actuarios dieron fe de ese hecho, sino al contrario, pues hicieron constar que: ‘... SE PRESENTARON A EMITIR SU VOTO DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA ...’ (foja 179), lo que hace prueba en contra del objetante, por virtud de que los actuarios tienen fe pública. Tocante a lo dicho en el apartado 9, sobre que no se permitió repreguntar a los votantes, ello carece de relevancia, en razón de que según se vio con antelación, no es procedente repreguntar a los mismos en la diligencia de recuento; referente a lo manifestado en el apartado 10, sobre que la empresa exhibió copias simples del entero de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, esto también es intrascendente, puesto que según ya se estableció, esos no fueron los únicos documentos que se exhibieron para el desahogo del recuento, sino también los recibos de pago de salarios que resultaron suficientes para tal efecto; y, por lo consiguiente, lo expresado en el apartado II, respecto a que la empresa no exhibió los padrones de los trabajadores sindicalizados que le fueron solicitados, ello también es irrelevante, porque además de que no es obligación de los patrones elaborar dichos padrones, sino de los sindicatos, en términos de los artículos 365, fracción II y 377, fracción III, en relación con el 132, aplicado a contrario sensu, de la Ley Federal del Trabajo, resulta que la empresa exhibió en la especie, se repite, los recibos de pago de salarios, en los que aparece el descuento de cuotas sindicales y, por tanto, se demostró el carácter de trabajadores sindicalizados de los votantes. En el citado escrito, el sindicato demandado ofreció como pruebas para acreditar las cuestiones expuestas en el mismo y las objeciones formuladas, entre otras, las siguientes: I. La declaración y/o interrogatorio libre a cargo del secretario general del sindicato actor. II. La declaración y/o interrogatorio libre a cargo de la empresa. III. La confesional a cargo del actor. IV. La confesional a cargo de la empresa. V. La declaración y/o interrogatorio libre a cargo de todos y cada uno de los supuestos trabajadores que votaron el día del recuento. VI. La confesional a cargo de los mismos; y, VII. La testimonial a cargo de **********, ********** y ********** todos ellos con domicilio en el Estado de ********** (fojas 200 a 202). La Junta desechó esas pruebas con el argumento de que no se ajustan a lo dispuesto por el artículo 931 de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21216-6fb4b9ee/recuento-para-determinar-la-titularidad-del-contrato-colectivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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