PRUEBA PERICIAL MÉDICA PARA DEMOSTRAR EL ESTADO DE INVALIDEZ DE UN ASEGURADO. SU VALOR PROBATORIO NO DEPENDE DE QUE EL PERITO HAGA MENCIÓN DEL SALARIO QUE AQUÉL PERCIBÍA, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 231/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia de trabajo, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este sentido, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, órgano jurisdiccional emisor de uno de los amparos directos que motivaron la denuncia indicada y el cual tiene facultad para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es oportuno conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las respectivas ejecutorias.
A. El criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se formó con motivo de los amparos directos DT. 9419/97, DT. 2689/98, DT. 3659/98, DT. 3799/98 y DT. 4879/98.
En el amparo directo DT. 9419/97 promovido por **********, se tienen los siguientes antecedentes:
1. Mediante escrito presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ********** por conducto de su apoderado, demandó del ********** entre otras cosas, el otorgamiento de la pensión por invalidez a que se refiere el artículo 128 de la Ley del Seguro Social.
2. Tocó conocer del asunto a la Junta Especial Nueve Bis de la citada Federal, la que dictó laudo el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y siete en el expediente *********** en el cual resolvió declarar improcedente la acción, porque la pericial médica resultaba insuficiente por sí sola para acreditar que se encontraba imposibilitada para procurarse mediante trabajo, una remuneración superior del cincuenta por ciento de la habitual, en términos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social.
3. Inconforme con el laudo ********** por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo directo cuyo conocimiento tocó al Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el que en sesión de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y siete, resolvió lo siguiente:
AD. 9419/97.
"TERCERO. Los conceptos de violación son infundados. La quejosa en sus conceptos de violación sostiene que a su juicio es equivocada la absolución hecha por la responsable de las prestaciones reclamadas, pues desde su punto de vista, con la prueba pericial acreditó que está imposibilitada para procurarse mediante un trabajo con remuneración superior al cincuenta por ciento de la percepción habitual recibida durante el último año de trabajo, sobre todo que los profesionales coincidieron con (sic) señalar las enfermedades que padece, por lo que se le debió otorgar la pensión que demandó, pues en todo caso con la presunción advertida de la prueba se acredita ese extremo conforme al criterio que invoca; argumentos en los que no le asiste razón por los siguientes motivos. Es verdad que con la prueba pericial se demuestra que la actora padece algunas enfermedades de tipo general, y que tanto el perito de la demandante como el perito tercero en discordia, coinciden en que dada la irreversibilidad de los padecimientos que porta la trabajadora, la imposibilitan para desempeñar alguna labor que le permita proporcionarse mediante un trabajo, una remuneración superior, al cincuenta por ciento de su percepción habitual, otorgada durante el último año de actividad y que esa imposibilidad deriva de una enfermedad no profesional y, por ende, se hace acreedora al pago de la pensión prevista en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social; también es cierto que la prueba pericial es eficaz en algunos casos, para demostrar la imposibilidad a que se hizo mérito. Sin embargo, en la especie tal medio de convicción resulta inconducente para demostrar ese extremo, porque como bien lo observó la Junta, los peritos no dan las razones suficientes por las que a su juicio, la actora está incapacitada para procurarse mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo, dado que el solo hecho que señalen que se encuentra imposibilitada para ello por la irreversibilidad de sus enfermedades, no es determinante, pues para que ello sucediera los profesionales debieron precisar la actividad que desempeñaba la trabajadora, la remuneración que obtenía, así como las aptitudes físicas que debía reunir la demandante para poderla desarrollar, e indicar en qué forma los padecimientos que tiene la trabajadora, la limitan en el desempeño de las labores que hace, o la forma en que esos padecimientos influyen para realizar cualquier otra actividad, que le procuren el monto salarial antes indicado y así poner en evidencia que se está en el supuesto previsto en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social. Luego, en este caso no es suficiente la presunción advertida del dictamen pericial para poner de manifiesto la imposibilidad de que se trata, pues a juicio de este tribunal, no basta con que los peritos hagan la manifestación correspondiente, sino que es necesario que den los motivos y razones por los que a su parecer exista (sic) la imposibilidad en mención, para poner de manifiesto el nexo entre la enfermedad y la imposibilidad, pues esos sólo son auxiliares de la administración de la justicia y, por ello, quien debe apreciar los peritajes en su eficacia, es el juzgador. En esa virtud, es correcta la decisión de la Junta y, por ende, inaplicable el criterio que invoca la peticionaria en su favor, sobre todo que el perito del demandado sostuvo que un tratamiento adecuado (sic) la trabajadora puede superar los padecimientos que sufre, amén de que la demandante sólo cuenta con cuarenta y tres años de edad, lo que si bien por sí mismo no es motivo para estimar improcedente la pensión; sí es digno de ser observado para tomar la decisión respectiva. Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver el juicio de amparo directo número DT. 6319/97. En las narradas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación y, por consiguiente, no habiéndose demostrado infracción a norma secundaria en perjuicio de la quejosa, ni de sus garantías individuales, lo que procede es negar el amparo que se solicita. ..."
En similares términos el señalado Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvió el amparo directo DT. 3799/98, promovido por la asegurada, relacionado con el amparo directo DT. 3789/98, motivo por el cual no se hará transcripción de la parte considerativa.
En el amparo directo DT. 4879/98 promovido por el **********, se tienen los siguientes antecedentes:
1. Mediante escrito presentado ante la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje ********** demandó del **********, entre otras cosas, el otorgamiento de la pensión por invalidez a que se refiere el artículo 128 de la Ley del Seguro Social.
2. La Junta dictó laudo en el cual resolvió declarar procedente la acción, porque la pericial médica resultaba suficiente por sí sola para acreditar los extremos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social.
3. Inconforme con el laudo, el ********** promovió juicio de amparo directo cuyo conocimiento tocó al Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el que en sesión de trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho, resolvió lo siguiente:
AD. 4879/98.
"CUARTO. Es infundado e inoperante lo alegado por el quejoso en el concepto de violación hecho valer, según lo siguiente: Aduce en síntesis, que la responsable concede eficacia a los dictámenes del actor y tercero en discordia, condenando al cubrimiento de una pensión de invalidez; que ello era incorrecto, porque la autoridad se inclinó en beneficiar al actor, sin tomar en cuenta el dictamen del perito del peticionario; que por otro lado, la Junta no precisa pormenorizadamente el porqué, le otorga valor a las mencionadas opiniones; invocando al efecto la jurisprudencia del rubro: ‘INVALIDEZ, ESTADO DE, PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.’; que de la misma se desprendía que el actor estaba obligado a demostrar a través de pruebas suficientes, la imposibilidad de obtener una remuneración laboral superior al cincuenta por ciento de la que habitualmente percibía, así como el impedimento para desarrollar su trabajo específico o cualquier otro; que de los dictámenes que pondera la responsable no se apreciaba que el trabajador reuniera tales requisitos, los cuales también establece el artículo 128 de la Ley del Seguro Social. Lo anterior es así, porque el peticionario solamente se duele de lo antes referido, sin establecer ningún argumento lógico jurídico en relación a las constancias de autos, a fin de evidenciar la ilegalidad que le causa perjuicio, es decir, sus manifestaciones resultan genéricas y ambiguas; pero además, adverso a lo sostenido por éste, la Junta sí examinó el dictamen rendido por su perito, expresando que carecía de valor al no contar con elementos de veracidad, pues omitía indicar el motivo por el cual la enfermedad del actor no le producía una limitación funcional o disminución alguna en su capacidad; asimismo examinó las opiniones de los peritos del actor y tercero en discordia, tomándolos en cuenta porque en su elaboración contenían elementos que le daban credibilidad a sus conclusiones, al comprender estudios pormenorizados de los padecimientos del actor, tanto científicos, como clínicos, exploración física, estudios complementarios y de especialidad como RX y ortopedia, y fundándose en los numerales legales respectivos; que consecuentemente con dichas probanzas quedaba acreditado el estado de invalidez del actor, en términos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social, al estar imposibilitado para procurarse mediante un trabajo una remuneración mayor al cincuenta por ciento, por lo que procedía condenar al otorgamiento y pago de la pensión respectiva. De lo que se advierte que la Junta expresó los argumentos por los cuales prefirió el parecer de los señalados peritos, en los que apoyó la condena decretada, fundando y motivando su decisión, sin que respecto a ello el peticionario realice alguna manifestación. Por otro lado, también se aprecia que la responsable determinó imponer la señalada condena, en virtud de lo que manifestaron los expertos respecto a la imposibilidad del actor para desempeñar algún trabajo y, en consecuencia, la de obtener una retribución equivalente al cincuenta por ciento al salario que percibía. Lo que resulta congruente con lo expresado por los peritos aludidos, quienes concluyeron: El tercer padecimiento es del orden general por no tener relación de causa efecto con su medio ambiente laboral o accidente de trabajo. Pero de acuerdo a su evolución crónica e irreversible del padecimiento, que le impiden realizar esfuerzos físicos y de carga, el actor se encuentra imposibilitado para desempeñar trabajo alguno, y percibir por éste una remuneración del cincuenta por ciento de su remuneración habitual. Por tanto, presenta estado de invalidez conforme al artículo 128 de la Ley del Seguro Social y ********** es portador en la actualidad de los padecimientos antes mencionados el cual corresponde al orden general y sin lugar a valuación, pero que dicho padecimiento por su carácter crónico, irreversible y evolutivo lo imposibilita para procurarse mediante un trabajo una remuneración mayor del 50%, acreditando estado de invalidez conforme al artículo 128 de la Ley del Seguro Social. De lo que se observa que tanto el perito del actor como el tercero en discordia señalaron los motivos por los cuales el asegurado no podía desempeñar otro puesto que le permitiera obtener la cantidad de referencia. Siendo importante denotar que de la propia jurisprudencia que invoca el quejoso, se advierte que la prueba pericial en su caso puede resultar apta para acreditar los extremos del indicado numeral 128, cuando de la misma se desprenda, por las particularidades del caso o la naturaleza de la enfermedad, que el asegurado está impedido para desempeñar alguna actividad con una remuneración como la establecida por el legislador. Asimismo es aplicable en la especie, lo contemplado en la tesis 7/97, sustentada por este Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos 2689/98 y 9419/97, instaurados por el ********** y ********** respectivamente, sesionados el once de marzo de mil novecientos noventa y ocho y veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de votos, del tenor siguiente: ‘INVALIDEZ. REQUISITOS DE EFICACIA, PARA QUE LA PRUEBA PERICIAL SEA SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR QUE EL ASEGURADO ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PROCURARSE, MEDIANTE UN TRABAJO, UNA REMUNERACIÓN SUPERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO.’ (se transcribe). Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 51/96, publicada en la página doscientos sesenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo IV, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y seis, bajo el rubro: ‘INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.’, estableció que entre otras, la prueba pericial es idónea para demostrar la imposibilidad del interesado de generarse el cincuenta por ciento de la remuneración percibida durante el último año. Ahora bien, para que adquiera eficacia esa prueba, es necesario que los peritos en sus dictámenes, expresen de manera objetiva y razonada, los elementos por los que desde su perspectiva, el asegurado padece la imposibilidad de que se trata, como son las labores que desempeñaba, el monto de los salarios que percibió en el último año, las enfermedades que padece, la forma en que esas enfermedades influyen para que el trabajador no pueda percibir el cincuenta por ciento del numerario que venía recibiendo durante el último año que laboró, por estar incapacitado para seguir desempeñando las labores que venía desarrollando, o bien, los motivos por los cuales no puede desempeñar otro puesto que le permita obtener la cantidad de referencia, para que la Junta esté en posibilidad de ejercer su facultad decisoria. En consecuencia, la prueba pericial no alcanza eficacia, cuando en los estudios los profesionales únicamente establezcan que el asegurado tiene derecho al pago de la invalidez por encontrarse en los supuestos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social. En cuyas condiciones, al ser los motivos de impugnación de la manera reseñada y no existir transgresión de garantías individuales, lo dable es negar la medida solicitada. ..."
Con similares consideraciones el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvió los amparos DT. 2689/98 y DT. 3659/98, promovidos por el ********** motivo por el cual resulta innecesaria hacer transcripción de sus consideraciones.
Las cinco ejecutorias anteriores originaron la emisión de la tesis de jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"No. Registro: 916,049
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Jurisprudencia
"Fuente: Apéndice 2000
"Tomo: V, Trabajo, Jurisprudencia TCC
"Materia(s): Laboral
"Tesis: 912
"Página: 779
"Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 1998, página 527, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.9o.T. J/32.
"INVALIDEZ, ESTADO DE. REQUISITOS DE EFICACIA PARA QUE LA PRUEBA PERICIAL SEA SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR QUE EL ASEGURADO ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PROCURARSE, MEDIANTE UN TRABAJO, UNA REMUNERACIÓN SUPERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO. Uno de los requisitos para justificar el estado de invalidez, de conformidad con el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, es que con motivo de una enfermedad o accidente no profesionales, el trabajador se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la percepción habitual recibida durante el último año de trabajo. Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 51/96, publicada en la página doscientos sesenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y seis, bajo el rubro: ‘INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.’, estableció que, entre otras, la prueba pericial es idónea para demostrar la imposibilidad del interesado de generarse el cincuenta por ciento de la remuneración percibida durante el último año. Ahora bien, para que adquiera eficacia esa prueba, es necesario que los peritos, en sus dictámenes, expresen de manera objetiva y razonada los elementos por los que desde su perspectiva, el asegurado padece la imposibilidad de que se trata, como son las labores que desempeñaba, el monto de los salarios que percibió en el último año, las enfermedades que padece, la forma en que esas enfermedades influyen para que el trabajador no pueda percibir el cincuenta por ciento del numerario que venía recibiendo durante el último año en que laboró, por estar incapacitado para seguir desempeñando las labores que venía desarrollando, o bien, los motivos por los cuales no puede desempeñar otro puesto que le permita obtener la cantidad de referencia, para que la Junta esté en posibilidad de ejercer su facultad decisoria. En consecuencia, la prueba pericial no alcanza eficacia, cuando en los estudios los profesionales únicamente establezcan que el asegurado tiene derecho al pago de la invalidez por encontrarse en los supuestos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social."
B) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito al fallar el juicio de amparo directo AD. 1186/2008, tomó en consideración los siguientes antecedentes:
1. ********** demandó el otorgamiento y pago de una pensión por invalidez conforme lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley del Seguro Social de 1973, que estuvo vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, toda vez que el quejoso se acogió al citado régimen.
2. El instituto demandado se excepcionó en el sentido de que el actor no se encuentra imposibilitado para procurarse mediante un trabajo una remuneración superior al 50% de la habitual obtenida por un trabajador sano de la misma entidad con su misma capacidad y categoría.
3. La autoridad determinó que la carga de la prueba corresponde a la parte actora y ofreció como medio de convicción la prueba pericial médica, con la que acredita que presenta enfermedad de origen no profesional que lo deja en estado de invalidez, ya que se encuentra imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración habitual percibida durante el último año como lo marca el artículo 128 de la Ley del Seguro Social.
4. En consecuencia, la autoridad condenó al ********** a otorgar y pagar al actor una pensión de invalidez en los términos en que se demandó.
5. Inconforme con el laudo anterior, el ********** promovió juicio de amparo cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito con el número 1186/2008 y en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil nueve, dictó resolución bajo las siguientes consideraciones:
AD. 1186/2008.
"SEXTO. En los conceptos de violación segundo y tercero, los cuales se analizan conjuntamente dada su íntima vinculación, expresa el amparista que la Junta vulneró en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, ya que omitió observar lo dispuesto por el numeral 128 de la Ley del Seguro Social abrogada así como el 119 de su similar vigente, al valorar inadecuadamente las periciales médicas ofrecidas, porque del artículo 128 mencionado se desprenden dos hipótesis que deben cumplirse para que la pensión por invalidez proceda, que son: a) que el demandante demuestre los padecimientos generales sufridos y, b) a consecuencia de éstos la imposibilidad para procurarse mediante un trabajo una remuneración superior al cincuenta por ciento de la percibida durante el último año de trabajo; extremo este último que asevera no fue justificado por el actor. Asimismo sostiene que en los dictámenes de los peritos médicos del actor y tercero en discordia no existen elementos de convicción que acrediten la existencia de las patologías descritas, que en los mismos únicamente señalan que se le tiene que otorgar y pagar al actor una pensión de invalidez, pero que no justifican que las enfermedades que encontraron le impidan continuar laborando, así como tampoco que ya no pueda procurarse mediante un trabajo una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo, ni que esa imposibilidad derive de enfermedad o accidente no profesional. Por último que la Junta pasó por alto analizar el dictamen médico de la perito de su intención, el cual se encuentra debidamente fundado y motivado, en donde se concluyó, una vez confrontadas con las actividades del puesto de trabajo del actor con las enfermedades detectadas, que éste no presente un estado de invalidez. Es infundado lo argumentado, toda vez que en autos del juicio laboral sí se demostró que el actor se encuentra dentro del supuesto que establece el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, que previene lo siguiente: ‘Artículo 128. Para los efectos de esta ley, existe invalidez cuando se reúnen las siguientes condiciones: I. Que el asegurado se haya (sic) imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo proporcionado a su capacidad, formación profesional y ocupación anterior, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual que en la misma región reciba un trabajador sano, de semejante capacidad, categoría y formación profesional. II. Que sea derivada de una enfermedad o accidente no profesionales, o por defectos o agotamiento físico o mental o bien cuando padezca una afección o se encuentre en un estado de naturaleza permanente que le impida trabajar.’ (sic). De acuerdo con el precepto legal transcrito, para la demostración del estado de invalidez a que el mismo se refiere, es menester la concurrencia de dos requisitos: 1. Que el asegurado no esté en posibilidad de procurarse una remuneración laboral superior al cincuenta por ciento de la que habitualmente hubiera percibido en el último año de trabajo (el cual afirma el quejoso no quedó debidamente acreditado en el juicio) y 2. Que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. Ahora bien, la lectura del laudo reclamado pone en evidencia que la Junta responsable para determinar sobre la procedencia de la pensión de invalidez exigida y condenar a la institución quejosa al otorgamiento y pago de la misma, sí analizó los dictámenes emitidos por los peritos de las partes, así como por el tercero en discordia, otorgándoles valor, al del perito oficial de la intención del actor y al del tercero en discordia, por considerarlos más completos, debido a que fueron suficientes y adecuados los estudios médicos en que se apoyaron para determinar que las patologías generales que presenta el asegurado en su organismo le impiden estar en condiciones para poder desempeñar su trabajo como carpintero. Asimismo, le negó eficacia probatoria al dictamen emitido por la perito médica de la intención del instituto demandado, doctora ************, al considerar que aun cuando en dicho dictamen la referida experta también realizó diversos estudios al actor de laboratorio y gabinete, así como en los departamentos de traumatología, medicina física y rehabilitación, radiología y salud en el trabajo; sin embargo, no detectó la totalidad de las patologías presentes en el asegurado y que le producen estado de invalidez, ya que únicamente le encontró la enfermedad ***********, pero no valoró las demás patologías que también afectan su salud, tales como el *********** que le provocan ***********, ya que ni siquiera percibe la luz, así como ***********; enfermedades que en su conjunto sí afectan la capacidad laboral del trabajador, reiterando que como la perito del instituto demandado no valoró en su totalidad el estado de salud del demandante, ya que no lo remitió al departamento de oftalmología, la confrontación que hizo entre las enfermedades detectadas y el perfil de trabajo resulta errónea. La valoración hecha por la Junta responsable es correcta, por lo siguiente: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 28/96, pronunció jurisprudencia visible en las páginas 232 y 233 del Tomo V del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.’ (se transcribe). Asimismo, el antes Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, hoy especializado en Materia de Trabajo, pronunció jurisprudencia, misma que este Tribunal Colegiado comparte, visible en la página 273 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio de 1998, que dice: ‘INVALIDEZ, ESTADO DE. LA PERICIAL MÉDICA ES APTA PARA ACREDITARLO, SI DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL ASEGURADO Y LA NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD O ACCIDENTE, SE DESPRENDE SU IMPOSIBILIDAD PARA DESEMPEÑAR ALGUNA ACTIVIDAD CON UNA REMUNERACIÓN SUPERIOR AL 50% DE LA QUE RECIBIÓ DURANTE EL ÚLTIMO AÑO LABORADO.’ (se transcribe). De conformidad con los criterios jurisprudenciales transcritos, se advierte que una de las pruebas idóneas para acreditar que un asegurado no está en posibilidad de procurarse una remuneración superior al cincuenta por ciento de la percepción que recibió durante el último año laborado, es la pericial médica, siempre y cuando de las particularidades del caso o la naturaleza de la enfermedad se justifique el extremo indicado. Obran en autos los dictámenes rendidos por los peritos de las partes y el tercero en discordia, los cuales dicen: El perito oficial de su intención, doctor *********** dictaminó: (se transcribe). Por último, el perito tercero en discordia, doctor ********** dictaminó: (se transcribe). De los dictámenes transcritos, se advierte que tal como lo determinó la Junta responsable, los emitidos por los peritos de la intención del actor y tercero en discordia resultan más completos que el emitido por la perito del instituto demandado, aquí quejoso, pues en los mismos se hizo constar que el asegurado presenta enfermedades de carácter general que dejan en él un estado de invalidez, con base en una serie de estudios clínicos que se le practicaron para emitir un diagnóstico real y verdadero, ya que se apoyaron en los departamentos de traumatología y ortopedia, oftalmología, radiodiagnóstico y medicina legal, para emitir su opinión y concluir que las patologías que presenta, como ***********, lo limitan para desempeñar la ocupación de ***********, para la que requiere de integridad anatómica y funcional de ************, ya que lo ponen en gran desventaja al lado de un trabajador sano de su misma categoría y capacidad para obtener un empleo que le permita ingresos superiores a un cincuenta por ciento, como lo prevé el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, dada la disminución fisiológica que lo aqueja. Por lo anterior, no tiene razón el amparista al sostener que en la especie no se justificó con la prueba pericial ni con alguna otra, que se configurara una imposibilidad para la procuración de por lo menos un cincuenta por ciento de la remuneración habitual percibida en el último año, es decir, lo preceptuado por el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, pues contrario a ello, el actor sí acreditó de manera fehaciente en el juicio, que padece enfermedades generales, de acuerdo con los dictámenes periciales a cargo de los peritos ************* y *********** en donde se pueden apreciar en su integridad sus circunstancias personales, relativas a su edad, antigüedad laboral, trabajos desempeñado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21810-3ccad360/prueba-pericial-medica-para-demostrar-el-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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