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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR TERRITORIO DE LA AUTORIDAD LABORAL. PARA DETERMINARLA PUEDE CONSIDERARSE EL DOMICILIO QUE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS ESTABLEZCAN EN CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA EN LA QUE DESARROLLEN SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE, INDEPENDIENTEMENTE DEL QUE SU LEY ORGÁNICA LES ASIGNE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19898
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CITADO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 978.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CITADO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, dado que el tema a dilucidar es de la materia laboral, especialidad de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues se hizo valer por José Juan Echaide Sánchez, parte actora en el juicio laboral de donde deriva la resolución de conflicto competencial 19/2006, cuyo criterio se denuncia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Los antecedentes y consideraciones de las ejecutorias que se denuncian como contradictorias, son los siguientes:

A. De la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal del citado circuito, en el amparo en revisión número 457/2005, promovido por Alfredo Pérez Ruiz, se obtienen los siguientes:

Antecedentes:

Ante la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Alfredo Pérez Ruiz demandó de Petróleos Mexicanos Corporativo y Subsidiariamente de Pemex Exploración y Producción diversas prestaciones.

La señalada Junta admitió la demanda y en la audiencia trifásica, las empresas demandadas plantearon incidente de incompetencia en términos de los artículos 700, 703 y 762 de la Ley Federal del Trabajo.

La Junta cuya sede está en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, se declaró incompetente para conocer del juicio y ordenó remitir los autos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Reynosa Tamaulipas, para que conociera y resolviera el juicio laboral, la cual se declaró competente para conocer del asunto.

Inconforme con la resolución anterior, el actor en el juicio laboral promovió juicio de amparo indirecto correspondiendo conocer al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica de Hidalgo.

Inconforme con la resolución emitida por el Juez de Distrito, el apoderado de Petróleos Mexicanos, así como de Pemex Exploración y Producción, promovió recurso de revisión que fue remitido al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, quien resolvió revocar la sentencia y declaró competente para conocer del juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad de Reynosa.

El Juez Décimo Primero de Distrito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, a quien correspondió conocer del asunto, por razón de turno, aceptó la competencia y resolvió que la Junta competente para conocer de la controversia es la residente en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y no la que reside en Reynosa, Tamaulipas por haber sido el último lugar en que laboró el quejoso. Expuso además, que las empresas demandadas tienen sus oficinas establecidas en dicha ciudad y la elección del actor determinó la competencia territorial, por lo que es en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, donde debe tramitarse el juicio laboral.

Inconformes con la anterior resolución, Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, interpusieron recurso de revisión correspondiendo conocer del asunto al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, cuyo presidente lo registró con el número 457/2005 y el criterio emitido es materia de la denuncia de contradicción, por lo cual se transcriben las consideraciones que lo rigen.

"QUINTO. Son fundados los agravios que se hacen valer. En efecto, el recurrente combate la resolución del veintinueve de abril de dos mil cinco, emitida por el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en aquel entonces, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto 119/2005-III, mediante la cual le concedió al quejoso Alfredo Pérez Ruiz, el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitada en contra de actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, consistentes en el auto del dieciséis de marzo de dos mil cuatro, emitido por la Junta última citada, mediante la cual aceptó la competencia que le declinó la primera de las autoridades mencionadas, para conocer del juicio laboral 502/2003, del índice de ésta, actualmente 95/2004, promovido por Alfredo Pérez Ruiz en contra de Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción. El fallo protector, lo apoyó el Juez de Distrito en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 700, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, la sola elección del accionante determina la competencia territorial, conforme a los lineamientos ahí establecidos, esto es, que el precepto legal faculta al actor para elegir la Junta de Conciliación y Arbitraje a quien dirige su demanda; por lo cual, si el quejoso tiene su domicilio en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y prefirió la Junta de Conciliación y Arbitraje de esa ciudad para promover su demanda en contra de Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, ya que estas empresas tienen oficinas establecidas en dicha localidad, la elección del demandante determinó la competencia territorial y, por tanto, es en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, en donde debe tramitarse el juicio laboral y no en esta ciudad, por haber sido el último lugar en el que laboró el solicitante del amparo. Ahora bien, el revisionista sostiene que la manera de resolver del a quo, es incorrecta, pues el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, no establece una facultad tan amplia a favor del trabajador para escoger la Junta que más le convenga para hacer sus reclamos, sino esa decisión está sujeta a supuestos no actualizados en el caso, toda vez que, por un lado, el demandante no prestó sus servicios en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, por tanto, no puede optar por un tribunal obrero con sede en esa ciudad; por otro lado, tampoco se demostró que el contrato de trabajo que alguna vez existió entre las partes contendientes, se haya formalizado en dicha ciudad y, en cuanto al domicilio de los demandados, éstos lo tienen en la Ciudad de México, Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o. y cuarto transitorio de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por lo cual, si el actor, con base a ello tuviera que escoger, tendría que ser una Junta con sede en dicha ciudad y que, por tanto, resulta irrelevante que la parte demandada cuente con oficinas en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; además, que los aspectos de oneroso, molesto y domicilio del trabajador, no forman parte de la regulación legal del tema tratado. Como se anunció al inicio de este considerando, tales alegaciones son fundadas, conforme a las siguientes consideraciones. En principio conviene señalar que la fracción II del artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto enuncia: ‘Artículo 700. La competencia por razón del territorio se rige por las normas siguientes: ... II. Si se trata de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el actor puede escoger entre: a) La Junta del lugar de prestación de los servicios; si éstos se prestaron en varios lugares, será la Junta de cualquiera de ellos. b) La Junta del lugar de celebración del contrato. c) La Junta del domicilio del demandado.’ ... El precepto legal antes reproducido, establece a favor del actor, la facultad de elegir la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la cual presenta su demanda. Esto es, que la sola elección del actor, determina la competencia, por razón de territorio, de la Junta que deba conocer de sus reclamaciones laborales. Sin embargo, tal como lo hace ver el recurrente, dicha facultad no es irrestricta, pues está sujeta a los lineamientos que en tal disposición legal se señalan. Así, será competente por cuestión de territorio, la Junta de Conciliación y Arbitraje del lugar de prestación de los servicios, y si éstos se prestaron en varios lugares, será la de cualquiera de ellos; o bien la del lugar de la celebración del contrato, o la del domicilio del demandado. Por otro lado, conviene destacar que la parte demandada en el juicio natural, ahora recurrente, al dar contestación a la demanda laboral entablada en su contra, promovió incidente de competencia en los siguientes términos: ‘... Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 700, 703, 762, fracción II y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, promuevo incidente de competencia por declinatoria en razón del territorio, toda vez que esa Junta Especial No. 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, resulta ser incompetente para conocer el presente conflicto en virtud de que el actor Alfredo Pérez Ruiz no ha prestado sus servicios a mis representadas Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción en este Distrito Judicial de Poza Rica, Ver., y ni en ninguno de sus centros de trabajo circundantes a este distrito, en virtud de que el hoy actor únicamente se desempeñó como trabajador activo al servicio de mi representada, Pemex Exploración y Producción en la ciudad de Reynosa, Tamps., siendo este último el centro de trabajo en el que se desempeñó el hoy actor al servicio de mi representada Pemex Exploración y Producción tal como se hiciera constar en la tarjeta de trabajo para puesto de planta de confianza No. 22-92 de fecha 7 de enero de 1992, expedido por Pemex Exploración y Producción a nombre de Alfredo Pérez Ruiz, y cuyo domicilio de la citada empresa se ubica en la ciudad de Reynosa, Tamps., y cuya adscripción correspondía al Departamento del Área de Control Geológico Operación Exploratoria Reynosa en la ciudad de Reynosa, Tamps., de tal manera que en términos de lo dispuesto por el artículo 700 de la ley de la materia le corresponde conocer del presente conflicto a la Junta del lugar de prestación de los servicios o bien de la Junta del lugar de celebración del convenio de jubilación celebrado ante la Junta No. 60 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Reynosa, Tamps., lo que significa que al no haber prestado el actor servicios en este Distrito Judicial de Poza Rica, Ver., resulta incompetente esta Junta Especial No. 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje para conocer el juicio que nos ocupa. En virtud de lo anteriormente señalado resulta incompetente esa Junta Especial No. 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje para conocer el presente conflicto toda vez que la relación de trabajo que sostuvo el hoy actor para con la empresa exploración y producción y cuya ubicación del centro de trabajo se encuentra en la ciudad de Reynosa, Tamps., y conforme a lo dispuesto por el artículo 700, fracción II, incisos a) y b), puede ser competente la Junta de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Reynosa, Tamps., y no esta Junta Especial No. 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en razón de que no ha prestado sus servicios el actor en los límites territoriales del distrito en que se ubica la competencia de esta Junta, aunado al hecho de que dicho actor tanto como el trabajador activo y jubilado es controlado por ese centro de trabajo.’ (fojas 129 a 163). Asimismo, en la audiencia incidental respectiva, llevada a cabo el veintidós de enero de dos mil cuatro, entre otras cosas argumentó lo siguiente: ‘... a mayor abundamiento se precisa también que de acuerdo con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, el domicilio legal de dicha empresa, Pemex Exploración y Producción o Petróleos Mexicanos, tampoco se encuentran en esta ciudad, sino en la Ciudad de México, Distrito Federal, razón por la cual por este último hecho tampoco es competente esta Junta ...’ (fojas 171 a 173). Ahora bien, como se hace valer en los agravios vertidos en esta instancia, en donde se reitera lo antes reproducido, en el caso no se da ninguno de los supuestos previstos en la fracción II del artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, para fincarle competencia por razón de territorio a la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a fin de que conozca del juicio laboral promovido por el quejoso en contra de la parte recurrente. En efecto, por cuanto hace a la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción II del precepto legal antes invocado, consistente en que será competente la Junta del lugar de prestación de los servicios y si estos se prestaron en varios lugares, la Junta de cualquiera de ellos, en el caso no se encuentra colmado. Lo anterior es así, pues a fojas ciento sesenta y cuatro y ciento sesenta y cinco del juicio de amparo, obra copia certificada de las tarjetas de trabajo para puesto transitorio de confianza número 457-74 del seis de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, expedida por Petróleos Mexicanos, a nombre de Alfredo Pérez Ruiz, con número de ficha 617001, con la categoría de geólogo ‘D’, con centro de trabajo y lugar de pago en Reynosa, Tamaulipas. Así como la tarjeta de trabajo para puesto de planta de confianza número 22-92 del siete de enero de mil novecientos noventa y dos, expedida por Petróleos Mexicanos, a nombre de Alfredo Pérez Ruiz, con número de ficha 87117, con la categoría de especialista técnico ‘C’, con centro de trabajo y lugar de pago en Reynosa, Tamaulipas. De las documentales antes descritas se desprende que el actor en el juicio laboral y ahora quejoso Alfredo Pérez Ruiz, prestó sus servicios para Petróleos Mexicanos en las categorías antes mencionadas, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, pues en las mismas se señaló que el centro de trabajo se encuentra ubicado en dicha localidad. En tales condiciones, es claro que atendiendo al primero de los supuestos analizados, la competencia se surte a favor de la Junta con residencia en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por ser el lugar en donde está acreditado se prestaron los servicios. En lo tocante al supuesto establecido en el inciso b) de la fracción II del artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo el mismo tampoco se actualiza, toda vez que no existe constancia fehaciente que el contrato laboral se haya celebrado en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, por tanto, tampoco se puede sostener que la Junta con sede en dicha ciudad, sea competente para conocer del juicio laboral de mérito; más aún, atendiendo a las tarjetas de trabajo mencionadas, de las mismas se pudiera inferir que fue en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el lugar de la celebración del contrato, puesto que en esta localidad se prestaron los servicios y se estableció como lugar de pago. Luego, en lo tocante a la última hipótesis, la misma tampoco es aplicable toda vez que la parte demandada en el juicio de origen Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, no tienen domicilio legal en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, sino en la Ciudad de México, Distrito Federal. En efecto, los artículos 2o., 3o. y cuarto transitorio de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, establecen lo siguiente: ‘Artículo 2o. Petróleos Mexicanos, creado por decreto del 7 de junio de 1938, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene por objeto, conforme a lo dispuesto en esta ley, ejercer la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera estatal en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo.’. ‘Artículo 3o. Se crean los siguientes organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mismos que tendrán los siguientes objetos: I. Pemex-Exploración y Producción: exploración y explotación del petróleo y el gas natural; su transporte, almacenamiento en terminales y comercialización; ... Cuarto: El domicilio legal de los organismos creados por esta ley será el Distrito Federal, hasta en tanto en disposiciones reglamentarias se establezca, en su caso, otro diverso.’. Como se observa de los preceptos legales transcritos, el domicilio legal de Petróleos Mexicanos y de Pemex Exploración y Producción es en la Ciudad de México, Distrito Federal, por tanto, conforme al supuesto que se analiza, no es posible fincar competencia a favor de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, toda vez que la parte reo no tiene su domicilio en esta ciudad. Ahora bien, es cierto que la demandada tiene oficinas en la mencionada ciudad de Poza Rica de Hidalgo, pues así lo admite la parte recurrente en su escrito en el que expresó agravios en esta instancia, e incluso, al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, en el tercer piso de su edificio administrativo ubicado en el interior del campo Pemex, colonia La Herradura en dicha ciudad; sin embargo, como bien lo sostiene la parte aquí inconforme, tal circunstancia es irrelevante para efectos de determinar la competencia de una Junta por razón de territorio, pues conforme a los preceptos legales transcritos con anterioridad, el domicilio de la parte reo, por disposición legal, está ubicado en la Ciudad de México, Distrito Federal. Finalmente es de mencionar, que las consideraciones relativas a que es ilegal, ilógico, oneroso y molesto para el quejoso Alfredo Pérez Ruiz, el tener que trasladarse continuamente de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, donde tiene su domicilio a esta ciudad para litigar, que se argumenta en la sentencia recurrida, son cuestiones ajenas a las reglas que se deben tener en consideración para determinar la competencia por razón de territorio de un tribunal obrero, pues este presupuesto procesal, debe ser resuelto atendiendo a lo que dispone la legislación respectiva, dentro de lo cual, no están los aspectos señalados, según se dejó establecido. En tal contexto, al resultar fundados los agravios vertidos en esta instancia, lo que se impone es revocar la sentencia sujeta a revisión."

B. De la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito al resolver el conflicto competencial 19/2006, derivan los siguientes:

Antecedentes:

José Juan Echaide Sánchez en su carácter de trabajador jubilado demandó ante la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Poza Rica, Veracruz, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos Corporativo, el pago de diversas prestaciones.

Emplazada que fue la parte demandada, promovió incidente de incompetencia que fue resuelto por la Junta señalada y se declaró incompetente para conocer y resolver el juicio, atento a que el actor laboró en Mérida, Yucatán, por lo que ordenó remitir los autos al presidente de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Mérida, Yucatán, por considerar que dicha Junta es competente por razón de territorio. La Junta señalada en último término aceptó la competencia declinada.

Inconforme con la anterior determinación José Juan Echaide Sánchez promovió juicio de amparo indirecto cuyo conocimiento correspondió al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida y otorgó el amparo para que emitiera un nuevo acto fundado y motivado pudiendo hacerlo en el mismo sentido o en uno diverso.

En cumplimiento con el fallo protector, la Junta de Mérida determinó que es legalmente incompetente para resolver ya que el actor demandó a Pemex Refinación y Petróleos Mexicanos Corporativo, ambas con domicilio en la ciudad de Poza Rica, Veracruz y remitió los autos al Tribunal Colegiado para que resolviera el conflicto competencial, atento a que las citadas autoridades se declararon incompetentes.

Correspondió conocer del conflicto competencial número 19/2006 al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y resolvió en los siguientes términos:

"ÚNICO. La competencia para conocer de la demanda laboral a la que se alude en el resultando primero de esta ejecutoria, formulada por José Juan Echaide Sánchez y, por tanto, del juicio que se pretende instaurar a través de la misma, debe fincarse a favor de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz, atento a lo que se pasa a exponer. En efecto, una correcta interpretación de lo que dispone el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, el cual determina las reglas a que debe atenderse para fijar en materia laboral la competencia por razón de territorio, permite establecer que el actor está facultado para elegir ante qué Junta de Conciliación y Arbitraje habrá de presentar su demanda, pudiendo optar entre la del lugar de la prestación de servicios, la del lugar de celebración del contrato, o bien la que corresponda según la ubicación del domicilio del demandado. Luego, si de la lectura del referido libelo laboral se observa, claramente, que el nombrado Echaide Sánchez ocurrió ante la aludida Junta Especial Federal a demandar de ‘Pemex Refinación ubicada en el área de superintendencia local de ventas Poza Rica con domicilio en Boulevard González Ortega, primer tramo carretera Coatzintla s/n C.P. 93340 y de manera solidaria y subsidiariamente a la empresa Petróleos Mexicanos Corporativo con domicilio ampliamente conocido en calle 16 Oriente núm. 50 colonia Obras Sociales, ambas con domicilio en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz,’ el pago de las prestaciones precisadas en dicho ocurso, es evidente que la sola circunstancia de que a los entes demandados que se mencionan en la anterior transcripción, se les atribuya un domicilio que, desde luego, se encuentra dentro de la jurisdicción de la indicada Junta, es un factor que conforme a las precitadas reglas determina válidamente su competencia por razón de territorio sin que, por otro lado, pueda ser óbice a tal consideración el lugar geográfico en donde el repetido actor hubiese prestado sus servicios personales subordinados en que basa sus acciones pues, como se ha visto, ello, en todo caso, es una cuestión en función de la cual bien pudo haber optado por presentar su demanda ante la otra Junta contendiente, esto es, la Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Mérida, Yucatán, lo que no hizo, de ahí que la elección del repetido actor, atendiendo, se insiste, al domicilio de los organismos demandados, debe considerarse como válida y, consecuentemente, determinante de la competencia relativa. En apoyo de lo anterior, resulta pertinente invocar, por su sentido y alcance, la jurisprudencia número 2a./J. 7/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento noventa, Tomo I, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco, de rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA LABORAL PLURALIDAD DE DEMANDADOS CON DOMICILIOS EN DIFERENTES JURISDICCIONES TERRITORIALES.’ (se transcribe) así como la tesis número 2a. XI/96, emitida por la propia Segunda Sala de ese Alto Tribunal, visible en la página doscientos sesenta y cuatro, Tomo III, misma época, del indicado órgano de difusión relativo al mes de febrero de mil novecientos noventa y seis, que establece: ‘COMPETENCIA LABORAL POR TERRITORIO. ES DE ORDEN PÚBLICO, IRRENUNCIABLE Y DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA (ARTÍCULO 700, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).’ (se transcribe). Finalmente, es de precisarse que si bien es cierto que desde el punto de vista administrativo tanto el organismo público descentralizado del Gobierno Federal denominado Petróleos Mexicanos, cuanto su organismo subsidiario Pemex-Refinación, tienen su domicilio oficial y sede central en la Ciudad de México, Distrito Federal, también lo es que en el interior de la República cuentan con un sinnúmero de oficinas, instalaciones o establecimientos cuya ubicación, como en el caso a estudio, puede dotar de competencia a las distintas Juntas Federales que existen en el territorio nacional, pues razonamiento en contrario, equivaldría en ese sentido a considerar única y exclusivamente como competentes a las que ejercen jurisdicción en la capital del país, ocasionando así una grave afectación a los trabajadores involucrados en conflictos laborales con tales organismos, pues tendrían que trasladarse de cualquier lugar a dicha capital a litigar sus asuntos, haciéndose de esta manera patente la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que la justicia debe ser pronta, expedita y accesible para todos los gobernados. Así las cosas y toda vez que como se dijo al inicio de este considerando, la competencia para conocer de la demanda formulada por el repetido Echaine Sánchez debe fincarse a favor de la aludida Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz, a fin de que se avoque a conocer del asunto, con copia certificada deberá enviársele el expediente laboral relativo, debiéndose remitir también copia certificada de la propia resolución a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Mérida, Yucatán, para su conocimiento."

CUARTO. En principio, es pertinente tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.

Ahora bien, la existencia de la contradicción de tesis precisa de la reunión de los siguientes supuestos:

a) Dos o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos jurídicos, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros asuntos.

b) Que de tal examen arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

c) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presenten en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Sirven de apoyo a la anterior determinación, las jurisprudencias 26/2001 y 27/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparecen publicadas en las páginas 76 y 77 del Tomo XIII, abril de 2001 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que son del siguiente tenor:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19898-93d00d77/competencia-por-territorio-de-la-autoridad-laboral-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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