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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ACTO CONSISTENTE EN LA INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 424/2009. · Registro digital (IUS): 22053
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 2020.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 424/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. Debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:

"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formularon dos de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (toda vez que la decisión que dio origen a esta contienda, fue resuelta por mayoría de votos).

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.

Para ello es necesario advertir, que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente semejantes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por mayoría de votos en sesión de veintidós de octubre de dos mil nueve, el incidente en revisión ********** determinó, en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Previo a dar el tratamiento que corresponde a los agravios propuestos por los recurrentes, resulta necesario precisar que en el segundo considerando de la interlocutoria recurrida existe incongruencia en la determinación del juzgador referente a la negativa de conceder la medida cautelar por lo que hace a la emisión de la resolución reclamada, de siete de julio de dos mil nueve. Lo anterior es así, pues del análisis que se realizó al expediente relativo al incidente en revisión, se advierte que el quejoso solicitó la medida cautelar únicamente respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado (folio 39), tal como lo señaló el juzgador en la foja 5 de la interlocutoria, sin embargo, en la página 9 de ésta, determinó que la suspensión resultaba improcedente respecto de la emisión de la resolución administrativa al ser un acto consumado. En este contexto, en virtud de que la suspensión en el juicio de garantías y su correcta ejecución son una cuestión de orden público, con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se corrige tal incongruencia y se tiene que la medida cautelar se analizará respecto de las consecuencias de la resolución emitida por el citado órgano de control. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 98, que establece: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos.’. Expuesto lo anterior, es conveniente señalar que para los efectos de la suspensión, el juzgador precisó en el considerando segundo mencionado como actos reclamados, los siguientes: 1. Destitución del puesto que desempeñaba como director de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 2. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año. 3. Sanción económica por la cantidad de $********** (**********), que como se expuso en el considerando tercero de este fallo, no es materia del recurso. 4. Inscripción por el director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal de las sanciones que preceden en el Registro de Servidores Públicos Sancionados. Respecto de los actos detallados en los números 1 y 4 que anteceden, el secretario encargado del despacho determinó negar la suspensión definitiva, en virtud de que la destitución del puesto que desempeñaba el quejoso y la inscripción de las sanciones impuestas en la resolución impugnada en el registro respectivo, para efectos suspensionales, tienen el carácter de consumados, toda vez que, por un lado, el promovente refirió en su demanda que fue destituido; por otra parte, el director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, al rendir su informe previo, manifestó que el diez de julio de dos mil nueve se inscribieron las sanciones en el Registro de Servidores Públicos Sancionados. Además, por lo que hace a la destitución, agregó que no se cumplen los requisitos exigidos por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, porque estimó que la destitución se equipara a un cese, situación en la que se considera que el servidor público removido no resulta idóneo para continuar en el desempeño de su cargo, por ser dicha separación el resultado de una conducta ilícita. Contra tales determinaciones, el quejoso aduce, en síntesis, que el juzgador omitió considerar que en relación con los actos respecto de los cuales se le negó la medida cautelar, consistentes en la ejecución de la destitución del puesto que desempeñaba y la inscripción de las sanciones impuestas en el registro respectivo, tienen el carácter de tracto sucesivo, merced a la prolongación del hecho continuo de manera indefinida a través del tiempo, por lo que, estima, su ejecución debe suspenderse. Como se advierte, las alegaciones del inconforme se encuentran encaminadas a demostrar que los efectos de la destitución y de la inscripción de las sanciones que se le impusieron se prolongan en el tiempo, por lo que son susceptibles de paralizarse. En primer lugar, respecto de la inscripción de las sanciones impuestas al quejoso en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, debe decirse que se trata de un acto consumado, pues tal como lo destacó el secretario encargado del despacho, el director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría del Distrito Federal, al rendir su informe previo, manifestó que el diez de julio de dos mil nueve se inscribieron las sanciones impuestas al inconforme en el citado registro, como se corrobora de la documental que obra en el folio 77 del expediente relativo al incidente en revisión. En este sentido, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, tratándose de actos consumados, es improcedente conceder la medida cautelar, toda vez que equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. En el caso, de conceder la suspensión por la inscripción de las sanciones, sería necesario retrotraer los efectos del acto reclamado, es decir, se tendría que eliminar la inscripción previamente realizada en el registro correspondiente, lo que implicaría dar a la suspensión efectos restitutorios que no le son propios y que deben ser materia del juicio principal, ya que dicha medida únicamente debe tener efectos suspensivos del presente hacia el futuro y jamás hacia el pasado. Corrobora el aserto anterior, la tesis 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, página 13, que establece: ‘ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.’. En segundo lugar, respecto de la destitución del cargo que desempeñaba el quejoso, debe decirse que se trata de un acto cuyos efectos se prolongan en el tiempo, por lo que dada su naturaleza, es susceptible de suspenderse siempre que se cumpla con los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues no basta que el acto pueda paralizarse. Como ya se ha expuesto en párrafos que preceden, el juzgador determinó que no se cumplen los requisitos exigidos por la fracción II del precepto citado, en virtud de que estima se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, ya que la destitución se equipara a un cese, situación en la que se considera que el servidor público removido no resulta idóneo para continuar en el desempeño de su cargo, por ser dicha separación el resultado de una conducta ilícita. En contra de tal determinación, el quejoso manifiesta que el a quo omitió analizar si, efectivamente, con la concesión de la suspensión se afectan los intereses de la sociedad y se contravienen disposiciones de orden público, porque, a su juicio, sólo indicó que hay tal contravención y afectación al tratarse de una sanción equivalente al cese, en razón de que el servidor público no resulta idóneo para continuar en el desempeño del cargo que ocupaba, sin percatarse que en ese momento no ocupaba dicho puesto, sino uno diferente, como se desprende de autos, por lo que materialmente es imposible que pueda causar daños a la colectividad, en consecuencia afirma que se le debió conceder la medida cautelar. Además, asegura que demostró que fue destituido de un cargo diverso (director de Calidad en la Atención dependiente de la Dirección General para la Atención de los Adultos Mayores del Gobierno del Distrito Federal) a aquel que desempeñaba al momento en que se suscitaron los hechos que dieron origen a tal sanción, esto es, como director de Servicios de Salud de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, por lo que su continuación en el último cargo que desempeñaba de ninguna forma tiene por objeto la salvaguarda del servicio que prestó al momento de cometer las infracciones. De la revisión realizada al expediente relativo al incidente en revisión no se advierte la existencia de constancia alguna que acredite que el quejoso ocupara, cuando fue destituido, un cargo diferente al que desempeñaba al cometer las infracciones respectivas, por lo que es patente que la destitución determinada en la resolución de siete de julio de dos mil nueve se refiere al cargo que tenía encomendado al momento en que realizó las conductas infractoras que se le atribuyeron. En este contexto, la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público son un impedimento para la concesión de la suspensión solicitada, ya que, aunque estuviera realizando otro empleo público, es evidente que la sociedad está interesada en que las funciones del Estado, concretadas en la actuación de cada uno de los servidores públicos que lo conforman, se ejerzan por personas exentas de cuestionamientos y que quien se encuentre en la hipótesis de destitución por causas de responsabilidad administrativa por haberse demostrado su ineptitud para desempeñar el cargo, no ostente las facultades inherentes, pues, de lo contrario, se correría el riesgo de afectación para los gobernados y las instituciones. Por interés social se entienden aquellos intereses que deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que es necesario que prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses particulares. De esta manera, la destitución de un servidor público es un acto de interés social y público en contra del cual no procede otorgar la suspensión definitiva, porque involucra el bienestar del orden social de la población, en este caso, en materia de salud pública. Esto es, la sociedad está interesada en que los funcionarios públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad, por ello, se requiere que exista, tratándose de empleados públicos, la confianza no sólo de sus superiores, sino de la población. En estas condiciones, si la destitución de un servidor público, que se equipara al cese, conlleva la acreditación de alguna circunstancia que cuestione la aptitud del sujeto para desempeñar cargos públicos, es improcedente otorgar la medida cautelar solicitada, porque de concederla se contravendría el interés social, pues se reitera que la sociedad se encuentra interesada en que los servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que tienen encomendadas, que dada su naturaleza tienen como finalidad desempeñar una actividad pública del Estado, en el caso, en el ramo de la salud, con el objetivo de salvaguardar y atender las necesidades en esta materia y el bienestar público de los habitantes del Distrito Federal. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a./J. 34/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 444, cuyos rubro y texto, son los siguientes: ‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. La sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo.’. De esta manera, la destitución de un servidor público es un acto de interés general, porque involucra el bienestar del orden social de la población, sin que obste para ello que el quejoso no ocupara el mismo cargo, toda vez que al haber incumplido con las disposiciones de observancia obligatoria en el desempeño del encargo que se le encomendó, no puede considerarse idóneo para seguir realizando funciones de carácter público. En tales circunstancias los agravios que propone el inconforme son infundados. QUINTO. Previo a proceder al estudio de los agravios propuestos por la autoridad recurrente, es conveniente precisar las razones expuestas por el secretario encargado del despacho en el considerando tercero de la interlocutoria recurrida. El juzgador se pronunció en relación con la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público impuesta al quejoso en la resolución reclamada. Expuso que se trata de un acto positivo de ejecución continuada, y resolvió conceder la suspensión, en atención a que estimó que se acreditaban los extremos del artículo 124 de la Ley de Amparo. En relación a este tema, explicó que de no otorgarse la medida cautelar se podrían causar daños de difícil reparación a la parte quejosa, porque estaría inhabilitado en forma temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año, por lo que podía transcurrir parte o el total del tiempo de la sanción sin que se resolviera el juicio de garantías, y de obtener fallo favorable no se le podría reponer o restituir el lapso transcurrido en el que estuvo impedido para desempeñar encargos públicos, máxime que en autos no existen evidencias en cuanto a la responsabilidad del servidor público y de la gravedad y trascendencia de las infracciones que se le atribuyeron, a efecto de poner de manifiesto la incompatibilidad de la prestación del servicio, sino que únicamente consta la calificación que la autoridad realizó; además, determinó que al tratarse de una inhabilitación temporal, el otorgamiento de la suspensión no implica que se transgredan disposiciones de orden público o se siga perjuicio al interés social, toda vez que no se advierte que haya premura en la sociedad respecto de ‘la imposición de la sanción’. Por su parte, la autoridad recurrente, en síntesis, alega que es incorrecto que el a quo haya otorgado la suspensión definitiva para el efecto de que no se realice la inscripción de la sanción impuesta al quejoso, consistente en la inhabilitación temporal, pues con tal determinación se afecta el interés social, al no privilegiarse la procuración de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público, respecto de intereses particulares. Tal como se expuso en el considerando cuarto de este fallo, el juzgador negó la suspensión definitiva por lo que hace a la inscripción de la sanción de la inhabilitación temporal impuesta al promovente, al considerar que dicho acto tiene el carácter de consumado. Con base en tal determinación, el agravio que propone la inconforme debe desestimarse por infundado, en virtud de que parte de una premisa inexacta al afirmar que el juzgador otorgó la medida cautelar. Desde diverso aspecto, la autoridad aduce que el secretario encargado del despacho, al conceder la medida suspensional por el acto consistente en la inhabilitación por un año, únicamente se limitó a decir que no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social, aunado a que de no concederse dicha medida, se causarían daños de difícil reparación al quejoso, pero fue omiso en considerar que con la concesión de tal medida se puede privar de un derecho a la sociedad o causarle un daño a ésta que, de otro modo, no resentiría, por lo que no se satisfacen los requisitos de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, en virtud de que la sociedad se encuentra interesada en el debido cumplimiento de los actos que se le atribuyen al quejoso, los cuales tienden directa o indirectamente al debido desempeño de la función pública como actividad del Estado, independientemente del perjuicio causado al interesado, porque, en todo caso, es mayor el que resentiría el interés general con dicha concesión. Para resolver la problemática planteada resulta necesario realizar algunas precisiones respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado en el juicio de garantías, esto es, la resolución de siete de julio de dos mil nueve emitida por el titular del órgano interno de control en servicios de salud pública del Distrito Federal. Como se desprende de la demanda de amparo, en dicha resolución la autoridad administrativa impuso como sanción al quejoso la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año. En este sentido, es conveniente enfatizar que la orden de inhabilitación contenida en una resolución administrativa trae aparejados dos efectos, a saber:

"Con fundamento en el artículo 68 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la inscripción en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, cuyo objeto es difundir la sanción administrativa que se le impuso al funcionario conforme a los ordenamientos en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como la situación jurídica que dichas sanciones guardan con motivo de las resoluciones emitidas por las autoridades competentes en los medios de impugnación que hagan valer los servidores públicos afectados. En el caso, se reitera que la inscripción constituye un acto consumado, pues el registro se llevó a cabo el diez de julio de dos mil nueve, tal como consta en el expediente relativo al incidente en revisión (folio 77). La inhabilitación per se, es decir, el impedimento para volver a ejercer algún empleo, cargo o comisión en el servicio público durante cierto tiempo o definitivamente, de lo que deriva la existencia de la inhabilitación temporal y la definitiva. Entonces, dada su naturaleza, la inhabilitación constituye un acto cuyos efectos se prolongan en el tiempo, ya que momento a momento el quejoso se encuentra imposibilitado para prestar el servicio público; por ende, es susceptible de suspenderse, tal como lo determinó el juzgador en la interlocutoria, sin embargo, ello no conlleva a que se conceda la medida cautelar en forma automática, sino que además, deben cumplirse los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, entre ellos y que es el que interesa a nuestro estudio, el previsto en su fracción II. El precepto mencionado señala, medularmente, que para conceder la suspensión es necesario que con tal medida no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, asimismo, se advierte que en dicha fracción, el legislador enunció una serie de casos en los que consideró que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones. En relación con los conceptos de ‘perjuicio al interés social’ y ‘contravención al orden público’, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no existe un criterio que defina concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, por lo que corresponde al juzgador apreciar su existencia en los casos concretos que se sometan a su consideración, pero que del examen de la ejemplificación realizada por el legislador, así como por diversas jurisprudencias, se deduce que son conceptos íntimamente vinculados, que se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En este orden de ideas, si bien en relación con la prestación del servicio público, la sociedad está interesada en que los funcionarios cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad, evitando conductas que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en términos del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que tratándose de la inhabilitación temporal, al concluir el periodo que la comprende queda la persona en aptitud de aspirar a un cargo, es decir, una vez cumplido el plazo de la sanción, el sujeto podrá reincorporarse a la función pública, de lo que se desprende que la ejecución de la sanción en comento puede esperar, hasta la firmeza de la resolución que la ordenó, cuando se halla cuestionada en su legalidad a través de la promoción del juicio de amparo. En efecto, la inhabilitación temporal del servidor público en cualquier cargo tiene por objeto sancionar al quejoso para que no vuelva a repetir las conductas que se le atribuyeron, de ahí que sea patente que el interés público, en este supuesto, no se vea afectado al otorgarse la suspensión del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, el individuo tendrá la posibilidad de prestar el servicio público. Desde esa óptica, no es correcto que la autoridad recurrente afirme que el promovente no debe continuar en el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público bajo la consideración de que la sociedad está interesada en que no continúe ejerciendo la función pública, porque su capacidad y aptitud para tal fin se encuentran en entredicho, pues como se ha venido sosteniendo, la simple interrupción de la prestación del servicio por cierto periodo, si bien tiende a sancionar al infractor, sólo va encaminada a corregir al servidor para que no vuelva a cometer las conductas infractoras por las que se le sancionó, por lo que al término del plazo por el que se le inhabilitó, se encuentra en la posibilidad de volver a reincorporarse a la función pública si cumple con los requisitos que exige el cargo, empleo o comisión y previa autorización del titular de la dependencia u órgano mediante el nombramiento o contrato respectivo. En este contexto, es patente que no se lesiona el interés de la sociedad al permitir que el quejoso desempeñe empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante el tiempo en que se resuelva el juicio de garantías, ya que se reitera, se trata de una inhabilitación temporal, que al término del plazo determinado otorga la libertad al promovente para prestar de nueva cuenta el servicio público, de lo que se infiere que no existe premura en que se ejecute de manera inmediata la sanción, ya que de obtener un fallo desfavorable ésta se cumplimentaría enseguida. En este orden de ideas, dada la naturaleza de la inhabilitación temporal, no se advierte la urgencia de que dicha sanción sea ejecutada en forma inmediata, pues puede esperar hasta en tanto la resolución en que se impuso dicho castigo quede firme, lo que se logra al resolverse el juicio de amparo, ya que su legalidad fue cuestionada por el quejoso con la promoción de dicho medio de defensa. En otras palabras, con la concesión de la medida cautelar lo único que sucede es que la ejecución de la inhabilitación temporal se difiere en el tiempo hasta que se resuelva el medio de impugnación. Situación diversa ocurriría si se tratara de una inhabilitación definitiva, sanción mediante la cual se declara que el sujeto no es apto para ocupar o desempeñar cargos públicos en forma permanente, derivada de la conducta grave que se le atribuyó, ya que de concederse la medida cautelar y a la postre negarse el amparo, implicaría que el interés público materializado en el servicio público, se vio afectado, puesto que se permitió a un grave infractor de las leyes del servicio público, continuar prestando tal servicio, cualquiera que éste sea; por consiguiente, en este caso, sí está latente la protección del interés público, que es superior a los daños que pudieran causarse al quejoso con el acto reclamado ante una hipotética concesión del amparo. Los argumentos expuestos se robustecen con la jurisprudencia 2a./J. 34/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 444, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. La sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22053-5cb3be6f/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-es-improcedente-conceder · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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