QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA QUE TIENE POR RECONOCIDA EXPRESA O TÁCITAMENTE LA PERSONALIDAD DE QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEL QUEJOSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 435/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis, entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO. En relación con la resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil nueve en el recurso de queja ********** el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"TERCERO. Es innecesario el análisis de los agravios expuestos por la recurrente, en virtud de que no se actualiza la hipótesis que prevé el artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del recurso de queja. En efecto, el precepto de referencia prevé lo siguiente: ‘Artículo 95. El recurso de queja es procedente: I. Contra los autos dictados por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes. ... .El artículo transcrito, en la fracción I, dispone que uno de los supuestos de procedencia del recurso de queja se actualiza cuando un Juez de Distrito admite a trámite una demanda de amparo que, a juicio de la parte recurrente, resulte notoriamente improcedente, de lo que se infiere que el supuesto normativo en comento está vinculado directamente con las causas de improcedencia del juicio de garantías que, de actualizarse, dan motivo al desechamiento de la demanda. En el caso concreto, de la lectura que se realiza al oficio de agravios de la inconforme, se advierte que argumenta, en síntesis, que el acuerdo impugnado es ilegal, pues estima, por una parte, que la juzgadora debió requerir a la promovente para que acreditara su personalidad como representante de la asociación civil y por otra, que se debió desechar de plano la demanda al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. de la ley de referencia, pues considera que no se acreditó en forma fehaciente la personalidad de ********** como representante legal de la quejosa **********. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la falta de comprobación de la personalidad de quien presenta la demanda en nombre y representación de un tercero, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, sea porque omitió acompañar a su demanda el documento relativo a su personalidad o porque el exhibido sea insuficiente para acreditar tal aspecto, no es una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, sino una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta. El criterio de referencia se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 43/96, ... cuyos rubro y texto son: ‘PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). En este contexto, para que el recurso de queja sea procedente debe verificarse si los agravios propuestos por la inconforme se encuentran encaminados a demostrar que se actualizó en forma patente alguna causa de improcedencia del juicio, luego, que fue incorrecto que el juzgador haya admitido la demanda. Sin embargo, en el presente caso, ese supuesto no se actualiza, porque se reitera que el estudio de la personalidad de quien representa a un tercero no constituye una causa de improcedencia, sino que motiva una prevención por parte del juzgador a la promovente, con la consecuencia (sic) que de no llegar a acreditar el presupuesto procesal, la demanda se tenga por no admitida al no cumplir con la prevención, pero en momento alguno tiene como consecuencia que ésta se deseche. En este sentido, como ya se dijo, para que los agravios que se expongan con base en la fracción I del artículo 95 de la Ley de Amparo puedan ser estudiados deben estar encausados a demostrar que el Juez de Distrito omitió advertir la actualización de alguna causa de improcedencia notoria, lo que no ocurre en la especie, dado que la falta de acreditación de la personalidad como presupuesto procesal motiva una prevención con la consecuencia que en caso de no cumplirse la demanda se tendrá por no interpuesta. En este orden de ideas, ya que la recurrente, lejos de exponer argumentos tendentes a evidenciar un aspecto de improcedencia del juicio de amparo, se concreta a decir que la quejosa incumplió con uno de los requisitos de la demanda, relativo al acreditamiento de la personalidad de quien promueve en su nombre, y que la juzgadora, en todo caso, debió prevenirla para que subsanara esa omisión, se reitera que dicho aspecto trae como consecuencia que, de no cumplir con la prevención, se tuviera por no interpuesta la demanda en términos de lo que regula el artículo 146 de la Ley de Amparo, lo que es totalmente ajeno a evidenciar la improcedencia del juicio de garantías, pues, por el contrario, está pretendiendo que se reponga el procedimiento con el fin de que se regularice para que la promovente acredite fehacientemente su personalidad. En efecto, la recurrente, en lugar de evidenciar que el juicio de amparo es improcedente y que fue incorrecto que la juzgadora haya admitido la demanda, está solicitando que se prevenga a la quejosa para que subsane la omisión en que incurrió, referente a cumplir con los requisitos de la demanda establecidos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, pero con esos argumentos no comprueba que se admitió una demanda notoriamente improcedente, ya que, se reitera, pretenden (sic) evidenciar una omisión en la demanda que, incluso, puede ser subsanable, por lo que, se concluye que no son aptos para ser analizados bajo el supuesto que prevé el artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, lo procedente es desechar el recurso al no cumplirse con el requisito de procedencia que prevé el artículo citado en segundo lugar. Cabe destacar que no es óbice para la anterior conclusión, que a través de acuerdo de Presidencia se haya admitido a trámite el recurso de queja; en virtud de que al momento de dictar resolución el Pleno de este Tribunal se encuentra facultado para estudiar y determinar la procedencia del recurso. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 29/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... cuyos rubro y texto son: ‘QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DESECHARSE SI ENCONTRÁNDOSE EN ESTADO DE RESOLUCIÓN, EL PLENO DEL ÓRGANO COLEGIADO ADVIERTE QUE NO SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO.’ (se transcribe)."
La resolución anterior dio origen a la tesis que enseguida se transcribe:
"No. Registro: 166,089
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, octubre de 2009
"Tesis: I.1o.A.22 K
"Página: 1635
"RECURSO DE QUEJA CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO POR EL QUE SE RECONOCE LA PERSONALIDAD DE QUIEN REPRESENTA AL QUEJOSO. El artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del recurso de queja contra la decisión de un Juez de Distrito que admite a trámite una demanda de amparo que, a juicio de la parte recurrente, resulte notoriamente improcedente, de lo que se infiere que tal supuesto normativo está vinculado directamente con las causas de improcedencia del juicio de garantías que, de actualizarse, dan motivo al desechamiento de la demanda, lo cual no acontece tratándose del reconocimiento de la personalidad o personería de quien representa al quejoso. Lo anterior, porque es criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el no acreditamiento de la personalidad no origina la improcedencia del juicio sino, en su caso, da lugar a una prevención al promovente, con la consecuencia que, de no demostrarse tal presupuesto procesal, la demanda se tenga por no interpuesta; de ahí que el recurso de queja sea improcedente contra la determinación del juzgador en el que tenga por reconocida, implícita o expresamente, la personalidad de quien se ostente como representante del quejoso, pues la finalidad de dicho recurso con base en la fracción I del artículo referido es revisar la admisión de un juicio cuya notoria improcedencia se alega, mas no analizar aspectos que, en todo caso, traerían como resultado la regularización del procedimiento."
CUARTO. En relación con la resolución dictada el primero de marzo de dos mil seis en la queja administrativa **********, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. El Máximo Tribunal del país, ha sustentado que para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 146 de la Ley de Amparo, corresponde al Juez de Distrito, al recibir la demanda, examinar si a la misma se acompaña el documento que acredite plenamente la personalidad del promovente, para que de ser así la reconozca en el auto correspondiente o, en caso contrario, lo prevenga a fin de que en el plazo legal la acredite, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta. Añadiendo que el tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo tiene matices peculiares, pues si bien es cierto que en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, también lo es que en dicho juicio, a diferencia de otros en donde el examen de la misma queda librado (sic) a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al Juez de amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados, sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional. Ello explica, por qué el Juez de Distrito y, en su caso, al tribunal de alzada, tienen la facultad de analizar la personalidad del promovente de la demanda, sin necesidad de que medie queja o instancia del tercero perjudicado, las autoridades responsables o el Ministerio Público. Pero el estudio oficioso de esta cuestión no debe, sin embargo, realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto que lo motivó y sí en cambio, distrae la atención de los Tribunales Federales. La tramitación de un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, implica el empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, y causa perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promovente -que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia- con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. Por tales razones, el Máximo Tribunal del País, ha sustentado la tesis de que la personalidad en el juicio de amparo debe ser analizada por el juzgador al momento de proveer sobre la admisión de la demanda, y no en diversa etapa del procedimiento de amparo. Los aspectos antes comentados, se encuentran inmersos en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... bajo el rubro y texto siguientes: ‘PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). Lo anterior permite concluir que en el recurso de queja previsto por el artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo, promovido contra el auto que admite a trámite una demanda de garantías, es dable analizar la legalidad del reconocimiento que de la personalidad de quien promueve en representación del quejoso realizó el Juez de Distrito, por ser precisamente en dicho proveído donde el juzgador debe efectuar dicho análisis. QUINTO. Ahora bien, sobre el particular la autoridad recurrente en sus motivos de agravio aduce que el auto recurrido es ilegal, pues considera que la a quo debió desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que ********** no acredita la calidad con la cual dice promover el juicio de garantías, es decir, su personalidad como mandatario especial de los quejosos **********, ********** y **********; y en ese sentido estima la recurrente que las referidas demandas de amparo acumuladas, devienen notoriamente improcedentes, por la calidad ostentada por **********, pues considera que la Juez de Distrito realizó un limitado estudio de la personalidad, pues no es suficiente acudir al juicio de amparo en representación de otra persona, basando su personalidad en una carta poder, sino que se requiere poder notarial; amén de que el artículo 13 de la Ley de Amparo, señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, la misma le será admitida en el juicio de amparo, siempre que compruebe aquella circunstancia con las constancias respectivas. Hipótesis que -agrega- no se surte en el caso concreto, porque ********** no tiene acreditada tal personalidad en los términos de aquel precepto legal. Es inoperante la parte final del aludido motivo de agravio, porque la Juez de Distrito en el auto recurrido, reconoció la personalidad del promovente del amparo, en términos del artículo 12 de la ley de la materia, y no conforme a lo establecido por el numeral 13 de la propia legislación; por tanto, los argumentos que en torno a la aplicación de ese último numeral formula la recurrente, se encuentran encaminados a controvertir una consideración legal no contenida en el auto recurrido, de ahí que resulte la inoperancia de esa parte del motivo de disquisición en estudio. A la anterior consideración resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 32, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... del rubro y texto siguientes: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA.’ (se transcribe). En cambio, la primera parte del agravio formulado por la recurrente, resulta fundado en la medida que enseguida se expondrá, es decir, en aquél apartado donde la recurrente aduce que la a quo realizó un limitado estudio de la personalidad, y que en la especie no es suficiente que el promovente del amparo pretenda acreditar su personalidad con una carta poder. En efecto, los presupuestos procesales pueden resumirse diciendo que son requisitos basados en la potestad de obrar de los sujetos, que permiten al Juez hacer justicia, mediante la constitución y desarrollo del proceso, de lo cual se desprende que ordinariamente, para que éste exista, son requisitos sustanciales o presupuestos del mismo, entre otros, la capacidad de ser parte en el proceso y la capacidad de obrar en juicio. Como es sabido, en el desarrollo del proceso pueden intervenir las partes en sentido material, que son aquéllas en cuyo interés o contra del cual se provoca la intervención del poder jurisdiccional y las partes en sentido formal, es decir, quienes actúan en juicio sin que recaigan en ellas, en lo personal, los efectos de la sentencia. Para que a una persona pueda considerársele como parte en sentido formal (mandatario o apoderado general o especial, representante legal, endosatario en procuración, etcétera.), y pueda en consecuencia actuar válidamente en juicio a nombre de quien es parte en sentido material, es requisito sine qua non que acredite su personalidad a través de los medios que la ley establece, esto es, debe justificar que está investida de la capacidad o potestad correspondiente, pues en caso contrario, para efectos legales, la parte en sentido material, a la que pretendió representar, no habrá intervenido en la relación jurídica. En congruencia con lo anterior, si en el caso concreto la Juez de Distrito al admitir a trámite las demandas de amparo acumuladas, en forma dogmática expuso que la personalidad de quien promueve en nombre de los quejosos se encuentra acreditada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de conformidad con las documentales agregadas a dichas demandas, sin haber realizado propiamente un estudio sobre esas documentales, a fin de poner de manifiesto si se trata de documentos idóneos que permita tener por acreditada la personalidad según lo establecido por aquel dispositivo legal; entonces, es incuestionable que el Tribunal Colegiado al conocer del recurso de queja previsto por el artículo 95, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y al resultar fundado el agravio que sobre ese tópico expresó la recurrente, al reasumir jurisdicción debe examinar y resolver, con plenitud de jurisdicción, las cuestiones incorrectamente analizadas por el Juez de Distrito en el auto que admite a trámite una demanda de amparo, relacionadas con el presupuesto procesal relativo a la personalidad de quien comparece en representación del quejoso, pues de lo contrario puede generarse una representación que no existe. Precisado lo anterior, cabe señalar que en el caso concreto, ********** en su carácter de mandatario especial de **********, ********** y **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como actos reclamados la inconstitucionalidad de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; el reglamento de dicha legislación, denominado Reglas de Operación del Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; así como la aplicación de esos ordenamientos legales, señalando como primer acto de aplicación la recepción de la documentación respectiva ante la representación estatal de la Secretaría General de Gobernación en esta entidad federativa. A efecto de acreditar su personalidad ********** exhibió sendas cartas poder denominadas mandato especial, suscritas por los quejosos ante la presencia de dos testigos, bajo el texto siguiente: (se transcriben). Ahora bien, el artículo 12 de la Ley de Amparo, dispone: ‘Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, podrán ser representados directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos que se les reclamen. En los casos no previstos por esta ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Tanto el agraviado como el tercero perjudicado podrán constituir apoderado para que los represente en el juicio de amparo, por medio de escrito ratificado ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca de dicho juicio’. Sin embargo, la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de mayo de dos mil cinco, no establece la forma en cómo habrá de acreditarse la personalidad por los interesados. Pero la Ley Federal del Procedimiento Administrativo señala: ‘Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. (Adicionado, D.O.F. 19 de abril de 2000). El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. (Reformado, D.O.F. 19 de abril de 2000). Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas.’. (Reformado, D.O.F. 19 de abril de 2000). ‘Artículo 2o. Esta ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta ley, en lo conducente.’. ‘Artículo 12. Las disposiciones de este título son aplicables a la actuación de los particulares ante la administración pública federal, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa.’. ‘Artículo 15. La administración pública federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley. Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital. El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos.’. ‘Artículo 19. Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de representante o apoderado. La representación de las personas físicas o morales ante la administración pública federal para formular solicitudes, participar en el procedimiento administrativo, interponer recursos, desistirse y renunciar a derechos, deberá acreditarse mediante instrumento público, y en el caso de personas físicas, también mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las propias autoridades o fedatario público, o declaración en comparecencia personal del interesado. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal mediante escrito firmado podrá autorizar a la persona o personas que estime pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación de tal procedimiento, incluyendo la interposición de recursos administrativos.’. De dichos preceptos legales destaca que las disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo son aplicables a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública centralizada y organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad; dicha ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas; sus disposiciones generales son aplicables a la actuación de los particulares ante la administración pública federal y en esos procedimientos no podrán exigirse más formalidades que las expresamente previstas en la ley. De tal manera que si la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y el reglamento que establece las reglas de operación de dicho fideicomiso, son leyes administrativas de carácter general que regulan el procedimiento administrativo conforme al cual habrá de determinarse en sede administrativa quiénes tienen derecho a participar de ese fideicomiso, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los propios ordenamientos, es pues incuestionable que a los mismos resultan aplicables las disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. En congruencia con lo anterior, conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, la personalidad en el juicio de garantías en que se reclame la inconstitucionalidad de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, debe acreditarse en los términos establecidos por el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por ser ésta aplicable en forma supletoria a aquella legislación federal. De tal suerte que si conforme a dicho precepto legal la representación de las personas físicas o morales, deberá acreditarse mediante instrumento público, pero en el caso de personas físicas también podrá efectuarse mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las propias autoridades o fedatario público, o declaración en comparecencia personal del interesado. Luego entonces, si en el caso concreto el promovente del amparo a fin de acreditar su personalidad exhibe carta poder firmada por los quejosos ante dos testigos, es claro que ese documento en esos términos resulta insuficiente para tener por demostrada la representación con que se ostenta, sino que conforme a la ley que rige el acto reclamado, dicha carta poder debe ser ratificada por el otorgante y los testigos ante fedatario público o ante el Juez de Distrito que conoce del juicio de amparo. Consecuentemente, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 116 de la propia legislación, tal aspecto constituye una irregularidad en la demanda de garantías, que amerita que el Juez de Distrito, prevenga al promovente para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos el requerimiento respectivo, subsane dicha irregularidad, apercibiéndolo legalmente de tener por no interpuesta su demanda, para el caso de incumplimiento. Por tanto, procede declarar fundado el presente recurso de queja."
En similar sentido se pronunció el citado Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el veintinueve de marzo de dos mil seis el recurso de queja **********.
El criterio anterior dio origen a la tesis que enseguida se transcribe:
"No. Registro: 174,628
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, julio de 2006
"Tesis: IX.2o.20 K
"Página: 1327
"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. EN LA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE GARANTÍAS PROCEDE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD DE QUIEN PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO REALIZADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. El Pleno del Máximo Tribunal del país ha sustentado que para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 146 de la Ley de Amparo, corresponde al Juez de Distrito, al recibir la demanda, examinar si se acompaña el documento que acredite plenamente la personalidad del promovente, para que de ser así la reconozca en el auto correspondiente o, en caso contrario, lo prevenga a fin de que en el plazo legal la acredite, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta, pues el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque ese criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del ar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22141-a4f8025c/queja-prevista-en-el-articulo-95-fraccion-i · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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