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Modo: Corpus Pro

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE IMPONE UNA SANCIÓN, ANTE LA FALTA DE CONCESIÓN, LICENCIA, PERMISO, AUTORIZACIÓN O AVISO DE ACTIVIDADES REGULADAS, EL TRIBUNAL DEBE CEÑIRSE, EN SU CASO, AL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA SANCIÓN IMPUESTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 418/2009. · Registro digital (IUS): 22069
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 1316.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 418/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis, entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que sostiene uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.

TERCERO. En relación con la resolución dictada el diez de septiembre de dos mil nueve en el amparo directo ********** el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"SEXTO. Concepto de violación propuesto. La ahora parte quejosa en el juicio de garantías motivo de estudio, hace valer en su único concepto de violación, en síntesis, los argumentos siguientes: a) La Sala no observó el contenido del artículo 17 constitucional al no resolver las pretensiones deducidas en el texto de la demanda de nulidad, ya que no obstante haberse delimitado la diferencia entre el interés jurídico y el interés legítimo para acudir al juicio contencioso, contrario a lo argumentado por la responsable, en el caso no debía acreditarse el interés jurídico puesto que no se pretendía la realización de actividad reglada alguna ni la obtención de permiso o licencia, sino sólo la nulidad de la resolución impugnada, por lo que era suficiente acreditar el interés legítimo. b) La resolución es incongruente, puesto que si bien la Sala reconoce que la notificación del acto impugnado se realizó en contravención a los artículos 80 y 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, da validez a la misma, aduciendo además que con ello se transgredió la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal y la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, puesto que la autoridad administrativa no notificó la resolución de acuerdo a las formalidades establecidas en dichos dispositivos; por tanto, precluyó su derecho para hacerlo debiendo quedar sin efectos todo lo actuado en el expediente ********** ello aunado a la falta de la debida competencia de la autoridad que emitió la resolución impugnada. c) La Sala del conocimiento no observó lo previsto en los numerales 14 y 16 constitucionales, en cuanto a que las resoluciones jurisdiccionales deberán dictarse debidamente fundadas y motivadas. d) Finalmente, aduce que la Sala responsable violó el debido proceso legal al sólo tomar en cuenta lo manifestado por la autoridad, pues como se puede apreciar de la resolución reclamada, no hace señalamiento alguno de los agravios esgrimidos, sino que se limita a resolver lo propuesto por la autoridad demandada. SÉPTIMO. Problemática jurídica a resolver. La litis a resolver en el presente asunto se ciñe en calificar la legalidad de la resolución de uno de abril de dos mil ocho, dictada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en el recurso de apelación ********** sin que se haga pronunciamiento alguno respecto de las sanciones económicas impuestas al actor, pues no obstante que la sala consideró que respecto de éstas sí se tenía interés jurídico, al afectar directamente su patrimonio, las mismas no fueron cuestionadas en modo alguno en sede contenciosa. OCTAVO. Análisis del concepto de violación. El argumento contenido en el inciso a) del concepto de violación alegado se considera infundado, en atención a lo siguiente. En primer lugar, debe decirse que en el caso no existe violación al artículo 17 constitucional como lo alega la quejosa. El artículo 17 constitucional, establece el derecho fundamental de la tutela jurisdiccional, la cual contiene los cuatro principios siguientes: 1. De justicia pronta, traducida en la obligación de todas las autoridades encargadas de su impartición, de resolver los conflictos sometidos a su consideración dentro de los términos y plazos establecidos en las leyes para ese efecto. 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conozca el asunto de que se trate, emita su pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos controvertidos cuyo examen sea indispensable, para garantizar al particular la obtención de una resolución mediante la aplicación de la ley al caso concreto (principio de congruencia externa), con el objeto de determinar si asiste o no razón respecto a los derechos que garanticen esa tutela jurisdiccional solicitada. 3. De justicia imparcial, cuyo significado se relaciona con el dictado de una resolución apegada a derecho, sin favorecer a alguna de las partes contendientes o incurrir en arbitrariedad en su sentido. 4. De justicia gratuita, referente a la prohibición de los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda esa función, de cobrar a las partes contendientes emolumentos por la prestación del servicio público. Dichos principios han sido establecidos y definidos en el sentido narrado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio siguiente: ‘ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.’ (se transcribe). El propio Alto Órgano Jurisdiccional, a través de su Primera Sala, ha determinado los alcances del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, definida como el derecho público subjetivo de toda persona para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, para plantear sus pretensiones o a defenderse de ellas, con el objeto de que mediante la substanciación de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se emita resolución decidiendo respecto a la pretensión o a la defensa dentro de los plazos y términos fijados en las leyes, y en su caso, se ejecute la decisión. En ese sentido, los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, no pueden supeditar el acceso a los tribunales a ninguna condición desproporcionada o irrazonable, ya que de lo contrario, se erigirían obstáculos entre aquéllos y los gobernados; de ahí la prohibición de imponer requisitos que dificulten dicho acceso a la jurisdicción, cuando sean innecesarios, excesivos, carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto a los fines perseguidos lícitamente por el creador de la norma. Lo anterior tiene sustento en el criterio siguiente: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’ (se transcribe). De lo anterior se concluye que el derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional abarca o encierra el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, lo que no implica, como en el caso ocurre, que el hecho de obtener una resolución desfavorable o que no se analice una cuestión de fondo por haberse actualizado una causal de improcedencia redunde necesariamente a una violación a los principios a que se ha hecho referencia. Sentado lo anterior, es necesario, para dar respuesta a lo alegado por la parte quejosa, preguntarse ¿qué tipo de interés se necesita para reclamar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal una resolución o acto administrativo que involucra varios pronunciamientos que inciden, directa o indirectamente, en la esfera del gobernado?. Para atender a la pregunta propuesta, debe referirse, necesariamente, al artículo 34 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que prevé lo siguiente: ‘Artículo 34.’ (se transcribe). Del numeral transcrito se infiere que el legislador estableció, como requisito de procedibilidad del juicio de nulidad, competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, varios tipos de interés, que deben concurrir de manera conjunta o aislada, según el tipo de pronunciamiento de la autoridad inmerso en la resolución o acto impugnado, a saber: a) un interés legítimo, que consiste en un interés cualificado respecto de la legalidad e incidencia de los actos impugnados, que proviene de la simple afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico; b) un derecho subjetivo erga omnes, como son todos aquellos que la Constitución concede a cualquier persona sin exigir condiciones o atributos subjetivos, tal es el caso del derecho a la legalidad y la proscripción de actos arbitrarios; y, c) el interés jurídico, cuya titularidad exige como presupuesto necesario la titularidad de un derecho subjetivo que faculte de manera concreta y precisa para ejercer actividades regladas, siendo ejemplo de ello los supuestos en que el actor pretenda obtener sentencia que le permita desplegar determinadas actividades regladas, para lo cual debe exhibir concesión, licencia, permiso, autorización o aviso pertinente. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio siguiente: ‘INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe). En ese estado de cosas, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, según se desprende de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 142/2002, pueden iniciarlo los particulares contra: Actos de la autoridad administrativa que afecten derechos subjetivos (interés jurídico); y, contra violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, bastando un interés legítimo por ser suficiente una lesión objetiva a su esfera jurídica derivada de su especial situación frente al orden jurídico. De lo antes dicho, se puede afirmar que las resoluciones o actos administrativos se pueden impugnar por: (1) Violaciones cuyo reclamo implica disponer apenas de un interés legítimo, o que lo debatido son violaciones a derechos erga omnes, en cuyo caso la reparación no exige ni implica alguna condición o presupuesto y la protección debe otorgarse a cualquier afectado con plenitud de efectos o consecuencias restitutorias, tal es el caso de sanciones decretadas de manera arbitraria. (2) Violaciones cuyo cuestionamiento, por la eventual restitución, exigen ser titular de un derecho subjetivo para el ejercicio de actividades reglamentadas, cuya pretensión se basa precisamente en la violación a ese derecho. Entonces, cuando en las resoluciones o actos impugnados ante la jurisdicción contencioso administrativa local, se demanda la nulidad e ineficacia, cuyo trasfondo o materia implica violaciones en los dos tipos de intereses, legítimo y jurídico, la irregularidad, en el primer supuesto, será reclamable por la simple afectación a la esfera jurídica (supuesto en que apenas es exigible disponer de un interés legítimo o derecho subjetivo erga omnes) y, en el segundo caso, es necesario que exista la titularidad de un derecho subjetivo preciso y concreto que habilite para la realización de actividades regladas, lo que exige como presupuesto contar con la licencia o permiso correspondiente. Por tanto, en este tipo de resoluciones o actos que involucran diversos pronunciamientos, unos vinculados con violación a un derecho subjetivo explícito y concreto (suspensión o clausura de la actividad reglada) y otros cuya exigencia es la simple afectación a la esfera de derechos erga omnes (como en el caso de las multas que se estiman arbitrarias), se puede establecer que el mero planteamiento de pretensiones de nulidad por violaciones a un interés legítimo o derechos erga omnes, es suficiente para: A) Admitir y tramitar el juicio, puesto que la pretensión es la revisión del procedimiento que culminó con la resolución o acto administrativo, por lo que no es dable exigir a priori el acreditamiento de un derecho subjetivo peculiar e individualizado como requisito de procedibilidad para la revisión del procedimiento, pues las violaciones cuestionadas tienen un mismo origen, siendo suficiente el acreditamiento de un interés legítimo para la procedencia del juicio en su integridad, aunque en la decisión compleja confluyan violaciones a derechos específicos para desarrollar actividades regladas que deberán ser distinguidos y sus consecuencias acotadas razonablemente. B) El dictado de una sentencia estimatoria que declare la nulidad de la resolución o acto impugnado, si es que incurren en algún supuesto de ilegalidad o de violación formal o de fondo, sin distingo de que prohíban actividades o conductas regladas o se refieran a intereses que el orden jurídico tutela a favor de cualquier persona sin exigencia de título, autorización, permiso o concesión. Por tanto, se concluye que la correcta aplicación del artículo 34 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en casos de resoluciones o actos administrativos que contengan varios pronunciamientos, violaciones a un interés legítimo pero también al jurídico, debe ser propiciando y facilitando la procedencia del juicio contencioso en su integridad por todos los aspectos del acto que se reclaman, pero desestimando las pretensiones restitutorias o tuitivas que puedan llevar a una decisión que permita la realización de actividades regladas, si es que se carece del título respectivo o, en su caso, estimándolas o limitándolas, de manera condicionada, para evitar que con motivo de la sentencia se configure un privilegio del que se carecía antes de promover el juicio. En otras palabras, en los casos donde basta el simple acreditamiento de un interés legítimo para la admisión y análisis de las pretensiones en todos sus aspectos, la sentencia que, en su caso, declare la nulidad del acto, debe limitarse a declarar la ineficacia jurídica del acto impugnado, pero nunca y bajo ninguna circunstancia, conceder la permisión o facultad para realizar las actividades que se encuentran reguladas, pues ello constituiría el establecimiento de un privilegio o la constitución de un derecho con el que antes no se contaba. Por consiguiente y a mayor abundamiento, cabe decir que no es dable en este tipo de actos administrativos complejos dividir la continencia de la causa, como lo hizo la Sala Superior del conocimiento, para analizar, por un lado, el interés jurídico por cuanto hace a la clausura y, por otro, el interés legítimo necesario en lo referido a las multas, pues dadas las peculiaridades de los hechos que acarrearon las infracciones y sanciones en contraste con la causa de pedir y pretensión de la actora, aquél debe estudiarse como un todo que afecta a un solo particular. En este orden de ideas, se estima asiste la razón al quejoso, puesto que, como lo aduce, el interés legítimo con que cuenta por ser él a quien se dirigió el procedimiento administrativo de verificación y sufrir la imposición de sanciones de tipo económico, lo que además implica ejercer la restitución de un derecho subjetivo accesible a cualquier afectado, lo faculta a reclamar en el juicio contencioso violaciones al propio procedimiento, en cuyo caso la sentencia que se emita se ceñirá a vicios del mismo y de la propia resolución con que culmina, obteniendo, si es procedente, una nulidad sólo en ese aspecto, sin que implique en modo alguno la facultad o permisión para la realización de actividades respecto de las cuales no se tenía autorización antes de promover el juicio, la sentencia no puede imponer ni ser creadora de privilegios, pero sí permitir la funcionalidad de la tutela judicial frente a actos que se acredite sean arbitrarios. En consecuencia, resulta desafortunado el criterio de la Sala señalada como responsable en el sentido que la ahora quejosa carece de interés para controvertir el procedimiento del que deriva la resolución impugnada. Por lo que debe concederse el amparo y la protección de la Justicia Federal. Al resultar fundado el argumento en estudio, resulta innecesario el análisis de los diversos (sic), conforme al criterio que enseguida se transcribe: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). NOVENO. Consecuencias del fallo. Atento a la problemática y pretensiones deducidas, lo consecuente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la Sala analice los argumentos expresados por la parte actora relativos al procedimiento administrativo, en los términos que se han precisado en el considerando inmediato anterior."

CUARTO. En relación con la resolución dictada el diez de agosto de dos mil cinco, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión contencioso administrativa ********** sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"SEXTO. Son esencialmente fundados los agravios que se hacen valer en virtud de las consideraciones siguientes. La autoridad recurrente aduce que la Sala Superior violó en su perjuicio, el artículo 80, fracción I, en relación con el 29, del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, al considerar que el acta de visita de verificación ordinaria no se encuentra debidamente circunstanciada porque el verificador no señaló qué método o procedimiento utilizó para obtener las medidas del anuncio respectivo y, por ello, la autoridad sancionadora había transgredido el artículo 29, fracción IX, del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal; por lo que la ahora recurrente alega que la Sala hace una indebida interpretación del artículo al manifestar que la autoridad transgredió el artículo 29, fracción IX, del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, por no haber señalado el método o procedimiento que utilizó para obtener las medidas del anuncio respectivo, en razón de haber realizado en dicha acta una descripción de los hechos, omisiones e irregularidades detectadas, lo cual pudo hacer el verificador a través de los sentidos, encontrándose debidamente fundada y motivada. Que la consideración de la Sala es errónea en atención a que la citada fracción establece que en toda visita de verificación administrativa se deberá asentar en el acta que al efecto se levante la descripción de los hechos, omisiones o irregularidades detectadas precisando los medios por los que el verificador conoció dichas circunstancias. Señaló la recurrente que la visita de verificación tenía por objeto cerciorarse que los particulares cumplieran con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Anuncios en vigor, en los Programas Delegacionales y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y diversos ordenamientos, así como diversos requisitos legales como que los anuncios contaran con el dictamen del director responsable, seguro de responsabilidad por daños a terceros, especificaciones, por lo que el verificador se concretó a dar cumplimiento al objetivo de la visita. En principio, es conveniente precisar que como lo alega la recurrente, lo sostenido por la Sala en relación con la medida del anuncio resultaba intrascendente, en razón de que este Tribunal Colegiado al resolver el diverso recurso de revisión contencioso administrativo ********** consideró que la Sala de manera indebida abordó el estudio del acta levantada con motivo de la visita de verificación, toda vez que la actora ********** carece de interés jurídico para impugnarla, al no haber ofrecido en el juicio de nulidad, la licencia o el permiso respectivo para la colocación del anuncio en comento en el inmueble que arrendó al propietario del anuncio, por lo que las irregularidades que, en su caso, hubieran existido en el levantamiento del acta no pueden motivar la nulidad de la resolución impugnada. En efecto, el análisis que debe realizar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los casos en que en una visita de verificación no se acredite que se cuente con la licencia necesaria para la instalación de anuncios, debe constreñirse a verificar si en la resolución que se impone la sanción, se citan los hechos que la actualizan y que éstos coincidan con lo asentado en el acta, de manera que exista congruencia entre los hechos apreciados por el verificador y las hipótesis legales que se contienen en el precepto que se aplica, pues lo que en estos casos se puede controvertir es la legalidad de la sanción, partiendo de que el acta de visita sólo podría ser impugnada por quien cuente con la licencia respectiva. Lo anterior porque las circunstancias y características del anuncio resultan intrascendentes si queda demostrado que se encontraba instalado sin contar con la licencia correspondiente. En el caso, se advierte que lo considerado en la resolución coincide con los hechos asentados por el visitador en el acta correspondiente, en la que se hizo constar: ‘Acta circunstanciada de visita de verificación ordinaria. En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:30 horas del día veintiuno de noviembre del año dos mil dos, el suscrito ********** verificador adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, me constituí en el domicilio: **********. El anuncio de azotea es visible a la vía primaria ... -Hecho lo anterior, se le solicita a ********** persona visitada que exhiba la documentación legal que ampare la instalación de (los) anuncio (s) publicitario (s) que se encuentra (n) en el inmueble visitado para corroborar que fue (ron) instalado (s) legalmente a lo cual manifestó: No contar con la documentación requerida mediante orden de visita de verificación ordinaria como es dictamen del director responsable de obra seguro de responsabilidad civil por daños a terceros licencia o permisos. ... A continuación el visitado ********** permitió al suscrito verificador para que ingresara al inmueble en compañía de los testigos con el objeto de practicar una inspección ocular al (a los) anuncio (s) publicitario (s) que se encuentra (n) instalados en el inmueble de referencia propiedad de la persona visitada, para verificar el cumplimiento de las normas de operación que le son aplicables. Como resultado de la misma se hace constar lo siguiente: Se observa anuncio de azotea con una cartelera tipo gabinete o pantalla las dimensiones de cartelera de 12.0 metros de longitud por 4.0. metros de altura la estructura que la soporta tiene dimensiones de 12.0 metros de longitud por 6.0 metros de altura sus elementos de iluminación se ubican dentro del gabinete de altura total de nivel de banqueta a remate superior del anuncio es de 12.0 metros’. Por su parte, en los considerandos segundo y tercero, de la resolución impugnada, se estableció lo siguiente: ‘... SEGUNDO. Mediante oficio de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dos, la licenciada ********** directora ejecutiva de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con fundamento en el artículo 5o. del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, emitió la orden de visita de verificación ordinaria número ********** comisionando mediante oficio del mismo número y fecha, a ********** verificador adscrito a esta dependencia, que actúa con credencial número ********** con vigencia del primero de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dos, expedida a su favor por el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, cuyo nombre y número de credencial aparece publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha cuatro de julio de dos mil dos, para que se constituyera en el domicilio ubicado en ********** y dar cumplimiento a la orden de visita de verificación ordinaria, toda vez que se tiene conocimiento de la instalación de un anuncio de azotea, visible desde la vialidad primaria que se presume no cumple con las disposiciones de la materia para su legal instalación. TERCERO. El Verificador mencionado en el resultando que antecede, siendo las trece horas con treinta minutos del día veintiuno de noviembre de dos mil dos, se constituyó en el domicilio ubicado en ********** en busca de ********** entendiéndose la diligencia con el ********** quien se ostenta como encargado en el bien inmueble visitado, previo citatorio de fecha diecinueve de noviembre de dos mil dos, entregado a ********** quien dijo ser encargado del inmueble visitado, en el que se indica que el visitado deberá esperar al verificador el día y hora señalado con anterioridad, haciendo constar en el acta respectiva que «se observa anuncio de azotea con una cartelera tipo gabinete o pantalla con dimensiones de cartelera de 12.0 metros de longitud por 4.0 metros de altura, la estructura que la soporta tiene dimensiones de 12.0 metros de longitud por 6.0 metros de altura, sus elementos de iluminación se ubican dentro del gabinete, la altura total de nivel de banqueta a remate superior del anuncio es de 12.0 metros.» Agregando además en sus observaciones que «Se observa que el anuncio se encuentra instalado en un inmueble de taller mecánico, se observa que a una distancia de 2.00 metros existe techo de lámina de asbesto, existen anuncios de azotea en un radio de 50.0 metros» ...’. Por tanto, como lo señala la recurrente, lo que se trataba de verificar, era si el particular contaba con la documentación legal requerida para la colocación de anuncios en la vía pública y no por cuestiones de dimensión del anuncio, por lo que aun cuando se considerara que la fracción IX, del artículo 29, del Reglamento de Verificación Administrativa, impone la obligación de señalar la manera de cómo se conocieron las medidas del anuncio, la omisión del verificador en el presente asunto, no trascendió al resultado del fallo, porque las multas impuestas obedecen a la falta de licencia y no al tamaño del anuncio, por lo que resulta fundado lo alegado por la autoridad en la parte del agravio analizado. En el segundo agravio, la recurrente sostiene violación al artículo 80, fracción I, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con relación al artículo 132, fracciones I, III y V, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, porque la Sala no valoró debidamente las pruebas ofrecidas en el juicio de nulidad, específicamente la documental pública consistente en la resolución administrativa, ya que dicha resolución se encuentra debidamente fundada y motivada en razón de que cumplió con lo previsto en el artículo 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, pues, la imposición de las sanciones está apoyada en el Reglamento de Verificación Administrativa y el Reglamento de Anuncios, que prevé de manera exacta el monto de las multas por no presentar documento oficial que demuestre la legal instalación del anuncio de que se trata. Que a lo largo de la resolución sancionadora se hace mención a una serie de motivos que dejan ver la gravedad del daño que pudiera producir la actitud de la visitada, asimismo, la actora no probó que el anuncio cuente con el aval de un director responsable de obra; así como también, tomó en cuenta la no reincidencia de la actora para decidir entre el mínimo y el máximo de las sanciones. Es esencialmente fundado el agravio anterior, porque de la lectura de la resolución aquí impugnada, se advierte que la sala para declarar fundado el concepto de impugnación relativo a si la resolución que impuso la sanción, se encontraba debidamente fundada y motivada, se concretó a transcribir los considerandos octavo y noveno, así como los resolutivos primero y segundo, de la resolución sancionadora y, concluyó que de dicha transcripción se advertía que no se había cumplido con lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, porque para la imposición de la sanción no se tomó en cuenta la gravedad de la infracción ni la capacidad económica del infractor y, que por ello, no se encontraba debidamente fundada y motivada la resolución que impuso las multas a la parte actora. Consideración de la Sala que se estima insuficiente para declarar la nulidad de la resolución sancionadora, toda vez que se advierte que la Sala únicamente transcribió los considerandos y el precepto legal, antes señalados, sin expresar las razones lógicas jurídicas en virtud d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22069-102286cb/contencioso-administrativo-del-distrito-federal-cuando-se-impugna · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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