REVISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LOS APODERADOS DE LA AUTORIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO. En relación con la resolución dictada el treinta de enero de dos mil nueve en la revisión contenciosa administrativa **********, promovida por **********, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"TERCERO. Previamente al análisis de la procedencia del recurso de revisión, corresponde analizar la legitimación de la autoridad que lo interpone. En la especie el recurso fue interpuesto en los siguientes términos: ‘licenciado **********, en mi carácter de apoderado general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, personalidad que se acredita en términos de la designación de servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal, como apoderados generales para la misma, respecto de la dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentran adscritos, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día veinte de febrero de dos mil ocho, punto primero, en relación con el artículo 15, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y en representación del director ejecutivo de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, autoridad demandada en el presente juicio ...’. De la anterior transcripción se advierte que el recurso lo interpone **********, como apoderado general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y en representación del director ejecutivo de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en términos del acuerdo por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal, como apoderados generales para la misma. Cabe precisar que de las constancias que integran el juicio de nulidad **********, se advierte que la actora **********, demandó la nulidad de la resolución de fecha seis de marzo de dos mil siete, dictada en el expediente 1284-98, y señaló como autoridad demandada al director ejecutivo de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública; autoridad que al contestar la demanda reconoció haber emitido la resolución antes indicada. Los artículos 33 y 34 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, establecen lo siguiente: ‘Artículo 33.’ (se transcribe). ‘Artículo 34.’ (se transcribe). De los preceptos transcritos se advierte, en la parte que interesa, que en el juicio de nulidad se considera como parte, entre otros, al demandado, pudiendo tener ese carácter el jefe (sic) del Distrito Federal, los secretarios del ramo, los directores generales, así como las autoridades administrativas del Distrito Federal que en razón de su esfera de competencia intervengan directamente en la resolución o acto administrativo impugnado; y que únicamente pueden intervenir en el juicio las personas que tengan interés legítimo en el mismo. Por otra parte, el artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, establece, en lo que atañe a este estudio, lo siguiente: ‘Artículo 88.’ (se transcribe). De dicho artículo se observa que las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, podrán ser impugnadas por la autoridad, debiendo destacarse que aun y cuando no precisa a qué autoridad se refiere, debe entenderse que se trata de la autoridad demandada en sentido material, pues atendiendo al contenido del artículo 34 antes referido, sólo podrán intervenir en el juicio las personas que tengan interés legítimo; por lo que cabe concluir que el artículo 88 de la mencionada ley, delimita que la autoridad demandada es la que puede interponer el recurso de revisión. Lo anterior es así, pues es precisamente a la autoridad demandada a la que le interesa el sentido de la sentencia o resolución dictada en el juicio de nulidad correspondiente, al ser ella la que dictó la resolución impugnada o la que omitió dar respuesta a las promociones presentadas por los particulares y la que tendrá, en su caso, que dar cumplimiento a la misma. Además de lo anterior, cabe transcribir los artículos 26 y 35 de la mencionada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cuyo contenido es el siguiente: ‘Artículo 26.’ (se transcribe). ‘Artículo 35.’ (se transcribe). Del segundo párrafo del artículo 26 antes transcrito se advierte que quien promueva a nombre de otro en el juicio deberá acreditar su personalidad en términos de ley, al presentar su demanda. Por su parte, el primer párrafo del artículo 35, precisa que las partes, entre las que se encuentran las autoridades demandadas, pueden autorizar personas para oír y recibir notificaciones en su nombre, las cuales quedan facultadas, entre otras cosas, para interponer recursos, como lo es el recurso de revisión contencioso administrativa, tal como lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 110/2003 ... de rubro y texto siguiente: ‘CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LOS AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO, ESTÁN FACULTADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN SU REPRESENTACIÓN.’ (se transcribe). De lo hasta aquí expuesto se advierte que en el juicio contencioso administrativo del Distrito Federal, únicamente pueden intervenir en el juicio las personas que tengan interés legítimo en el mismo, entre las cuales se encuentra la autoridad demandada, por lo que el recurso de revisión contencioso administrativa a que se refiere el primer párrafo del artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en cita, corresponde interponerlo específicamente a la que emitió la resolución impugnada así como los autorizados en términos del artículo 35 de la referida ley. Cabe precisar que la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no establece expresamente que la autoridad que emitió la resolución impugnada y los autorizados en términos del artículo 35 de la propia ley, sean los únicos facultados para interponer el recurso de revisión contencioso administrativa a que alude el artículo 88 del mencionado ordenamiento legal, pues en términos del artículo 26 de la ley en cuestión, basta acreditar la personalidad para promover a nombre de otro al momento de intentarlo, por lo que debe considerarse que quien acredite la personalidad en los términos establecidos en la ley aplicable, puede válidamente representar a la autoridad que emitió la resolución impugnada, al interponer el recurso de revisión contencioso administrativa. En el caso **********, que interpone el presente recurso, señala que tiene el carácter de apoderado general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y que actúa en representación del director ejecutivo de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cuya personalidad dice acreditar en términos del aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal, como apoderados generales para la defensa jurídica de la misma, así como la revocación con ese carácter de los exservidores públicos que se citan, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinte de febrero de dos mil ocho, del cual se desprende lo siguiente: ‘... **********, director general de Servicios Legales, adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, cargo que me fue conferido el primero de enero de dos mil siete, por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Número catorce de fecha cinco de enero de dos mil siete, conforme a las atribuciones que al efecto le otorgan los artículos 122 apartado C, base segunda, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción V, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5, 15, fracción XVI, 17 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracción XV, numeral 2 y 116 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y con fundamento en el artículo primero del «Acuerdo por el que se delega al titular de la Dirección General de Servicios Legales del Distrito Federal, la facultad de designar y revocar apoderados para la defensa jurídica de la administración pública del Distrito Federal.», emitido por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el veintiuno de febrero de dos mil dos, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 39, de fecha diecinueve de marzo de dos mil dos, he tenido a bien expedir el siguiente ... . De la anterior transcripción se advierte que el acuerdo antes mencionado lo emitió el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el «acuerdo por el que se delega al titular de la Dirección General de Servicios Legales del Distrito Federal, la facultad de designar y revocar apoderados para la defensa jurídica de la administración pública del Distrito Federal», emitido por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el veintiuno de febrero de dos mil dos, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecinueve de marzo de dos mil dos.’. Debe precisarse que conforme al primer párrafo del artículo 5o. de la Ley Orgánica de la administración pública del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, es el titular de la administración pública del Distrito Federal y a él corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, las cuales puede delegar en los servidores públicos subalternos mediante acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su entrada en vigor y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión, excepto aquellas que por disposición jurídica no sean delegables. La porción normativa antes mencionada establece lo siguiente: ‘Artículo 5o.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, debe transcribirse a continuación el contenido de los artículos 15, fracción XVI y último párrafo, 17 y 35 de la Ley Orgánica de la administración pública del Distrito Federal; 7o., fracción XV, numeral 2o. y 116 del Reglamento Interior de la administración pública del Distrito Federal, que establecen lo siguiente: ‘Artículo 15.’ (se transcribe). ‘Artículo 17.’ (se transcribe). ‘Artículo 35.’ (se transcribe). ‘Artículo 7o.’ (se transcribe). ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 116.’ (se transcribe). De los preceptos antes transcritos se desprende que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el auxilio de sus funciones se auxilia de una Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la cual tiene, entre otras, la atribución de coordinar la función jurídica de la administración pública del Distrito Federal, con excepción de la materia fiscal, así como presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Distrito Federal, que tiene por objeto la coordinación en materia jurídica de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la administración pública del Distrito Federal. Asimismo, se advierte que dicha Consejería Jurídica y de Servicios Legales, cuenta con una Dirección General de Servicios Legales, la cual tiene como atribuciones, entre otras, representar a la administración pública en los juicios en que ésta sea parte, intervenir en los juicios de amparo, cuando el jefe de Gobierno tenga el carácter de autoridad responsable, exista solicitud de la autoridad responsable o medie instrucción del jefe de Gobierno. De lo hasta aquí expuesto se desprende que el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, tiene entre sus atribuciones, la de representar jurídicamente a la administración pública del Distrito Federal, así como la de designar apoderados para la defensa jurídica de dicha administración, ya que esta última le fue otorgada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, mediante el Acuerdo por el que se delega al titular de la Dirección General de Servicios Legales del Distrito Federal, la facultad de designar y revocar apoderados para la defensa jurídica de la administración pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecinueve de marzo de dos mil dos. Ahora bien, del artículo primero del aviso de designación de servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal, como apoderados generales para la defensa jurídica de la misma, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinte de febrero de dos mil ocho, en que funda su personalidad el promovente del presente recurso se advierte, en lo que atañe a este estudio, lo siguiente: ‘... Primero. Se designan como apoderados generales para la defensa jurídica de la administración pública del Distrito Federal, respecto de la dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentren adscritos, a los siguientes servidores públicos. Secretaría de Seguridad Pública. **********. **********. **********. Para una mejor distribución, ejercicio y desarrollo de las facultades que me fueron delegadas, inherentes al puesto para el cual fui designado, que desempeño como representante en juicio de la administración pública del Distrito Federal, se confiere poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y con las especiales que requieran mención o cláusula especial conforme a la ley. De una manera enunciativa y no limitativa, se otorgan las siguientes facultades: a) Presentar y contestar demandas, reconvenciones y tercerías, oponer excepciones y defensas y comparecer como tercero interesado; b) Ofrecer toda clase de pruebas, objetar las de la contraria, rendir toda clase de informes; presentar testigos y redargüir los que ofrezca la parte contraria; designar y revocar peritos; c) Absolver y articular posiciones; d) Embargar bienes y presentarse en almonedas; e) Promover incompetencias y recusar Jueces; f) Oír resoluciones interlocutorias y definitivas; interponer toda clase de incidentes y recursos ordinarios y extraordinarios; pedir aclaración de sentencias y laudos, así como ejecutarlos; g) Presentar demandas de amparo e interponer los recursos que procedan inherentes al juicio; h) Transigir y conciliar mediante autorización expresa del titular de la dependencia, órgano desconcentrado u órgano político-administrativo; comprometer y resolver en arbitraje; i) En materia penal, además de las anteriores, cuando proceda, presentar y ratificar denuncias, acusaciones o querellas; constituirse en coadyuvantes de los agentes del Ministerio Público del Fuero Común o Federal, en todo lo relacionado con las averiguaciones previas o procesos penales, que se inicien o que se instruyan en todos sus trámites e instancias, así como otorgar perdón mediante autorización del titular de la Dirección General de Servicios Legales; j) Desistirse total o parcialmente en juicios y procedimientos cuando convenga, mediante autorización del titular de la Dirección General de Servicios Legales; y, k) Las demás facultades necesarias para que en representación de la administración pública del Distrito Federal, haga la defensa jurídica de la misma.’. De la transcripción anterior se desprende que el promovente ********** (quien tiene el carácter de servidor público de la administración pública del Gobierno del Distrito Federal) fue designado como apoderado general para pleitos y cobranzas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y entre sus atribuciones, según se desprende del inciso k), cuenta con las facultades necesarias para que en representación de la administración pública del Distrito Federal, haga la defensa jurídica de la misma; por lo que debe considerarse que conforme a este inciso, el promovente tiene facultades para representar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como a sus unidades administrativas, en el recurso de revisión contencioso administrativa."
CUARTO. En relación con la resolución dictada el cinco de septiembre de dos mil siete en la revisión contencioso administrativa ********** promovida por **********, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"SEGUNDO. No se transcriben las consideraciones de la sentencia recurrida, ni los agravios hechos valer en su contra, toda vez que este Tribunal Colegiado no los analizará, porque advierte que ********** carece de legitimación en el proceso para promover el presente recurso de revisión y, por tanto, que dicho recurso debe declararse improcedente. Para corroborar el anterior aserto, en principio es importante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a precisar: ‘Artículo 104.’ (se transcribe). Cabe destacar que los artículos 73, fracción XXIX-H y 122, fracción IV, inciso e), de la Constitución Federal, a los que alude el precepto antes transcrito, establecen, el primero, la facultad del Congreso de la Nación para expedir leyes que instituyan Tribunales de lo Contencioso Administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; y el segundo, la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal, el que tendrá plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública del Distrito Federal. Debe advertirse que la fracción IV, inciso e), del artículo 122, es la que se encontraba vigente para cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 104, fracción I-B, constitucional, a saber, el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, correspondiendo en la actualidad al apartado C, base primera, fracción V, inciso n), y base quinta del propio artículo 122 constitucional, dado que este precepto fue reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis. Precisado lo anterior, cabe señalar que del artículo 104, fracción I-B, constitucional antes transcrito, deriva lo siguiente: 1) Corresponde al legislador ordinario la facultad de reglamentar los supuestos de procedencia de los recursos de revisión contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo; y 2) De tales revisiones conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito y sólo el trámite de dichos recursos se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para la revisión en amparo indirecto. En esa tesitura, para determinar quién puede interponer el recurso de revisión contra las sentencias definitivas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, debe atenderse exclusivamente a lo dispuesto en la ley de ese tribunal, dado que el artículo 104, fracción I-B, constitucional, deja en manos del legislador ordinario la facultad de reglamentar los supuestos de procedencia de este medio extraordinario de defensa de legalidad, como lo es el relativo a la legitimación, remitiendo sólo para su trámite a lo dispuesto en la Ley de Amparo, en relación con la revisión en amparo indirecto. En consecuencia, no debe tenerse en consideración lo previsto en la Ley de Amparo en cuanto a la representación de las autoridades legitimadas para interponer la revisión, al no ser dicha ley aplicable en este aspecto, sino sólo respecto a las reglas para el trámite a que se sujetarán los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Corrobora lo antes expuesto la jurisprudencia 2a./J. 110/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se precisa: ‘CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LOS AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO, ESTÁN FACULTADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN SU REPRESENTACIÓN.’ (se transcribe). Expuesto lo anterior, debe significarse que para explicar el porqué de la afirmación en el sentido de que ********** -quien firmó el presente recurso de revisión-, carece de legitimación en el proceso, es pertinente tener presente lo dispuesto en los artículos 33, 35, 87 y 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, a precisar: ‘Artículo 33.’ (se transcribe). ‘Artículo 35.’ (se transcribe). ‘Artículo 87.’ (se transcribe). ‘Artículo 88.’ (se transcribe). En esa tesitura, en principio debe destacarse que en el transcrito artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal se prevé el recurso de revisión y determina el ente legitimado para interponerlo. Al respecto, se establece que las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que refiere el diverso artículo 87 de la misma ley, pueden ser impugnadas por las respectivas autoridades, interponiendo al respecto el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, por conducto de la Sala Superior, mediante escrito dirigido a dicho tribunal dentro del plazo de diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, independientemente del monto, y en los casos ahí previstos. En ese sentido, es claro que se prevé al recurso de revisión como un mecanismo de defensa excepcional a favor de las autoridades que obtuvieron un fallo adverso; empero, se condiciona su procedencia a la satisfacción de ciertos requisitos formales -como es la legitimación del promovente-, y a determinados requisitos de fondo, como son la cuantía y trascendencia del asunto. Por consiguiente, es dable concluir, en primer lugar, que el recurso de revisión previsto en el artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es un medio de defensa extraordinario reservado únicamente para las autoridades demandadas en el juicio contencioso-administrativo, el cual pueden interponer por sí mismas o incluso a través de sus autorizados, pero no por conducto de sus apoderados. En efecto, el análisis relacionado de los artículos 33, 35, 87 y 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, antes transcritos, evidencia que el legislador local, en ejercicio de la facultad que le fue conferida en el artículo 104, fracción I-B, constitucional, previó el juicio contencioso-administrativo para que los particulares, sean personas físicas naturales o morales o jurídicas, cuestionen la regularidad de actos o resoluciones dictados por las autoridades administrativas del Distrito Federal, o para que éstas reclamen la nulidad de resoluciones que favorezcan a ciertas personas físicas o morales. Es pertinente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 109/2003-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 110/2003, antes transcrita, sostuvo que los autorizados por las autoridades en el juicio contencioso-administrativo del Distrito Federal están facultados para interponer el recurso de revisión en su representación, toda vez que no se consignó para su interposición excepción alguna a la regla general sobre la facultad de recurrir. En esa línea de pensamiento, cabe señalar que una nota distintiva del juicio contencioso-administrativo local estriba en que en él siempre figura como parte una autoridad administrativa del Distrito Federal, ya sea como demandada o como parte actora; en el primer caso, cuando acude en defensa del acto o resolución que haya dictado y que se estime ilegal, y en la segunda hipótesis, cuando demanda la nulidad de una resolución dictada por ella y que favorezca a una persona física o moral. Ahora bien, por ser la representación un atributo de las personas físicas o morales de derecho privado, nada impide que en el juicio contencioso-administrativo en el que figuren como partes, acudan a hacer valer sus derechos por conducto de apoderado. Empero, debe señalarse que en el juicio contencioso-administrativo no pueden las autoridades demandadas o actoras intervenir a través de apoderados, en primer lugar, porque en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no se prevé esa posibilidad y, en segundo lugar, porque en el juicio se controvierten actos realizados por dichas autoridades actuando como entes dotados de poder público, es decir, no se involucran meros intereses patrimoniales. En efecto, las autoridades o personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente, como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 45/2003, que a continuación se precisa: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’ (se transcribe). En esa tesitura, sólo cuando las autoridades actúan como personas morales de derecho privado, pueden ser representadas por conducto de apoderado, porque en ese supuesto se involucran exclusivamente los intereses patrimoniales de aquéllas, y se da el fenómeno de la representación. Así es, la representación es una de las instituciones jurídicas a través de las cuales se realizan válida y eficazmente actos jurídicos sobre un patrimonio ajeno, por lo que lo propio de la representación consiste en la actuación a nombre del representado. Empero, las autoridades o personas morales oficiales no pueden ser representadas a través de un mandatario privado en los actos que realizan en ejercicio del poder público que les compete, porque de ser así la representación involucraría las facultades legales de las que se hallan investidas, y que deben ser ejercitadas precisamente por la persona física que ha sido designada como autoridad para ese efecto, generalmente en atención a ciertas cualidades específicas; y porque de permitirse la representación en ese supuesto, se estarían otorgando facultades de autoridad a una persona física al margen de la ley, es decir, ni siquiera a otra autoridad. En esa tesitura, como en el juicio contencioso-administrativo local se analiza la legalidad o ilegalidad de actos dictados por las autoridades administrativas del Distrito Federal en su carácter de entes públicos, su defensa en juicio deben llevarla a cabo ellas mismas o a lo sumo otra autoridad, concretamente la unidad administrativa u órgano encargado de su defensa jurídica; no pudiendo hacerlo un apoderado. En efecto, si se aceptara que las autoridades demandadas o actoras en el juicio contencioso-administrativo en el que se controvierte la legalidad de actos realizados por entes públicos, pudieran intervenir en el juicio por conducto de mandatario, implícitamente se estaría admitiendo el hecho de que las autoridades pudieran delegar las atribuciones inherentes a su cargo en una persona física y, por ende, que ésta hiciera las veces de una autoridad. Por otra parte, debe significarse que el hecho de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiese considerado que los autorizados de las autoridades puedan interponer recursos, incluso el de revisión contra las sentencias definitivas dictadas en los juicios de nulidad, no se contrapone con lo decidido en esta ejecutor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21602-9bd706d0/revision-prevista-en-el-articulo-88-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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