DEMANDA DE NULIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE RESPETAR EL PLAZO DE 20 DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA AMPLIARLA, ES UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO CUYA TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO DEBE EXAMINARSE EN EL AMPARO DIRECTO. DEMANDA DE NULIDAD. SU AMPLIACIÓN CONSTITUYE UN DERECHO PARA EL ACTOR Y UNA OBLIGACIÓN PARA LA SALA FISCAL DE RESPETAR EL PLAZO DE 20 DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA HACERLO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 189/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.
TERCERO. En relación con la resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil ocho por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el amparo directo administrativo 17/2008, en sus antecedentes relató, en esencia, lo siguiente:
• El 25 de enero de 2006, el suplente del administrador de la administración de Mexicali, Baja California, en oficio ********** le determinó a ********** un crédito en materia de comercio exterior.
En su contra, la parte afectada interpuso recurso de revocación.
• El 23 de mayo de 2007, el administrador local jurídico de Mexicali resolvió el referido recurso de revocación en el sentido de que se emitiera una nueva resolución y se dejara insubsistente el oficio impugnado, indicando al actor que tenía 45 días para impugnar la nulidad de tal resolución; de ahí que el 2 de agosto siguiente, la parte afectada promovió juicio de nulidad.
• El 27 de septiembre de 2007, el administrador local jurídico de Tijuana, en representación de varias autoridades contestó la demanda de nulidad y el 15 de octubre siguiente, la Sala Fiscal acordó que no podía conceder la oportunidad al actor de ampliar la demanda porque no se actualizaban los supuestos del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
• El 27 de noviembre de 2007, el Tribunal Fiscal dictó sentencia en el sentido de que el actor no probó sus pretensiones y declaró la legalidad de la resolución combatida, pues aun cuando la actora alegó que la resolución impugnada es contraria al artículo 64 de la Ley Aduanera, ya que la autoridad administrativa se apoyó en la Regla 2.10.7 de la miscelánea fiscal para determinar el valor de un coche usado importado en la región fronteriza, cuando los elementos del tributo deben estar en ley y, en la contestación, tal argumentación se sostuvo que a través de otro decreto se estableció que el valor de la operación se hace de acuerdo con la regla miscelánea fiscal sin que proceda la aplicación de la base prevista en la Ley Aduanera que alude al valor de factura, a juicio de la Sala Fiscal el concepto de nulidad resultaba infundado, ya que fue expedido un decreto para establecer las condiciones para la importación de tales vehículos destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza del norte, aunado a que las importaciones en dicha franja sean ágiles y simples y no propicien la permanencia ilegal; por tanto, como el citado decreto fue emitido con base en diversos preceptos y tiene por objeto impedir la afectación de una rama de actividad, o regular ciertas ventas, promover el comercio exterior, el incremento de la competencia económica, etcétera, en el que se previó la expedición de reglas y en el caso éstas tienen como base el contenido del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, la actora debió ajustarse a su contenido.
En contra de la anterior resolución, la parte afectada promovió juicio de amparo.
Previos los trámites legales, el Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia la que, en la parte que interesa, establece lo siguiente:
"SEXTO. Previamente al examen de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, se estima necesario tener presente los antecedentes del caso, que se advierten de las actuaciones del juicio de nulidad **********, a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., que son los siguientes: 1. Mediante oficio número ********** de veinticinco de enero de dos mil seis, el subadministrador de la aduana, en suplencia por ausencia del administrador de la Aduana de Mexicali, Baja California, le determinó a ********** un crédito en materia de comercio exterior. 2. Inconforme con la anterior determinación, ********** interpuso en su contra recurso de revocación. 3. Por oficio número 325-SAT-02-II-B-2706 de veintitrés de mayo de dos mil siete, el administrador local jurídico de Mexicali, Baja California, resolvió el recurso de revocación número RA. 3813/06, bajo los siguientes puntos resolutivos: ‘PRIMERO. Que se emita una nueva resolución en los términos precisados en la presente resolución. En consecuencia, queda insubsistente la resolución contenida en el oficio número ... de fecha veinticinco de enero de dos mil seis, emitida por la Aduana de Mexicali, a través de la cual se determinó a cargo de **********, el crédito fiscal, en cantidad total de ... mismo que se integra de la siguiente manera: ... por concepto de impuesto general de importación ... por concepto de impuesto al valor agregado ... por concepto de recargos y ... por concepto de multas. SEGUNDO. Se indica que para impugnar la presente resolución en el juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional competente del tribunal (sic) de Justicia Fiscal y Administrativa en términos de la ley orgánica de dicho órgano jurisdiccional, cuenta con un plazo de 45 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido por el artículo 132, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, en relación con el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, publicada en el mismo órgano oficial el veintitrés de junio de dos mil cinco.’. 4. Contra la resolución precisada en el punto que antecede, **********, por su propio derecho, demandó su nulidad ante la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; previa admisión de la citada demanda de nulidad y seguido el juicio por todas sus etapas procesales, el veintisiete de noviembre de dos mil siete, la autoridad responsable emitió la resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. Precisado lo anterior, se tiene presente que tratándose de la sentencia dictada en los juicios de amparo directo, luego de que este Tribunal Colegiado de Circuito justifique su competencia para conocer de dicho juicio, ya sea por materia, grado o territorio y se ocupe de verificar la procedencia del juicio de garantías, es decir, si en la especie se actualiza o no alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, debe observar las siguientes cuestiones para determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa: a) Examinar la demanda de garantías y las consideraciones de la sentencia definitiva reclamada, a efecto de clasificar temáticamente los conceptos de violación y distinguir los aspectos que rijan de manera fundamental el sentido del acto reclamado. b) Con el resultado de ese examen, clasificar en orden de importancia, los tópicos tratados en cada uno de los conceptos de violación sin importar el orden en que se hubieren expuesto por el quejoso, ni priorizar injustificadamente el estudio de los relativos a la constitucionalidad de leyes o legalidad del acto reclamado, ya que ello dependerá, necesariamente, del mayor beneficio jurídico que pudiera llegar a obtener el quejoso de resultar fundado alguno de los argumentos planteados en la demanda. c) Hecho lo anterior, deberá abordarse el estudio del concepto de violación que combata el aspecto fundamental que rija el sentido del acto reclamado, ya que de resultar fundado el mismo, sin duda, le producirá mayor beneficio jurídico al quejoso. En principio, por cuestión de método y técnica jurídica, se analizarán en primer orden, posibles violaciones a las normas del procedimiento. En proveído de quince de octubre de dos mil siete, la Sala Fiscal determinó que en el caso no procedía conceder a la parte actora la oportunidad para ampliar la demanda, toda vez que no se actualizaba ninguna de las hipótesis que regula el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Actuación que este órgano judicial considera conforme a derecho, dado que si bien se tiene presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el punto relativo a la obligación del Magistrado instructor de que al acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, otorgue a la actora, en todos los casos, el término de veinte días que establece el artículo 210 del Código Fiscal de la Federación (similar artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) para ampliarla; también debe considerarse que el cumplimiento de esa obligación procura evitar que el actor quede en estado de indefensión, al prescribir su derecho a controvertir aquellas cuestiones que le son desconocidas o que son introducidas por la demandada en su contestación; es decir, para que pueda combatir planteamientos nuevos o se esté en los supuestos del precepto en mención. En efecto, al fallar la contradicción de tesis 63/2001-SS, la mencionada Segunda Sala emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2001 ... del rubro y contenido siguiente: ‘DEMANDA DE NULIDAD. ES OBLIGACIÓN DE LA SALA FISCAL, AL ACORDAR SOBRE LA ADMISIÓN DEL ESCRITO POR EL QUE SE CONTESTA, OTORGAR AL DEMANDANTE EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA AMPLIARLA.’ (se transcribe). Sin embargo, también es cierto que en estrecha relación con el punto antes definido, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, por unanimidad de cinco votos, la contradicción de tesis 62/2006 (sic) en sesión de dos de junio de dos mil seis, llegó a la conclusión de que el actor puede ampliar facultativamente su demanda dentro del plazo que prevé el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación para el ejercicio de la acción y, excepcionalmente, después de contestada, en los supuestos previstos en el numeral 210 del propio ordenamiento, concretamente, en los casos en que al contestar la demanda, el sujeto pasivo sustente circunstancias que el actor desconocía al presentar su demanda. Tales reflexiones fueron plasmadas en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 101/2006, al resolver la contradicción de tesis número 62/2006-SS ... de texto y rubro siguientes: ‘DEMANDA DE NULIDAD FISCAL. EL ACTOR PUEDE AMPLIARLA FACULTATIVAMENTE DENTRO DEL PLAZO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN Y, EXCEPCIONALMENTE, DESPUÉS DE CONTESTADA, EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL NUMERAL 210 DEL PROPIO ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).’ (se transcribe). En la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia que antecede, en lo que aquí interesa, se concluyó lo siguiente: ‘... Respecto a la obligación del Magistrado instructor de que al acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, se otorgue a la actora el término de veinte días que establece el artículo 210 del Código Fiscal de la Federación para ampliarla, ya se ha pronunciado esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al precisar que en todos los casos debe otorgarse a la demandante el término de veinte días a que hace referencia el precepto en cita para ampliar su escrito inicial de demanda, ya que de lo contrario, se le estaría dejando en estado de indefensión, al proscribir su derecho a controvertir aquellas cuestiones que le son desconocidas o que son introducidas por la demandada en su contestación, es decir, para que pueda combatir planteamientos nuevos o se esté en los supuestos del precepto en mención, la jurisprudencia en cita tuvo su origen en la contradicción de tesis 63/2001-SS, y es del tenor literal que a continuación se transcribe: ... De lo hasta aquí expuesto, se advierte que respecto al segundo punto de contradicción, la ampliación de la demanda de nulidad prevista y regulada por el artículo 210 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta dos mil cinco (establecida también en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir de dos mil seis) es un derecho reglado, en cuanto el legislador la previó y reguló limitándola a que se promueva dentro de los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la contestación de la demanda y sólo en los casos específicos a que se ha hecho mención’. Los preceptos ahí analizados del Código Fiscal de la Federación, son los siguientes: ‘Artículo 210. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes: I. Cuando se impugne una negativa ficta; II. Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación; III. En los casos previstos por el artículo 209 Bis; IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que sin violar el primer párrafo del artículo 215 no sean conocidas por el actor al presentar la demanda. En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos que en su caso se presenten. Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 209 de este código. Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, el Magistrado instructor requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si el promovente no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la ampliación de la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones V, VI y VII del artículo 209 de este código las mismas se tendrán por no ofrecidas.’. ‘Artículo 209 Bis. Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las reglas siguientes: I. Si el demandante afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo conoció. En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación. II. Si el actor manifiesta que no conoce el acto administrativo que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante ampliación de la demanda. III. El tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación del acto administrativo. Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II, quedando sin efectos todo lo actuado en base a aquélla, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, se hubiese formulado contra dicho acto. Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con el acto administrativo combatido.’. En ese contexto, si como se ha visto, el actor tiene derecho a que se le otorgue un plazo para ampliar su demanda, después de que el demandado emita su contestación e introduzca aspectos que aquél desconocía, en la especie, no se colmó alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir de dos mil seis, dado que en la contestación de demanda, la autoridad accionada se concretó a refutar los hechos y conceptos de impugnación vertidos por el actor, sosteniendo la legalidad del oficio número ********** de veintitrés de mayo de dos mil siete, mediante el cual el administrador local jurídico de Mexicali, Baja California, resolvió el recurso de revocación número RA. **********. En efecto, hay que tener presente que la regla general para la procedencia del amparo directo tratándose de violaciones a las leyes del procedimiento, consiste en que las mismas son impugnables si se cometieron durante la secuela del mismo, siempre que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Por eso, cuando en una demanda de garantías se reclama una violación procesal, los Tribunales Colegiados deben examinar si se cumplen los requisitos previstos en la regla general apuntada. Por las anteriores consideraciones este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo administrativo número 542/2008, en sesión ordinaria de nueve de octubre de dos mil ocho. Tampoco el criterio que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el cual aparece en la Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ... del rubro y texto siguientes: ‘DEMANDA DE NULIDAD. ES OBLIGACIÓN DE LA SALA FISCAL, AL ACORDAR SOBRE LA ADMISIÓN DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN, OTORGAR AL DEMANDANTE, EN TODOS LOS CASOS, EL PLAZO DE VEINTE DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA AMPLIARLA.’ (se transcribe). Por tal razón y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, fracción III, de la Ley de Amparo, denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de tesis, para lo que tenga a bien determinar."
CUARTO. En relación con la resolución dictada el nueve de octubre de dos mil ocho en el amparo directo administrativo 542/2008 por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en sus antecedentes relató, en esencia, lo que a continuación se transcribe:
• El 16 de octubre de 2007, ********** demandó la nulidad del oficio 325-SAT-02-II-B-3402 emitido por al administrador local jurídico de Mexicali, por considerar que le causaba agravio haber dejado sin efecto el acto impugnado y que se emitiera otra resolución, porque se dejaba de reconocer que la Regla 2.10.7 de la miscelánea fiscal es contraria al principio de legalidad.
• El 16 de noviembre de 2007, el Magistrado instructor admitió la demanda y ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para la formulación de su contestación.
• El administrador local jurídico de Tijuana, Baja California, en representación de diversas autoridades dio contestación a la demanda sosteniendo la legalidad de la resolución impugnada y ofreció las pruebas que a su derecho convino.
• El 14 de enero de 2008, el Magistrado instructor tuvo por contestada la demanda y dio a las partes un término para formular alegatos.
• El 6 de febrero siguiente, la Sala responsable reconoció la validez de la resolución impugnada, desestimando la argumentación relativa a la inconstitucionalidad planteada en el sentido de que la autoridad aduanera al resolver el recurso de revocación, dejó de considerar que dicha autoridad al emitir la liquidación recurrida, transgredió el artículo 64 de la Ley Aduanera, al pretender aplicarle la Regla de la Miscelánea Fiscal 2.10.7, que alude a una base distinta de la establecida en el citado precepto de la ley tratándose de la importación de automóviles usados, vulnerándose los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que una regla no puede estar por encima de la ley y que al respecto no se le dio contestación a dicho argumento, pues sólo se consideró que tal aspecto era una cuestión de constitucionalidad que no le correspondía resolver a la autoridad; toda vez que a juicio de la Sala, la actora no demostró que la autoridad pudiera ocuparse de tal aspecto, además de que no se omitió el análisis de tal argumentación ya que la autoridad sí se pronunció sobre el referido planteamiento. Agrega la Sala que la argumentación restante es inatendible, pues la actora pretende demostrar la contravención de la regla miscelánea a la Constitución, sin que se dieran los supuestos de excepción para dicho examen.
Previos los trámites legales, el Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia la que, en la parte que interesa, establece lo que a continuación se indica:
"SEXTO. En el presente caso no será necesario analizar el fondo del asunto, a virtud de que en suplencia de la queja que prevé el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, se advierte una violación procesal que amerita ordenar la reposición del procedimiento. Previo a exponer el motivo de reposición, se citarán breves antecedentes del caso. a) El dieciséis de octubre de dos mil siete **********, por su propio derecho, compareció a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio ... de veintiocho de junio de dos mil siete, emitida por el administrador local jurídico de esta capital, toda vez que le causaba agravio al dejar sin efecto el auto impugnado, para el efecto de que se emita una nueva resolución. b) El actor adujo como concepto de impugnación, que la Regla Miscelánea 2.10.7 es violatoria del principio de legalidad consagrada en la fracción IV, artículo 31, constitucional. c) Mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil siete, el Magistrado instructor admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado a las autoridades que son parte del juicio para que formularan la contestación de la demanda. d) Mediante oficio ... el administrador local jurídico de Tijuana, Baja California, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, dio contestación a la demanda, sosteniendo la legalidad de la resolución impugnada y ofreció las pruebas que a su derecho convino. e) Mediante auto de catorce de enero de dos mil ocho, se tuvo por contestada la demanda y se dio término a las partes para formular alegatos, sin que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho. f) El seis de febrero de dos mil ocho, la Sala responsable reconoció la validez de la resolución impugnada. g) Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Precisado lo anterior, corresponde exponer los motivos por los que debe reponerse el procedimiento de origen. La Sala responsable al tener por contestada la demanda por parte de las autoridades emplazadas al juicio de nulidad promovido por la actora, omitió dar cumplimiento a lo que prevé el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es, conceder el término de veinte días para que la parte actora amplíe su demanda, en relación con las cuestiones que le son desconocidas o que son introducidas por la demandada en su contestación. ‘Artículo 17.’ (se transcribe). Lo anterior es así, toda vez que el acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil ocho, literalmente expresa lo siguiente: (se transcribe). Como se aprecia a simple vista, en el citado proveído la Sala Fiscal no acordó respecto al derecho que tiene la parte actora de ampliar su demanda, ya que si bien es cierto que el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece obligación alguna a cargo de la Sala Fiscal de requerir o prevenir al actor para que amplíe su demanda, también lo es que tal ampliación constituye una formalidad esencial del procedimiento y su ejercicio no debe ser soslayado, puesto que el que resulte o no infundada la ampliación de la demanda sólo podrá dirimirse con las constancias que al efecto acompañe la contraria a su escrito de contestación, así como con los conceptos de impugnación que haga valer la actora en su escrito de ampliación, por lo que en todos los casos debe otorgarse a ésta, el término de veinte días a que hace referencia el precepto en cita para ampliar su escrito inicial de demanda, ya que de lo contrario, se estaría dejando a una de las partes en estado de indefensión. Tiene aplicación al caso concreto el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito ... del rubro y texto siguientes: ‘DEMANDA DE NULIDAD. ES OBLIGACIÓN DE LA SALA FISCAL, AL ACORDAR SOBRE LA ADMISIÓN DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN, OTORGAR AL DEMANDANTE, EN TODOS LOS CASOS, EL PLAZO DE VEINTE DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA AMPLIARLA.’ (se transcribe). Por consiguiente, se actualiza la suplencia de la queja que prevé el artículo 76 (sic) fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que la violación procesal en examen dejó sin defensa al actor ahora quejoso. En consecuencia, es incuestionable que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, así como de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que procede conceder la protección constitucional al quejoso **********, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia impugnada, ordene la reposición del procedimiento, desde el acuerdo de catorce de enero de dos mil ocho, en la parte conducente (sic) que se omitió otorgar los veinte días que se refiere el multicitado artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, provea lo relativo acorde a derecho, una vez subsanado el vicio indicado, continúe con la secuela procesal, hasta resolver lo que corresponda. Idéntico criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito ... del rubro y texto siguientes: ‘DEMANDA DE NULIDAD. ES OBLIGACIÓN DE LA SALA FISCAL, AL ACORDAR SOBRE LA ADMISIÓN DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN, OTORGAR AL DEMANDANTE, EN TODOS LOS CASOS, EL PLAZO DE VEINTE DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA AMPLIARLA.’ (se transcribe). En ese contexto, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación, toda vez que en virtud de la presente concesión del amparo, la autoridad responsable estará constreñida, en su oportunidad, emitir con plenitud (sic) que ponga fin al juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia que a la letra dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe)."
QUINTO. En relación con la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el veintiséis de abril de dos mil siete, en el amparo directo administrativo 77/2007 en cuanto a los antecedentes del asunto relató, en síntesis, los siguientes:
• El 5 de junio de 2006 **********, promovió juicio de nulidad en contra del mandamiento de ejecución de 22 de marzo de 2006 emitido por la Recaudación de Rentas de Durango de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno de Durango, relativo al crédito número 820685 y contra la diligencia de requerimiento de pago y embargo de 24 de mayo de 2006.
• El 6 de junio de 2006, el Magistrado en funciones de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa admitió la demanda de nulidad, ordenó el emplazamiento y tuvo por ofrecidas las pruebas de la demandada.
• El 30 de agosto de 2006, la autoridad demandada contestó la demanda señalando que el mandamiento de ejecución y el requerimiento de pago y embargo relativos al crédito que se pretendía hacer efectivo, no eran actos de dicha autoridad, sino de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ofreciendo un oficio como prueba de ello.
• El 4 de septiembre siguiente, se regularizó el procedimiento porque en el auto de 6 de junio anterior no se había señalado al jefe del Departamento de Autotransportes Federal en Durango como autoridad demandada.
• El 6 de septiembre de 2006, el Magistrado instructor tuvo por contestada la demanda y por ofrecidas y admitidas las pruebas de la autoridad y la Sala se reservó el derecho de otorgar un término para la ampliación de la demanda, ya que estaba transcurriendo el plazo para que contestara la dive
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21643-9c1da0ab/demanda-de-nulidad-el-incumplimiento-de-la-obligacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. LA ASIGNACIÓN DE PARCELAS EJIDALES QUE REALICE EN CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD NO ACTUALIZA UNA NULIDAD DE PLENO DERECHO Y, POR TANTO, EL (CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2008-SS)
- ACLARACIÓN DE TESIS JURISPRUDENCIALES DERIVADAS DE CONTRADICCIONES DE TESIS. PROCEDE SÓLO DE MANERA OFICIOSA PARA PRECISAR EL CRITERIO EN ELLAS CONTENIDO Y LOGRAR SU CORRECTA APLIC (CONTRADICCIÓN DE TESIS 149/2008-SS)
- RECONOCIMIENTO ADUANERO. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR NO ENCONTRARSE LAS MERCANCÍAS EN EL LUGAR ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO ES IMPUTABLE A LOS PROPIETARIOS DE LOS MEDIOS DE T (CONTRADICCIÓN DE TESIS 219/2008-SS)
- REVISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LOS APODERADOS DE LA AUTORIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERP (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- EXCLUYENTES.- (4462)
- INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis