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Modo: Corpus Pro

ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. LA ASIGNACIÓN DE PARCELAS EJIDALES QUE REALICE EN CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD NO ACTUALIZA UNA NULIDAD DE PLENO DERECHO Y, POR TANTO, EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY AGRARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21197
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO) Y EL CUARTO TRIBUNA
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 699.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO) Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, constitucionales, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero (en sentido contrario) y cuarto, del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que es uno de los órganos que sustentan uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.

TERCERO. En relación con la resolución dictada el dieciséis de enero de dos mil ocho en el amparo directo administrativo agrario 636/2007, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"SEXTO. Este Tribunal Colegiado, en suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis, fracción III, en relación con el arábigo 227, ambos de la Ley de Amparo, prescindiéndose de lo argumentado por los quejosos en los conceptos de violación antes reproducidos, estima procedente, por las razones que a continuación se indican, otorgar la protección constitucional que solicitan, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 12/94, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de la Nación ... cuyo rubro y texto rezan: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA. OPERA CUANDO EL QUEJOSO Y TERCERO PERJUDICADO SON EJIDATARIOS.’ (se transcribe). Es oportuno destacar que el tema de prescripción a que alude el artículo 61 de la Ley Agraria, puede ser analizado de oficio, como se distingue de la jurisprudencia 2a./J. 116/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... que a la letra dice: ‘EJIDOS. SI EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA EN QUE ASIGNAN TIERRAS NO ES IMPUGNADO DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS OPERA LA PRESCRIPCIÓN, Y PUEDE SER ANALIZADA DE OFICIO POR EL TRIBUNAL AGRARIO.’ (se transcribe). En efecto, el Tribunal Agrario a página catorce de la sentencia reclamada, determinó que el órgano supremo del ejido acordó dividir la unidad de dotación del hoy extinto ejidatario ********** violando con ello lo dispuesto por el artículo 27 constitucional. Con apoyo en lo anterior, sostuvo que era inaplicable el artículo 61 de la Ley Agraria que establece que la impugnación de la asamblea debe hacerse valer en un término de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente de su celebración. Luego, declaró nulo el acuerdo de asamblea de veinticinco de noviembre de dos mil cinco, respecto a la ‘no asignación’ (sic) de los derechos agrarios que correspondían al de cujus ********** porque a su decir, no se encontraba dentro de las facultades de la asamblea de ejidatarios, el asignar parcelas en los casos de una sucesión de derechos agrarios como en la especie acontecía. Estableciendo más adelante que si la asamblea, como lo refirió el comisariado ejidal, había reconocido a cuatro de las hijas del de cujus como posesionarias respecto de los derechos agrarios de éste, tal determinación resultaba nula para todos los efectos legales correspondientes, y apoyó sus razonamientos en la tesis aislada XVI.4o.13 A, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato ... que a la letra dice: ‘NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY AGRARIA PARA DEMANDARLA, NO ES APLICABLE CUANDO LA ASIGNACIÓN DE UNA PARCELA ES CONTRARIA A UNA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Tal forma de resolver es incorrecta, porque no se comparte el argumento de la responsable en torno al tópico de la prescripción, ni el criterio jurisdiccional que invocó para ello, y en cambio se pronunció sobre la nulidad de la asignación de tierras efectuada en la asamblea de veinticinco de noviembre de dos mil cinco, celebrada con motivo de la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales del ejido ********** so pretexto de que al haberse acordado dividir la unidad de dotación del extinto ejidatario ********** se violó lo dispuesto en el artículo 27 constitucional. Esto es, la responsable analizó el fondo del asunto cuando primero debió corroborar, si de acuerdo al artículo 61 de la Ley Agraria, la accionante tercera perjudicada se encontraba dentro del plazo de ley para impugnar los acuerdos de la asamblea, en términos del citado numeral que dispone lo siguiente: ‘Artículo 61.’ (se transcribe). Lo anterior es así, dado que la prescripción extintiva provoca la desaparición de un derecho con base en un dato negativo, es decir constituye el no ejercicio de un derecho que tiene el titular por el desinterés de hacerlo valer en su momento, siendo un aspecto que puede perjudicarle, lo que lleva implícita la sanción de que prescriba en su contra, ya que no es posible mantener relaciones jurídicas en estado de incertidumbre. Ilustra el sentido de lo anterior aseverado, el criterio emitido por la anterior Cuarta Sala de nuestro Máximo Tribunal de la Nación ... cuyo rubro y texto rezan: ‘PRESCRIPCIÓN. TÉRMINO LEGAL PARA QUE OPERE.’ (se transcribe). Y con la aplicación del criterio aislado que invoca en sus razonamientos, pone de manifiesto que en el caso puesto a su consideración, como existió una violación al artículo 27 constitucional que implicaba -a su juicio-, una nulidad de pleno derecho, por ello no era necesario observar lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Agraria. Sin embargo, al resolver de esa forma implícita, realizó un control difuso de la Constitución, pues concluyó que el actuar de la asamblea había vulnerado el artículo 27 de nuestra Carta Magna, proceder que a las autoridades comunes que realizan actos materialmente jurisdiccionales no les está permitido, ya que sólo los órganos federales de control constitucional pueden establecerlo. Al caso, es aplicable la jurisprudencia P./J. 74/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... que a la letra dice: ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). Sin que esté en el caso de que los tribunales del orden común, en este caso, uno agrario, están obligados a acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la de los Tribunales Colegiados de Circuito, como lo disponen los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo pues, el criterio en el que se apoyó la responsable para estimar que el acto de asamblea era nulo de pleno derecho, no constituye jurisprudencia y, por ende, no tenía por qué hacer consideraciones que no le correspondían basándose en esa tesis aislada, como dar por hecho que el referido acto era nulo por contravenir lo dispuesto en el artículo 27 constitucional, esto es, el tribunal agrario no debió actuar con desapego a aquello para lo que las normas jurídicas lo facultaban expresamente. En otras palabras, no tenía por qué excederse en cuanto a las atribuciones que las leyes le confirieron y debió limitarse al análisis de la legalidad del asunto puesto a su consideración, sin establecer ‘motu proprio’, que podía soslayar lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Agraria, sin pronunciarse sobre la excepción de prescripción, so pretexto de que el acuerdo de asamblea, en donde se dividió la unidad de dotación del extinto ********** violó el artículo 27 constitucional. Ahora, como se enunció, este órgano colegiado no comparte el criterio en el que se apoyó la responsable, por lo siguiente: Las nulidades de pleno derecho deben estar expresamente consignadas en la ley, para poder ser declaradas por el juzgador, ya que al margen de la discusión que pudiera emprenderse en relación con la teoría de la invalidez de los actos jurídicos, lo cierto es que debe existir declaratoria judicial para que sean reconocidas. Esto es, si no hay disposiciones expresas en las leyes y para los casos que ellas comprendan, nuestra legislación no autoriza que se reconozca la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que deben ser declaradas por la autoridad judicial, en todos los casos y previo el procedimiento jurisdiccional respectivo. Resulta pertinente mencionar, que el procedimiento jurisdiccional se conforma por un conjunto de etapas y actos coordinados sucesiva y secuencialmente (demanda, contestación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, etcétera), que debidamente normalizados establecen la forma y circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tienen que verificarse. Esas fases a que se alude, podemos llamarlas etapas procesales, en cuyo transcurso finito tendrán lugar determinados actos materiales y jurídicos, así como hechos jurídicos a cargo, tanto de las partes como del juzgador, las cuales culminarán con una resolución o sentencia, que es la forma normal en que concluyen los procesos. Ahora, si bien, la legislación agraria, que es la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el propio precepto constitucional a que se alude, establecen la indivisibilidad de la parcela, pero no establecen expresamente que son nulos de pleno derecho los acuerdos tomados en la asamblea de ejidatarios en los que se determina dividir una parcela (en el asunto de nuestra incumbencia una unidad de dotación), por consiguiente, para que dichos actos se puedan declarar nulos, es necesario que se reclamen dentro del procedimiento correspondiente y desde luego, en el plazo que se tiene para ello, pues en todo caso tales actos son anulables y no nulos de pleno derecho. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia que sustentó la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ... que a la letra dice: ‘NULIDAD. NO EXISTE DE PLENO DERECHO.’ (se transcribe). Bajo ese orden de ideas, si el tribunal no puede declarar la nulidad de los acuerdos de asamblea, bajo la estimación de que dichos actos son nulos de pleno derecho porque se dividió la parcela o la unidad de dotación del ejidatario, por la sencilla razón de que eso no está expresamente estipulado en la ley, entonces, la acción para solicitar la declaratoria de nulidad del acuerdo de asamblea de ejidatarios, debe deducirse oportunamente, es decir, dentro del término a que alude el artículo 61 de la Ley Agraria, que es de noventa días. Además, tampoco se comparte lo que afirma el referido órgano jurisdiccional en la ejecutoria que dio origen a la tesis mencionada, ya que en ello se asevera que si se considerara que el demandado debe impugnar el acuerdo de asamblea en el plazo a que alude el artículo 61 de la Ley Agraria, ello traería como consecuencia la inobservancia a una disposición que prohíbe la indivisibilidad (sic) de una parcela como es el artículo 27 constitucional. Sin embargo, eso llevaría entonces a asegurar que la no impugnación del acto de asamblea en el plazo permitido, traería como consecuencia observar lo dispuesto por el artículo 27 constitucional en relación con la indivisibilidad de la parcela, por lo que tendríamos que concluir que la norma prevista en el artículo 61 de la Ley Agraria, lleva implícita la tendencia a violentar una disposición constitucional, lo cual no es compartido por este Cuarto Tribunal Colegiado. Tampoco se comparte el argumento del referido órgano jurisdiccional consistente, en que el plazo del artículo 61 de la Ley Agraria, debe entenderse para aquellos casos en que al verificarse la asignación de parcelas se hubiera cometido una violación formal; y no comparte por la simple razón de que dicho numeral no establece esa circunstancia ni excepción alguna, y si el legislador no hizo distinción al respecto, el juzgador no tiene por qué hacerla. De la propia manera, tampoco se comparte la tesis en que se apoyó el tribunal agrario, pues no medió un análisis de la contraposición de la norma soslayada con la propia Carta Fundamental, para así aplicar jerárquicamente esta última -en atención al principio de supremacía constitucional-, y hacerlo en forma directa sin tal análisis implicaría que cualquier razonamiento que se hiciera en el sentido de que hubo una violación a la Constitución, permitiría inaplicar lo expresamente dispuesto en las normas secundarias con cualquier legislación e inclusive de aquellas leyes reglamentarias de la propia legislación agraria (reglamentaria del artículo 27 del Pacto Federal, según su artículo 1o.), de la Ley de Amparo (reglamentaria del (sic) 103 y 107 constitucionales), etcétera, situación que se torna incomprensible al considerar: Verbigracia, que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los juicios de su conocimiento, no podría argumentar que figuras como la prescripción o caducidad no podrían operar a favor del contribuyente, bajo el argumento de que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, le impone la obligación de contribuir con los gastos. Otro ejemplo: que el Ministerio Público de la Federación podría argumentar que las figuras de extinción de la responsabilidad, entre ellas, la prescripción de la acción penal no podrían operar a favor del reo, bajo el argumento de que los artículos 21 y 102 de la Constitución Federal, le imponen la persecución de los delitos ante los tribunales y solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados. Inclusive, en materia de amparo, las autoridades que se encargan de su trámite, no podrían estimar que figuras como la oportunidad de la demanda y, por ende, la improcedencia del juicio, fueran soslayadas, bajo el argumento de que se están reclamando violaciones a la Constitución Federal. Así, toda vez que el Constituyente no estableció en la Carta Magna la excepción que introdujo la responsable, y tampoco lo hizo el legislador ordinario, cobra aplicación el principio de derecho ‘ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus’, esto es, ‘donde la ley no distingue, no se debe distinguir’, o sea, que si la ley no distingue el juzgador no debe hacerlo. En las relatadas consideraciones, al haberse transgredido en detrimento de los quejosos las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por haber efectuado la responsable un análisis del fondo del asunto, cuando previamente a ello debió pronunciarse sobre la excepción de prescripción que se le hizo valer, inclusive porque es de oficio, lo que procede en la especie es conceder a los peticionarios de garantías la protección constitucional solicitada, para efecto de que la Magistrada del tribunal agrario responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que siguiendo los lineamientos trazados en esta ejecutoria, prescinda de hacer consideraciones apoyadas en aspectos de nulidades de pleno derecho basadas en un criterio que no está obligada a acatarlo, resuelva a continuación si opera o no la prescripción a que alude el artículo 61, párrafo último, de la Ley Agraria, y en su caso, los demás aspectos estrictamente de legalidad que le fueron planteados por las partes, y pronuncie la sentencia que en derecho proceda."

CUARTO. En torno de la resolución dictada el primero de junio de dos mil cuatro en el amparo directo administrativo 261/2004, por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, se sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"VIII. Los conceptos de violación transcritos son infundados. Por cuestión de método, al encontrarse estrechamente vinculados los motivos de inconformidad, los mismos serán examinados de manera conjunta. En una parte de los motivos de queja, la peticionaria del amparo arguye sustancialmente que si al demandado ********** (como lo sostuvo la responsable), le fueron reconocidos derechos agrarios como ejidatario de la parcela controvertida desde el cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, aquél debió presentarse a la asamblea de ejidatarios el veinticinco de noviembre del mismo año, a fin de que en ese acto dedujera sus derechos ejidales, máxime que previo a la celebración de dicha asamblea se emitió una convocatoria que cumplió con los requisitos de una notificación, por ende, si los acuerdos tomados en aquella asamblea transgredieron sus derechos como ejidatario, debió impugnarlos en el plazo a que alude el artículo 61 de la Ley Agraria, pues al no haberlo hecho así los consintió. Apoya sus argumentos en los criterios de los rubros: ‘ACTO CONSENTIDO, CONDICIONES PARA QUE SE TENGA COMO TAL.’ y ‘ASIGNACIÓN DE TIERRAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. MODO DE COMPUTAR EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 61, DE LA LEY AGRARIA PARA IMPUGNAR LA ASIGNACIÓN DE TIERRAS POR EJIDATARIOS Y POSESIONARIOS REGULARES.’. Sigue arguyendo la inconforme que al margen de lo antes dicho, el señor ********** tuvo pleno conocimiento de la celebración de la asamblea de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, tan es así, que el diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve se le generó y entregó el certificado parcelario que ampara la superficie de tierra que le fue asignada; que por ello, si lo estimaba pertinente, debió impugnar dentro del término legal la asamblea en cuestión y no después de cinco años. Asimismo, asevera la quejosa que de las pruebas ofrecidas en autos se advierte que el demandado tuvo conocimiento de la asamblea controvertida, especialmente de la confesional a su cargo la cual fue propuesta por el comisariado ejidal, ya que en esa audiencia afirmó que sí había asistido a la asamblea de ejidatarios de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete y además, con las testimoniales desahogadas en autos se desprende que el aquí tercero perjudicado fue reconocido como ejidatario en la asamblea multicitada, por lo tanto, sostiene, si en el caso el disidente tuvo conocimiento de la citada asamblea desde el momento de su celebración, debió impugnarla en el plazo de noventa días a que alude el artículo 61 de la Ley Agraria. Los anteriores motivos de queja son infundados. En efecto, no asiste razón a la disidente cuando asevera que el aquí tercero perjudicado estaba obligado a impugnar los acuerdos de la asamblea de ejidatarios de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en el plazo de noventa días a que alude el artículo 61 de la Ley Agraria, lo anterior es así por lo siguiente: El tribunal responsable al dictar la sentencia reclamada sostuvo, por un lado, que la asamblea general de ejidatarios en la que se acordó la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, era nula, pues a su criterio, dicho acto contravino el principio de indivisibilidad de los derechos agrarios de un ejidatario o sucesor, en tanto que desde el cuatro de abril de ese año, la extinta ejidataria ********** había cedido la totalidad de sus derechos agrarios y parcelarios a su único sucesor ********** que por ello, la renuncia plasmada en la asamblea controvertida resultaba ineficaz pues dicho órgano ejidal no estaba en aptitud de asignar derechos agrarios individuales que ya hubieran sido aplicados con anterioridad a un ejidatario. Así, apoyó sus consideraciones en el criterio del rubro: ‘ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS CARECE DE FACULTADES PARA ASIGNAR DERECHOS AGRARIOS SOBRE TIERRAS EJIDALES QUE NO ESTÁN VACANTES.’. Por otro lado, la autoridad responsable consideró que el acta de asamblea de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete era nula, ya que, reiteró, con la misma se vulneró el principio de indivisibilidad de los derechos agrarios, en tanto que al asignarse al demandado un 80% de la parcela número 73 perteneciente al ejido denominado ‘Puente Grande’ y a la actora ********** un 20% en su calidad de posesionaria, se transgredió lo dispuesto en el artículo 27 constitucional, el cual no regula la división de la parcela. En ese sentido, apoyó sus argumentos en el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘PARCELA EJIDAL ES INDIVISIBLE BAJO EL RÉGIMEN AGRARIO EN VIGOR.’. En ese contexto, resulta patente que en la especie la autoridad responsable sustentó fundamentalmente la procedencia de la nulidad de la asamblea controvertida, en el hecho de que en el caso concreto se había trastocado el principio de indivisibilidad de los derechos agrarios, lo cual resulta correcto, en tanto que la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal de la nación al resolver la contradicción de tesis 57/2001-SS, emitió jurisprudencia en la cual determinó que las parcelas ejidales son indivisibles pues en atención a lo dispuesto en el artículo 27 constitucional y los numerales 17, 18 y 47 de la Ley Agraria, no se regula la división de las parcelas, sino únicamente de manera limitada, la fusión de las mismas, mas no se acepta su escisión. Dicho criterio se encuentra publicado en el Tomo XVI, de octubre de dos mil uno, página cuatrocientos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘PARCELA EJIDAL ES INDIVISIBLE BAJO EL RÉGIMEN AGRARIO EN VIGOR.’ (se transcribe). En esas condiciones, debe concluirse que la asignación que se hizo a la quejosa del veinte porciento de la parcela número 73 Z-1 P-1/2, del ejido denominado ‘Puente Grande’, del Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, derivó de la división de una parcela, lo cual no está permitido legalmente y, por ello, contrario a lo que alega la inconforme, el demandado no se encontraba sujeto al término que establece el artículo 61 de la Ley Agraria, para combatir el acuerdo tomado en la asamblea general de ejidatarios de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en tanto que dicho plazo debe entenderse para aquellos casos en los que al verificarse la asignación de parcelas se hubiera cometido sólo alguna violación formal que ameritara ser impugnada ante el tribunal agrario. En efecto, la norma no debe aplicarse en forma absoluta, a manera de abarcar todas las variantes de la conducta que pretende regular, máxime que, si se concluyera que en el caso el demandado debió impugnar el acuerdo de asamblea en el plazo de noventa días a que alude el artículo 61 de la Ley Agraria, ello traería como consecuencia la inobservancia a una disposición que prohíbe la indivisibilidad de una parcela, lo cual no puede ocurrir; de ahí que si en el presente asunto nos encontramos ante una nulidad de pleno derecho en tanto que el acuerdo de asamblea contraría una disposición constitucional, debe concluirse que el demandado no tenía por qué impugnar la asamblea multicitada dentro del término indicado, ya que los motivos de anulación no se encuentran encaminados únicamente a combatir un aspecto formal en la asignación de tierras ejidales, sino a destacar un acuerdo de asamblea que va en contra de disposiciones de orden público. En ese orden de ideas, si bien es cierto que en la prueba confesional ofrecida por el comisariado ejidal del ejido denominado ‘Puente Grande’, el demandado ********** al contestar a las posiciones identificadas con los números tres, cuatro y cinco manifestó: ‘Que diga el absolvente si es cierto como lo es: 3. Que el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete fue reconocido como ejidatario del núcleo agrario «Puente Grande», Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Contesta A LA TRES. Sí ... 4. que es de su conocimiento que la asamblea a que se refiere la posición anterior fue celebrada por la culminación de los trabajos del PROCEDE. Contesta: A LA CUATRO. Sí. 5. Que usted asistió a esa asamblea. Contesta: A LA CINCO. Sí, si asistí.’-No menos cierto es que, como se dijo, el aquí tercero perjudicado no estaba obligado a combatir las decisiones tomadas en la asamblea de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete dentro del plazo a que alude el artículo 61 de la Ley Agraria, ya que si en dicho acto se acordó la división de una parcela y el mismo adolece de una nulidad absoluta por disposición de la ley, el demandado estaba en aptitud de controvertir dicho aspecto en su escrito de contestación y reconvención de diecisiete de junio de dos mil dos. En ese sentido, debe concluirse que los criterios en que apoya sus argumentos la quejosa con los rubros: ‘ACTO CONSENTIDO, CONDICIONES PARA QUE SE TENGA COMO TAL.’ y ‘ASIGNACIÓN DE TIERRAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. MODO DE COMPUTAR EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 61, DE LA LEY AGRARIA PARA IMPUGNAR LA ASIGNACIÓN DE TIERRAS POR EJIDATARIOS Y POSESIONARIOS REGULARES.’. Son inaplicables, ya que en la especie el demandado, aquí tercero perjudicado no consintió lo acordado en la asamblea de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, pues como se insiste, no estaba obligado a impugnarla dentro del plazo de noventa días. Por otro lado, no asiste razón a la inconforme cuando asevera que el tribunal responsable omitió valorar las declaraciones de los testigos ********** y ********** ambos de apellidos ********** pues en relación con sus atestos señaló: ‘En el mismo orden de ideas se encuentra la prueba testimonial que le fue desahogada a la accionante en esa misma audiencia de derecho a cargo de ********** de la que tampoco de las contestaciones que vertieron se desprenden hechos que beneficien a la accionante, ya que incluso la fecha que señalan en la segunda pregunta no es del cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, sino que la fecha en que se celebraron los trabajos del PROCEDE fue el veinticinco de ese mismo mes y año, siendo indebida la asignación que en copropiedad hizo el órgano ejidal a favor de la actora, porque ya existía un titular, el ahora demandado que en ese mismo acto del PROCEDE reconoció como titular de toda la parcela 73 la propia asamblea general de ejidatarios, siendo incierto que la madre de los contendientes haya dispuesto que se asignaran sus derechos agrarios entre los ahora contendientes, razón por la que el demandado al ser el titular de toda la parcela 73, no tiene obligación de entregar a la actora el porcentaje que ésta le reclama, por lo que tampoco a esta testimonial de la actora ante lo justipreciado merece otorgarle valor probatorio ...’, lo cual patentiza que el tribunal responsable sí expuso los alcances probatorios que a su criterio tenían las declaraciones de dichos testigos. Ahora bien, aun y cuando los declarantes en comento hubieran señalado que en la asamblea de ejidatarios controvertida se reconocieron los derechos ejidales del demandado ********** y que dicha circunstancia permita establecer que este último estuvo presente en ese acto, lo cierto es que, como se reitera, el tercero perjudicado no estaba obligado a controvertir esas decisiones en el plazo de noventa días y, por ende, en nada beneficia a la disidente lo expuesto en las testimoniales ofrecidas en autos. Lo mismo ocurre con las declaraciones vertidas por los testigos del demandado, pues aun cuando de las declaraciones rendidas por ********** pudiera advertirse que el señor ********** tuvo conocimiento de la celebración de la asamblea de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, lo cierto es que el acuerdo tomado en dicha asamblea en el sentido de que la parcela número 73 quedaría en copropiedad, resulta contrario a una disposición constitucional y, por ello, el aquí tercero perjudicado no necesariamente tenía la obligación de controvertirlo en el plazo a que alude el artículo 61 de la Ley Agraria. En otro apartado de los conceptos de violación, la promovente del amparo afirma, en esencia, que el artículo 20, fracción III, de la Ley Agraria que invocó la autoridad responsable, no beneficia la posición del demandado ********** pues se refiere a la prescripción negativa, y además, la legislación vigente no es aplicable toda vez que al verificarse la cesión de derechos a que alude el tribunal agrario, el ejido no se encontraba delimitado y aún no existían certificados parcelarios. Los anteriores motivos de queja son infundados. En principio es cierto que la autoridad responsable al emitir el fallo reclamado sostuvo que: ‘... renuncia que resulta ineficaz en virtud de que ya antes el cuatro de abril de ese año, ante la misma asamblea general de ejidatarios dicha ejidataria en términos de la fracción III del artículo 20 de la Ley Agraria, cedió la totalidad de sus derechos agrarios y parcelarios a su único sucesor ********** cesión que se encuentra revestida de legalidad ...’; y además, que la fracción III del precepto legal mencionado se refiere a la prescripción negativa como una de las formas para perder la calidad de ejidatario; sin embargo, debe decirse que lo anterior únicamente constituye un error mecanográfico en relación con la fracción aplicable del artículo 20 de la Ley Agraria, pues de acuerdo con las consideraciones expue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21197-ddbed71b/asamblea-de-ejidatarios-la-asignacion-de-parcelas-ejidales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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