ACLARACIÓN DE TESIS JURISPRUDENCIALES DERIVADAS DE CONTRADICCIONES DE TESIS. PROCEDE SÓLO DE MANERA OFICIOSA PARA PRECISAR EL CRITERIO EN ELLAS CONTENIDO Y LOGRAR SU CORRECTA APLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO CONTRADIGA ESENCIALMENTE A ÉSTE. CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI LA JURISPRUDENCIA QUE RESOLVIÓ EL PUNTO CONTRADICTORIO DENUNCIADO, SE EMITIÓ ANTES DE LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE DENUNCIA, DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE Y NO SIN MATERIA. JURISPRUDENCIA. EL CRITERIO JURÍDICO SUSTENTADO EN LA RESOLUCIÓN DE LA QUE DERIVA ADQUIERE OBLIGATORIEDAD EN LOS TÉRMINOS QUE PREVÉ LA LEY DE AMPARO, CON INDEPENDENCIA SI SE FORMULA O NO UNA TESIS COMPUESTA POR UN RUBRO, TEXTO Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 149/2008-SS. SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, DÉCIMO TERCERO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia laboral en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.
TERCERO. En relación con la resolución dictada el catorce de agosto de dos mil ocho en el amparo directo DT. 458/2008, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"CUARTO. El quejoso hace valer los siguientes conceptos de violación: (se transcriben). QUINTO. Para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, se refieren los siguientes antecedentes: De autos del juicio laboral se advierte que ********** demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento de que presenta una incapacidad orgánico funcional derivada de los accidentes de trabajo que sufrió, por lo que solicitó el otorgamiento y pago de la pensión por incapacidad total permanente en términos de lo establecido por el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo y 4o., 5o. y 24 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto al contrato colectivo de trabajo celebrado entre el demandado y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social; así como también reclamó el pago de 1095 y 50 días de salario por cada año de servicios por concepto de indemnización por incapacidad total permanente en términos de lo dispuesto por la cláusula 89 del referido contrato colectivo de trabajo. Al narrar los hechos en los que apoyó su reclamo, la actora refirió haber sufrido dos accidentes de trabajo, uno el dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho y otro el trece de septiembre de mil novecientos noventa y uno al dirigirse de su centro de trabajo a su domicilio, requisitando en cada caso el formato MT-1 de aviso para calificar probable riesgo de trabajo. Con el fin de acreditar la procedencia de su reclamo, la trabajadora ofreció como pruebas de su parte, entre otras, la prueba pericial médica que, una vez desahogada, la actora obtuvo en su favor dictamen que señala que padece cervicalgia crónica postraumática secundaria a una espondilolisis de polo infero posterior de C4 (saliente o depresión localizada con dolores y entorpecimiento de los movimientos), directamente relacionada con el accidente de trabajo que la actora sufrió el trece de septiembre de mil novecientos noventa y uno. Además, ofreció un recibo de pago de enero de mil novecientos noventa y ocho, copias de las formas MT-1 en las que se dejó constancia de los accidentes en los que basó su acción, las cuales fueron objetadas únicamente en cuanto a su eficacia y valor probatorio, por lo que la Junta del conocimiento determinó valorarlas al momento de resolver el juicio y copias fotostáticas de la cláusula 89 y del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, al contestar la demanda le negó acción y derecho a la actora para demandar la pensión por riesgo de trabajo, bajo el argumento de que la demandante se encuentra jubilada y que el accidente de trece de septiembre de mil novecientos noventa y uno, no le causó incapacidad o disminución orgánico funcional que le impidiera seguir laborando de manera regular hasta acumular los veintisiete años de servicio que le permitieron jubilarse. Como pruebas de lo que afirmó, el instituto quejoso ofreció el recibo de pago de pensión de jubilación de dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho y la resolución de veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete que emitió la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del IMSS, en la cual consta que en esa fecha se le otorgó a la actora el beneficio de la jubilación por haber acumulado veintisiete años, tres meses, seis días de antigüedad. En el laudo combatido, la Junta del conocimiento determinó condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social al otorgamiento y pago de la pensión por incapacidad permanente parcial, en virtud de la disminución del veinte por ciento en la capacidad funcional de la actora, derivada principalmente del segundo de los accidentes de trabajo que dijo haber sufrido, cuya existencia consideró acreditada y por considerar que el hecho de que esté jubilada no la exime de gozar de los beneficios que ampara el Régimen de Jubilaciones y Pensiones y que, en virtud de que acumuló veintisiete años, tres meses de antigüedad aun se encontraba dentro del periodo de conservación de derechos. Asimismo, en el laudo reclamado se condenó al instituto al pago del aguinaldo, fondo de ahorro, incrementos y prestaciones en especie demandados, absolvió de la aplicación en favor de la trabajadora del beneficio contenido en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo y, respecto del reclamo consistente en la indemnización de 1095 días y 50 días de salario por cada año de servicios, la autoridad responsable consideró que la demandante no tiene derecho a obtenerla porque es una trabajadora jubilada por años de servicio y, como consecuencia, porque ya no le es aplicable el contrato colectivo de trabajo al no estar en servicio activo. Establecido lo anterior, debe decirse que los motivos de inconformidad que el instituto quejoso esgrime en la segunda parte de su primer concepto de violación y en el tercero de ellos y que por cuestión de técnica se examinan en primer término, son fundados y suficientes para otorgarle la protección constitucional que solicita. Con su expresión el impetrante combate que al condenarlo al pago de una pensión por incapacidad parcial permanente, la autoridad responsable no toma en consideración que la actora ya se encuentra recibiendo una pensión de jubilación por años de servicio que asciende al cien por ciento de su último salario. Asiste la razón al instituto demandado al realizar las anteriores manifestaciones, toda vez que como ya se expuso, el principal argumento de defensa del impetrante consistió justamente en la falta de acción y derecho de la actora a percibir una pensión por riesgo de trabajo, en virtud de que se encuentra recibiendo una de jubilación. Ahora, si bien la autoridad responsable tomó en consideración esta situación, fue únicamente para afirmar que el hecho de haber sido jubilada la actora, no la excluye de la protección que otorga el Régimen de Pensiones y Jubilaciones y que atendiendo al número de años de servicio acumulados (veintisiete años, tres meses), se encuentra dentro del periodo de conservación de derechos, sin embargo, no se aprecia que la autoridad responsable haya valorado la compatibilidad de una pensión por riesgo de trabajo, cuando previamente se le ha asignado al trabajador una pensión de jubilación. El instituto quejoso agrega que como la jubilación es una prestación de carácter extralegal, la autoridad debió interpretar las disposiciones contractuales aplicables, en términos de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo que establece que los contratos obligan a lo estrictamente pactado y a las consecuencias que resulten conforme a la equidad, además de que, tomando en consideración que la reclamación se hizo con base en el Régimen de Pensiones y Jubilaciones, la tercera perjudicada debió acreditar la compatibilidad de ambas pensiones. Como lo afirma el quejoso, no obstante que la pensión por riesgo de trabajo es una prestación que deriva de lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, la actora la demandó con base en lo dispuesto en los artículos 4o., 5o. y 24 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones y aun cuando solicitó la aplicación de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, dicho numeral se refiere al derecho a percibir una indemnización hasta por el monto de una incapacidad total, pero no una pensión. Ahora, como bien se sabe la jubilación es una prestación que deriva de lo pactado en un contrato colectivo de trabajo y no en la ley y, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social el Régimen de Jubilaciones y Pensiones complementa el contenido del pacto contractual que regula las relaciones colectivas de trabajo en ese instituto, de tal manera que si la pensión por incapacidad parcial se demandó conforme a lo dispuesto en esta normatividad, en forma congruente con lo demandado, la procedencia del pago de ambas pensiones debió examinarse a la luz de las hipótesis que regula la misma. En el mismo tenor, el instituto quejoso aduce que al condenarlo al pago de la pensión por riesgo de trabajo, a pesar de que la reclamante ya percibe una de jubilación por el cien por ciento del salario que percibía, la resolutora no tomó en consideración que la actora no presentó secuelas de los accidentes que sufrió, pues continuó trabajando hasta el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho, fecha en la que se jubiló y que a pesar de que siempre tuvo a su disposición la atención médica que hubiera necesitado, nunca recibió el subsidio previsto en el artículo 65, fracción I, de la Ley del Seguro Social a que tiene derecho un trabajador que, con motivo de un riesgo de trabajo, deja de presentarse a sus labores con motivo de tal suceso, lo que significa que ese accidente no complicó su estado de salud. Finalmente, el quejoso aduce que no existe ninguna disposición que permita que aparte de una pensión de jubilación del cien por ciento un trabajador pueda percibir otra por riesgo de trabajo, porque ello se traduce en un incremento a la cuantía de tal asignación, que supera el máximo previsto en el Régimen de Pensiones y Jubilaciones. Los motivos de inconformidad antes reseñados, resultan esencialmente fundados. Conforme a los antecedentes narrados al inicio de este considerando, ya se dijo que la actora demandó en términos de lo dispuesto por los artículos 4o., 5o. y 24 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, el pago de una pensión por riesgo de trabajo, por considerar que los accidentes que sufrió le producen una incapacidad que amerita la aplicación en su favor de lo previsto por el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo que prevé que si la incapacidad parcial se traduce en la pérdida absoluta de sus facultades o aptitudes para desempeñar su profesión, la Junta puede incrementar el monto de la indemnización a que tiene derecho el accidentado hasta el equivalente al de una incapacidad total permanente y que para ello debe tomarse en consideración, entre otro aspecto, la posibilidad de desempeñar una categoría similar susceptible de producirle al trabajador, ingresos semejantes. Sin embargo, como se ha narrado, el instituto demandado señaló que la demandante se accidentó en mil novecientos noventa y uno la última vez, pero continuó laborando y se jubiló en el año de mil novecientos noventa y ocho con el cien por ciento del salario que percibía, cuestiones que se encuentran acreditadas en autos con la copia al carbón de la forma MT-1 en la que se dejó constancia del accidente del trece de septiembre de mil novecientos noventa y uno y la resolución de veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete que emitió la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del IMSS, en la cual consta que en esa fecha se le otorgó a la actora el beneficio de la jubilación por haber acumulado veintisiete años, tres meses, seis días de antigüedad, lo que significa que esos padecimientos no le impidieron continuar generando años de servicio que posteriormente le permitieron obtener la pensión por jubilación. Ahora, para comprender mejor la naturaleza de la pensión por riesgo de trabajo, es menester esta
lecer el contenido de los artículos 473, 474 y 475 de la Ley Federal del Trabajo, que es el siguiente: ‘Artículo 473.’ (se transcribe). ‘Artículo 474.’ (se transcribe). ‘Artículo 475.’ (se transcribe). Del contenido de los preceptos que anteceden, se desprende que los riesgos de trabajo son accidentes y/o enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo; entonces, dichos riesgos de trabajo los podemos clasificar en dos grupos: a) Accidentes de trabajo, que son las lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales inmediatas o posteriores, e incluso la muerte, con motivo de los siniestros originados en el trabajo, o en trayecto del domicilio al centro laboral, hipótesis en la que se ubica la actora en el juicio laboral que nos ocupa; y b) Enfermedades de trabajo, que es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o el medio ambiente en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. En el mismo tenor, debe tomarse en consideración lo dispuesto por los numerales 477, 478, 479, 487 y 491 de la ley laboral que, a la letra dicen: ‘Artículo 477.’ (se transcribe). ‘Artículo 478.’ (se transcribe). ‘Artículo 479.’ (se transcribe). ‘Artículo 487.’ (se transcribe). ‘Artículo 491.’ (se transcribe). Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el trabajador en aptitud de volver al trabajo, él mismo o el patrón podrá pedir, en vista de los certificados médicos respectivos, de los dictámenes que se rindan y de las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización o procede declarar su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes podrán repetirse cada tres meses. El trabajador percibirá su salario hasta que se declare su incapacidad permanente y se determine la indemnización a que tenga derecho. Por otro lado, la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, al referirse a las prestaciones en dinero que proporciona, en el artículo 65, fracción III, establece: ‘Artículo 65.’ (se transcribe). Así, de la lectura de la ley laboral en el rubro de riesgos de trabajo, en relación con lo que dispone la Ley del Seguro Social tratándose de las prestaciones en dinero que proporciona, el trabajador que sufre un accidente tiene derecho, entre otras prestaciones, al pago de una indemnización y al pago de una pensión, en ambos casos, hasta por el monto del porcentaje de incapacidad que le haya producido dicho accidente, sin contar los subsidios que le cubren, con el total del salario que percibe, el periodo que transcurre entre la fecha en que ocurre el siniestro y aquella otra en que se determina el grado de incapacidad que ese evento le produjo. Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones forma parte del contrato colectivo de trabajo, contiene las reglas conforme a las cuales deben cuantificarse y pagarse las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. El artículo 1o. de dicho régimen indica, entre otras cosas que sus disposiciones son aplicables a los trabajadores de dicho instituto en su doble carácter de asegurados y de empleados del mismo y de la lectura de los dispositivos que contiene se aprecia que hace una distinción entre quienes reciben pensión de jubilación a los que denomina jubilados y quienes reciben una pensión por cualquier otro concepto (riesgo de trabajo, invalidez, cesantía en edad avanzada, vejez y viudez) a los que llama pensionados. En esta tesitura, se observa que al referirse a los sujetos a quienes van dirigidas sus disposiciones siempre distingue entre ‘jubilados o pensionados’ o que, cuando trata de referirse al beneficio de que trata, lo hace señalando la ‘jubilación o pensión’, pero su contenido no da lugar a entender que ambas calidades puedan coincidir en la misma persona o que ambos beneficios pueda percibirlos el mismo sujeto. En esta tesitura, el último párrafo del artículo 9o. de la normatividad en comento, a la letra dice: ‘... La jubilación por años de servicios, comprende respecto de los trabajadores, su doble carácter de asegurado y de trabajador del instituto.’, pero como una pensión de jubilación sólo la percibe quien ha tenido el carácter de empleado y sólo un asegurado puede percibir pensión por riesgo de trabajo, de invalidez, de vejez, de cesantía en edad avanzada o de viudez, entonces debe entenderse que la afirmación de que comprende su doble carácter de asegurado y de trabajador, implica que el pago de la pensión de jubilación abarca el pago de la que un trabajador percibiría por razones de seguridad social, lo que excluye la posibilidad de que se perciban dos pensiones: a saber, una de jubilación, más otra por riesgo de trabajo. Lo anterior, lleva a estimar a este Tribunal que la tabla contenida en el artículo 4o. de la normatividad de que se trata, si bien contiene una tabla en la que se contemplan conforme al número de años trabajados, diversos porcentajes para cuantificar las pensiones de jubilación, vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez y riesgo de trabajo, ello no implica de ninguna manera que así se estipule porque el trabajador esté en posibilidad de acumular una pensión tras otra, aunque tengan distinto origen, por lo que la diferencia que hace la columna ‘A’, de la ‘B’ y de la ‘C’, tiene como objeto indicar qué porcentaje del salario se considerará como base según la antigüedad que al momento de solicitar la pensión, haya acumulado el interesado en obtener cualquiera de ellas. Atento a lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que si en la especie la trabajadora se accidentó por segunda ocasión en mil novecientos noventa y uno, pero estuvo en posibilidad de continuar laborando hasta mil novecientos noventa y ocho, año en que decidió jubilarse, ciertamente ese accidente no le produjo secuelas inmediatas discapacitantes que le impidieran continuar laborando y fue su decisión solicitar la pensión de jubilación en lugar de la que le hubiera correspondido por incapacidad parcial o total permanente y, por ende, con independencia de que tenga o no derecho a recibir la indemnización prevista en la ley laboral, resulta ilegal condenar al Seguro Social al pago de la pensión por riesgo de trabajo. Similares consideraciones sostuvo el Señor Magistrado ********** que integra pleno en el Décimo Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, al emitir voto particular en el amparo directo DT. 4973/2007, promovido por **********. No es óbice a lo antes concluido el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 207/2007 de rubro: ‘RIESGO DE TRABAJO. PROCEDE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA PREVISTA EN LA CLÁUSULA 89, FRACCIÓN III, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AUN CUANDO EL TRABAJADOR SE ENCUENTRE JUBILADO.’ toda vez que la cuestión medular examinada, versó sobre el derecho de un jubilado a demandar el pago de la indemnización por riesgo de trabajo en términos del contenido de la cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo que rige las relaciones de trabajo entre el promovente del amparo y sus trabajadores, prestación que, como se ha expuesto, es diferente al de la pensión por el mismo motivo. Este Tribunal Colegiado estima pertinente señalar que las anteriores consideraciones rigen en tanto, en el asunto que nos ocupa, el Instituto Mexicano del Seguro Social funge como patrón y como órgano asegurador y en el contrato colectivo de trabajo y en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, pactó con su sindicato pensionar por jubilación a los trabajadores a su servicio que reúnan determinada antigüedad o, en su caso como institución de seguridad social proveer de ciertos servicios y prestaciones relacionados con los riesgos de trabajo que sufran sus trabajadores. En consecuencia, si, como en el caso, un trabajador presenta riesgos de trabajo años después de haber sido jubilado, ello indica en primer término que el suceso de que se trate no le impidió continuar acumulando años de servicio para, posteriormente, obtener su jubilación, por lo que resultaría inequitativo imponerle al quejoso una doble carga con el pago de dos pensiones: una por jubilación y otra por riesgo de trabajo, lo cual no ocurriría si el instituto quejoso solamente tuviera la calidad de institución de seguridad social que proporciona atención y cuidados al trabajador que con motivo de sus funciones presenta secuelas que afectan su salud y funcionalidad, motivo por el cual debe entenderse que las presentes consideraciones no constituyen de ninguna manera una regla general que pueda ser aplicable en aquellos casos en los que el patrón es una entidad o persona física diversa y el Instituto Mexicano del Seguro Social sólo tiene a su cargo proporcionar servicios relativos a la seguridad social. En este orden de ideas, al resultar fundado (sic) en este aspecto los conceptos de violación a estudio, lo que procede es dejar insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emitir otro en el que: Atienda a lo resuelto en esta misma fecha en el amparo directo relacionado DT. 457/2008 y conforme a las consideraciones vertidas en la presente ejecutoria, resuelva la controversia que le fue planteada respecto del pago de la pensión por incapacidad parcial permanente demandada. Vistos los efectos para los que se concede el amparo, resulta innecesario el examen de los restantes motivos de inconformidad que hizo valer el instituto quejoso, relativos al monto de la pensión por riesgo de trabajo y el valor probatorio de algunas documentales que ofreció la trabajadora como prueba de su parte, atendiendo al criterio que sostiene la ... jurisprudencia ... bajo el rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). Ahora bien, conforme a la unidad que debe imperar en toda resolución, y tomando en cuenta la concesión del amparo en contra del laudo reclamado, el cumplimiento que se dé a la ejecutoria, implica dejar sin efecto la resolución reclamada y dictar otra que dirima todos los puntos de la litis en los términos señalados en la sentencia de garantías; es decir, la responsable debe resolver sobre todos los puntos litigiosos, y no dejar parcialmente subsistente el laudo reclamado, pues ello genera la coexistencia de dos resoluciones, en virtud de que el laudo, como acto jurídico de decisión con que culmina el procedimiento jurisdiccional, no debe emitirse en varios actos, sino en uno solo, que dé unidad a la decisión. Cobra aplicación al caso la tesis jurisprudencial 2a./J. 40/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... cuyo rubro y texto es el siguiente: ‘CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO LA PROTECCIÓN FEDERAL IMPLICA DEJAR INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO Y DICTAR UNO NUEVO, LA RESPONSABLE DEBE DECIDIR TODAS LAS CUESTIONES LITIGIOSAS EN LA NUEVA RESOLUCIÓN, EVITANDO LA COEXISTENCIA DE DOS O MÁS.’ (se transcribe). En la inteligencia, de que el amparo concedido se hace extensivo a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, ya que no se combate por vicios propios, en términos de la jurisprudencia número ciento dos, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... textualmente dice: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)."
CUARTO. En relación con la resolución dictada el veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete en el amparo directo DT. 71/1997, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"TERCERO. El estudio de los conceptos de violación, conduce a determinar lo siguiente: En el caso, la litis laboral quedó establecida a determinar si la actora tiene derecho al reconocimiento de que padece incapacidad parcial permanente, como consecuencia de un accidente de trabajo, así como el pago de indemnización con base a la fracción III de la cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo. O si como lo aduce el Instituto Mexicano del Seguro Social, que la actora carece de acción y de derecho para reclamar lo anterior porque a partir del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos, se encuentra gozando de una jubilación por años de servicio, por lo que no debe reclamar una pensión que únicamente corresponde a los trabajadores en activo, en el momento que sufran un riesgo de trabajo o accidente de trabajo. En esencia se argumenta que la autoridad responsable infringió lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al absolver del pago de la indemnización que la actora reclamó, en términos de lo que dispone la fracción II de la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo. Lo anterior es fundado, pues efectivamente la autoridad laboral indebidamente absolvió de la prestación reclamada, por lo siguiente: Cabe precisar que el trabajador reclamó en el inciso c) del escrito inicial de la demanda lo siguiente: ‘c) También se demanda la indemnización conforme a la valoración que se determine en la incapacidad parcial permanente, en los términos de la fracción III de la cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor consistente en 1095 días y 50 días por cada año laborado al determinarse la incapacidad parcial permanente.’. En el hecho uno del mismo escrito se manifestó lo que enseguida se transcribe: ‘1. Mi representada sufrió accidente de trabajo el diez de julio de mil novecientos noventa, el cual fue calificado como riesgo de trabajo el trece de julio de mil novecientos noventa, según: «Aviso para calificar probable riesgo de trabajo MT-1», a la fecha existen secuelas de dicho accidente de trabajo.’. La cláusula 89, fracción III, del pacto colectivo, en la cual la demandante apoya su pretensión, establece lo siguiente: ‘Las indemnizaciones estipuladas en esta cláusula, no están sujetas a descuento alguno autorizado expresamente por la Ley Federal del Trabajo. III. Incapacidad parcial y permanente, cuando el riesgo profesional produzca incapacidad parcial y permanente que permite seguir laborando en la misma categoría o en otra, sin perjuicio de su salario, se pagará al trabajador la indemnización que corresponda conforme a los porcentajes de las tablas de valuación que contiene la Ley Federal del Trabajo, basados en las prestaciones a que alude la fracción I de esta cláusula ...’. La Junta responsable absolvió de la citada prestación apoyándose en los siguientes razonamientos: ‘No procediendo la indemnización consistente en 1095 y 50 días por cada año laborado, que en base a la fracción III de la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo que la actora reclama en el inciso c) del proemio de su demanda, en virtud de que dicha fracción establece: ‘... cuando el riesgo profesional produzca incapacidad parcial y permanente que permita seguir laborando en la misma categoría o en otra, sin perjuicio de su salario, se pagará al trabajador la indemnización que corresponda’, de lo que se colige, que se refiere a trabajadores en servicio activo, y en el caso a estudio la hoy actora dejó de laborar para el demandado desde el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos, al adquirir la categoría de pensionada por jubilación, ya que en esta fecha se le asignó su jubilación por años de servicio, como se desprende de la resolución respectiva de diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, exhibida por la hoy accionante, que también ofreciera el instituto demandado y ambas partes hicieron suyas las probanzas, no resultándole aplicable la fracción III de la cláusula contractual antes referida, por lo que es procedente absolver al demandado de dicha prestación.’. La determinación de la autoridad responsable no se encuentra ajustada a derecho, porque si bien es cierto que la demandante fue jubilada por años de servicios, a partir del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos; sin embargo ello no es obstáculo para que también tenga derecho al pago de la indemnización a que alude la cláusula antes transcrita, toda vez que como en parte lo apreció la citada autoridad, la actora acreditó con la prueba pericial que padece síndrome doloroso cervical crónico postraumático, no sistematizado que le generó rigidez de la misma, que se califica como accidente de trayecto al encontrarse en relación directa con causa efecto con el accidente de trabajo que sufrió el ocho de julio de mil novecientos noventa, como consta en la hoja MT-1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se clasifica como una incapacidad parcial permanente y que se valúa en un 30% de disminución de su capacidad orgánico funcional total. Luego si el accidente que sufrió la actora fue calificado como riesgo de trabajo, el ocho de julio de mil novecientos noventa, con anterioridad a la fecha de su jubilación que fue el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos, es evidente que tiene derecho a la indemnización reclamada en términos de la cláusula invocada. En tales condiciones lo qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21517-764cec01/aclaracion-de-tesis-jurisprudenciales-derivadas-de-contradicciones-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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