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Modo: Corpus Pro

DOTACIÓN O AMPLIACIÓN DE TIERRAS EJIDALES. LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO EN ALGUNO DE ESOS PROCEDIMIENTOS, COMO AUTORIDAD SUSTITUTA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2009. · Registro digital (IUS): 21527
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, DÉCIMO QUINTO, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, , Pág. 914.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, DÉCIMO QUINTO, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.

TERCERO. En relación con la resolución dictada el nueve de abril de dos mil ocho en el amparo directo agrario 42/2008, promovido por **********, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"ÚNICO. Este tribunal carece de competencia legal para conocer del presente juicio, toda vez que el acto reclamado no es una sentencia definitiva que ponga fin a un juicio en términos de lo establecido por los artículos 44, 46 y 158, de la Ley de Amparo, así como el 37, fracción I, inciso b), y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, de la revisión de la demanda de garantías se observa que fue interpuesta en contra de la resolución de fecha tres de abril de dos mil siete, en el expediente formado ante el Tribunal Superior Agrario, con motivo de la acción de ampliación de ejido del poblado **********, Municipio Pánuco, Estado de Veracruz, bajo el número 7/2004. Es de hacerse notar que en la resolución reclamada se tomaron en cuenta como antecedentes del caso, los siguientes: (se relatan). Ahora bien, el Tribunal ahora responsable emitió resolución el tres de abril de dos mil siete, en el citado expediente 7/2004, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: (se transcriben). Dicha resolución se apoyó en las siguientes consideraciones legales: (se transcriben). Inconformes con la decisión anterior, **********, presentaron ante el tribunal responsable, demanda de amparo directo, la cual dio lugar al presente expediente; sin embargo, su conocimiento es competencia de un Juez de Distrito, atento a que no se trata de una sentencia definitiva emitida dentro de un juicio, pues como tal, debe entenderse la que define una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que hubieran motivado la litis contestatio. En la especie, el acto reclamado se trata de una declaratoria a la solicitud de ampliación de un ejido, la cual no constituye un juicio porque en él no se decide una controversia. Consecuentemente, la resolución reclamada no es una sentencia definitiva para los efectos del amparo directo, por lo que la competencia para conocer del juicio de garantías contra dicha resolución corresponde a un Juez de Distrito, pues para aquel caso se exige que se reclamen resoluciones emanadas de un juicio entendiéndose como tal, toda controversia o discusión legítima de un negocio, entre dos o más partes (actor y demandado); es decir, se requiere que haya litigio, pero para determinar la procedencia o no de una solicitud de ampliación de ejido, no se promueve cuestión litigiosa alguna, por tal motivo no se da el supuesto competencial de los Tribunales Colegiados, sino que el acto reclamado debe considerarse de aquéllos dictados fuera de juicio por la autoridad judicial, por lo que su impugnación constitucional debe seguirse ante el Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo (sic) 107, fracción III, inciso b), de nuestra Carta Magna, y 114, fracción III, de la Ley de Amparo. En efecto, el amparo ante Tribunal Colegiado de Circuito sólo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, de nuestra Carta Magna, 44, 46 y 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que a continuación se transcriben: ‘Artículo 107, fracción III, inciso b).’ (se transcribe). ‘Artículo 114, fracción III.’ (se transcribe). ‘Artículo 107, fracción V.’ (se transcribe). ‘Artículo 44.’ (se transcribe). ‘Artículo 46.’ (se transcribe). ‘Artículo 158.’ (se transcribe). En este sentido, nuestro Máximo Tribunal ha emitido la tesis jurisprudencial 1773, ... que enseguida se transcribe: ‘SENTENCIA DEFINITIVA.’ (se transcribe). En cambio, la resolución dotatoria (sic) de tierras (ahora reclamada), constituye un acto dictado en forma unilateral por la autoridad competente (Tribunal Superior Agrario) dentro de un procedimiento que debe ajustarse a las disposiciones aplicables de la Ley de la Reforma Agraria donde no hay un actor ni un demandado; por tanto, no existe una verdadera controversia, puesto que se dio inicio al procedimiento para la primera ampliación de tierras ejidales, en cumplimiento a la orden judicial contenida en el juicio de amparo 947/2002 a que se hace referencia, sin que la obligación de dar audiencia previa a aquellos propietarios o posesionarios que pudieran resultar afectados con la ampliación del ejido solicitante, constituya un factor que determine alguna controversia o juicio a dilucidar, pues el tribunal responsable sólo está obligado a oírlos, sin que su inconformidad o alegato de tener un mejor derecho, constituya una cuestión decisoria para el otorgamiento o no de la ampliación del ejido solicitada. Así entonces, el presente asunto lo debe conocer un Juez de Distrito, por lo cual este tribunal se declara legalmente incompetente y ordena la remisión de la demanda de garantías con sus anexos al Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno. En relación a esta conclusión, resulta aplicable la jurisprudencia número P./J. 16/2003, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... que dice: ‘AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.’ (se transcribe). Asimismo, la conclusión de este Tribunal Colegiado se ve corroborada con el contenido de la jurisprudencia número P./J. 40/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... que dice así: ‘DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe)."

En similar sentido se pronunció el referido Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el diez de septiembre de dos mil ocho el amparo directo agrario 219/2008, promovido por el Comité Particular Ejecutivo del Poblado ********** Municipio de Chiautla de Tapia, Estado de Puebla y cuatro de diciembre de dos mil ocho el amparo directo agrario 274/2008, promovido por el Centro de Población Ejidal **********, Municipio del Carmen, Campeche.

El amparo directo 42/2008, antes reseñado, dio origen a la tesis que a continuación se transcribe:

"No. Registro: 169,373

"Tesis aislada

"Materia(s): Administrativa

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVIII, julio de 2008

"Tesis: I.7o.A.572 A

"Página: 1674

"AMPLIACIÓN DE EJIDO. LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO QUE LA CONCEDE O NIEGA, NO SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 46 y 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías ante Tribunal Colegiado de Circuito sólo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio. Así, el amparo directo es improcedente cuando el acto reclamado lo constituye la resolución definitiva dictada por el Tribunal Superior Agrario que concede o niega la solicitud de ampliación de ejido. Ello es así, porque tal determinación se dicta como culminación de un procedimiento unilateral, donde no hay un actor ni un demandado y que, por ende, no constituye propiamente un juicio, porque en él no se decide una controversia legal de índole jurisdiccional. Consecuentemente, el conocimiento de su impugnación corresponde a un Juez de Distrito, de conformidad con los preceptos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto de tribunales administrativos dictado fuera de juicio."

CUARTO. En relación con la resolución dictada el ocho de febrero de dos mil siete en el amparo directo 16/2007, promovido por **********, el Décimo Quinto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"ÚNICO. No se transcriben las consideraciones de la resolución reclamada ni los conceptos de violación que se hacen valer en su contra, dado que aquélla no será analizada a la luz de éstos, pues este Tribunal Colegiado advierte (sic) no debe conocer del presente asunto, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. En principio, es menester destacar lo que la Ley de Amparo consagra en cuanto a la procedencia del juicio de amparo directo. Al respecto, el artículo 158 del citado ordenamiento legal, establece los casos en que procede el juicio de amparo directo ante Tribunales Colegiados de Circuito, el cual es del tenor siguiente: ‘Artículo 158.’ (se transcribe). El precepto legal transcrito se encuentra vinculado con los diversos 44 y 46 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: ‘Artículo 44.’ (se transcribe). ‘Artículo 46.’ (se transcribe). El examen armónico y sistemático de los preceptos legales transcritos evidencia que el juicio de amparo directo procede cuando el acto reclamado lo constituye una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, siendo estos dos los únicos casos que la Ley de Amparo reconoce como formas de conclusión del proceso. La propia Ley de Amparo, en su artículo 46, señala que debe entenderse por sentencia definitiva la que decida el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada. Por su parte, debe entenderse por resoluciones que ponen fin a un juicio aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. De lo expuesto se desprende que un juicio puede terminar decidiendo en lo principal, en cuyo caso se estará hablando de sentencias definitivas, o sin decidir en lo principal, en cuyo caso se estará en presencia de ‘resoluciones que ponen fin a un juicio’, siempre y cuando las leyes no concedan respecto de ellas recurso ordinario alguno por medio del cual puedan ser modificadas o revocadas. Cabe destacar que la expresión a que se refiere el citado artículo 46 como ‘resoluciones que pongan fin a un juicio’, no debe ser entendida desde un punto de vista formal o gramatical, sino que debe interpretarse bajo una óptica estrictamente legal. En efecto, al establecer el mencionado precepto legal que las resoluciones que ponen fin al juicio son las que no deciden el juicio en lo principal pero sí lo dan por concluido, significa que esas resoluciones no versan sobre la materia misma del juicio, condenando o absolviendo, sino que dan por concluido el procedimiento en virtud de que el juzgador encontró un obstáculo jurídico o de hecho que le impidió admitir la demanda o decidir sobre el fondo de la controversia (caducidad, desistimiento, sobreseimiento, etcétera). Por otra parte, en términos generales, la expresión ‘juicio’ tiene dos significados en el derecho procesal, a saber, en sentido amplio se le utiliza como sinónimo de proceso y, más específicamente, como el equivalente a un procedimiento o secuencia ordenada de actos a través de los cuales se desenvuelve todo un proceso. En sentido restringido también se emplea la palabra juicio para designar solo una etapa del proceso e incluso un sólo acto, la sentencia misma. En la doctrina, la legislación y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se utiliza la expresión ‘juicio’ en el significado amplio, no restringido y, por ende, se ha dicho que para los efectos del juicio de amparo, debe entenderse el procedimiento contencioso desde que se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional correspondiente y concluye con la sentencia definitiva o alguna resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Cabe significar que uno de los elementos característicos del juicio -entendido éste como el que termina en forma natural con la sentencia definitiva-, es la existencia de una contienda, esto es, una controversia, litigio, disputa entre partes con intereses opuestos que constituye la forma habitual pero no necesaria del proceso o juicio, es decir, puede existir un proceso sin que exista una contienda entre partes. Empero, para efectos del amparo, el juicio a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Amparo, no puede ser otro que el definido en términos amplios como el conjunto de relaciones jurídicas entre las partes, los agentes de la jurisdicción y los auxiliares de ésta, regulado por la ley y dirigido a la solución de un conflicto, susceptible de ser dirimido por una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada, esto es, el procedimiento contencioso que inicia con la demanda y termina con la sentencia definitiva. Ahora bien, en la especie el quejoso ********** reclama la sentencia del veintiocho de abril de dos mil seis, pronunciada por el Tribunal Superior Agrario en el ‘juicio’ número 1/2006, mediante la cual declaró procedente la creación del nuevo centro de población ejidal denominado **********, ubicado en el municipio de Soto la Marina, en el Estado de Tamaulipas, por lo que concedió la superficie de doscientas ochenta y cuatro hectáreas, con ochenta y cuatro áreas (284-84-00), para que se destinen a satisfacer las necesidades agrarias de cuarenta y siete campesinos que conforman el referido núcleo de población -de la propia resolución reclamada se desprende que deriva de una solicitud de creación de poblado nuevo y dotación de tierras, la que en un principio fue declarada improcedente, pero con motivo del juicio agrario que promovieron contra esa decisión los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del grupo solicitante, radicado con el número 6/2000, y recurso de revisión que aquéllos interpusieron contra la sentencia dictada en ese juicio, tramitado en el toca RR. 85/2002-30, el cual culminó con la sentencia del doce de marzo de dos mil dos, el aludido tribunal ordenó a las autoridades administrativas tramitar la solicitud de mérito-. En ese contexto, a efecto de verificar la naturaleza jurídica de la resolución reclamada y en virtud de que ésta versa sobre la solicitud de dotación de tierras para la creación de un núcleo de población ejidal, se estima pertinente reproducir el texto de los artículos 272, 274, 275, 286, 287, 291, 292, 297, 298 y del 304 al 306 de la entonces Ley Federal de Reforma Agraria, los que en relación con el referido tema disponían lo siguiente: ‘Artículo 272.’ (se transcribe). ‘Artículo 274.’ (se transcribe). ‘Artículo 275.’ (se transcribe). ‘Artículo 286.’ (se transcribe). ‘Artículo 287.’ (se transcribe). ‘Artículo 291.’ (se transcribe). ‘Artículo 292.’ (se transcribe). ‘Artículo 297.’ (se transcribe). ‘Artículo 298.’ (se transcribe). ‘Artículo 304.’ (se transcribe). ‘Artículo 305.’ (se transcribe). ‘Artículo 306.’ (se transcribe). De los preceptos legales transcritos se desprende que el procedimiento de dotación de tierras se integraba, esencialmente, de la siguiente forma: 1. La solicitud relativa debía presentarse directamente ante el gobernador del Estado en cuya jurisdicción se encontrara el núcleo de población interesado, el que además debía entregar copia de esa solicitud a la Comisión Agraria Mixta. 2. El Ejecutivo Local debía comprobar si el núcleo de población solicitante reunía los requisitos de procedencia establecidos en la ley de la materia y, en caso afirmativo, ordenaba la publicación de la solicitud en el periódico oficial de la entidad, turnando el escrito original a la Comisión Agraria Mixta para que instaurara el expediente relativo. 3. La publicación de la solicitud surtía efectos de notificación para todos los propietarios de inmuebles rústicos que se encontraran dentro del radio de afectación, así como para todos los propietarios o usuarios de las aguas afectables. 4. La Comisión Agraria Mixta debía formar el censo agrario del núcleo de población solicitante y recuento pecuario, así como realizar el levantamiento de un plano del radio de afectación; además, debía rendir un informe por escrito en el que describiera las características de las tierras de las que se pidió su afectación. 5. Los propietarios presuntos afectados podían ocurrir por escrito ante la Comisión Agraria Mixta, exponiendo lo que a su derecho conviniera. 6. Una vez que realizara los trámites respectivos, la aludida Comisión debía elaborar un dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la dotación y someterlo a la consideración del Ejecutivo local, quien debía emitir el mandamiento correspondiente y, en su caso, ordenar su ejecución y turnarlo a la Secretaría de la Reforma Agraria. 7. La mencionada Secretaría debía revisar el expediente remitido y turnarlo al Cuerpo Consultivo Agrario, el cual emitiría su dictamen o acuerdo correspondiente y, en caso de que éste fuera positivo, debía formular un proyecto de resolución para someterlo a la consideración del presidente de la República. 8. El indicado presidente debía emitir una resolución en la que señalara, entre otras cuestiones, las tierras y aguas que, en su caso, concediera y la cantidad con que cada una de las fincas afectadas debía contribuir. 9. Las resoluciones presidenciales, los planos respectivos y las listas de beneficiarios, deberían remitirse a las delegaciones agrarias correspondientes, para su ejecución y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, así como en los periódicos oficiales de las entidades respectivas. De lo expuesto se desprende que la Ley Federal de la Reforma Agraria establecía todo un procedimiento administrativo para dotar de tierras a un núcleo de población, el cual iniciaba con la presentación del escrito que contenía la solicitud relativa, aunque también podía instaurarse de manera oficiosa en los casos previstos en esa ley, y culminaba con la resolución presidencial correspondiente. En concordancia con lo anterior, resulta de capital importancia destacar que el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, se publicaron (sic) en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, dentro de ellas, se ordenó la creación de tribunales agrarios, previstos en la fracción XIX que establece: ‘Artículo 27, fracción XIX.’ (se transcribe). Por su parte, los artículos transitorios del decreto del tres de enero de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de los mismos mes y año, por el que se reformó el citado artículo 27 de la Ley Fundamental, establecen: (se transcriben). De lo anterior se desprenden las siguientes conclusiones que orientan el marco jurídico de transición por la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia agraria: 1) Las reformas al artículo 27 constitucional, entre las que se encuentran las que crearon los tribunales agrarios, entraron en vigor el siete de enero de mil novecientos noventa y dos. 2) Entre la fecha antes referida y la modificación a las leyes reglamentarias se seguirían aplicando las leyes anteriores, en lo que no se opusiera a lo dispuesto en el decreto de reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3) La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las Comisiones Agrarias Mixtas y las demás autoridades competentes seguirían contando con las facultades para resolver los asuntos en trámite en materia de: a) Ampliación y dotación de tierras y aguas; b) Creación de nuevos centros de población; y c) Reconocimiento y titulación de bienes comunales. 4) En todos estos casos, los asuntos no resueltos se pondrían en estado de resolución y se remitirían a los tribunales agrarios una vez que iniciaran sus funciones. 5) Los demás asuntos agrarios en trámite o que se presentaran con anterioridad a la iniciación del funcionamiento de los tribunales agrarios, se les turnarían cuando aconteciera tal eventualidad, siempre que fueran de su competencia, de acuerdo con la ley que se expida. Con la finalidad de reglamentar el mandato constitucional, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la que en sus artículos 1o. y 9o., primero, cuarto y quinto transitorios, dispone lo siguiente: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 9o.’ (se transcribe). De los artículos transcritos se desprende que a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios se estableció una nueva distribución de competencias en materia federal en los temas relacionados con la tenencia de la tierra, pues se facultó a los referidos tribunales para resolver una serie de cuestiones que en el marco jurídico anterior se tramitaban por las autoridades agrarias. De la anterior exposición descuella la prevista en el artículo cuarto transitorio, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en la que se facultó al Tribunal Superior Agrario para resolver los procedimientos de dotación o ampliación de tierras, bosques y aguas, que se encontraran en trámite al momento en que entraron en vigor las reformas al artículo 27 constitucional de mil novecientos noventa y dos, pues esos asuntos eran resueltos con anterioridad por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al procedimiento administrativo descrito en esta ejecutoria. De acuerdo con tales reflexiones se colige que el Tribunal Superior Agrario tiene funciones de distinta naturaleza jurídica, pues en su carácter de órgano jurisdiccional puede conocer, entre otros asuntos, del recurso de revisión que se interponga contra las siguientes sentencias: dictadas por los Tribunales Unitarios, en juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras suscitados entre sujetos de derecho agrario; resoluciones relativas a restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal; y, sentencias dictadas en los juicios de nulidad en que se impugnen resoluciones emitidas por autoridades agrarias (fracciones I, II y III del artículo 9o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios); en tanto que también puede emitir actos con el carácter de tribunal administrativo, como son las resoluciones que versen sobre dotación o ampliación de tierras, bosques y aguas (artículo cuarto transitorio, fracción II, de la mencionada legislación). Sobre tales premisas, es fácil advertir que la resolución reclamada no encuadra en ninguna de las dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo directo mencionadas en esta ejecutoria, pues no constituye una sentencia definitiva, ni tampoco reviste el carácter de una resolución que ponga fin al juicio, toda vez que el referido acto fue emitido por el Tribunal Superior Agrario en un procedimiento instaurado con motivo de una solicitud de dotación de tierras para la creación del nuevo centro de población ejidal denominado **********; lo cual cobra singular relevancia, dado que ese asunto no participa de la naturaleza jurídica de un juicio -para los efectos del juicio de amparo-, sino que constituye un procedimiento administrativo en el que el referido tribunal actuó con la competencia especial que le fue otorgada en el artículo tercero transitorio del decreto del tres de enero de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de los mismos mes y año, por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo cuarto transitorio, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, esto es, como autoridad sustituta del presidente de la República. Se expone tal aserto, en virtud de que en los procedimientos de dotación de tierras no se entabla ninguna controversia, litigio o disputa entre partes con intereses opuestos -que es lo que debe considerarse como juicio para los efectos del amparo directo-, sino que aquéllos son instaurados con motivo de la solicitud que al efecto realiza un núcleo de población agrario, habida cuenta que el tribunal responsable interviene en ese tipo de asuntos hasta que las autoridades agrarias integran debidamente el expediente administrativo correspondiente y, en ejercicio de las facultades que originalmente tenía el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al emitir la resolución relativa; lo que pone de manifiesto que la resolución reclamada no fue pronunciada en un juicio agrario y, por ende, no se configura ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo directo previstas en el artículo 158 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en forma análoga, la jurisprudencia número 2a./J. 72/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... que es del rubro y sinopsis del tenor siguiente: ‘TRIBUNALES AGRARIOS. SON AUTORIDADES SUSTITUTAS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO RELACIONADAS CON ACUERDOS DOTATORIOS DE TIERRAS.’ (se transcribe). En las narradas circunstancias, este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del presente asunto en la vía directa, y con apoyo en los artículos 107, fracción VII, constitucional, 47, último párrafo, de la Ley de Amparo, y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ordena remitirlo con sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para que proceda a remitirlo al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en turno, respecto del que quedan expeditas sus facultades para resolver con base en las constancias de autos y demás datos del procedimiento incluso sobre su competencia territorial. ..."

El anterior asunto, dio origen a la tesis que enseguida se transcribe:

"No. Registro: 172,532

"Tesis aislada

"Materia(s): Administrativa

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXV, mayo de 2007

"Tesis: I.15o.A.78 A

"Página: 2088

"DOTACIÓN O AMPLIACIÓN DE EJIDOS. EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO EN ALGUNO DE ESOS PROCEDIMIENTOS, COMO AUTORIDAD SUSTITUTA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA INDIRECTA. Del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, mediante el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten establecidos verdaderos juicios para resolver los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y disposiciones especiales para concluir los procedimientos que a esa fecha se encontraban en trámite. En esa línea, el legislador federal emitió la ley orgánica relativa y en su artículo cuarto transitorio facultó al Tribunal Superior Agrario para continuar hasta su conclusión los procedimientos de dotación o ampliación de tierras, bosques y aguas, así como de creación de nuevos centros de población, que se encontraban pendientes de resolución definitiva, la que en el régimen anterior correspondía emitirla al presidente de la República. De acuerdo con tales premisas es patente que la resolución del Tribunal Superior Agrario mediante la cual en sustitución del presidente de la República, resuelve alguno de esos procedimientos administrativos pendientes, como sería el de creación de un nuevo núcleo de población ejidal y determina las tierras con las que considera debe dotársele, no constituye una sentencia definitiva ni reviste el carácter de resolución que ponga fin al juicio, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Amparo, por lo que no encuentra sustento en ninguno de los dos casos en que el juicio de amparo debe tramitarse en la vía directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la misma legislación, toda vez que la mencionada resolución no es emitida en un verdadero juicio, sino en un procedimiento administrativo en el que el mencionado tribunal actúa con la competencia especial que le fue otorgada en los citados artículos transitorios. Aserto que se corrobora sobre la base de que, e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21527-1867051d/dotacion-o-ampliacion-de-tierras-ejidales-las-resoluciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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