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Modo: Corpus Pro

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y SUS ACUERDOS MODIFICATORIOS. SU INVOCACIÓN ES INSUFICIENTE PARA FUNDAR LA COMPETENCIA TERRITORIAL DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA INDICADA ENTIDAD FEDERATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2010. · Registro digital (IUS): 22224
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y PRIMERO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 939.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y PRIMERO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.

TERCERO. En relación con la resolución dictada el catorce de enero de dos mil diez en la revisión fiscal **********, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"SEXTO. Los agravios precedentemente transcritos resultan jurídicamente ineficaces para la revocación o modificación del fallo recurrido, por las razones que enseguida se precisarán. A guisa de reseña de antecedentes debe decirse, en lo que ahora trasciende, que **********, por su propio derecho, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número **********, de fecha seis de noviembre de dos mil ocho, emitida por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la cual determinó un crédito fiscal a cargo de la promovente, en cantidad total de **********, por concepto de impuesto general de importación, impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto al valor agregado, multas y recargos, y declaró que el vehículo materia de verificación pasó a ser propiedad del fisco federal, debido a que no acreditó su legal estancia, tenencia y legal importación. En proveído de fecha cinco de febrero de dos mil nueve, la Magistrada instructora de la Sala Regional del Noroeste III del tribunal de referencia, admitió a trámite la demanda; posteriormente, las autoridades enjuiciadas contestaron ésta; y en auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil nueve se concedió el término legal de cinco días para la formulación de alegatos por escrito, derecho que no fue ejercido por las partes, según se determinó en proveído de veintiocho de mayo del citado año, en el que además se declaró cerrada la instrucción; y en fecha veintinueve del mes y año antes indicado, la Sala de quien se recurre emitió fallo en que determinó, en síntesis, que la orden de verificación origen del crédito fiscal impugnado, contenía una fundamentación incompleta en cuanto a la competencia territorial de la autoridad emisora subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dado que en ella no se citó el artículo 74 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa, por lo que, adujo la jurisdicente fiscal, se actualizó la causal de anulación prevista en el artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, por ende, declaró la nulidad de dicha resolución con base en el diverso 52, fracción II, de la propia ley, sin señalar efecto alguno, porque el acto analizado era resultado del ejercicio de facultades discrecionales de la autoridad hacendaria, citando como apoyo la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). Por encontrarse inconforme con la sentencia anterior, el administrador central de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en México, Distrito Federal, interpuso recurso de revisión, manifestando sustancialmente como agravios, que la sentencia recurrida no se encuentra debidamente fundada y motivada, en tanto que es violatoria de los artículos 50, 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debido a que es inexacto que la autoridad hacendaria estatal estuviera obligada a citar como fundamento de su competencia territorial en la orden de verificación vehicular génesis del crédito fiscal impugnado, el artículo 74 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa, ya que este numeral es aplicable sólo respecto de atribuciones locales; empero, en el caso concreto, aduce la revisionista, debe tomarse en cuenta que la autoridad emisora está ejerciendo facultades en materia fiscal federal que le fueron delegadas al Estado de Sinaloa por virtud del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil seis; y por ende, afirma la inconforme, la competencia territorial debe estar fundada en lo dispuesto por este convenio y sus correspondientes anexos, específicamente el acuerdo segundo, cláusula segunda, fracción VI, del anexo número 8, contenido en el Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa, precepto que jamás fue estudiado por la a quo para sustentar su fallo, y no en el referido ordinal 74 del Código Fiscal estatal que, en su opinión, éste no señala de manera expresa la competencia territorial de autoridad alguna. Máxime que en la especie la referida orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera número **********, la autoridad emisora, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, citó, además de los dispositivos legales antes precisados, el artículo 41, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, el cual establece: ‘Artículo 41. Además de las facultades genéricas de los subsecretarios, al subsecretario de Ingresos le corresponde: ... IX. Ejercer las funciones y facultades que en materia de ingresos, recaudación, fiscalización, cumplimiento de obligaciones y sanciones respecto a gravámenes federales o municipales, contengan los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración suscritos por la administración pública estatal con el Gobierno Federal o los Municipios locales.’. Así pues, si de conformidad al artículo 41, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, le corresponde al subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de Sinaloa, ejercer las facultades relativas al cumplimiento de obligaciones y sanciones respecto de gravámenes federales o municipales, que contengan los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración suscritos por la administración pública estatal con el Gobierno Federal o los Municipios locales; y si de conformidad a la cláusula segunda, fracción VIII, incisos c), d) y e), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa, es objeto de tal convenio el coordinarse, entre otros impuestos, respecto del impuesto general de importación, impuesto sobre automóviles nuevos e impuesto al valor agregado, que resulten omitidos en la verificación de mercancía de procedencia extranjera, impuestos que se señalaron como parte del objeto y propósito de la orden de verificación número **********; y si también tenemos que de conformidad al acuerdo segundo, cláusula segunda, fracción I, del anexo 8, contenido en el Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa, y se suscribe el anexo 8 de dicho convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil seis, es parte de tal convenio el que el Estado, para efecto de verificar la legal estancia en el país de vehículos de procedencia extranjera, ordene y practique verificación de vehículos de procedencia extranjera, entonces es de tenerse que, contrario a lo aseverado por la a quo, el subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de Sinaloa al haber invocado tales preceptos en la orden de verificación número **********, colmó a plenitud su competencia para tal efecto, ello, por así disponerlo el artículo 41, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas. Por lo tanto, es dable concluir que el subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de Sinaloa, sí fundó y definió el ámbito espacial de su competencia al emitir la orden de verificación número **********, puesto que con la misma se verificó la legal importación, tenencia o estancia, transporte o manejo en el territorio nacional del vehículo de origen y procedencia extranjera, propiedad de la entonces actora y conducido por **********, el cual se encontraba circulando en la carretera **********, pues para ello citó el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de **********, dispositivo que se refiere al territorio que comprende dicha entidad federativa, siendo el caso que de una lectura que se haga a tal precepto legal se podrá constatar que entre los dieciocho Municipios con los que cuenta el Estado de Sinaloa, uno de ellos es el Municipio de **********, así como en el referido acuerdo segundo, cláusula segunda, fracción VI, del anexo número 8, contenido en el Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa, que dispone que las facultades conferidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ejercerán por el Estado en relación con la verificación de la legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio nacional de vehículos de procedencia extranjera, excepto aeronaves introducidos en el territorio del Estado de Sinaloa, a efecto de vigilar la legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en el país de vehículos de origen y procedencia extranjera que circulen en su territorio, respecto al impuesto general de importación, impuesto sobre automóviles nuevos e impuesto al valor agregado que resulten omitidos en la verificación de mercancía de procedencia extranjera (de conformidad a la cláusula segunda, fracción VIII, incisos c), d) y e), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa). De manera que si la verificación del vehículo de procedencia extranjera llevada al amparo de la orden número ***********, fue practicada por la autoridad fiscalizadora en la carretera internacional **********, y dado que dicho Municipio forma parte del Estado de Sinaloa, debe concluirse que la mencionada autoridad, contrariamente a lo resuelto por la a quo, sí cumplió con el requisito de la debida fundamentación previsto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, puesto que el subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de Sinaloa, al emitir la multicitada orden de verificación, sí fundó su competencia territorial, tomando en consideración que el Municipio de ********** se encuentra ubicado dentro del territorio del Estado de **********, motivo por el cual resulta inconcuso que la referida orden con la cual se iniciaron las facultades de comprobación de la autoridad aduanera, sí se encuentra debidamente fundada y motivada por cuanto hace al ámbito espacial de la autoridad emisora de la misma. Más adelante aduce la promotora del recurso de revisión, que la Sala de quien se recurre desatendió que los preceptos legales invocados en la ord

n de verificación vehicular génesis de la resolución liquidatoria impugnada, destacando preponderantemente al efecto los artículos 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 13 de la Ley de Coordinación Fiscal; (sic) 41, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas; cláusula segunda, fracción VIII, inciso e) y cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil seis; cláusula segunda, fracciones I y VI, del anexo 8, contenido en el Acuerdo por el que se modifica el citado Convenio de Colaboración Administrativa; son suficientes para fundar la competencia territorial de la autoridad emisora de la orden de verificación en cuestión. También señaló que la Sala no debió citar la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 115/2005, transcrita en párrafos previos, refiriendo que el artículo 74 del Código Fiscal invocado por la Sala en la sentencia recurrida no se trata de una norma compleja. En principio se debe precisar que, por una parte, resultan infundados los agravios porque la Sala Fiscal citó la tesis número 2a./J. 115/2005 de referencia para apoyar las consideraciones de la sentencia recurrida en que reputó insuficientemente fundada la orden de verificación vehicular génesis del presente asunto, por falta de cita del dispositivo legal atinente a la competencia territorial; la cual efectivamente puede citarse como apoyo de las consideraciones que asentó la Sala, por mayoría de razón, en tanto que si dicha tesis cobra aplicación por falta de precisión de una parte de un dispositivo legal atinente a la competencia de una autoridad, con mayor razón cuando se sustente la falta de cita del dispositivo que otorgue la competencia territorial, como en el caso lo sustentó la Sala recurrida; de ahí que sea correcto que la emitente se hubiera apoyado en la tesis jurisprudencial en comento, no obstante que al declarar la aducida deficiente fundamentación dicha jurisdicente en momento alguno (sic) hubiera sustentado la nulidad de la resolución administrativa impugnada, en el hecho de que algún numeral constituyera una norma compleja, ni imputado omisión alguna en cuanto a la no transcripción de la parte correspondiente de algún precepto. Tampoco se está en el caso de analizar si constituyen o no una norma compleja los preceptos que citó la autoridad hacendaria como fundamento de su competencia; pues se insiste, aun cuando del contenido de la sentencia impugnada, se aprecia que la Sala Fiscal invocó la jurisprudencia de rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’, y al margen de que los preceptos invocados, descritos en líneas previas, sí cuenten con párrafos, fracciones e incisos, lo objetivamente cierto es que dicha jurisdicente en momento alguno (sic) sustentó la nulidad de la resolución administrativa impugnada, en el hecho de que tales numerales constituían una norma compleja, ni imputó omisión alguna en cuanto a la no transcripción de la parte correspondiente de dichos preceptos. Por otra parte, resultan ineficaces los agravios en cuanto la autoridad hacendaria, ahora recurrente, sostiene que la autoridad emisora de la orden de verificación sí fundó dicha competencia territorial al citar, entre otros, los artículos 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 13 de la Ley de Coordinación Fiscal; 41, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas; cláusula segunda, fracción VIII, inciso e) y cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil seis; cláusula segunda, fracciones I y VI, del anexo 8 contenido en el Acuerdo por el que se modifica el citado Convenio de Colaboración Administrativa, que según su decir, importaron esa competencia. Lo anterior, en la medida que del análisis de la orden de verificación cuyo texto es el siguiente: ‘... Asunto: Se ordena la práctica de verificación de vehículos de procedencia extranjera ... Esta Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en ejercicio de sus facultades, emite la presente orden de verificación de vehículos de origen y procedencia extranjera, aun cuando no se encuentren en movimiento, que se practicará a usted, con fundamento en las disposiciones que se señalan a continuación: Fundamentación. Artículos 14, 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18, 65 fracciones VII y XXIV, 66, 80 y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 3o., 14, 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» Número 2 de fecha 05 de enero de 1981; artículos 1o., 2o., 8o., 9o., 15, fracción II, 18, fracciones III, VII, VII (sic) y XLV, 28 y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» Número 124 de fecha 15 de octubre de 1999; artículos 1o., 3o., 7o., fracciones I y II, 8o. fracciones VI y XIV, 41 fracciones I, IX, XII y XX, 43, 53, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, 13, primer y segundo párrafos, y 14, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal; 29-B, 33, 38, 40, 42, fracciones II y VI, 43, fracción II, del Código Fiscal de la Federación; 1o., 2o., 18, 20, 43, penúltimo párrafo, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 64, 79, 80, 81, 83, 91, 98, fracción III, 133, 144, fracciones II, III, IX, X, XI, XIV, XV, XVI y XXXII, 146, 147, 150, 151 y 152 de la Ley Aduanera; 1o. y 2o. de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2007; 1o., fracción IV, 24, 26, 27 y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos; 2o. y 12 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente; 1o., fracción II, 2o., 7o. y 10 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 1o., fracción I y 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 66, 128 y 133 del Reglamento de la Ley Aduanera; cláusulas primera, segunda, fracciones V, IX, inciso c) y X, y cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de junio del 2006 y en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» Número 068 de fecha 07 de junio de 2006; reformado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de junio de 2008, y en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» Número 075 de fecha 23 de junio de 2006; acuerdo segundo, cláusulas primera, fracciones I, II, III y IV, y segunda, fracciones I, II, III y VI, del anexo No. 8 contenido en el Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sinaloa, y se suscribe el anexo número 8 de dicho convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de junio de 2008, y publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» Número 075 de fecha 23 de junio de 2008, y artículo 73, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa ... Atentamente. Sufragio efectivo. No reelección. El subsecretario de Ingresos (una firma ilegible) C.P. **********.’; es palmario que no se cita en ésta la cláusula segunda, fracción VIII, inciso e), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebraron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil seis, que alude como parte de la respectiva fundamentación de la competencia territorial del caso; por lo que es inconcuso que si en la orden de verificación no se citaron todos esos dispositivos legales que según el parecer de la ahora recurrente, importan la competencia territorial de la emisora de dicha orden de verificación, a partir de estos asertos no sería factible tener por evidenciada dicha competencia territorial que se reputó ausente por la Sala Fiscal. Restando precisar a lo anterior, que los artículos que cita en su recurso de revisión la ahora inconforme, como fundamento de la competencia territorial de la emisora, no pueden sustentar la fundamentación de la competencia territorial de la orden de verificación de referencia; pues es un tema superado que la fundamentación y motivación deben constar en el cuerpo de la respectiva determinación de molestia al gobernado y no en documento distinto. Puede citarse en relación a lo anterior la tesis jurisprudencial que reza: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO.’ (se transcribe). Por otra parte, resulta infundado el argumento en el sentido de que la competencia territorial debe estar fundada en lo dispuesto por el invocado convenio y sus correspondientes anexos, específicamente en el acuerdo segundo, cláusula segunda, fracción VI, del anexo número 8, contenido en el Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa, y no en el referido ordinal 74 del Código Fiscal estatal, que no señala de manera expresa la competencia territorial de autoridad alguna. En efecto, la disposición legal que invoca en el motivo de disenso en análisis reza: ‘Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa, y se suscribe el anexo No. 8 de dicho convenio. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Sinaloa convienen en modificar el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que tienen celebrado, en vigor a partir del 1 de enero de 1997, así como en suscribir el anexo número 8 de dicho convenio, y considerando ... Que por lo expuesto y a fin de ampliar las facultades delegadas mediante el Acuerdo que modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa, y se suscribe el anexo No. 8 de dicho convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2004 y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en los párrafos segundo y tercero del artículo 9o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, es necesario sustituir dicho acuerdo, por lo que ambas partes: Acuerdan: ... Segundo. Suscribir el anexo No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a las siguientes: Cláusula

: ... Primera. El Estado colaborará con la secretaría en la verificación de la legal importación, almacenaje, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio nacional de toda clase de mercancía de procedencia extranjera, con relación al impuesto general de importación, impuesto general de exportación, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, cuotas compensatorias que se causen, derecho de trámite aduanero, así como a las demás regulaciones y restricciones no arancelarias que correspondan, incluyendo el acreditamiento del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, de conformidad con las disposiciones fiscales y aduaneras aplicables y al efecto ejercerá las siguientes facultades: ... IV. En los casos en que con motivo de la verificación de mercancías en transporte o derivada de una visita domiciliaria en las que proceda la determinación de contribuciones omitidas o cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y no sea aplicable lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Aduanera o el que lo sustituya, el Estado procederá a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento administrativo en materia aduanera y al efecto aplicará el procedimiento establecido en el artículo 152 de la Ley Aduanera o el que lo sustituya, levantará el acta circunstanciada procedente y dictará la resolución que corresponda. ... Segunda. El Estado colaborará con la secretaría en la verificación de la legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio nacional de vehículos de procedencia extranjera, excepto aeronaves, introducidos en el territorio del Estado y al efecto ejercerá por conducto de sus autoridades fiscales, las siguientes facultades y obligaciones, con relación al impuesto general de importación, impuesto general de exportación, impuesto al valor agregado, impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, derecho de trámite aduanero, así como a las regulaciones y restricciones no arancelarias, incluyendo el acreditamiento del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, de conformidad con las disposiciones fiscales y aduaneras aplicables: I. Ordenar y practicar la verificación de la legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio nacional de los vehículos en circulación, aun cuando no se encuentren en movimiento, procediendo, en su caso, al embargo precautorio de los mismos. Para estos efectos, el Estado podrá efectuar visitas domiciliarias y verificar vehículos incluso en centros de almacenamiento, distribución o comercialización, tianguis o lotes donde se realice la exhibición de los mismos para su venta. La expedición de las órdenes de visitas domiciliarias y de verificación de mercancías en transporte, así como de las constancias de identificación que acrediten al personal para el desarrollo de estos operativos, siempre deberán estar firmadas por las autoridades fiscales competentes del Estado. En los casos en que con motivo de la verificación de la legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio nacional de los vehículos en circulación, aun cuando no se encuentren en movimiento, o derivada de una visita domiciliaria en que proceda la determinación de contribuciones omitidas o cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y no sea aplicable lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Aduanera o el que lo sustituya, el Estado procederá a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento administrativo en materia aduanera y al efecto aplicará el procedimiento establecido en el artículo 152 de la Ley Aduanera o el que lo sustituya, levantará el acta circunstanciada procedente y dictará la resolución que corresponda. II. Levantar el acta respectiva en caso de embargo precautorio. III. Notificar al interesado el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, así como tramitar y resolver el mismo hasta sus últimas consecuencias de conformidad con la legislación federal aplicable. IV. Resguardar y custodiar los vehículos que hayan sido embargados por él mismo, hasta que quede firme la resolución dictada en el procedimiento administrativo en materia aduanera o hasta que se resuelva legalmente la devolución del vehículo de que se trate. Los vehículos embargados precautoriamente por el Estado que hayan sido adjudicados a favor del fisco federal, éstos u otros con un valor equivalente, se asignarán a aquél una vez que quede firme la resolución, siempre que sean destinados al ejercicio de sus funciones de derecho público, al de sus Municipios o de sus organismos descentralizados. En el caso de que dicha asignación genere costos adicionales para la secretaría, éstos serán cubiertos por el Estado. Previo aviso a la secretaría, dichos vehículos también podrán ser intercambiados con otras entidades federativas para igual fin, de acuerdo con la normatividad que al efecto emita la secretaría. En ningún caso el Estado podrá enajenar los vehículos de que se trata, con la salvedad a que se refiere el siguiente párrafo, ni podrá otorgar su uso o goce temporal ni definitivo a particulares, bajo ninguna figura jurídica. Conforme a las políticas y lineamientos que fije la secretaría, el Estado podrá enajenar los vehículos de qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22224-b64f2f24/convenio-de-colaboracion-administrativa-en-materia-fiscal-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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