NOTIFICACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES, SUSTANCIADOS ANTE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. DEBEN REGIRSE POR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 221/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, constitucionales, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero (en sentido contrario) y cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes que fue parte en los juicios de los que derivó el criterio en contradicción en su carácter de autoridad responsable.
TERCERO. En relación con la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, de veintiséis de mayo de dos mil cinco, el amparo directo 227/2005, destacan los siguientes antecedentes:
a) La Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dictó resolución el diecinueve de octubre de dos mil cuatro, por la que fue destituido Ernesto Hernández Morúa como miembro adscrito a la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal, la cual impugnó mediante demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes, así como el acuerdo y notificación de veintitrés de octubre de dos mil cuatro.
b) Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, fue desechada la demanda de nulidad dada su extemporaneidad, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 26 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, considerando que la notificación del auto surtió efectos el mismo día en que se le entregó el informe en términos del artículo 40, párrafo primero, de la ley del procedimiento mencionada.
c) Ernesto Hernández Morúa interpuso en contra del desechamiento de su demanda recurso de reclamación.
d) Mediante resolución de diez de febrero de dos mil cinco, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes declaró fundados pero inoperantes los agravios del demandante y modificó el acuerdo recurrido desechándose de nueva cuenta la demanda de nulidad por extemporaneidad en términos del artículo 28, segundo párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado.
Lo anterior, por considerar que tal como lo sostuvo el recurrente, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes no es aplicable por disposición expresa del artículo 1o., segundo párrafo, del citado ordenamiento, que excluye de su aplicación a la materia de responsabilidades de los servidores públicos, sin embargo, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, no es aplicable el artículo 1404 del Código Municipal de Aguascalientes, pues si bien la destitución del actor obedeció a supuestas faltas con motivo de su proceder como servidor público y no como trabajador municipal y que el procedimiento seguido en contra del actor es de responsabilidad administrativa regulada por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, por mandamiento expreso del artículo 122 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Aguascalientes, dicha ley de responsabilidades es el ordenamiento aplicable.
Por tanto, si la citada ley de responsabilidades en el artículo 120 establece que en todo aquello relacionado con formalidades, notificaciones y apreciación de pruebas, serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual en su artículo 118, fracción I, dispone que las notificaciones surtirán sus efectos el mismo día en que se hayan pactado, tratándose de las que deban hacerse personalmente o por emplazamientos, en la especie, la notificación de la resolución impugnada surtió sus efectos el mismo día en que ésta se llevó a cabo, por lo que los quince días para presentar la demanda a que se refiere el artículo 28 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes transcurrieron en exceso, actualizándose la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 26 de la ley en cita; de ahí que aun cuando fundados los agravios aducidos por el recurrente son inoperantes y se modifica el acuerdo combatido.
e) Inconforme con la resolución anterior, Carlos Ernesto Hernández Morúa promovió juicio de amparo del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el cual lo registró con el número de amparo directo administrativo 227/2005, y otorgó el amparo a la quejosa en los siguientes términos:
"SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso aduce que es ilógico que el tribunal responsable haya determinado que en el caso concreto no es aplicable el artículo 1404 del Código Municipal de Aguascalientes, pues el artículo 1400 de dicho ordenamiento establece una regla general, ya que dispone que toda resolución emitida por autoridad municipal que señale el propio código deberá notificarse personalmente al interesado, mientras que los artículos 1401 a 1403 prevén una regla específica, pues se refieren a las notificaciones realizadas a los particulares y, finalmente, el numeral 1404 hace alusión a una cuestión general, como es el momento en que surte efectos una notificación. Por lo anterior, señala el inconforme que el Código Municipal de Aguascalientes sí contempla un apartado relativo a las notificaciones, sin que en dicho cuerpo normativo se establezca que las notificaciones referentes a un procedimiento disciplinario se realicen en forma distinta, por lo que estima que donde el legislador no distingue, la autoridad no debe distinguir. Afirma que es ilegal la consideración del tribunal responsable, respecto a que se está en el supuesto previsto por los artículos 138, fracción II y 139 del citado Código Municipal y, por ende, estimar que en la especie se aplica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, ya que a decir del inconforme, el Código Municipal de Aguascalientes sí prevé un apartado para aplicar las medidas disciplinarias, lo que evidencia que la citada ley de responsabilidades no es supletoria en relación con el procedimiento de responsabilidad. Sostiene que de confirmar (sic) con el criterio sustentado por el tribunal resolutor, entonces debe determinarse que todo el procedimiento seguido en su contra es nulo, incluyendo la notificación de la resolución impugnada en el juicio de origen, concluyendo que su demanda sí se encuentra presentada en tiempo, pues dicho procedimiento se tramitó conforme a lo dispuesto por el artículo 525 del ordenamiento municipal, además de que, según el quejoso, se tendría que determinar que fue ‘juzgado y sentenciado’ por una autoridad incompetente, ya que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dispone que el competente para imponer sanciones es el titular de la Contraloría Municipal y quien lo sancionó fue la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Aguascalientes. Señala que si se considera correcto el razonamiento expuesto por la autoridad responsable, entonces serían obsoletas las disposiciones del Código Municipal relativas a la aplicación de las sanciones impuestas por la Comisión de Honor y Justicia, pues a decir del peticionario de amparo, bastaría con que desde un principio se aplicara el procedimiento previsto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, sin remitirse al Código Municipal de Aguascalientes. Esos argumentos son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado. En principio, es pertinente destacar que de los autos del expediente de origen se advierte que mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil cuatro, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, Carlos Ernesto Hernández Morúa, por su propio derecho, compareció a demandar del director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ambos del Municipio de Aguascalientes, la nulidad de la resolución de fecha cinco de octubre de dos mil cuatro, en la que se determinó que el suboficial de Seguridad Pública Municipal, Carlos Ernesto Hernández Morúa, incurrió en la causal de faltas graves a los principios de actuación, dictada por la citada comisión, así como su notificación; asimismo, se demandó la nulidad del acta de acuerdo y notificación, de fecha veintitrés de octubre de dos mil cuatro, emitida por el citado director general, en la que se decretó su destitución del puesto (fojas 1 a 21). Luego, el veinticuatro de noviembre siguiente, el secretario de estudio de la ponencia uno, en ausencia de la Magistrada instructora del tribunal del conocimiento, dictó un auto en el que desechó por notoriamente improcedente la demanda de nulidad, por considerar que la misma se presentó fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 28, segundo párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado. Inconforme con dicha determinación, Carlos Ernesto Hernández Morúa interpuso recurso de reclamación el primero de diciembre de dos mil cuatro. El diez de febrero del año en curso, el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, resolvió el aludido recurso de reclamación emitiendo la resolución aquí reclamada, en la que textualmente, en lo que interesa, se consideró lo siguiente: ‘El procedimiento administrativo sancionador del cual emana la resolución impugnada en la cual se determina la destitución del actor como servidor público adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Aguascalientes, se encuentra regulado por el artículo 525 del Código Municipal de Aguascalientes, dado que el procedimiento de destitución obedece a supuestas faltas con motivo del proceder del actor como servidor público y no en su calidad de trabajador municipal, en tal sentido, los artículos 138, fracción II y 139 del citado Código Municipal, señalan lo siguiente: (se transcriben). De lo anteriormente expuesto, se desprende que el procedimiento seguido en contra del hoy demandante es de responsabilidad administrativa del cual correspondió conocer a la Comisión de Honor y Justicia, mismo que se regula por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, por mandamiento expreso del artículo 122 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Aguascalientes. Resulta, en consecuencia, inaplicable lo dispuesto en el artículo 1404 del Código Municipal, dado que éste aplica en todo caso a todos aquellos actos administrativos emanados de la administración pública municipal y que no sean objeto de controversia de responsabilidad administrativa derivada entre Ayuntamiento y su relación con sus servidores públicos, los cuales, como se expuso anteriormente, se regulan por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, luego entonces, la citada ley de responsabilidades establece en su artículo 120 que para todo aquello relacionado a las formalidades procedimentales, notificaciones y apreciación de pruebas, serán aplicables supletoriamente las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado; en ese orden de ideas, el Código de Procedimientos Civiles del Estado dispone en su artículo 118, fracción I, lo siguiente: (se transcribe). Como puede observarse, las notificaciones emanadas de un procedimiento de responsabilidad administrativa seguido ante la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Aguascalientes, deberán seguir las formalidades que para tales efectos señala el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, dado que dicho procedimiento se deriva de una supuesta falta del demandante como servidor público del Municipio de Aguascalientes; en tal sentido, al haberse llevado a cabo la notificación de la resolución impugnada al demandante en fecha veinticinco de octubre de dos mil cuatro, según obra constancia en autos y lo reconoce expresamente el demandante, luego entonces, la notificación de la resolución impugnada surtió efectos el mismo día en que ésta se llevó a cabo, es decir, el día veinticinco de octubre de dos mil cuatro, por tanto, el término para presentar la demanda empezó a correr el día hábil siguiente, según lo dispone el artículo 28, segundo párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, es decir, el día veintisiete de octubre de dos mil cuatro, siendo hábiles además los días veintisiete, veintiocho y veintinueve de octubre y tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez, once, doce, quince, dieciséis y diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, siendo este último la fecha límite de quince días a que se refiere el referido artículo 28 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, para la presentación de la demanda ante este tribunal; por tanto, al presentarse la demanda que nos ocupa ante este tribunal en fecha dieciocho de noviembre de dos mil cuatro, se actualiza en el caso concreto la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 26 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes. Como se señaló, no obstante que el demandante hace valer vicios de la notificación del acto, se insiste en que el mismo se hizo sabedor en la fecha indicada, esto es, el veinticinco de octubre de dos mil cuatro, por lo que se convalidan los posibles vicios en términos del artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, en términos del artículo 3o. de la Ley del Procedimiento Contencioso para el Estado, al haber surtido efectos.’. Ahora bien, como lo afirma el quejoso, al resolver el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto que desechó la demanda, el tribunal responsable consideró que aun cuando el artículo 525 del Código Municipal de Aguascalientes establece el procedimiento sancionador del que procede la resolución impugnada (destitución de un miembro de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal), lo cierto es que a dicho ordenamiento le es aplicable supletoriamente la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado, pues así lo señala el artículo 138, fracción II, en relación con el numeral 139 del mencionado código, y que la ley citada establece en su artículo 120, que para todo aquello relacionado con las notificaciones será aplicable supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone en su artículo 118 que las notificaciones personales surtirán sus efectos desde el día en que se hubieren practicado. Pues bien, el artículo 138 del Código Municipal de Aguascalientes establece: ‘Artículo 138. La relación entre el Ayuntamiento y sus trabajadores de base y eventuales se regirá por: El Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y organismos descentralizados; la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y supletoriamente la Ley Federal del Trabajo.’. Sin embargo, es pertinente destacar que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, dispone lo siguiente: ‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ... XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f), de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones. Los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes que en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables.’. Así pues, de los preceptos transcritos se colige que si bien es cierto que el artículo 123, fracción XIII, de la Constitución Federal, estatuye que no obstante que el Congreso de la Unión debe expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán a cierto tipo de trabajadores, tratándose de los miembros de las instituciones policiales, éstos se regirán por sus propias leyes y que el artículo 123 del Código Municipal de Aguascalientes señala que la relación entre el Ayuntamiento y sus trabajadores se regirá por diversas leyes, entre las que se encuentran la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; también lo es que, como lo afirma el quejoso, esa ley de responsabilidades no constituye la ley que lo rige como miembro de una institución policial municipal, ni tampoco es aplicable supletoriamente. En efecto, en el presente caso, el quejoso promovió el juicio de nulidad en contra de la destitución del cargo que desempeñaba como suboficial adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Aguascalientes, es decir, ejercitó la acción de nulidad como miembro de una institución policial municipal. Al respecto, el Código Municipal de Aguascalientes, en su título único, ‘De la organización y funcionamiento de los servicios públicos’, capítulo octavo, denominado ‘De la seguridad pública y vialidad’, establece trece apartados designados de la siguiente manera: ‘Primero: Disposiciones generales. Segundo: Principios que regulan la actuación de los cuerpos de seguridad pública. Tercero: Personal que integra la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad. Cuarto: Cargos, grados y mandos jerárquicos. Quinto: De la Policía Comercial, Bancaria y Residencial. Sexto: Profesionalización de los cuerpos de seguridad pública. Sección primera. Programa de formación policiaca. Sección segunda. Sistema de carrera policiaca. Séptimo: Derechos y obligaciones de los elementos que integran los cuerpos de seguridad pública. Octavo: Régimen disciplinario. Noveno: La función policiaca ante la sociedad. Décimo: Sanciones y correctivos disciplinarios. Décimo primero: Causas de destitución. Décimo Segundo: Condecoraciones y reconocimientos policiacos. Décimo tercero: Comisión de Honor y Justicia.’. Asimismo, el citado título único del mencionado ordenamiento, prevé un capítulo noveno relativo a las faltas de policía; aplicación de sanciones; concurso, complicidad y reincidencia; y de la prescripción para imponer sanciones. De las citadas disposiciones, se desprende que el Código Municipal de Aguascalientes es la ley que rige a los miembros de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio del mismo nombre, pues dicho cuerpo normativo regula la integración, organización y funcionamiento de dicha institución, así como los principios rectores en la actuación de sus elementos y las faltas y sanciones correspondientes. Sin embargo, el Código Municipal, como ley que rige las relaciones laborales de los elementos de seguridad pública municipal, no establece en ninguno de sus preceptos la aplicación supletoria de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Lo anterior es así, porque aun cuando el artículo 138 del citado Código Municipal arriba transcrito, dispone que la relación entre el Ayuntamiento y sus trabajadores se regirá, entre otras, por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, como se dijo, es el propio Código Municipal el ordenamiento que rige las relaciones entre el Ayuntamiento y los miembros de seguridad pública, excluyéndolos del resto de los trabajadores municipales a los cuales sí se les aplicarán los cuerpos normativos previstos por el artículo 138 en cita, luego para que exista la facultad de la autoridad jurisdiccional de aplicar supletoriamente la mencionada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad, es necesario que esa facultad esté prevista en el propio Código Municipal y lo cierto es que ningún precepto de este último señala que es aplicable, a falta de disposición expresa, las prevenciones de dicha ley, habida cuenta de que ello es un requisito para que proceda la aplicación supletoria de una ley. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia marcada con el número 1034, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este tribunal comparte, publicada en la página 712 del Tomo VI, parte relativa, Octava Época, del Apéndice de 1995, que dice: ‘SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’ (se transcribe). En este contexto, es inconcuso que las notificaciones de las resoluciones recaídas en un procedimiento sancionador de una conducta desplegada por un elemento de seguridad pública municipal, se rigen por el propio Código Municipal de Aguascalientes, el cual en sus artículos 1400 y 1404, establece lo siguiente: ‘Artículo 1400. Toda resolución emitida por la autoridad municipal que señale este código y otras disposiciones municipales deberán de ser notificadas personalmente al interesado, entregándole copia de las mismas.’. ‘Artículo 1404. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente a aquel en que se hubiere hecho (sic) entregado el oficio o conteniendo copia de la resolución que se notifica, o el de la publicación del edicto en su caso.’. De los preceptos transcritos se colige que, como lo aduce el quejoso, todas las notificaciones practicadas por las autoridades municipales que señale el Código Municipal de Aguascalientes, surten sus efectos al día siguiente al en que se hubieren hecho, incluyendo las realizadas por el director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ambos del Municipio de Aguascalientes, pues el artículo 1404 en cita no hace distinción alguna al respecto. En las condiciones apuntadas, ante lo fundado de los conceptos de violación, lo que procede es conceder el amparo solicitado por el quejoso, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la resolución reclamada y dicte una nueva en la que al resolver el recurso de reclamación interpuesto por Carlos Ernesto Hernández Morúa, atienda los lineamientos vertidos en esta ejecutoria y prescinda de considerar que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado se aplica supletoriamente al Código Municipal de Aguascalientes, al regir la relación entre el Ayuntamiento y los miembros de seguridad pública y con libertad de jurisdicción resuelva lo que conforme a derecho corresponda."
CUARTO. Respecto de la resolución de veintiséis de mayo de dos mil cinco, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 440/2005, se advierten los siguientes antecedentes:
a) El diecinueve de octubre de dos mil cuatro, la Comisión de Honor y Justicia emitió resolución en que sancionó a Carlos Ernesto Hernández Morúa, en su carácter de miembro de la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal, la cual impugnó mediante demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes, al igual que el acta de acuerdo y notificación de veintitrés de octubre de dos mil cuatro.
b) Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, fue desechada la demanda de nulidad dada su extemporaneidad, actualizándose la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 26 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo Estatal al presentarse fuera del término establecido en el segundo párrafo del artículo 28 de la citada ley, considerando que la notificación de la resolución impugnada surtió efectos el mismo día en que le fuera entregado el informe en términos del artículo 40, primer párrafo, de la ley en cita.
c) En contra de la citada resolución, el afectado interpuso recurso de reclamación.
d) Mediante resolución de diez de febrero de dos mil cinco, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Estatal declaró fundados parcialmente los agravios hechos valer en el recurso de reclamación y modificó el acuerdo recurrido, desechando la demanda por extemporaneidad en términos del artículo 28, párrafo segundo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.
Lo anterior, en razón de que como lo dice el recurrente no es aplicable la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo por disposición expresa de su artículo 1o., segundo párrafo, pues excluye la materia de responsabilidades de los servidores públicos y como en ella se fundó el acuerdo impugnado, fue emitido con vicios de fundamentación; sin embargo, tampoco es aplicable el artículo 1404 del Código Municipal de Aguascalientes, sino la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
e) En contra de la citada resolución, el actor promovió amparo directo del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el cual otorgó el amparo al quejoso para que la responsable dejara insubsistente la resolución y emitiera otra prescindiendo de considerar que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes se aplicara supletoriamente al Código Municipal de Aguascalientes y con libertad de jurisdicción resolviera lo que conforme a derecho corresponda.
f) En cumplimiento del fallo protector, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado dictó nueva resolución reiterando el desechamiento de la demanda de nulidad.
g) En contra de la citada resolución, la parte afectada promovió juicio de garantías del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el cual lo registró con el número de amparo directo administrativo 440/2005 y otorgó el amparo a la quejosa, de conformidad con lo siguiente:
"SEXTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación, es pertinente mencionar los antecedentes del caso, los cuales se obtienen del expediente 238/2004, cuyas constancias tienen pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. 1. El dieciocho de noviembre de dos mil cuatro, Carlos Ernesto Hernández Morúa presentó demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes, en contra del director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ambos del Municipio de Aguascalientes, respecto de los siguientes actos: ‘a) Acta de acuerdo y notificación de fecha 23 de octubre de 2004, suscrita por el doctor Ernesto Arteaga Mendoza, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. b) Resolución de fecha 5 de octubre del año 2004, suscrita por la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Aguascalientes, según consta en el oficio sin número, dirigido al doctor Ernesto Arteaga Mendoza, en su calidad de director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, signado por el regidor Ricardo Raygoza Mejía, en su calidad de presidente de la comisión mencionada en líneas anteriores.’. El actor manifestó en su demanda que tuvo conocimiento de la resolución y acto impugnado el veinticinco de octubre de dos mil cuatro. 2. En la resolución del cinco de octubre de dos mil cuatro, la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Aguascalientes determinó poner en conocimiento del director general de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del mismo Municipio, que Carlos Ernesto Hernández Morúa, elemento de dicha corporación policiaca, cometió una falta grave al haber resultado positivo para cocaína en el examen antidoping que se le practicó el veintiuno de septiembre del mismo año, y le sugirió que el infractor fuera destituido de su cargo. 3. En el acta de acuerdo y notificación del veintitrés de octubre de dos mil cuatro, el director general de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Aguascalientes, decretó la destitución de Carlos Ernesto Hernández Morúa como suboficial de Seguridad Púb
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19714-5243acf0/notificaciones-en-los-procedimientos-administrativos-de-responsabilidades-sustanciados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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