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Modo: Corpus Pro

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LAS NORMAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE FEBRERO DE 2004, ENTRARON EN VIGOR EL 4 DE MAYO SIGUIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 196/2004-SS. · Registro digital (IUS): 19053
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, , Pág. 582.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 196/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la improcedencia 527/2004, en la parte que interesa establece lo siguiente:

"TERCERO. ... Previo a su estudio, resulta oportuno reseñar los antecedentes del caso. Manuel Gerardo González González, en su carácter de apoderado general de la persona moral denominada Desarrollos Inmobiliarios Ixtapa Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo en el que demandó del Congreso de la Unión y otras autoridades, acorde a la intervención que les compete, los actos legislativos que conformaron el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, específicamente los artículos 7o., 9o., 8o. bis, 17, 18 bis, 32, 43, 73, 73 bis, 73 ter, 74, 75, 76, 76 bis, 77, 82, 86, 90 bis, 92, 92 bis, 95, 105 y 123, por considerarlos inconstitucionales, y que le causan agravio con su sola entrada en vigor. También, demandó del procurador federal del Consumidor y subalternos, las órdenes verbales o escritas que dicten, ejecuten o pretendan ejecutar, tendientes a la aplicación de los preceptos señalados; la materialización de tales órdenes y, en general, los actos de molestia y privación derivados de su aplicación. La impetrante alegó en sus conceptos de violación, en esencia, la transgresión a las garantías de libertad de comercio y profesión, imprenta, igualdad, legalidad y seguridad jurídica, irretroactividad de la ley y de acceso a la impartición de justicia. El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, desechó la demanda de garantías por estimar se actualizaba la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XII, en relación con el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, debido a que las disposiciones impugnadas fueron consentidas tácitamente al no promover la quejosa el juicio de amparo, dentro del término que para tal efecto le concede la Ley de Amparo. Arribó a la anterior conclusión, porque consideró que si el decreto impugnado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro, y conforme al artículo primero transitorio del mismo, entraría en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en dicho medio de difusión, su vigencia inició entonces el día cuatro de mayo de dos mil cuatro, día noventa contado a partir del siguiente de la fecha de su publicación; luego, concluyó que el cómputo de los treinta días que la quejosa tenía para promover el juicio de garantías, feneció el quince de junio del mismo año, excluyendo en el cómputo los días inhábiles entre ambas fechas, que fueron los días cinco, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo; y cinco, seis, doce y trece de junio todos de dos mil cuatro; de manera que si la demanda de garantías se presentó el dieciséis de junio del año que transcurre, resultaba extemporánea por un día. ... Precisado todo lo anterior ... le asiste la razón al recurrente ... La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus artículos 71 y 72, las normas que regulan el proceso de formación de la ley; en tanto que el Código Civil Federal regula en sus artículos 3o. y 4o., los sistemas establecidos para determinar la iniciación de su vigencia. Tales dispositivos legales se transcriben a continuación, en lo conducente: ‘Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: I. Al presidente de la República; II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y III. A las Legislaturas de los Estados. Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados, o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.’ y ‘Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas Cámaras, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: a) Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente; b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido; c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. ...’. Por otra parte, los artículos 3o. y 4o. de la codificación sustantiva civil en mención, respectivamente, dicen: ‘Artículo 3o. Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el periódico oficial. En los lugares distintos del en que se publique el periódico oficial, para que las leyes, reglamentos, etcétera, se reputen publicados y sean obligatorios, se necesita que además del plazo que fija el párrafo anterior, transcurra un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad.’. ‘Artículo 4o. Si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal de que su publicación haya sido anterior.’. De los preceptos legales transcritos anteriormente, se desprende que los órganos que constitucionalmente están facultados para iniciar leyes o decretos son el presidente de la República; el Congreso de la Unión, a través de los diputados y de los senadores, y las Legislaturas de los Estados. Se infiere también, que las etapas que regulan el proceso de formación de la ley, son seis, a saber: iniciativa, discusión, aprobación, sanción y publicación e iniciación de la vigencia. La iniciativa, es el acto por el cual los órganos que se encuentran facultados para iniciar leyes, someten a la consideración del Congreso General de la República, el proyecto respectivo; la discusión, consiste en la deliberación que hacen las Cámaras acerca de las iniciativas legales a fin de determinar si deben o no ser autorizadas; la aprobación, es el acto por el cual dichas Cámaras aceptan un proyecto de ley, ya en forma total, o bien, sólo parcialmente; la sanción, es la aceptación de una iniciativa legal por el Poder Ejecutivo y debe ser posterior a la aprobación del proyecto de las Cámaras respectivas; la publicación, constituye el acto mediante el cual la ley, ya aprobada y sancionada, se da a conocer a sus destinatarios que deben acatar sus mandamientos. Por último, la iniciación de la vigencia de la norma, que constituye el último estadio que al respecto se prevé, se encuentra regulado por los artículos 3o. y 4o. del Código Civil Federal. De las diversas etapas de creación y entrada en vigor de la ley, cabe destacar aquí esta última, por su trascendencia para la resolución del presente asunto. Así es, los mencionados artículos de la codificación sustantiva invocada, fijan las reglas sobre la iniciación de la vigencia del ordenamiento legal, conforme a las cuales se han adoptado dos sistemas que sirven para determinar en qué momento se considera vigente la ley, a precisar: el sucesivo y el sincrónico. El primero de ellos, se encuentra regulado en el artículo 3o. citado, que establece la iniciación de la vigencia de las leyes, reglamentos, circulares y cualesquier otras disposiciones de carácter general, con relación al lugar en que se publique el medio oficial de difusión pública de las mismas. Al efecto señala que entrarán en vigor tres días después de su publicación en el periódico oficial en los lugares en que se cuente con dicho medio de difusión; y en los que no, para su entrada en vigor, además del plazo referido, deberá transcurrir un día más por cada cuarenta kilómetros o fracción que exceda de la mitad. Por su parte, el sistema sincrónico, se encuentra regulado por el artículo 4o. del Código Civil Federal, conforme al cual, si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal de que su publicación haya sido anterior. En este supuesto, la ley entra en vigor en forma simultánea en todo el territorio donde habrá de ser aplicada, sin que pueda admitirse que la misma ha adquirido fuerza mientras no transcurra el plazo que debe mediar entre su publicación y la iniciación de su vigencia. Viene al caso hacer notar que el periodo que media entre la publicación de la ley y su entrada en vigor, se conoce en la doctrina como vacatio legis. La vacatio legis responde a la idea de que debe haber un término durante el cual quienes deben cumplir la ley puedan enterarse de su contenido y obedecerla consecuentemente. Transcurrido este plazo, la ley obliga a todos los que se encuentren en su hipótesis normativa, haciéndose evidente el principio de que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Al respecto, es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que, acorde a lo dispuesto por los artículos 70 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho periodo no está contemplado como una fase esencial del procedimiento legislativo, e incluso ha establecido que no es necesaria su existencia para que inicie la vigencia de una ley. Los criterios anteriores se encuentran inmersos en las tesis aisladas números 2a. CIV/2003 y 1a. XXVII/2004, visibles en las páginas 333 y 309, Tomos XVIII y XIX, agosto de 2003 y marzo de 2004, emitidas por la Segunda y Primera Sala de ese Alto Tribunal, respectivamente, ambas de la Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, que se transcriben a continuación: ‘LEYES FISCALES. SU ENTRADA EN VIGOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 70 Y 71 DE LA LEY FUNDAMENTAL.’ (se transcribe). ‘REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO REQUIEREN DE VACATIO LEGIS Y ANTE LA AUSENCIA DE DISPOSICIÓN EXPRESA SOBRE SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ESTARSE A LA DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SALVO QUE POR SU CONTENIDO NO SEAN EXIGIBLES DE MANERA INMEDIATA.’ (se transcribe). Es aplicable también el criterio contenido en la tesis P. XLV/2002, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo XVI, diciembre de 2002, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se transcribe a continuación: ‘LEYES. EL LEGISLADOR ORDINARIO CUENTA CON LA FACULTAD DE ESTABLECER EL MOMENTO EN QUE INICIA SU VIGENCIA.’ (se transcribe). De lo expuesto, cabe pues destacar, que el lapso comprendido entre el momento de la publicación y aquel en que la norma entra en vigor, denominado vacatio legis constituye una fase postergatoria de su vigencia, que se encuentra justificada porque concede un término que racionalmente supone que los destinatarios del precepto estarán en condiciones de conocerla y, por ende, de cumplirla. Concluido dicho lapso, la ley obliga a todas las personas comprendidas en el supuesto normativo, aun cuando de hecho no tengan o no hayan podido tener noticia de la nueva disposición legal. Ocurre que, es en este instante, o cuando se aplique la disposición, cuando formal y materialmente, se verán reflejados sus efectos en la esfera jurídica del gobernado, surgiendo así el perjuicio personal y directo que le otorga interés para impugnar el ordenamiento a través del juicio de amparo. Pues bien, analizando el marco normativo conforme al cual deben resolverse los agravios de la recurrente, se advierte que le asiste la razón. En efecto, el legislador estableció en el artículo primero transitorio de la ley controvertida: ‘... El presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes. ...’. Disposición transitoria que, con estricto apego a los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse acorde al método hermenéutico literal o gramatical, al que debe acudirse como primera forma de interpretación jurídica. Al efecto, nuestro más Alto Tribunal, ha sostenido que cuando de la literalidad de los preceptos se desprenda cuál es la intención del legislador al plasmar un principio que regule una disposición vigente, es incuestionable que dicha interpretación deberá basarse en lo que en forma expresa y con explícita claridad se desprende de las frases o palabras utilizadas; pero ello, no significa que este método deba aplicarse siempre de modo absoluto e indiscriminado. Esto es, el intérprete se encuentra obligado a estar, originalmente, a la literalidad de las palabras, vocablos o frases empleadas por el legislador y sólo cuando la ley sea oscura o defectuosa en su redacción, y no pueda mediante ese método advertirse o desentrañarse su sentido, entonces, estará facultado para acudir a la aplicación de otros sistemas de interpretación legal o, en todo caso, a los principios generales del derecho. Es aplicable, por lo ilustrativo de su texto y sólo en lo pertinente de los raciocinios que de ella emergen, la tesis 1a. LXXII/2004, autoría de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y cuatro, Tomo XIX, junio de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al tenor sucesivo: ‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO.’ (se transcribe). En el orden planteado, como en el presente asunto, para resolver los agravios del recurrente en contra de lo considerado por el Juez de Distrito debe acudirse a la interpretación de la norma transcrita, cabe dejar establecido que, en principio se acude a su interpretación literal, con el fin de examinar el alcance de la expresión utilizada por el legislador al referir ‘el presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación ...’. De su lectura, es importante destacar que el artículo transitorio mencionado no establece de manera expresa que el decreto ‘entrará en vigor el día noventa siguiente de su publicación’, como finalmente lo concluyó el Juez de Distrito, pero tampoco establece que ‘entrará en vigor transcurridos noventa días siguientes de su publicación’; sino lo que literalmente dispone es que ‘entrará en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación’, por lo que el alcance de la interpretación debe realizarse sin variar dicha expresión literal. En esta tesitura, debe concluirse que en el caso, no basta el examen gramatical para interpretar el texto normativo aludido, puesto que en su literalidad, ni indica que el decreto entrará en vigor el nonagésimo día, ni tampoco que entrará en vigor transcurrido dicho día, como lo deducen en su orden respectivo el Juez de Distrito y el quejoso; luego, este tribunal debe utilizar otro criterio de interpretación, diverso al gramatical, pero más adecuado para resolver el caso concreto. En vista de ello, este órgano jurisdiccional estima que debe acudirse a un método de interpretación lógico o teleológico, que atienda a la finalidad o a los objetivos que persiguen tanto la publicación de las disposiciones legislativas, como la denominada vacatio legis que, según se ha dicho, es el lapso que media entre aquélla y la iniciación de su vigencia. Así, debe considerarse que la publicación de la norma emitida por las autoridades legislativas tiene dos finalidades: 1) La de hacer saber a los gobernados y a los demás órganos del Estado, de manera auténtica, que el orden jurídico ha sido modificado en virtud del acto legislativo y 2) La de hacer exigible el acatamiento del nuevo ordenamiento, en tanto se ha perfeccionado la voluntad del Poder Legislativo en ese sentido. Es decir, la publicación de un decreto legislativo es una garantía objetiva del propio ordenamiento, destinada a fijar de forma auténtica y permanente el contenido de una norma y garantizar, en consecuencia, la seguridad y certeza jurídicas. Ligado a dicha publicación, en cuanto a que constituye la fase culminatoria del proceso legislativo y la presupone, se encuentra la voluntad expresa del legislador, de determinar el día en que la nueva disposición entrará en vigor. En ejercicio de esa facultad, puede optar por el sistema sucesivo en donde la ley regula la iniciación de la vigencia, o el sistema sincrónico, al fijar el día en que deberá empezar a regir. Cuando el legislador opta por el camino citado en segundo término, y fija el día posterior a la publicación del decreto, para que adquiera vigencia, expresa su voluntad de que medie entre la publicación y la iniciación de la vigencia un lapso vacatio legis que responde a la finalidad de que, quienes deben cumplir la norma, estén enterados de su contenido y consecuentemente, puedan acatarla; aspectos respecto de los cuales subyace la referida certeza y seguridad jurídica. Por tanto, si ésta es la finalidad que se persigue con la publicación y la iniciación de la vigencia de la norma, debe entonces concluirse que el alcance que debe darse a la expresión utilizada por el legislador en el artículo primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro, al emplear textualmente la expresión: ‘El presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación ...’, es la que racionalmente otorga seguridad y certeza a los destinatarios del precepto para estar en condiciones de conocerlo y, por ende, cumplirlo. En esta dirección, debe interpretarse la expresión de referencia en el sentido de que dicha norma debió entrar en vigor tan luego transcurrió el plazo de noventa días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues ante la ambigüedad de la expresión empleada en el decreto, es ésta la que otorga mayor seguridad y certeza a los gobernados a quienes va dirigida la disposición legal, debido a que por razón lógica, un plazo mayor, en comparación con uno restringido, da mayor certeza, y en mejor medida, del efectivo conocimiento de su contenido, cumpliéndose así con la indicada finalidad perseguida en las fases últimas o conclusivas del procedimiento legislativo. Tal interpretación, no otorga beneficios procesales mayores a los destinatarios de la ley, porque si bien no están obligados a acatar el decreto sino transcurrido el día noventa siguiente de su publicación, igualmente no pueden impugnarlo mientras no transcurra el plazo así fijado, pues mientras dura la vacatio legis no procede su impugnación. Bajo esa perspectiva, debe concluirse que si conforme a la interpretación citada, el legislador estableció que la Ley Federal de Protección al Consumidor, entró en vigor a los noventa días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y dicha publicación se hizo el cuatro de febrero de dos mil cuatro, en el medio oficial de difusión enunciado; entonces, el día nonagésimo de referencia lo fue el día cuatro de mayo de dos mil cuatro; por tanto, dicha disposición cobró vigencia el día cinco del mismo mes y año, como enseguida se explica. En efecto, del día de su publicación, esto es, del cuatro de febrero de dos mil cuatro, al veintinueve del mismo mes y año, transcurrieron veinticinco días, más treinta y uno del mes de marzo de la anualidad en mención, más treinta días, correspondientes al mes de abril, para finalmente, añadir cuatro días del mes inmediato siguiente, se logra como producto final de dicha operación matemática un total de noventa días naturales, mismos que, insístase, se cumplieron hasta que transcurrió completo el día cuatro de mayo del año en curso, día en el cual debe considerarse que concluyó el periodo que el legislador estableció debía existir entre la fecha de publicación del decreto y su entrada en vigor. Luego, conforme a la interpretación establecida, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor cuya inconstitucionalidad alega el ahora recurrente, cobró vigencia el día cinco de mayo de dos mil cuatro. Establecido lo anterior, procede ahora determinar si a partir de esta última fecha, la demanda de amparo fue presentada dentro del término de treinta días previsto en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, para impugnar una norma, cuando se le atribuye el carácter de autoaplicativa. Al respecto, es importante destacar el contenido del primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo, que establece: ‘Artículo 23. Son días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo, todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 1o. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre.’. Del precepto legal transcrito se advierte que el día cinco de mayo, en el cual entró en vigor el decreto impugnado, es inhábil para la promoción del juicio de garantías. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para el caso en que se impugna una ley de carácter autoaplicativo, que entra en vigor en día inhábil, el día en que entra en vigor no debe contarse en el plazo concedido para la presentación de la demanda de garantías, porque aunque la ley surte efectos incluso en día inhábil, la entrada en vigor no se identifica con el plazo de treinta días para reclamarla en la vía de amparo, pues éste no se refiere al momento en que surte efectos una ley autoaplicativa, sino al lapso en el cual puede impugnarse oportunamente en el juicio de amparo, ya que de otra manera se obligaría al quejoso a impugnar una ley autoaplicativa incluso en día inhábil. Dicho criterio se encuentra contenido en la tesis 2a. LXI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 506, Tomo IX, mayo de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se transcribe a continuación: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO EL PLAZO PARA IMPUGNARLAS INICIA EN DÍA INHÁBIL, NO DEBE CONTARSE ÉSTE.’ (se transcribe), ha establecido que tratándose de leyes autoaplicativas el plazo de treinta días para promover el amparo inicia desde las cero horas del mismo día que entran en vigor; ese criterio no tiene aplicación cuando el plazo indicado inicia en día inhábil, pues en ese caso, el día inhábil no debe contarse en el plazo concedido para la presentación de la demanda de garantías, pues aunque la ley surte efectos incluso en día inhábil, la entrada en vigor no se identifica con el plazo de treinta días para reclamarla en la vía de amparo, en atención a que éste no se refiere al momento en que surte efectos una ley autoaplicativa, sino al lapso en el cual puede impugnarse oportunamente en el juicio de amparo, de otra manera se obligaría al quejoso a impugnar una ley autoaplicativa incluso en día inhábil. En este orden, el aludido plazo de treinta días, que la ley le confiere a la quejosa para la interposición de la demanda de garantías, inició a contar el seis de mayo de dos mil cuatro, considerando que entró en vigor el día cinco de mayo de dos mil cuatro, día que por ser inhábil no debe ser considerado en el cómputo de referencia. Luego entonces, el plazo para la presentación de la demanda de garantías expiró el dieciséis de junio de la anualidad en mención, porque del día seis de mayo de dos mil cuatro al dieciséis de junio del mismo año, transcurrieron treinta días hábiles, de los cuales dieciocho corresponden al mes de mayo y doce al mes de junio del mismo año, considerando que en dicho cómputo deben excluirse los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo de dos mil cuatro, así como los diversos días cinco, seis, doce y trece del mes de junio, por ser sábados y domingos y, por tanto, inhábiles conforme al artículo 23 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como en el caso, del sello impreso en la parte superior derecha de la primera foja del escrito de la demanda de amparo, se observa que fue presentada el dieciséis de junio de dos mil cuatro, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en esta ciudad; cabe concluir que se presentó el día último del plazo legal que la quejosa tenía para hacerlo. Por tanto, se concluye que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, en relación con el diverso 22, fracción I, ambos de la legislación en consulta, invocada por el Juez de Distrito al desechar la demanda de garantías, puesto que la demanda de garantías se presentó en forma oportuna ..."

Con similares consideraciones el citado órgano colegiado resolvió los recursos de revisión (improcedencias) 500/2004-III, 501/2004-III, 502/2004-II y 503/2004-III.

Lo resuelto en las ejecutorias dio origen a la jurisprudencia IV.2o.A. J/8, publicada en la página mil ochocientos cinco, Tomo XX, correspondiente a noviembre de dos mil cuatro, que establece lo siguiente:

"LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA, PUBLICADO EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO, ENTRÓ EN VIGOR EL CINCO DE MAYO SIGUIENTE. El artículo primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro, establece textualmente: ‘El presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación ...’. De su lectura es importante destacar que no establece de manera expresa que entrará en vigor el día noventa siguiente de su publicación, pero tampoco establece que entrará en vigor transcurridos noventa días siguientes de su publicación. En vista de ello, debe destacarse que cuando de la literalidad de los preceptos se desprende cuál es la intención del legislador al plasmar un principio que regule una disposición vigente, el intérprete se encuentra obligado a estar, originalmente, a la literalidad de las palabras, vocablos o frases empleadas por el legislador; sin embargo, cuando la ley sea oscura o defectuosa en su redacción y no pueda mediante ese método advertirse o desentrañarse su sentido, estará facultado para acudir a la aplicación de otros sistemas de interpretación legal o, en todo caso, a los principios generales del derecho. En atención a lo anterior, a efecto de determinar el verdadero alcance de la expresión literal de la redacción del artículo transitorio referido, no basta el examen gramatical de la norma, sino que debe acudirse a un método de interpretación lógico o teleológico que atienda a la finalidad o a los objetivos que persiguen tanto la publicación de las disposiciones legislativas, como la denominada vacatio legis, que es el lapso que media entre aquélla y la iniciación de su vigencia. Para tal efecto debe considerarse que la publicación de la norma emitida por las autoridades legislativas tiene dos finalidades: 1) La de hacer saber a los gobernados y a los demás órganos del Estado, de manera auténtica, que el orden jurídico ha sido modificado por virtud del acto legislativo; y, 2) La de hacer exigible el acatamiento del nuevo ordenamiento, en tanto se ha perfeccionado la voluntad del Poder Legislativo en ese sentido. Es decir, la publicación de un decreto legislativo es una garantía objetiva del propio ordenamiento, destinada a fijar de forma auténtica y permanente el contenido de una norma y garantizar, en consecuencia, la seguridad y certeza jurídicas. Ligada a dicha publicación, en cuanto a que se constituye la fase culminatoria del proceso legislativo y la presupone, se encuentra la voluntad expresa del legislador de fijar el plazo que deba mediar entre la publicación y la iniciación de la vigencia, con la finalidad de que quienes deben cumplir la norma, estén enterados de su contenido y, consecuentemente, puedan acatarla; aspectos de los cuales subyace la referida certeza jurídica. Por tanto, si ésta es la finalidad que se persigue con la publicación y la iniciación de la vigencia de la norma, debe entonces concluirse que el alcance que debe darse a la expresión utilizada por el legislador en el artículo primero transitorio aludido

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19053-f98bf53a/proteccion-al-consumidor-las-normas-a-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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