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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN AMPARO. RESULTA IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR QUE OBLIGAN A FRACCIONADORES, CONSTRUCTORES O PROMOTORES, A REGISTRAR ANTE LA PROCURADURÍA RESPECTIVA LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE CASA HABITACIÓN Y DE USO TEMPORAL DE INMUEBLES MEDIANTE EL SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 201/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18850
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, , Pág. 751.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 201/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presente los antecedentes de los asuntos en los que se emitieron los criterios que se denuncian como opositores, así como las consideraciones en que éstos se sustentan.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el incidente en revisión número 608/2004, en su resolución interlocutoria del quince de octubre de dos mil cuatro, determinó lo siguiente:

• La quejosa Forum Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su demanda de garantías solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la aprobación y expedición del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de febrero de dos mil cuatro, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre algunos de ellos los artículos 73, segundo párrafo, 73 ter, 86, último párrafo, 86 quáter, 87, 87 bis, 111, 112, 113, 116, 123, 125, 126, 127, 128 bis, 129 y 130, que obligan a los fraccionadores, constructores y promotores a registrar los contratos de compraventa destinados a casa-habitación y al uso temporal de inmuebles de tiempo compartido.

• El Juez de Distrito del conocimiento admitió la demanda de garantías, ordenó tramitar el incidente de suspensión y celebró la audiencia incidental respectiva en la que dictó resolución en el sentido de negar la suspensión definitiva de los actos reclamados.

• Inconforme con esta determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión de cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el que dictó sentencia en el sentido de confirmar la resolución interlocutoria y negar la suspensión definitiva solicitada, por considerar que los actos relacionados con los efectos y consecuencias de los preceptos reformados de la Ley Federal de Protección al Consumidor tienen como propósito el de proteger derechos colectivos, y que de otorgarse la medida cautelar en contra de estos actos se ocasionaría un perjuicio al interés social, porque se privaría a la colectividad del beneficio de protección de la seguridad del consumidor, en contra de los riesgos provocados por productos, prácticas y servicios considerados peligrosos, la prevención y reposición de daños patrimoniales y morales, así como la protección contra cláusulas abusivas impuestas en el abastecimiento de productos y servicios en las transacciones efectuadas a través de medios ordinarios o de cualquier índole, y por ello no se cumple con el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo.

Las consideraciones que se sustentan en esta resolución interlocutoria, dictada en el incidente en revisión 608/2004, son del tenor siguiente:

"... Por cuestión de método se procede al análisis del tercer motivo de inconformidad, en el que la recurrente aduce, en sustancia, que le agravia la resolución incidental del Juez Federal, porque en el caso se reúnen los requisitos previstos en el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, pues solicitó la medida cautelar desde la presentación de la demanda, pretende prevenir actos de difícil reparación como que los actos jurídicos celebrados por él carecieran de efectos o se le impusieran multas, y que no se sigue perjuicio alguno al interés social porque no se está en alguna de las hipótesis de excepción previstas en el propio artículo 124 y, porque la sociedad tiene ordenamientos jurídicos que reglamentan los actos jurídicos que pretende celebrar. El agravio previamente reseñado es infundado. Lo anterior es así, toda vez que este Tribunal Colegiado encuentra que en el caso no se reúnen los extremos que para el otorgamiento de la suspensión definitiva de los actos reclamados en el amparo, prevé la fracción II del artículo 124 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el objeto de sustentar la determinación que se adopta en la presente ejecutoria, resulta oportuno realizar las siguientes precisiones respecto al tema de trato. El artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución, establece: ‘Artículo 107.’ (se transcribe). Conforme al precepto constitucional transcrito, la procedencia de la suspensión de los actos reclamados requiere considerar la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el quejoso con la ejecución, los que la medida origine a terceros y el interés público. La Ley de Amparo reglamenta la norma constitucional, entre otros, en sus artículos 122 y 124, en los siguientes términos: ‘Artículo 122.’ (se transcribe). Como se advierte, el objeto de la suspensión es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo o, bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación al quejoso, ello mientras se decide el juicio de amparo en definitiva. Lo anterior, siempre que se reúnan los requisitos legales para la procedencia de la suspensión, a saber, que lo solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al agraviado, debiendo el Juez de Distrito dictar las providencias necesarias para que no se defrauden derechos de terceros y para evitar perjuicios a los interesados. Así, de considerar el Juez Federal que no se reúnen los requisitos para la procedencia de la medida, debe negarla, entre éstos, cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público en contravención al requisito fundamental previsto en la fracción II del precepto reproducido, pues es clara la intención del legislador de anteponer tal interés social y orden público al perjuicio meramente individual que pueda sufrir el agraviado. Al respecto, el artículo 124 de la ley de la materia dispone que ‘... Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares ...’. La anterior enumeración de casos en que se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, no es limitativa sino ejemplificativa y, tan es así, que el propio artículo 124, al enumerarlos se refiere a esos casos, entre otros. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad o, bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o, bien, le evite un trastorno o un mal público. Las consideraciones anteriores guardan identidad con las sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 55/98, surgida entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, criterio jurisprudencial que no se inserta dado que en él no se reflejan las anteriores disertaciones, sino que éstas se obtienen de la ejecutoria emitida al efecto. Lo que se robustece, de lo afirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la propia Segunda Sala en su conformación anterior, de que la función de definir el orden público y el interés social le corresponde, en principio, al legislador al dictar una ley, pero que la misma no es ajena a la función del juzgador, ya que éste deberá apreciar su existencia en los casos concretos que se le sometan para su fallo. En esa tesitura, el examen de la ejemplificación que se contiene en el artículo 124, para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala la Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, derivada de la contradicción de tesis 473/71, publicada en la página 44, del Informe 1973, Parte II, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.’ (se transcribe). Empero, los conceptos de interés social y orden público, por su extrema complejidad, no han podido ser coherentes y unívocamente definidos, por lo que ha correspondido al buen juicio de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, determinar estos conceptos en cada caso concreto. Luego, el Juez de Distrito, al hacer uso de su facultad discrecional para conceder o negar la suspensión definitiva, debe atender a los elementos que se contengan y deriven de la demanda de amparo, a los que pueda conocer de los documentos anexos a ésta y los que se aprecian de los ordenamientos, decretos, acuerdos o reglas sobre la materia que rija el acto reclamado, así como a los informes rendidos por las autoridades señaladas como responsables e incluso, a los hechos notorios o a los objetivos que puedan normar la determinación que deba tomarse en cada caso concreto. De acuerdo con lo anterior a juicio de este Tribunal Colegiado, se advierte que en el caso a estudio no se reúne el requisito de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo a que sólo se debe decretar la medida cautelar cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, acorde a lo siguiente: Los actos reclamados en el juicio de amparo por la quejosa, respecto a los cuales ahora se dilucida si es dable otorgar o no la suspensión definitiva, consisten en los posibles actos, consecuencias y efectos que pudiera tener la aplicación de los artículos 73, segundo párrafo, 73 ter, 86, último párrafo, 86 quáter, 87, 87 bis, 111, 112, 113, 116, 123, 125, 126, 127, 128 bis, 129 y 130 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Atento a lo anterior, se acude al contenido de la Ley Federal de Protección al Consumidor tildada de inconstitucional, cuyo primer artículo establece lo siguiente: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). De la anterior transcripción se aprecia la naturaleza de orden público que tiene la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda vez que ésta tiene como objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Asimismo, se evidencia que regula actos y situaciones de interés social, al contener preceptos que estatuyen la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos que precisa, la prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, el acceso a los órganos administrativos para hacer efectiva a los consumidores dicha prevención y garantizar su protección jurídica, económica, administrativa y técnica, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. Ahora, la quejosa pretende que se suspendan los actos relativos a las consecuencias o efectos de los preceptos de la Ley Federal de Protección al Consumidor que impugna y que, en términos generales, hace consistir en la obligación de los proveedores que tengan la calidad de fraccionadores, promotores, constructores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habitación o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, de registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor los contratos relacionados con dichas actividades (artículo 73), así como de no variar los términos de los modelos de contratos de adhesión cuyo registro se exige, bajo pena de que las variaciones se tengan por no puestas (artículo 86 quáter). Asimismo, en la sanción de que los contratos que deban registrarse conforme a la ley y las normas oficiales mexicanas y no se registren, así como aquellos cuyo registro sea negado por la procuraduría, no produzcan efectos contra el consumidor (artículo 87); en la competencia de la procuraduría para resolver las controversias que se susciten sobre la interpretación o cumplimiento de los contratos (artículo 86), y en la obligación de someterse al procedimiento conciliatorio (artículos 111, 112, 113 y 116), además del procedimiento para determinar y sancionar las infracciones a la ley impugnada (artículos 123, 125, 126, 127, 128 bis, 129 y 130). Como se ve, tales preceptos, cuya aplicación se pretende suspender, tienen como propósito inmediato y directo proteger derechos colectivos, evitándole a la sociedad consumidora un trastorno o desventaja. Conclusión que se apoya, además, en la parte conducente de la exposición de motivos de la reforma, en la que el legislador consideró lo siguiente: ‘... De la exposición de motivos que en la parte conducente se reprodujo, se aprecia que la reforma obedeció al propósito de brindar a la población consumidora el máximo de beneficios y protección, para lo cual se planteó todo un esquema normativo para hacer efectivos dichos beneficios, entre los cuales se encuentran, entre otros, los relacionados con la obligación de registrar los contratos que celebren con el público consumidor, so pena de no surtir efectos frente a aquéllos; las disposiciones referentes a los procedimientos conciliatorios para resolver las controversias que surjan entre las partes, y el procedimiento para determinar infracciones y las sanciones correspondientes aplicables para salvaguardar los beneficios y proteger los derechos de los consumidores.’. Así, de otorgarse la medida cautelar solicitada en contra de los actos de aplicación y consecuencias de los aludidos preceptos, se ocasionaría un perjuicio al interés social, pues se privaría a la colectividad de los beneficios que dicha ley le otorga, entre los que destacan, la protección de la seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas y servicios considerados peligrosos, la prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, así como la protección contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios, en las transacciones efectuadas a través de medios ordinarios o de cualquier índole; beneficios, los anteriores, tutelados por la ley en comento, entre otros diversos, por los artículos 73, 86 quáter, 87, 123, 125, 126, 127, 128 bis, 129 y 130, impugnados por la recurrente, que prevén la obligación de registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor los contratos celebrados con los consumidores relacionados con las actividades que se señalan, la prohibición de variar los términos de los modelos de contratos de adhesión cuyo registro se exige, la sanción de que los contratos que deban registrarse y no se registren, y aquellos cuyo registro sea negado por la procuraduría, no produzcan efectos contra el consumidor, así como el procedimiento para determinar y sancionar las infracciones a la norma. Además de que se restringiría a la sociedad del provecho que se le otorga con el acceso a órganos administrativos que de manera efectiva puedan prevenir a los consumidores daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, y garantizar su protección jurídica, económica, administrativa y técnica, que se obtiene, en lo particular, a través de lo dispuesto en los artículos 86, 111, 112, 113 y 116, del citado ordenamiento legal, que disponen la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor para resolver las controversias que se susciten sobre la interpretación o cumplimiento de los contratos, así como la obligación de someterse al procedimiento conciliatorio. Lo anterior es así, pues las obligaciones, prohibiciones y sanciones antes referidas estatuidas por dichos numerales, tienen como fin inmediato y directo proteger y darles seguridad a los consumidores, prevenirles daños y, en su caso, repararlos a través de los procedimientos respectivos, lo que se traduce no sólo en evitar a la sociedad consumidora trastornos y desventajas sino, además, en la procuración de beneficios colectivos. Por ende, resulta improcedente otorgar la suspensión definitiva de los citados actos reclamados, pues la sociedad está interesada en que prevalezcan dichos beneficios y protección sobre el interés particular de los gobernados, como se aprecia, tanto de la exposición de motivos, como del propio ordenamiento reclamado. Aspecto el anterior, que no es factible soslayar al resolver sobre la procedencia de una medida como la que ahora ocupa la atención de este órgano de amparo, que como obligación constitucional debe tomar en cuenta, entre otras circunstancias, el interés público, de ahí que el agravio en examen resulte infundado. No contraría a lo aquí resuelto, lo argumentado por la recurrente de que con la suspensión no se sigue perjuicio al interés social porque ‘actualmente la sociedad tiene ordenamientos jurídicos que reglamentan los actos jurídicos que la ley impugnada pretende legislar. Lo anterior es el caso de la compraventa de casa habitación toda vez que se encuentra plenamente regulada por la legislación civil.’. Se dice lo anterior, pues si bien la legislación civil regula las operaciones de compraventa de bienes inmuebles, previendo diversos derechos y obligaciones de carácter civil para ambas partes vendedor y comprador, también es cierto que dicha legislación no tutela los derechos de los consumidores, correlacionados con las obligaciones, prohibiciones y sanciones para los proveedores, y la competencia de autoridades administrativas respectivas, en los términos previstos en los preceptos de la Ley Federal de Protección al Consumidor cuya aplicación se pretende suspender y que, como se vio, constituyen normas del orden público e interés social protectoras que otorgan seguridad a los consumidores y les previenen daños, además de permitirles el acceso a órganos administrativos que garantizan tal protección. Cierto, la legislación civil no estatuye, por ejemplo, la obligación de registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor los contratos relativos a los actos relacionados con inmuebles referidos en la ley impugnada, obligación que permite asegurar en beneficio del consumidor y de manera preventiva, que se cumplan con los requisitos de los contratos que la propia ley establece, y con las obligaciones relativas a información y documentación que el proveedor debe poner a disposición del consumidor. Así tampoco establece las sanciones en el caso de incumplimiento a dicha obligación, o por existir diferencia entre el contrato de adhesión registrado y el utilizado con los consumidores, disposiciones que otorgan, asimismo, seguridad a la sociedad consumidora al protegerlo, entre otros, de cláusulas inconsistentes o ambiguas en los contratos y, menos aún, prevén dichos ordenamientos civiles los procedimientos conciliatorios o por infracciones a la propia Ley Federal de Protección al Consumidor ante la procuraduría, que constituye un órgano administrativo que existe la presunción legal que de manera efectiva y ágil garantiza la protección jurídica del consumidor; situaciones las anteriores que se encuentran reguladas en las normas combatidas y que, como se abundó en el presente considerando, son de beneficio colectivo. Luego, por las razones precisadas, el hecho de que las operaciones de compraventa se encuentren previstas por diversos ordenamientos jurídicos, en el caso en el ámbito de la materia civil y en lo que a dicha materia corresponde, no demerita el perjuicio que sufriría la colectividad al privársele de los aludidos beneficios que los preceptos de la ley combatida le otorgan, y que las determinaciones contenidas en el Código Civil que rigen los contratos de compraventa no prevén. Sin que pueda considerarse que la normatividad referente a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad prevista en el ordenamiento civil, pueda otorgarle a los consumidores la protección a sus derechos que posibilita el registro de los contratos estatuido en los numerales combatidos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en tanto que, en suma, en cita textual que se recoge de la doctrina de Guillermo Colín Sánchez, ‘el procedimiento de Registro Público de la Propiedad es un conjunto de actos, formas y formalidades de necesaria observancia para que los actos jurídicos que han adquirido forma notarial alcancen publicidad y se obtenga la seguridad jurídica que el acto mismo demanda’ (Procedimiento Registral de la Propiedad. Página 46. Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México, 1972); definición que en sus rasgos esenciales, también se adopta en otros países. Lo confirma la diversa doctrina de Ramón M. Roca Sastre y Luis Roca Sastre Muncunill, quienes en su obra ‘Derecho Hipotecario. Fundamentos de la Publicidad Registral.’, citan a Camy quien define al registro de la propiedad en un sentido finalista como ‘el organismo jurídico estatal que, recogiendo la vida de los derechos reales sobre inmuebles, posibilita el que adquieran la plenitud de efectos que el ordenamiento jurídico les concede según su peculiar naturaleza’. Resulta innecesario abordar el estudio de los demás agravios hechos valer por la recurrente, habida cuenta que con independencia de que pudieren resultar fundados, devienen ineficaces para variar el sentido del auto combatido en cuanto a la negativa de suspender los actos reclamados, pues dicha determinación, por las consideraciones expuestas previamente por este órgano federal, debe subsistir. Lo anterior es así, pues con independencia de que los posibles actos de aplicación y sus consecuencias y efectos sean, en cuanto al aspecto aducido por la recurrente en sus agravios, suspendibles, lo cierto es que para resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva, el órgano de control constitucional debe atender, de manera preferente, a los aspectos que se precisan en el artículo 124 de la Ley de Amparo, entre los que destaca, por su importancia, el previsto en la fracción II del señalado precepto legal. Requisito que, como se vio, no se satisface a cabalidad por la quejosa recurrente, por lo que ante la afectación al interés social y contravención a normas de orden público que se ocasionarían con la suspensión de los actos reclamados, se impone negar la medida cautelar que ahora se estudia."

De la resolución de queja 111/2004-II, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, resuelta en sesión de veinticuatro de junio de dos mil cuatro, se advierte lo siguiente:

• La quejosa Quail Construction Group, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su demanda de garantías, solicitó la protección de la Justicia Federal en contra de la aprobación y expedición del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de febrero de dos mil cuatro, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre ellos los artículos 73, segundo párrafo, 73 ter, 86, último párrafo, 86 quáter, 87, 87 bis, 111, 112, 113, 116, 123, 125, 126, 127, 128 bis, 129 y 130 que obligan a los fraccionadores, constructores y promotores a registrar los contratos de compraventa destinados a casa-habitación y al uso temporal de inmuebles de tiempo compartido.

• El Juez de Distrito del conocimiento por auto de dieciséis de junio de dos mil cuatro, negó a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados.

• Inconforme con esta determinación, la quejosa por conducto de su autorizado, interpuso recurso de queja de cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el que dictó resolución en el sentido de declarar fundado el recurso, revocar el acuerdo impugnado y conceder la suspensión provisional, ya que en el caso no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque las operaciones que realizan las empresas quejosas con sus clientes se encuentran protegidas al existir un contrato que celebran éstas con los consumidores, y además porque estas operaciones están reglamentadas al determinarse en el Código Civil las estipulaciones que rigen los contratos de compraventa, esto es, porque no se priva a la colectividad de sus bienes o derechos tutelados por las leyes civiles, y porque todas las leyes son de orden público y de interés social, y bajo esa perspectiva aislada se llegaría a la conclusión equívoca de que cualquier medida cautelar tendiente a paralizar la ejecución de un acto que se base en ellos, debe negarse.

Las consideraciones que sustentan esta resolución interlocutoria de queja número 111/2004-II son las siguientes:

"CUARTO. El primero de los agravios que expresa la recurrente, es esencialmente fundado y suficiente para revocar el acuerdo impugnado, en atención a las siguientes consideraciones. Para mejor proveer las consideraciones que sustentan la presente resolución, conviene reseñar los antecedentes del caso. ... El primero de los agravios que expresa la recurrente, se considera esencialmente fundado y suficiente para revocar el acuerdo impugnado, en atención a las siguientes consideraciones. Señala la impugnante ... Hechas las precisiones procedentes, se estima que le corresponde la razón a la recurrente, en cuanto a que el Juez Federal no debió negar la suspensión provisional en relación con los efectos o consecuencias de la entrada en vigor de las reformas reclamadas, que se traduce en la obligación que se impone a la quejosa de confeccionar los contratos de adhesión que celebre con sus clientes en los términos y condiciones que prevén esas reformas legales, integrar en los mismos una cláusula en la que expresamente se someta al procedimiento conciliatorio ante la Procuraduría Federal del Consumidor, el deber de registrarlos ante dicha dependencia, so pena de que los mismos no surtan efectos frente a sus clientes pero sí para ella, y en general la obligación de observar las normas reformadas para que no se le impongan sanciones; pues la medida cautelar sí procede en contra de las consecuencias derivadas de la vigencia de las reformas, al menos con relación a los preceptos que desde su entrada en vigor obligan a la accionante de amparo sin necesidad de que se materialice un acto concreto de aplicación. En efecto, tratándose de un juicio de amparo en el que se reclama la inconstitucionalidad de normas que al promulgarse adquieren el carácter de inmediatamente obligatorias, es decir, se ejecutarán sin ningún trámite, procede conceder la suspensión provisional en contra de su futura y razonable aplicación, pues de lo contrario se constreñiría a la quejosa a acatarlas sin antes determinar si adolecen del vicio que les atribuye, y ello sería el punto de partida para la posible consumación de otras violaciones de garantías; máxime si en la demanda de amparo se designó a la autoridad encargada de realizar esas consecuencias, como parte que es en el juicio de garantías, pues de materializarse el acto de aplicación de la ley, existe el peligro de que se le constriña a modificar sus contratos y a sujetarse a un procedimiento que considera inconstitucional, con el riesgo que de no hacerlo se le apliquen sanciones y sea difícilmente reparable la violación, como bien lo señala la recurrente. Además, cabe aclarar que la posibilidad de que en cumplimiento de las disposiciones reclamadas, se obligue a la quejosa a ajustar sus contratos de adhesión a los términos que se contemplan en las reformas, y a registrarlos ante la Procuraduría Federal del Consumidor, porque de lo contrario no surtirán efectos frente a sus clientes; se señaló como un efecto o consecuencia de la entrada en vigor de las reformas, por lo que no es correcto el negar la suspensión con base en el criterio de que se trata de actos de realización futura e incierta. Resulta inexacto el argumento del Juez en el que afirma, que era improcedente conceder la suspensión para que no se aplicaran a la quejosa sanciones, a partir de la consideración de que tienen su origen en una conducta que la quejosa asumiera y que la autoridad competente determina

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18850-4d3a7739/suspension-en-amparo-resulta-improcedente-respecto-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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