SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2004, PORQUE SE PERMITIRÍA LA REALIZACIÓN DE UN DELITO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO, Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MARÍA DE LA LUZ PINEDA PINEDA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presente los antecedentes de los asuntos en los que se emitieron los criterios que se denuncian como opositores, así como las consideraciones en que éstos se sustentan:
Del contenido de los incidentes de revisión números 150/2004, 179/2004 y 192/2004, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, resueltos en sesiones de fechas diecinueve de mayo, diecisiete y veinticuatro de junio de dos mil cuatro, se advierte lo siguiente:
• Los quejosos, en las respectivas demandas, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del decreto de fecha veintiocho de diciembre de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, concretamente la adición con la fracción V del artículo 28 y la adición del artículo 115-Bis de dicho código y solicitaron, además, la suspensión respecto de la ejecución de estos actos reclamados.
• El Juez de Distrito del conocimiento, dictó sentencia interlocutoria en dichos asuntos, en la que resolvió negar la suspensión definitiva de los actos reclamados.
• Inconformes con esa determinación, los respectivos quejosos interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el que dictó resolución en el sentido de revocar la sentencia interlocutoria y conceder la suspensión definitiva solicitada, por considerar que si se obliga a la parte quejosa a instalar los controles volumétricos y de control de calidad que impone el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, se le causarán daños y perjuicios irreparables, pues ya habría hecho el gasto y no tendría materia para la concesión.
Las consideraciones que se sustentan en estas resoluciones interlocutorias dictadas en los incidentes de revisión 150/2004, 179/2004 y 192/2004, de las cuales se transcribe la parte conducente de una de ellas, en obvio de repeticiones, dice a la letra:
"Analizada en su integridad la demanda de garantías, se aprecia que la parte quejosa, al solicitar la suspensión de los actos reclamados, aduce que de obligársele a comprar, implementar y mantener en operación los equipos de control volumétrico, así como establecer fórmulas inciertas para tratar de detectar si en cada suministro de combustible se cumplen con los trazadores y demás especificaciones de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiados que utilicen para la identificación de los mencionados productos, se le causarían graves daños y perjuicios, con lo cual, debe entenderse, que también está reclamando la ejecución de la ley que impugna, no obstante que no lo mencione expresamente en el capítulo de actos reclamados. Cabe señalar que el artículo segundo transitorio, fracción VII, del decreto de veintiocho de diciembre de dos mil tres, establece: (se transcribe). En tales términos, le asiste razón al afirmar que si se le obligara a cumplir con los requerimientos que le impone la norma tildada de inconstitucional, dentro del plazo de seis meses, se le ocasionarían daños y perjuicios de difícil reparación, y que, lo que pretende al solicitar la suspensión, no es en contra del proceso legislativo que generó la norma en controversia, sino en contra de la ejecución de la misma, en el presente caso, para que no se le obligue a instalar los controles volumétricos y demás consecuencias inherentes a tal hipótesis, petición que se estima ajustada a derecho, pues, no obstante que a la fecha no existe constancia de que se haya ordenado su ejecución, su incumplimiento (inminente, dada la cercanía del plazo perentorio para su instalación) se traducirá en sanciones de diversos tipos, entre las que pudiesen encontrarse las de tipo penal contempladas en el diverso 115-Bis, por tanto, no puede decirse que la ejecución de los actos reclamados sea futura e incierta, sin importar que a la fecha de la interposición de la demanda de garantías no se hubiesen iniciado, y sin que se hubiese determinado, como aduce la quejosa, qué autoridad será la encargada de ejecutarlos, pues lo cierto es que son actos razonablemente futuros, y en el curso normal de la aplicación de las leyes, las autoridades están obligadas a realizarlos, siendo, en consecuencia, susceptibles de suspenderse, para no causar a la parte quejosa perjuicios de difícil reparación, así como evitar que se dificulte, en su caso, el retorno de las cosas al estado que tenían, esto es, en caso de concederse el amparo impetrado. De otra manera se estaría compeliendo a la quejosa a litigar contra el peso de sanciones de tipo administrativo, económico o incluso penal, o bien en contra de situaciones ya consumadas, en caso de que tuviera que adquirir el equipo, ante la ausencia de suspensión y para evitar las consecuencias de un inminente incumplimiento, pues no causar estos estragos al particular, es precisamente el espíritu del artículo 124 de la Ley de Amparo. Resultan aplicables al respecto, en lo conducente, las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo contenido, igualmente en lo conducente, este tribunal comparte, dichas tesis se localizan en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 115-120, Sexta Parte, página 98, y Volúmenes 127-132, Sexta Parte, página 163, Volúmenes 121-126, Sexta Parte, página 218, respectivamente, y son del tenor literal siguiente: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS FISCALES. SUSPENSIÓN.’ (se transcribe). ‘SUSPENSIÓN. ACTOS FUTUROS.’ (se transcribe). ‘SUSPENSIÓN. LEYES AUTOAPLICATIVAS.’ (se transcribe). No es óbice para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que la quejosa no hubiese mencionado en su demanda de garantías la autoridad ejecutora, pues si ésta no se ha determinado, procede conceder la suspensión contra la ejecución de las leyes reclamadas, frente a las autoridades que en su momento se designen para tal fin. Es aplicable al respecto la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 524, página 344, que es del tenor literal siguiente: ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA CONCEDERLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE SE SEÑALE COMO RESPONSABLE A LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN.’ (se transcribe). En las anteriores circunstancias, procede revocar la sentencia que se revisa, y conceder la suspensión definitiva de la ejecución de las leyes reclamadas, esto es, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y no se obligue a la quejosa a proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, ni se le apliquen las sanciones previstas en el diverso 115-Bis, del mismo ordenamiento, ambos preceptos en su texto vigente a partir del primero de enero de la presente anualidad."
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los incidentes de suspensión en revisión números 704/78, 727/78 y 840/78, sustentó las tesis, cuyos datos de identificación y publicación se indican a continuación, y no se señalan antecedentes de estos asuntos debido a que no se tienen a la vista porque ya no obran en los archivos de dicho tribunal.
"LEYES AUTOAPLICATIVAS FISCALES. SUSPENSIÓN. Cuando el quejoso pide amparo contra la ley que crea un impuesto nuevo, o una nueva tasa, y se trata de un impuesto que dicho quejoso debe acudir espontáneamente a pagar para evitar sanciones, recargos o gastos de ejecución, etc., aunque las autoridades responsables encargadas de aplicar la ley nieguen haber dictado o realizado actos de cobro, tales actos deben considerarse como legal y razonablemente futuros respecto de aquellas autoridades a las que la propia ley encomienda la liquidación y cobro del impuesto, de sanciones y recargos, y a las que encomienda el procedimiento administrativo de cobro, así como el procedimiento de ejecución, en su caso. Un causante debe tener oportunidad legal de impugnar la constitucionalidad del impuesto sin correr el riesgo de incurrir en infracciones o de que se inicien en su contra procedimientos de ejecución, puesto que si la Constitución le concede el derecho a impugnar la ley, debe entenderse que se lo ha concedido en forma plena, sin amenazas fiscales por haber hecho uso de él, en caso de que su acción no prospere. Luego se le debe conceder la suspensión en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo para el efecto de que pueda abstenerse de efectuar el pago impugnado, garantizando al fisco tanto la suerte principal como los posibles recargos que se causen durante el tiempo probable de tramitación del amparo, sin que mientras se falla el juicio las autoridades responsables puedan realizar los actos de cobro, ni imponerle sanciones por falta de cumplimiento espontáneo, ni iniciar en su contra el procedimiento de ejecución. Y aunque nieguen tales actos al rendir su informe, los mismos sí son susceptibles de suspensión como actos futuros, ya que legalmente deben realizarse si la parte quejosa no hace el pago espontáneo de los impuestos que impugna. Y esta conclusión es tanto más clara, cuanto que al obtener la suspensión el causante garantiza el pago del impuesto y de los recargos moratorios (que en materia fiscal son desproporcionados si se los compara con los recargos moratorios civiles o mercantiles), mientras que las autoridades no suelen pensar (sin que aquí proceda resolver al respecto) que el volver las cosas al estado que tenían implica la indemnización de los daños y perjuicios causados al particular con la ejecución de los actos que fueron encontrados inconstitucionales o ilícitos."
"SUSPENSIÓN. ACTOS FUTUROS. Si la parte quejosa manifiesta en su demanda que se niega a cumplir con las obligaciones que le imponen los preceptos legales que reclama, por considerarlos anticonstitucionales, es manifiesto que las consecuencias legales del incumplimiento, que se traducirán en sanciones de diversos tipos que las autoridades deben aplicar de oficio, no son actos futuros e inciertos, sino actos razonablemente futuros, ya que en el curso normal de la aplicación de las leyes las autoridades están obligadas a realizarlos. Y por lo mismo, esos actos son susceptibles de suspensión ya que en principio el fin de esta institución es evitar a la parte quejosa perjuicios de difícil reparación, así como evitar que se dificulte el retorno de las cosas al estado que tenían, en caso de concederse el amparo. Y por lo mismo es claro que no hay razón para obligar a la quejosa a litigar contra el peso de sanciones, ni contra situaciones legales ya consumadas, y que se le debe otorgar el derecho a litigar, si ello es posible, sin colocarse en situación de haber sufrido la imposición de sanciones de tipo administrativo, económico, o cualquiera otro. Esta conclusión se impone si se considera cuál es la finalidad de la suspensión, y que las normas relativas (artículo 124 y demás aplicables, de la Ley de Amparo) deben interpretarse del modo que mejor sirva para que se realice la finalidad perseguida por la ley."
"SUSPENSIÓN. LEYES AUTOAPLICATIVAS. Si se pide amparo contra la expedición y futura aplicación de un precepto legal, es claro que los actos de aplicación de ese precepto a quienes se encuentran en sus hipótesis normativas es un acto cuya actualización es razonable legal y lógicamente en el futuro, y que aunque la autoridad encargada de aplicar el precepto niegue haber dictado algún acto en ese sentido, deberá dictarlo legalmente en el futuro, por lo que ese acto sí es susceptible de suspensión. De otra manera, se hace más inútil, o por lo menos, menos eficiente, la institución de la suspensión, pues se obliga a los quejosos a litigar contra la amenaza y el peligro de que se les apliquen sanciones y se les considere infractores si no obtienen y de litigar contra actos consumados. Siendo de notarse que los quejosos garantizan los daños y perjuicios que puedan causar con la suspensión, mientras que las autoridades no se suelen estimar obligadas a indemnizar los daños y perjuicios que causan con sus actos ilícitos, cuando se tiene que volver las cosas al estado anterior a la violación (sin que aquí se deba resolver sobre la interpretación del artículo 80 de la Ley de Amparo)."
Los incidentes en revisión números 150/2004, 176/2004, 177/2004, 192/2004 y 203/2004, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, resueltos en sesiones de fechas diez y diecisiete de junio y primero de julio de dos mil cuatro, respectivamente, revelan los siguientes antecedentes:
• La parte quejosa en las respectivas demandas de garantías, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del decreto de fecha veintiocho de diciembre de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, concretamente la adición con la fracción V del artículo 28 y del artículo 115-Bis de dicho código, además, solicitó la suspensión de los actos reclamados.
• El Juez de Distrito que conoció de dichos asuntos, dictó sentencia interlocutoria en la que resolvió negar la suspensión definitiva de los actos reclamados.
• Inconformes con esa determinación, los respectivos quejosos interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el que dictó resolución en el sentido de confirmar la interlocutoria recurrida y negar la suspensión definitiva de los actos reclamados, por considerar que el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación impone una obligación de hacer, consistente en la adquisición de equipos de control volumétrico y a mantenerlos en operación en todo momento, y supedita el cumplimiento de la obligación a una condición suspensiva, relativa a la expedición, por parte de la autoridad administrativa, de las normas generales en las que se determine cuáles son los equipos de control volumétrico que los sujetos deben implementar como parte de su contabilidad, y al encontrarse condicionada esa obligación a la expedición de estas reglas generales, torna improcedente conceder la suspensión definitiva.
La parte que interesa de las resoluciones dictadas en los incidentes en revisión números 150/2004, 176/2004, 177/2004, 192/2004 y 203/2004, de la que se transcribe sólo una de ellas, en obvio de repeticiones, dice a la letra:
"Así, le asiste la razón a la inconforme al aducir que resulta inexacto que cuando como en el caso acontece, en el juicio de amparo se reclaman preceptos jurídicos por estimarlos inconstitucionales, no sea dable conceder la medida cautelar solicitada bajo la consideración de que la cuestión a dilucidar corresponde al fondo del asunto y no a la suspensión; pues se soslaya por el órgano de garantías, que lo que corresponde al fondo del asunto en un conflicto como el que es ventilado ante su potestad, es el discernimiento correspondiente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones jurídicas reclamadas; pero que las consecuencias derivadas de la aplicación de dichas normas son las que constituyen la materia de suspensión en el incidente respectivo, en el que de ningún modo se prejuzga en relación con el fondo de la cuestión principal. Consideración la anterior, que se fortalece incluso bajo la propia luz obtenida de la tesis invocada en la resolución impugnada, de rubro: ‘SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY.’, en la que se precisa que es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, ‘porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes’ y no tales normas en sí, además de que la inconstitucionalidad de la norma es materia de estudio al analizar el fondo del amparo y no del incidente de suspensión. No obstante lo anterior, se estima que son infundadas las restantes alegaciones esgrimidas por la inconforme en torno a las razones expresadas por el Juez de Distrito para negar la suspensión definitiva solicitada. Lo anterior es así, ya que carece de consistencia jurídica el aserto atinente a que no es exacto que la obligación contenida en el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de dos mil cuatro, mediante el que se le obliga a incorporar los equipos de control volumétrico y a integrarlos a su contabilidad, ‘se encuentre suspendida por lo menos por un plazo de seis meses’; como inconsistente deviene también la manifestación relativa a que de no concedérsele el beneficio suspensional se le aplicará la norma reclamada, causándole daños y perjuicios de orden irreparable; pues lo cierto es que no existe materia para decretar la medida cautelar impetrada. En efecto, el numeral en comento, en lo conducente, es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 28.’ (se transcribe). Por su parte, en la fracción VII del artículo segundo transitorio del propio decreto de referencia, se estatuye: ‘Artículo segundo.’ (se transcribe). Como puede advertirse de los numerales antes transcritos, en dichas normas jurídicas se contempla la implantación de un sistema de registro contable, consistente en los equipos de control volumétrico que de manera obligatoria deben llevar y mantener en todo momento en operación, ‘las personas que enajenen gasolina, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general’. Luego, es evidente que no es dable afirmar que desde su entrada en vigor, el precepto legal reclamado en cuestión, esto es, el artículo 28, fracción V, en cita, impone a quienes se encuentren dentro de la hipótesis normativa en dicho numeral descrita, una obligación de hacer, consistente en la adquisición de los equipos de control volumétrico a que ese precepto en cita se refiere, y a mantener tales implementos en operación en todo momento; empero, la propia norma supedita el cumplimiento de la señalada obligación de hacer a una condición suspensiva, consistente en la expedición por parte de la autoridad administrativa, de las normas generales en las que se determine cuáles son los equipos de control volumétrico que los sujetos deben implantar como parte de su contabilidad; pues no debe perderse de vista que en torno a ese aspecto, imperativamente el precepto en cuestión prevé: ‘... para tales efectos, el control volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.’. Bajo esta óptica, la afectación material a los sujetos contemplados en la hipótesis normativa, está constreñida a una condición suspensiva, que se traduce en que el Servicio de Administración Tributaria expida las reglas de carácter general, a través de las cuales en su oportunidad deberá de determinar, cuáles son los equipos a través de los que se dará cumplimiento a la mencionada obligación de hacer, ya que en el momento de la expedición de esas reglas generales, se habrán de puntualizar de manera cierta dos condiciones, a saber: a) Cuáles son los equipos de control volumétrico que las personas dedicadas a la actividad que la norma describe, deben adquirir; y, b) Cuál es la autoridad a la que se facultará para ejecutar la norma. En este orden de ideas, es evidente que si bien es cierto, el precepto reclamado establece una obligación dirigida hacia un sector determinado, como lo son quienes se dediquen a la actividad comercial que se describe en la norma; empero, no menos cierto lo es, que atento a su estructura particular, al momento de la expedición del numeral 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de dos mil cuatro, en modo alguno se determinó de manera instantánea que el sujeto pasivo de dicha norma en cita, se encontrara obligado a cumplirla inmediatamente; toda vez que la propia disposición jurídica de trato establece que una autoridad expida y precise las reglas generales que darán puntual actualización a la obligación de hacer de mérito a cargo de la quejosa, de tal manera que será hasta el momento de la expedición de dichas reglas generales (derivadas de la norma cuestionada), que se materializará la obligación en comento, siendo en el instante de la expedición de las susodichas reglas generales, cuando se cause perjuicio a la amparista, porque a partir de ese momento se le impondrá la obligación de hacer de trato, misma que debe cumplir espontáneamente para evitar sanciones, ya que será hasta entonces que quedará legalmente compelida a adquirir los equipos de control volumétrico que señale el Servicio de Administración Tributaria, así como se determinará a qué autoridad administrativa le compete la ejecución del precepto reclamado de mérito. Como corolario de lo anterior, si mediante la expedición de las reglas generales en cuestión, la norma produce una real afectación a la quejosa, es inconcuso que hasta en tanto se verifique su expedición, existirá propiamente una aplicación o ejecución de la norma que la vincule directamente a su cumplimiento, pues a partir de ese momento deberá adquirir e instalar como parte de su contabilidad los equipos de control volumétrico de trato. Cobra aplicación al caso, en lo conducente y sustancial, la tesis sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 347, cuyos rubro y texto rezan como sigue: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS CONDICIONADAS A ACUERDOS GENERALES. OPORTUNIDAD PARA EL AMPARO.’ (se transcribe). Congruente con lo expuesto, si se pondera el hecho de que la ley no es susceptible de suspenderse en sí misma, sino sólo en su aplicación, y que la particular aplicación, así como las consecuencias materiales del artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación que se reclama, ocurrirán en el momento en que se cumpla la condición suspensiva relativa a la expedición de las referidas reglas generales, mediante las cuales se actualizará en perjuicio de la quejosa, la obligación de hacer a su cargo derivada de la expedición del numeral en comentario; es dable colegir que sólo hasta ese momento se verificará la ejecución de la norma general impugnada de mérito, que podrá ser susceptible de suspensión, de colmarse las exigencias que al efecto prevé el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no pasa inadvertido el argumento de la recurrente en el sentido de su imposibilidad para señalar en la demanda de amparo alguna autoridad ejecutora; pues en la especie, dicho tópico resulta irrelevante en su estudio, ya que al margen de lo acertado o incorrecto de su planteamiento, como ya se explicó con antelación, en el caso no hay materia para decretar la medida cautelar solicitada, y por ende a nada práctico conduciría el análisis de un tema que no es susceptible de trascender a la cuestión que se dilucida. Ahora bien, en relación con el artículo 115-Bis del Código Fiscal de la Federación, contenido en el propio decreto de veintiocho de diciembre de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, cabe decir que tampoco le asiste la razón a la amparista, aquí recurrente, cuando pretende le sea concedida la suspensión definitiva que solicita, en relación con las consecuencias derivadas de la aplicación del precepto en cuestión; ya que al margen de que en el dispositivo jurídico de mérito, se contenga una obligación de hacer a cargo de la quejosa, consistente en ‘contar con los trazadores u otras especificaciones que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios utilicen para la identificación de dichos productos’; empero, lo cierto es que de concederse la medida cautelar solicitada, en lo que al invocado numeral 115-Bis se refiere, se actuaría en contra de una norma expresa, de carácter prohibitivo. En efecto, el precepto legal en comento reza como sigue: ‘Artículo 115-Bis.’ (se transcribe). El contenido normativo antes transcrito permite establecer, que si bien, dada la naturaleza de esa norma general, es dable la paralización de las consecuencias derivadas de su aplicación, ya que de otorgarse la medida cautelar solicitada, las personas que se dediquen a la comercialización de gasolina o diesel, no podrán ser obligadas a contar con los trazadores u observar las demás especificaciones para identificar el combustible a comercializar, suspendiéndose por ende en su contra las sanciones señaladas en el dispositivo en comento; no menos cierto resulta, que en el caso no es posible conceder la suspensión definitiva que se solicita; atento a que en la especie no se colman a cabalidad las exigencias previstas en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Así es, aunque el beneficio suspensional fue solicitado por la agraviada, tal como se advierte del cuaderno incidental, al sustentar la quejosa en el apartado relativo de esa demanda, que se le causarían graves daños y perjuicios con la ejecución de los actos reclamados, ya que se le obligaría a establecer fórmulas para tratar de detectar si en cada suministro de combustible se cumple con los trazadores o las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, utilicen para la identificación de los productos mencionados. Obligación a su cargo que se corrobora mediante las pruebas documentales que en copias certificadas se allegaron al cuaderno incidental, específicamente, de la escritura pública cincuenta y dos, de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y nueve, pasada ante la fe del licenciado Héctor Siller y Siller, entonces notario público con ejercicio en esta ciudad, de la que se advierte que la quejosa es una sociedad anónima, que tiene como objeto social, el siguiente: ‘Compra-venta de combustible y lubricantes de Petróleos Mexicanos y de los autorizados por dicho departamento, servicio de lavado y engrasado de automóviles y camiones, servicio de alineación y balanceo de llantas y ruedas de vehículos de tracción mecánica, compra-venta de refacciones, llantas y accesorios para vehículos automotrices, explotación de taller mecánico y pensión, comisiones, representaciones, y en general el comercio relacionado con el objeto social indicado.’. Actividad esta de la peticionaria de garantías, que además queda patente a través del contrato de franquicia celebrado por Pemex-Refinación, como franquiciante, y Autoservicio Mayrán, S.A. de C.V., aquí agraviada, en su carácter de franquiciataria, celebrado el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, por un plazo de quince años obligatorios; obrando igualmente como complemento de ese acuerdo de voluntades, el respectivo contrato de suministro celebrado en la misma fecha, entre dichas partes contratantes de mérito; además de haberse aportado copias certificadas de la cédula de identificación fiscal de la quejosa, aquí recurrente; del formato de aviso al Registro Federal de Contribuyentes de cambio de domicilio fiscal de la amparista; y, de la declaración anual de ésta, atinente al ejercicio fiscal dos mil dos. Documentos todos los anteriores, que al valorarse en términos de lo dispuesto en los artículos 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a lo previsto en el numeral 2o. de este último cuerpo legal, resultan aptos y suficientes para establecer que la quejosa es una persona moral que tiene como objeto social la comercialización de gasolina y diesel, así como la compraventa de combustibles, lubricantes y todos los productos elaborados y distribuidos por Pemex, actividad ésta que al ser adminiculada con el contenido que informa el artículo 115-Bis del Código Fiscal de la Federación, pone de relieve la satisfacción de la primera exigencia contenida en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues es evidente que el beneficio suspensional está siendo solicitado por la impetrante, al encontrarse en la hipótesis que la norma de trato describe, y ser susceptible de que en su caso y de incumplirse con ese precepto legal, se le aplique la sanción prevista en el mismo. Sin embargo, en el caso no se satisface el requisito consignado en la fracción II del numeral en comento (124 de la Ley de Amparo); pues atendiendo a la naturaleza del artículo 115-Bis del Código Fiscal de la Federación, de concederse la medida cautelar solicitada, se seguirían perjuicios al interés social y además se contravendrían disposiciones de orden público. En efecto, el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Entonces, por disposiciones de orden público, debe entenderse aquéllas plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo, tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades colectivas o algún provecho o beneficio; y por interés
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18807-b60dc3e1/suspension-es-improcedente-respecto-de-los-actos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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