AUTORIDADES ADUANERAS. LA DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS, CUOTAS COMPENSATORIAS Y, EN SU CASO, IMPOSICIÓN DE SANCIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN LOS AÑOS DE 1998 A 2001, CONSTITUYE UNA FACULTAD REGLADA Y NO DISCRECIONAL. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA RESOLUCIÓN QUE SE EMITA FUERA DEL PLAZO DE 4 MESES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, CONDUCE A DECLARAR SU NULIDAD LISA Y LLANA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN LOS AÑOS DE 1998 A 2001).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 123/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MARÍA DE LA LUZ PINEDA PINEDA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. A fin de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, resulta necesario tener presente la parte conducente de las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se transcriben:
De las copias fotostáticas certificadas de las resoluciones remitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver las revisiones fiscales números 113/2001-II, 112/2002 y 173/2002 en las que fue recurrente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se advierte que el criterio adoptado por dicho tribunal deriva de las consideraciones que a continuación se reproducen (se transcribe únicamente la resolución recaída a la revisión fiscal 113/2001-II), por ser muy similar a las diversas pronunciadas por dicho órgano colegiado.
"QUINTO. El agravio expuesto por la autoridad recurrente es infundado en un aspecto, e inoperante en otro. Para la claridad de este aserto, es conveniente destacar los siguientes antecedentes del caso: ... Se sostiene que el agravio referido, es infundado por las consideraciones jurídicas que a continuación se exponen: ... El artículo 152 de la Ley Aduanera, en que se fundó la Sala del conocimiento, y cuya inexacta aplicación, alega la recurrente, es del tenor siguiente: ‘Artículo 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta ley. En este caso la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan. Las autoridades aduaneras efectuarán la determinación en un plazo que excederá de cuatro meses. En los demás casos la determinación del crédito fiscal se hará por la autoridad aduanera.’. El precepto en cuestión, establece la facultad a favor de las autoridades aduaneras, de proceder a determinar las contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y siempre que no sea aplicable el artículo 151 del propio ordenamiento, sin necesidad de sustanciar el procedimiento previsto por el diverso artículo 150 de la misma ley, en los casos siguientes: Con motivo del reconocimiento aduanero; del segundo reconocimiento; de la verificación de mercancías en transporte; de la revisión de los documentos presentados durante el despacho; cuando se ejerciten las facultades de comprobación. Asimismo, establece que en caso de que la autoridad haga uso de dicha facultad, la autoridad aduanera mediante escrito, o acta circunstanciada, dará a conocer al interesado, los hechos y omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y le hará saber que cuenta con diez días para ofrecer pruebas y alegatos que le convengan. El propio artículo, después de establecer lo anterior, indica que las autoridades aduaneras harán la determinación de las contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones. Desde esta perspectiva, resulta conveniente previamente al análisis de los agravios formulados por el recurrente, determinar si las facultades previstas por el artículo en estudio, son discrecionales, o regladas u obligatorias. Para dilucidar lo anterior, es ilustrativo traer a colación, el estudio que, respecto a la diferenciación entre facultades discrecionales y las facultades regladas, en materia administrativa, aparece inserto en la ejecutoria que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/2000, de rubro: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. PROCEDE CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PARCIALIDADES EN QUE INCURRE EL CONTRIBUYENTE QUE AUTODETERMINÓ EL CRÉDITO FISCAL SI EXISTE UNA RESOLUCIÓN EJECUTIVA DE LA AUTORIDAD DEBIDAMENTE NOTIFICADA.’, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, del mes de febrero de 2000, visible en la página 203 y siguientes, en cuya parte conducente, literalmente dice: (se transcribe). En esta tesitura, puede afirmarse válidamente que la facultad prevista por el artículo 152 de la Ley Aduanera, en un principio es discrecional, pues en su primer párrafo establece una facultad a favor de las autoridades aduaneras para proceder, en los casos previstos, a la determinación de las contribuciones omitidas, cuotas compensatorias, e imposición de sanciones, sin necesidad de sujetarse al procedimiento previsto por el artículo 150 de la propia ley. No obstante lo anterior, una vez ejercitadas las facultades para determinar las contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, imponer las multas, la autoridad aduanera queda vinculada con el contribuyente, pues se encuentra sometida al cumplimiento de la norma que le asigna la obligación de resolver, legalmente, el procedimiento a que se contrae el precepto en cita. Lo anterior es así, pues el segundo párrafo del precepto en estudio obliga a la autoridad a comunicarle al contribuyente por escrito, o mediante acta circunstanciada, los hechos u omisiones que impliquen la omisión de las contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, los que ameriten la imposición de sanciones, y le otorgará un plazo de diez días para ofrecer pruebas de su derecho. Corrobora esta consideración, el contenido del tercer párrafo del precepto en estudio, en el que se establece que la autoridad emitirá la determinación en un término que no excederá de cuatro meses. En las apuntadas condiciones, es inconcuso que en la especie, se trata de un procedimiento, al que, una vez ejercitadas las facultades en comento, la autoridad aduanera debe sujetarse. Por consecuencia, las etapas previstas en el trámite de decidir la situación jurídica aduanera, para cumplir con el principio, además, de certeza y definición legal, no son discrecionales, sino obligatorias, pues se ha vinculado al contribuyente al mismo, a través del escrito o acta de incidencias, y se le ha conferido una etapa probatoria y el derecho de alegar en su favor. De esta manera, como la obligación de determinar, en un plazo no mayor de cuatro meses, las contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, se encuentra ubicada en el tercer párrafo del artículo en estudio, es decir, después de las etapas probatoria y de alegatos del procedimiento en él previsto, es concluyente que no se trata de una facultad discrecional, sino de una obligación, o facultad reglada, pues el artículo le impone la manera de obrar, como una consecuencia de la culminación del procedimiento que el mismo contempla. Bajo las directrices expuestas, y establecido que la obligación de emitir la determinación correspondiente, en un plazo que no exceda de cuatro meses, no es discrecional, sino reglada, debe declararse infundado el argumento de la autoridad recurrente, atinente a que la obligación en estudio es de naturaleza discrecional. Por otra parte, también es infundado el agravio en el aspecto en que la recurrente sostuvo que del artículo 152 de la Ley Aduanera, no se desprende ninguna sanción para el caso de que la determinación no se emita en el plazo de cuatro meses, contados a partir del levantamiento del acta de incidencias, como podía serlo, que el procedimiento quede sin efectos; que no existe precepto legal alguno, que sancione a la autoridad por dicha omisión, ni lo citó la Sala del conocimiento, y por lo tanto, estima que se trata de una norma imperfecta, porque establece una obligación para la autoridad, pero no una sanción, para el caso de que se incumpla con lo previsto en ella. Se afirma que los argumentos vertidos son infundados, pues el hecho de que el artículo 152 de la Ley Aduanera, no establezca en su propio texto, una sanción para el caso de que la determinación no se emita en el término de cuatro meses, no involucra que no pueda analizarse la legalidad del proceder de la autoridad, cuando actúe en contravención de dicha disposición. Lo anterior es así, pues debe considerarse que, tal como lo sostuvo la autoridad a quo, con vista al procedimiento establecido en el artículo 152 de la Ley Aduanera, que establece que la determinación debe emitirse en un plazo que no exceda de cuatro meses, es inconcuso, que si ésta se dictó fuera de dicho plazo, como lo acepta la recurrente, se actualiza la causal de ilegalidad prevista por el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, que establece: ‘Artículo 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ... IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas.’. Efectivamente, en primer término, debe considerarse que no es indispensable que el propio precepto establezca una sanción, pues no es la única forma en que se puede analizar la validez y legalidad de un acto jurídico. Por otra parte, y tal como lo consideró la a quo, la validez y legalidad del acto administrativo impugnado, acorde al artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, debe analizarse con vista a su apego a todos y cada uno de los requisitos formales y sustanciales, que, para su emisión, establezcan las leyes que los rigen, como en el particular lo establece el artículo 152 de la Ley Aduanera, de tal suerte, que al no apegarse la autoridad aduanera a los lineamientos de dicho precepto, es incuestionable que se surte la causal de invalidez prevista por el artículo 238, fracción IV, del código de exacciones ya citado. De lo expuesto, se concluye que no es óbice el hecho de que el artículo 152 de la Ley Aduanera no contemple una sanción para el caso de que la determinación se emita después del plazo de cuatro meses, pues al establecer dicho precepto un procedimiento al cual debe sujetarse la autoridad en forma obligatoria, según ya se expuso, el análisis de la legalidad y validez de sus actos, puede hacerse con vista a su apego al procedimiento establecido para tal efecto. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que de estimar como válidos los argumentos de la recurrente, sería la excusa para que las autoridades dejen de observar los términos previstos por la ley para el dictado de sus resoluciones, con transgresión a la garantía de pronta impartición de justicia, que establece el artículo 17 constitucional, que obviamente, debe ser acatado tanto por las autoridades jurisdiccionales, como por las administrativas que materialmente realicen funciones jurisdiccionales; amén de que precisamente el artículo 152 de la Ley Aduanera contempla el término de cuatro meses para que la autoridad emita su resolución."
Las anteriores consideraciones sustentadas en la revisión fiscal 113/2001-II dieron origen a la tesis aislada número IV.2o.A. 6 A, publicada en la página 1194, Tomo XIV, agosto de 2001, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AUTORIDADES ADUANERAS. LA DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS, CUOTAS COMPENSATORIAS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, NO ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL. El artículo 152 de la Ley Aduanera, en su primer párrafo, establece los casos en los que las autoridades aduaneras procederán a la determinación de contribuciones sin necesidad de agotar el procedimiento administrativo; en el segundo párrafo establece la obligación de esas autoridades de comunicarle al contribuyente por escrito o mediante acta circunstanciada, los hechos o abstenciones que impliquen la omisión de las contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, los que ameriten la imposición de sanciones, otorgándole un plazo de diez días para ofrecer pruebas y alegar en su derecho; enseguida, en el tercer párrafo, establece el plazo, que no excederá de cuatro meses, para efectuar la determinación correspondiente. En estas condiciones, es inconcuso que dicho precepto regula un procedimiento y, por consecuencia, una vez que las autoridades aduanales ejercitan la facultad que les confiere, quedan vinculadas y obligadas con el contribuyente para emitir la determinación dentro del plazo indicado; luego, esto último no es una facultad discrecional, sino reglada u obligatoria, pues en dicho aspecto, el precepto en cuestión no deja a la libre apreciación de la autoridad aduanera su forma de proceder, antes bien, le impone la conducta específica a la que debe sujetarse, lo que además se justifica, ya que implica la culminación de dicho procedimiento y respeto a la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Carta Magna."
QUINTO. Las consideraciones que sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 8/2005-102, en la que fue recurrente el administrador local jurídico del norte del Distrito Federal, en lo que interesa son del tenor siguiente:
"QUINTO. Previo al análisis del único agravio propuesto por la autoridad recurrente, conviene tener presente lo siguiente: En el tercer considerando de la sentencia recurrida la Sala estimó fundado y suficiente el primer concepto de anulación propuesto por la actora, en el que alegó la ilegalidad de la resolución impugnada en virtud de que se dictó fuera del plazo de cuatro meses previsto por los artículos 152 y 153 de la Ley Aduanera, puesto que el seis de noviembre de dos mil uno, la autoridad aduanera levantó el acta circunstanciada de hechos y hasta el veintidós de septiembre de dos mil tres, mediante la resolución contenida en el oficio 326-SAT-A45-IX-(A3)-11854, determinó su situación fiscal. Concluyó la Sala afirmando que la autoridad había excedido el plazo estipulado en el artículo 152 de la Ley Aduanera, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, razón por la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa impugnada. En su oficio de agravios la autoridad recurrente alega que la Sala violó en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 237, 238 y 239, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación y 152 de la Ley Aduanera, por su inobservancia e indebida aplicación, y al respecto aduce lo siguiente: Que no obstante que el artículo 152 de la Ley Aduanera establece un plazo de cuatro de meses para que la autoridad determine la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias o en su caso la imposición de sanciones, en su contenido no estipula que si no se emite dentro de ese periodo deba considerarse ilegal, ni tampoco establece sanción alguna para el caso de que se pronuncie fuera del referido plazo. Considera también que la sentencia recurrida no fue debidamente fundada y motivada, puesto que no se apoyó en ninguna disposición legal en la que se prevea alguna sanción al respecto, y además porque la Sala sustentó su decisión aplicando al caso criterios que tratan de supuestos diversos. Apoya sus razonamientos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: ‘SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA.’; así como en las tesis de Tribunales Colegiados, bajo los siguientes rubros: ‘ANALOGÍA, PROCEDE LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’ y ‘LEY, APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA.’. Ahora bien, para analizar el agravio precisado, es conveniente tomar en consideración que la Sala apoyó su resolución en la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor siguiente: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA A ÉSTE, FUERA DEL PLAZO DE CUATRO MESES, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 155 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1996 Y 153, TERCER PÁRRAFO, DEL MISMO ORDENAMIENTO, VIGENTE EN 1999 Y EN 2000, CONDUCE A DECLARAR SU NULIDAD LISA Y LLANA.’. De su lectura se desprende que dicho criterio jurisprudencial interpreta lo dispuesto por los artículos 155 vigente en mil novecientos noventa y seis, y 153, tercer párrafo, vigente en mil novecientos noventa y nueve y en dos mil, ambos de la Ley Aduanera; sin embargo, en el caso se impugna una resolución emitida conforme a lo estipulado por el artículo 152 del ordenamiento en comento, en vigor al momento en que se cometió la infracción, esto es, en dos mil uno. Por tanto, resulta necesario transcribir los mencionados artículos para verificar si coinciden en sus previsiones. En los cuales, en su parte conducente disponen literalmente lo siguiente: El artículo 155 vigente en mil novecientos noventa y seis, decía: ‘Artículo 155.’ (se transcribe). El artículo 153 de la Ley Aduanera vigente en mil novecientos noventa y nueve y en dos mil, establecen lo mismo: ‘Artículo 153.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 152 dispone lo siguiente: ‘Artículo 152.’ (se transcribe). De la transcripción que antecede se observa que el contenido de los artículos 155 de la Ley Aduanera vigente en mil novecientos noventa y seis y 153, vigente en mil novecientos noventa y nueve y en dos mil, del mismo ordenamiento, tiene un elemento común, pues ambos preceptos regulan la existencia del procedimiento administrativo en materia aduanera que inicia con un acta en que se asienta el embargo de mercancías de procedencia extranjera, mientras que el numeral 152 de la ley de referencia, regula un procedimiento que no supone el embargo de mercancías, ya que se tramita en aquellos casos en los que no sea aplicable el artículo 151 de la misma ley. De lo expuesto se advierte que la jurisprudencia invocada por la Sala no cobra aplicación en cuanto al procedimiento que prevé el artículo 152 de la Ley Aduanera, norma que tampoco dispone sanción para el caso de que la resolución se emita fuera del plazo de cuatro meses, ni impide que pueda dictarse fuera de él, o bien que deba considerarse ilegal en dicho supuesto. Consecuentemente, fue indebido que la Sala haya aplicado una jurisprudencia que la llevó a una conclusión errónea, precisamente por ser inaplicable a este caso. Conforme a lo expuesto, debe revocarse la sentencia recurrida y remitir los autos a la Sala del conocimiento para que resuelva los conceptos de nulidad que quedaron pendientes de examen."
SEXTO. A continuación, debe precisarse si existe la contradicción de tesis señalada y, para tal efecto debe tenerse presente el contenido del artículo 197-A de la Ley de Amparo, que establece:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Así como el criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentado en las jurisprudencias 26/2001 y 27/2001, publicadas en las páginas 76 y 77, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
En el caso, cabe destacar que las ejecutorias dictadas se basan en el texto del artículo 152 de la Ley Aduanera, vigente en los años 1998, 1999 y 2001, lo que en principio podría conducir a considerar que la contradicción de tesis es inexistente, en razón de que no se analizó por ambos Tribunales Colegiados un elemento jurídico normativo común; sin embargo, esto no ocurre porque el artículo 152 de la Ley Aduanera no varió en este aspecto en su contenido.
Del estudio de las ejecutorias transcritas se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, ya que los órganos colegiados contendientes adoptaron criterios discrepantes, partiendo del examen de diversos elementos, examinando cuestiones esencialmente iguales.
En efecto, de las ejecutorias pronunciadas por los órganos colegiados, se advierte que éstos analizaron un problema jurídico a saber, el relativo a determinar si la facultad prevista en el artículo 152, párrafo tercero, de la Ley Aduanera es discrecional, o bien, reglada u obligatoria; y si el hecho de que la determinación se emita fuera del plazo de cuatro meses que señala dicho numeral implica una declaratoria de nulidad del acto.
Asimismo, se observa que dichos Tribunales Colegiados llegaron a conclusiones divergentes, en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, sostuvo que la facultad prevista en el artículo 152, párrafo tercero, de la Ley Aduanera no es discrecional, sino se trata de una obligación o facultad reglada, en la medida en que el precepto legal que impone a la autoridad la manera de obrar, como una consecuencia de la culminación del procedimiento ahí contemplado, y que el hecho de que se emita la determinación fuera del plazo de cuatro meses tiene como consecuencia la ilegalidad del acto; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que se trata de una facultad discrecional, y que el artículo 152 de la ley en cita no dispone sanción para el caso de que la resolución se emita fuera del plazo de cuatro meses, ni impide que pueda dictarse fuera de él, o bien que deba considerarse ilegal el acto.
SÉPTIMO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en el caso debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que se señala en la parte final de este considerando, por las razones siguientes:
Como se señaló, la divergencia de criterios que se plantea en el caso concreto, consiste en determinar si la facultad prevista en el artículo 152, párrafo tercero, de la Ley Aduanera, es discrecional, o bien reglada u obligatoria; y si el hecho de que la determinación se emita fuera del plazo de cuatro meses que señala dicho numeral conlleva la nulidad del acto.
Los artículos 152 de la Ley Aduanera y 180 del reglamento de esta ley, establecen:
"Artículo 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta ley.
"En este caso la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan.
"Las autoridades aduaneras efectuarán la determinación en un plazo que no excederá de cuatro meses.
"En los demás casos la determinación del crédito fiscal se hará por la autoridad aduanera."
"Artículo 180. Cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, la aduana levante el acta a que se refiere el artículo 152 de la ley, deberá dictar la resolución definitiva en un plazo que no excederá de cuatro meses contados a partir de la notificación de dicha acta.
"En los casos en que con motivo de la verificación de mercancías en transporte, autoridades aduaneras distintas de la aduana detecten la omisión de contribuciones o cuotas compensatorias y no sea aplicable el artículo 151 de la ley, dichas autoridades levantarán el acta circunstanciada a que se refiere el artículo 152 de la ley, y efectuarán la determinación definitiva en un plazo que no excederá de cuatro meses."
Los numerales transcritos establecen la facultad que tienen las autoridades aduaneras de proceder a determinar las contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, en los casos en que no sea aplicable el artículo 151 de la Ley Aduanera, sin necesidad de sustanciar el procedimiento previsto por el numeral 150 de la ley, tratándose del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o cuando se ejerciten las facultades de comprobación; y se señala además, que la autoridad aduanera al dar a conocer el escrito o acta circunstanciada de los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, deberá indicar al interesado que cuenta con un plazo de diez días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, y le señala un plazo de cuatro meses para que emita la determinación correspondiente, que señala el artículo 180 del Reglamento de la Ley Aduanera, se computará a partir de la notificación del acta correspondiente.
Con relación al tema de las facultades discrecionales y su distinción con las de carácter reglado esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 54/99 en sesión del día veintiuno de enero de dos mil, citó las siguientes opiniones doctrinarias:
"Andrés Serra Rojas, en su obra ‘Derecho Administrativo’, tomo I, editorial Porrúa, S.A., 1981, páginas 252 a 253, expone lo siguiente:
"‘a) Actos que resultan de la actividad reglada de la administración. Este acto constituye la mera ejecución de la ley. En las leyes administrativas se determina en forma concreta, cómo ha de actuar la administración, cuál es la autoridad competente, estableciendo además, cuáles s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19196-3d2a05b8/autoridades-aduaneras-la-determinacion-de-contribuciones-omitidas-cuotas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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