CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LAS RESOLUCIONES EN QUE IMPONE SANCIONES A SUS SERVIDORES PÚBLICOS SON DEFINITIVAS E INATACABLES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DEFENSA PREVISTOS EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES RELATIVA, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En cuanto al criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito cabe destacar lo siguiente:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 26/2003, se basó en los antecedentes que a continuación se relatan:
1.1. Con motivo de la queja interpuesta por el apoderado del Ayuntamiento Constitucional de Boca del Río, Veracruz, el Consejo de la Judicatura de este último Estado emitió resolución el veinte de agosto de dos mil dos, en el instructivo de responsabilidad 46/2002 por la que impuso a cargo de María Santos Juárez una sanción de "amonestación pública", apoyándose en el contenido de los artículos 46 y 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, disposiciones que refieren, respectivamente, a las obligaciones que todo servidor público debe guardar para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y la diversidad de las sanciones que han de imponerse por falta administrativa.
1.2. Por escrito de trece de septiembre de dos mil dos la parte afectada promovió juicio de garantías en contra del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en su carácter de autoridad ordenadora, reclamándole la resolución por la que impuso una sanción a la parte quejosa, así como las consecuencias derivadas de dicho acto, y señaló como autoridad ejecutora al Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial del mismo Estado.
1.3. La Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz a quien correspondió conocer del asunto, ordenó la integración del expediente 1154/2002, decretó su incompetencia y turnado al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, previa tramitación del juicio de amparo 1014/2002, dictó sentencia en la que negó a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal solicitada.
1.4. En contra de la resolución anterior la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, el cual, previos los trámites legales, el veinticuatro de abril de dos mil tres dictó resolución en el amparo en revisión 26/2003, interpuesto por María Santos Juárez, sustentándose en la parte que interesa lo siguiente:
"SEGUNDO. Resulta innecesario analizar y transcribir los agravios hechos valer, así como la sentencia recurrida, en virtud de que el juicio de amparo número 1014/2002, al que se contrae este toca, es improcedente toda vez que en el caso se actualiza la causa prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, atento a lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, dado que se trata de una cuestión de orden público. En efecto, se asevera lo anterior porque en la sentencia recurrida el a quo estudió el fondo del asunto sin advertir la configuración de la causa de mérito. Ahora bien, es conveniente resaltar que María Santos Juárez se duele de la sanción que le fue impuesta por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante resolución de veinte de agosto de dos mil dos, dictada en el instructivo de responsabilidad número 46/2002, formado con motivo de la queja interpuesta por el licenciado Julio César Díaz Hernández, apoderado del Ayuntamiento Constitucional de Boca del Río, Veracruz, y su ejecución consistente en ‘amonestación pública’. La autoridad responsable fundamentó su imposición en los artículos 46 y 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz (sic). Por su parte, el citado artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente: ‘Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso, o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.’. A su vez, los artículos 51, 53, fracción I, y 69 a 71 de la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz (sic), prevén: ‘Artículo 51. El Tribunal Superior de Justicia establecerá los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 46 de esta ley, así como para aplicar las sanciones establecidas en el presente capítulo, en los términos de la correspondiente Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo propio hará, conforme a la legislación respectiva y por lo que hace a su competencia la Legislatura del Estado.’. ‘Artículo 53. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: I. Apercibimiento privado o público.’; ‘Artículo 69. Los sujetos sancionados podrán interponer los siguientes recursos: I. El de revocación ante la autoridad que dictó la resolución; y II. Juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Ambos recursos deberán interponerse, ante quien deba conocer de ellos, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. Las resoluciones revocatorias o anulatorias ...’, ‘Artículo 70. El servidor público podrá optar entre interponer, indistintamente, el recurso de revocación o el juicio de nulidad; pero intentado este último ya no procederá la revocación.’ y ‘Artículo 71. La interposición del recurso o del juicio suspenderá los efectos de la resolución, por lo que hace a las sanciones económicas que señale tratándose de otras sanciones, sólo procederán si dicha suspensión no trae como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que perjudiquen al interés social o al servicio público.’. Sentado lo anterior, es fácil advertir que la impetrante, ahora recurrente, estuvo en condiciones de impugnar la resolución de que se duele antes de acudir al juicio de amparo mediante el recurso de revocación o el juicio de nulidad previstos en el referido artículo 69 de la ley de responsabilidades local, para cumplir así con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, y sólo entonces podría haber acudido a esta instancia constitucional, ya que dichos medios de defensa tienen por objeto modificar, revocar o nulificar tales actos. En efecto, el cuerpo normativo de previa cita, regula los aludidos medios de defensa, recurso de revocación y juicio de nulidad, así como la suspensión del acto impugnado y, por tanto, se colman los extremos contenidos en la aludida fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, esencialmente, en cuanto supedita a que los actos reclamados sean suspendibles sin que el recurso o medio de defensa legal exija mayores requisitos que los que estipula la referida ley de la materia. Lo que se surte en la hipótesis de que se trata, ya que al referirse a sanciones económicas la sola interposición del recurso o del juicio suspenderá sus efectos, en tanto que para las restantes resulta suficiente para decretar la medida referida que ésta no tenga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que perjudiquen al interés social o al servicio público, máxime que no se encuentra contemplada como caso de excepción al principio de definitividad. Lo anterior recibe apoyo de las jurisprudencias por contradicción 2a./J. 115/99 y 2a./J. 116/99, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas a fojas cuatrocientos cuarenta y siete y siguiente, respectivamente, del Tomo X de octubre de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es: ‘RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una ley, y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo.’ y ‘RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular.’. Así como la diversa tesis 2a. LVI/2000, emitida por la aludida Segunda Sala, que se consulta a foja ciento cincuenta y seis, Tomo XII, julio de dos mil del Semanario y Época en cita, de contenido: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.’. En tales condiciones, al surtirse la causal de improcedencia analizada, lo que procede es revocar la sentencia que se revisa y, en su lugar, sobreseer en el juicio de garantías relativo, de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo."
CUARTO. Por lo que se refiere a la resolución de nueve de mayo de dos mil tres, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito en el amparo en revisión 36/2003, cabe destacar lo siguiente:
1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 36/2003, el nueve de mayo de dos mil tres, se basó en los siguientes antecedentes:
1.1. Con motivo de la queja interpuesta por María Bertha Romero Perea y su abogada, por resolución del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz de diez de diciembre de dos mil dos, emitido en el instructivo de responsabilidad 41/2002, formado en contra Anacleto Joel Amaro Cerdán, Jaime Santos Meza y Juan Carlos Ortiz Romero, en su carácter de Juez y secretarios de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, le fue impuesta a los citados funcionarios una sanción consistente en "amonestación pública", fundándose para ello, entre otros, en lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
Cabe destacar que en el instructivo de responsabilidad 41/2002 por el cual el Consejo de la Judicatura declaró procedente el citado instructivo iniciado en contra de Anacleto Joel Amaro Cerdán, Jaime Santos Meza y Juan Carlos Ortiz Romero, en su carácter de Juez y secretarios de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz y, además, les impuso la sanción de "amonestación pública," el citado Consejo de la Judicatura se fundó, entre otros preceptos, en el contenido de los artículos 100, 133 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Las citadas disposiciones prevén, entre otros supuestos, la competencia del citado Consejo de la Judicatura, se precisa que los servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones que impone el citado ordenamiento y demás leyes conforme a los supuestos y consecuencias previstos en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y que las faltas en que incurran estos últimos serán sancionadas según su gravedad, indicándose que éstas serán la suspensión del cargo y de un año, inhabilitación o cese, "sin perjuicio" de las demás sanciones que correspondan.
Asimismo, el Consejo de la Judicatura se basó en el contenido de los artículos 46, fracciones I y IV, 51 y 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, preceptos que se refieren, respectivamente, a las obligaciones que debe guardar todo servidor público a las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia para establecer órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 46, así como para aplicar las sanciones establecidas en el capítulo denominado "sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas" en los términos de la correspondiente ley orgánica.
1.2. Inconforme con la citada resolución el nueve de enero de dos mil tres Anacleto Joel Amaro Cerdán promovió juicio de garantías en contra de la resolución del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz por la que le fue impuesta la sanción de amonestación pública.
1.3. Previos los trámites de ley, la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, a quien por razón de turno le correspondió conocer del juicio de garantías, lo sobreseyó por haber considerado, fundamentalmente, que se actualizaba la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 a 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz-Llave, y 280, 305 y 306 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, la parte quejosa previamente a la promoción del juicio de garantías debió haber agotado el recurso o medio de defensa legal que permitiera la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado a través del recurso de revocación o del juicio de nulidad, considerando que al interponer el citado recurso procede la suspensión del acto al no traer como consecuencia la consumación o continuación de actos y consideraciones que perjudiquen el interés social o al servicio público de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 71 de la ley de responsabilidades mencionada y, por otra parte, de acuerdo al artículo 306 del Código de Procedimientos Administrativos la suspensión tiene por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren en tanto se dicte sentencia y, en la especie, se suspendería la ejecución de la sanción impuesta a la quejosa con menores requisitos a los exigidos en la Ley de Amparo.
1.4. Inconforme con el fallo anterior la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, el cual previos los trámites legales dictó resolución en el sentido de revocar la sentencia recurrida y otorgar el amparo al quejoso Anacleto Joel Amaro Cerdán en contra de la autoridad y por el acto antes indicado.
1.5. Mediante resolución de nueve de mayo de dos mil tres el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito a quien correspondió conocer del recurso, al resolver el amparo en revisión 36/2003 determinó, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"SEXTO. Los agravios hechos valer por el recurrente son parcialmente fundados. En el agravio primero el recurrente aduce que la Juez de Distrito indebidamente estimó que el juicio de garantías era improcedente con el argumento de que en contra de la resolución reclamada los artículos 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado (sic), conceden recursos o medios de defensa, por virtud de los cuales puede ser modificada, revocada o nulificada, soslayando que conforme con lo dispuesto por los artículos 48, 49 y 50 de la ley antes invocada no se comprenden las sanciones a los servidores del Poder Judicial del Estado. El acto reclamado por el quejoso se hizo consistir en: ‘El acuerdo dictado por la autoridad responsable en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre del año pasado dentro de los autos que integran el expediente de instructivo de responsabilidad número 41/02 iniciado con motivo de la queja interpuesta en mi contra por la señora María Bertha Romero Perea y su abogado patrono licenciada Marina Malpica López, declarándolo procedente e imponiéndome una sanción consistente en amonestación pública, ordenando que se formara nota de la misma en mi expediente personal.’. Los artículos 48, 49 y 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, establecen: ‘Artículo 48. Para los efectos de este título se entenderá por superior jerárquico, al titular de la dependencia de que se trate, el cual aplicará las sanciones cuya imposición se atribuye a través de los responsables a que se refiere el artículo siguiente.’. ‘Artículo 49. En las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal, se designarán responsables, ante los cuales se puedan presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. La Contraloría General del Estado estará facultada para dictar reglas de control interno, prevención y procedimientos para que las quejas y denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia, estará facultada para designar a los responsables a que se refiere el párrafo anterior, como contralores internos.’. ‘Artículo 50. La Contraloría General, el superior jerárquico y todos los servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de las quejas y denuncias a las que se refiere el artículo anterior y de evitar que con motivo de éstas, se causen molestias indebidas al quejoso. El servidor público que coaccione al quejoso para evitar la presentación de quejas y denuncias, incurrirá en responsabilidad.’. Es infundado el agravio en estudio, pues aun cuando los preceptos antes transcritos se refieren a la aplicación de las sanciones y a la presentación de las quejas ante las dependencias y entidades de la administración pública por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin especificarse en tales preceptos que se encuentran comprendidos los servidores públicos del Poder Judicial del Estado; sin embargo, el artículo 2o. de la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado claramente establece que: ‘Son sujetos de esta ley: I. Los servidores públicos, entendiéndose como tales, a los diputados de la legislatura, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces de primera instancia, los Jueces menores, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los funcionarios y empleados de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Poderes del Estado. ...’; de lo que se evidencia que las sanciones que prevé la ley en mención sí le son aplicables al quejoso al tener el carácter de Juez de primera instancia. Por otro lado, el revisionista arguye que no se encontraba obligado a interponer recurso alguno en contra de la resolución reclamada, dictada por el Consejo de la Judicatura del Estado ya que conforme con el contenido del artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado el Tribunal Superior de Justicia establecerá los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 46 de la citada ley; así como para aplicar las sanciones en términos de los artículos 104, fracción IX, 136, 138, 139, 140, 141, 142 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado, la que establece el procedimiento para el trámite de los instructivos de responsabilidad y para la imposición de las correcciones disciplinarias por las faltas administrativas establecidas en dicha ley, en donde no se establece que proceda recurso alguno en contra de las resoluciones dictadas por el Consejo de la Judicatura del Estado respecto de los instructivos de responsabilidad contra Jueces. El agravio anterior es fundado, pues los actos del Consejo de la Judicatura del Estado, derivados del procedimiento administrativo que regula el título octavo, de las responsabilidades, capítulo I, de los supuestos y consecuencias, que se contiene en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en los que se determina una sanción a un funcionario del Poder Judicial del Estado, en el caso concreto a un Juez de primera instancia, son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, contra los cuales el funcionario puede acudir directamente a ese medio de impugnación sin tener que agotar recurso ordinario alguno, ya que el citado Consejo de la Judicatura del Estado fue creado por disposición expresa de la Constitución Política Local, conforme a las bases que en la misma se señalan y, en su artículo 62 prevé que estará a su cargo conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, de donde resulta claro que el consejo es autónomo e independiente en cuanto a sus decisiones y, por lo mismo, no son susceptibles de ser revisadas por un diverso órgano del propio Gobierno del Estado, pues estimarlo así atentaría en contra de la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado así como de la Ley Suprema Estatal. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en la Constitución Política Estatal, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, no se contemple que las resoluciones emitidas por este último sean inatacables, pues independientemente de lo razonado con antelación sería ilógico considerar que lo resuelto por el Consejo de la Judicatura Federal pudiera ser revisado por un tribunal como el contencioso administrativo del Estado a que hizo referencia la a quo, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución Política del Estado el Consejo de la Judicatura Estatal es el órgano encargado de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia; por lo que dichas facultades las ejercita respecto de todos los órganos jurisdiccionales del Estado, incluido el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; por lo que no es posible que dicho tribunal analizara las resoluciones del órgano que lo administra, vigila y disciplina. Asimismo, también es fundado el agravio vertido por el recurrente en cuanto aduce que el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos solamente tiene aplicación respecto de las sanciones que se impongan a los servidores públicos al servicio de las dependencias, entidades u órganos de la administración pública de acuerdo con lo que disponen los artículos 251 y 252 del mismo ordenamiento legal, sin que en el caso sean aplicables a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, de ahí que no tenía obligación de agotar recurso alguno en términos de dicha ley. En efecto, los artículos 1o., 280 y 252 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, en lo que interesa, disponen lo siguiente: ‘Artículo 1o. Las disposiciones del presente código tienen por objeto regular los actos y procedimientos de la administración pública estatal, del organismo autónomo responsable de la fiscalización superior en el Estado y el juicio contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente; así como establecer las bases generales de los actos y procedimientos administrativos en los Municipios de la entidad ...’. ‘Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: ... V. Resoluciones dictadas por la autoridad que impongan sanciones a los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidad administrativa ...’. ‘Artículo 252. Los titulares de las dependencias, entidades u órganos de la administración pública observarán, en el ámbito de su competencia, las reglas contenidas en el presente código y las leyes del Estado, en los procedimientos que se sigan para la investigación, determinación de responsabilidades y aplicación de sanciones.’. Conforme a dichos preceptos es fundado el agravio que se analiza, tomando en consideración que el acto reclamado se hizo consistir en una resolución emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado, en la que se impuso al quejoso como sanción una amonestación pública, en su carácter de Juez de Primera Instancia; pues basta analizar el artículo primero del código en cita para advertir que tiene por objeto regular los actos y procedimientos de la administración pública estatal, entendiéndose por actos, en términos del artículo 2o. del mismo ordenamiento legal, la ‘declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de la administración pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general’; por procedimientos administrativos, ‘el conjunto de actos y formalidades jurídicas realizados conforme a lo dispuesto por ese código, tendentes a producir un acto de la administración pública’, y por administración pública las ‘dependencias, entidades, órganos y servid
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18734-4ffcf565/consejo-de-la-judicatura-del-poder-judicial-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LAS NORMAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDER (CONTRADICCIÓN DE TESIS 196/2004-SS)
- QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA QUE TIENE POR RECONOCIDA EXPRESA O TÁCITAMENTE LA PERSONAL (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- AMPARO DIRECTO. ES OBLIGATORIO PRECISAR EN DETALLE LOS EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO DERIVADO DE VIOLACIONES A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 134/2008-SS)
- DOTACIÓN O AMPLIACIÓN DE TIERRAS EJIDALES. LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO EN ALGUNO DE ESOS PROCEDIMIENTOS, COMO AUTORIDAD SUSTITUTA DEL PRESIDENTE DE L (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, FINALIDAD DE LAS. (s/clave)
- TESIS, CONTRADICCION DE. NO COMPETE RESOLVERLA AL TRIBUNAL COLEGIADO. (s/clave)
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis