SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 187/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito que la motivaron y que a continuación se transcriben.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 509/2003, 598/2003 y 607/2003, consideró, en lo conducente, lo siguiente:
Amparo directo 509/2003.
"SEXTO. Los conceptos de violación que hace valer el quejoso, resultan esencialmente fundados, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: En la sentencia reclamada, la autoridad responsable, segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, determinó revocar la sentencia pronunciada por la Quinta Sala Regional del citado órgano jurisdiccional, al estimar que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en las fracciones I y IV del artículo 267, en relación con la fracción II del 268, ambos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; lo anterior, porque consideró que en el particular, el acto impugnado no reunía las características de un acto administrativo susceptible de ser impugnado ante dicho tribunal, toda vez que el oficio en el que se ordenó el cambio de adscripción del aquí quejoso no creaba, modificaba, reconocía, transmitía o extinguía situaciones jurídicas que lo pudiesen afectar. Ahora bien, en sus conceptos de violación, los que se analizan conjuntamente a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, el quejoso aduce, en esencia, lo siguiente: Que la sentencia reclamada vulnera en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, porque es incongruente y no fue debidamente fundada y motivada, ya que el cambio de adscripción se trata de un evidente acto administrativo que trasciende la esfera jurídica del gobernado, que debe estar debidamente fundado y motivado con base en las necesidades del servicio para que se justifique que realmente debe ser transferido, pues el cambio se ordenó sin que exista alguna causa que lo motive lo que le causa perjuicio porque el lugar donde venía laborando y aquél donde se ordenó el cambio, son distantes y el traslado lleva varias horas de trayecto, así como el gasto de recursos económicos, aunado al cambio de funciones, porque se desempeñaba como agente de tránsito y la función a la que fue cambiado es la de policía preventivo, la que es distinta y requiere por lo menos capacitación. Por tanto, insiste, es incorrecta la aseveración de la responsable en el sentido de que se trata de un mero acto de administración que no crea, modifica, reconoce, transmite o extingue situaciones jurídicas, porque al surtir efectos afecta sus intereses jurídicos. Que la resolución que se combate es incongruente, porque las autoridades recurrentes no hicieron valer los agravios relativos a que el cambio de adscripción no es un acto administrativo y que no afecta su interés jurídico, por lo que la responsable suplió los agravios al introducir cuestiones no hechas valer sin que exista precepto alguno que la autorice a hacerlo, por lo que debió resolver el recurso únicamente a la luz de lo planteado, y al no hacerlo así el acto reclamado es inconstitucional. Que la responsable afirma que se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, la que faculta a la autoridad administrativa para realizar cambios de adscripción; empero, alega que las autoridades no pueden actuar sin justificar su proceder con alguna norma legal, toda vez que su actuación debe ser acorde con la legislación y la Constitución Federal. Por lo que, dice, si la relación que se da entre Estado y los particulares que se desempeñan como agentes de tránsito o policías municipales es de naturaleza administrativa, al ser destinatarios de actos de autoridad que tiendan a afectar su esfera jurídica, pueden promover juicio contencioso administrativo; y que la responsable, a pesar de que acepta la existencia de una relación administrativa, dirige sus argumentos a demostrar una relación laboral, pasando por alto que la autoridad que emitió la orden de cambio de adscripción impugnada reúne todos los requisitos como tal, por lo que ésta debe estar fundada y motivada. Lo anterior es sustancialmente fundado. En primer término, debe decirse que si bien le asiste la razón al quejoso al dolerse de que la autoridad que recurrió la sentencia pronunciada por la Sala Regional, no hizo valer causal alguna de improcedencia, ello no obsta para que de oficio sea analizada en la sentencia, puesto que constituye una obligación para el tribunal contencioso examinar si en los juicios que se tramitan ante él se actualiza alguna de ellas, lo que se advierte de la interpretación de los artículos 246, fracción II, 264, 273, fracción I, y 288, fracción I, todos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, los cuales disponen: ‘Artículo 246.’ (se transcribe). ‘Artículo 264.’ (se transcribe). ‘Artículo 273.’ (se transcribe). ‘Artículo 288.’ (se transcribe). En efecto, como puede observarse de las disposiciones transcritas, las causas de improcedencia que se estimen acreditadas deben ser motivo de pronunciamiento por el tribunal ya sea en el momento de la presentación de la demanda, posteriormente a su contestación, en la sentencia o al resolverse el recurso de revisión, por lo que, para realizar el análisis correspondiente, no es necesario que sea alegado por la parte demandada. Por otra parte, le asiste la razón al quejoso al aducir que el acto cuya invalidez solicitó en el juicio de origen, consistente en la orden de cambio de su adscripción en el Grupo de Control de Tránsito Manantiales de la XXI Región de la Subdirección Operativa Regional Oriente, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, a la Subdirección Operativa Regional de Seguridad Pública y Tránsito Norte, con sede en Atlacomulco, en esta misma entidad, ambas dependientes de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Estatal, sí es impugnable ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México. En apoyo de lo expuesto, es conveniente realizar las siguientes precisiones: El apartado B del artículo 123 constitucional, equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral; y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la fuerza y evolución del derecho positivo han hecho que en la relación con dichos servidores se conduzca como si fuera un patrón. El invocado precepto constitucional, en lo conducente, establece: ‘Artículo 123.’ (se transcribe). Ahora bien, esta equiparación no comprende a todos los servidores al servicio del Estado, pues la fracción XIII del apartado constitucional en examen excluye a cuatro grupos: (se transcribe). El aquí quejoso es miembro de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, institución policial que es parte integrante de la administración pública del Estado de México, que a su vez forma parte de la Secretaría General de Gobierno del mismo, la cual depende directamente del Poder Ejecutivo de la propia entidad federativa; en ese tenor, al constituir una institución policial la dirección mencionada, sus miembros están excluidos por la fracción XIII, apartado B, del artículo 123, en relación con el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón; de lo que se concluye que la relación que guardan con el Gobierno del Estado es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad. El criterio anterior, fue sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 24/1995, que resolvió la contradicción de tesis 11/94, entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, consultable en la página 43 del Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). Como corolario de lo expuesto con antelación, debe decirse que la relación jurídica entre el quejoso y la corporación indicada es de carácter administrativo, por lo que el cambio de adscripción es un acto de autoridad, aunque no sobre un particular, sino contra un subordinado jerárquico dentro de una corporación de seguridad pública, cuyas relaciones se rigen por leyes específicamente administrativas. Ahora bien, las prestaciones demandadas por el promovente (invalidez de la orden de cambio de su adscripción), en términos comunes son consideradas de naturaleza laboral; sin embargo, tal circunstancia no cambia de manera alguna la conclusión a que se arribó con anterioridad, en primer lugar, porque sobre tal observación predomina el imperio del artículo 123 constitucional, que en su apartado B, fracción XIII, excluye de la relación laboral o equiparada a los miembros de las instituciones policiales. De acuerdo a lo expresado, si en la demanda relativa se presenta una controversia contra un órgano dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de México, planteada por un miembro de un cuerpo de seguridad pública y deriva de una relación administrativa y no laboral, es procedente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues si bien éste tiene competencia únicamente para conocer de controversias que se susciten entre la administración pública del Estado y los particulares, calidad que no tiene el quejoso, pues impugnó el acto relativo como miembro de un cuerpo de seguridad pública, ante la ausencia de disposición legal en el Estado de México que erija a una autoridad con facultades expresas para resolver controversias derivadas de la prestación de servicios de un miembro de una institución policial, y en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, dicha autoridad, debido a las facultades de que está investida, es la más afín para conocer de tal contienda, pues mediante ella se impugna una determinación administrativa adoptada por un órgano integrante de la administración pública del Estado de México. Es aplicable al respecto, la tesis 2a. XLIV/96, que se encuentra en la página 370 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, Segunda Sala, que señala: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe). De todo lo hasta aquí expuesto, si se obtiene que la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, para conocer conflictos derivados de la prestación de servicios de los miembros de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de la misma entidad, es consecuencia no de las facultades expresamente otorgadas en la ley a dicho órgano, sino de la afinidad de éste para conocer de tales actos, debe decirse que, contrario a lo que señala la responsable, el cambio de adscripción de un integrante de la mencionada institución, sí es un acto de autoridad susceptible de ser impugnado ante ella, pues sí afecta la esfera jurídica de aquél al que se dirige, ya que precisamente se constituye como una determinación unilateral del director general de Seguridad Pública y Tránsito, al que por disposición del artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, corresponde cambiar de adscripción a los integrantes del cuerpo preventivo de seguridad pública estatal, de acuerdo a las necesidades del servicio. Esto es así, ya que el cambio de adscripción modifica una situación jurídica concreta, consistente en las condiciones en las que el subordinado presta sus servicios; sin que obste a lo anterior que la responsable aluda a que el impugnante no es titular del derecho de inamovilidad, ya que independientemente de que lo sea o no, es presupuesto indispensable para la determinación unilateral de cambio de adscripción, que así lo requieran las necesidades del servicio, de conformidad con el invocado artículo 13 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, lo que si bien significa que en tal decisión no es determinante la voluntad del servidor público sobre quien recae la readscripción, pues se atiende a un valor de mayor entidad como es cumplir de la mejor manera posible con la función de seguridad pública, también obliga a que ese cambio obedezca a una causa fundada, de manera que cuando el titular del organismo haga uso de esa potestad, debe fundar y motivar la razón que lo orille a hacerlo, pues de otra manera se podría dar margen a la arbitrariedad. Por tanto, si el interés jurídico se entiende como el conjunto de facultades y poderes atribuidos por la ley a un titular respecto de su persona o bienes, esto es, como la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, lo que supone que la conjunción en esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, es claro que en el caso sí existe una facultad de exigencia y una obligación correlativa, entendido esto como que un miembro de una institución policial en el Estado de México, tiene la potestad de exigir que se le hagan saber las causas que motivaron la decisión de cambiarlo de adscripción y la autoridad encargada de esa decisión, tendrá la obligación de exponerlas. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 25 del Volumen 37, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUÁNDO EXISTEN.’ (se transcribe). En las condiciones apuntadas, es evidente que la autoridad responsable no debió haber declarado improcedente el juicio intentado, por lo que, de acuerdo a las consideraciones que preceden, es procedente conceder el amparo solicitado."
Amparo directo 598/2003.
"SEXTO. Es sustancialmente fundado el concepto de violación. Dice el quejoso que debe concedérsele el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de dejar insubsistente la resolución que revoca la sentencia impugnada y declara el sobreseimiento en los juicios seguidos ante el Tribunal Contencioso Administrativo 116/2003 y 117/2003, toda vez que los oficios combatidos en esos juicios no son actos administrativos internos al no encontrarse previstos en ningún dispositivo legal aplicable al caso concreto, sino que son actos de autoridad que afectan la esfera jurídica del ahora quejoso y, por ende, susceptibles de impugnación mediante el juicio contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Previamente, y con la finalidad de establecer la premisa que como argumento toral servirá para resolver el presente amparo, es preciso transcribir el criterio transcrito por la responsable, mismo que fue sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 24/1995, aprobada en sesión celebrada el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, cuya sinopsis es: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). Asimismo, conviene tener presente dos cuestiones que se desprenden de la demanda de referencia, la primera, que Rodrigo López Ramírez presta sus servicios como policía R2 adscrito al Agrupamiento F.A.R. de la Subdirección Operativa Regional de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; y la otra, que el citado actor reclama el cambio de adscripción contenido en el oficio número 20232a.000/DG/1281/2003, de veintisiete de febrero de dos mil tres, así como la sucesión de cambio de adscripción contenida en el oficio 2023213000/SORS/0805/2003, de doce de marzo del mismo año. De los antecedentes anteriores, se desprende que le asiste la razón al quejoso al aducir que el acto cuya invalidez solicitó en el juicio de origen, sí es impugnable ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México. En apoyo de lo expuesto, es conveniente realizar las siguientes precisiones: El apartado B del artículo 123 constitucional, equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral; y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la fuerza y evolución del derecho positivo han hecho que en la relación con dichos servidores se conduzca como si fuera un patrón. El invocado precepto constitucional, en lo conducente, establece: ‘Artículo 123.’ (se transcribe). Ahora bien, esta equiparación no comprende a todos los servidores al servicio del Estado, pues la fracción XIII del apartado constitucional en examen excluye a cuatro grupos: (se transcribe). El aquí quejoso es miembro del Agrupamiento F.A.R. de la Subdirección Operativa Regional de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana, de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, institución policial que es parte integrante de la administración pública del Estado de México, que a su vez forma parte de la Secretaría General de Gobierno del mismo, la cual depende directamente del Poder Ejecutivo de la propia entidad federativa; en ese tenor, al constituir una institución policial la subdirección mencionada, sus miembros están excluidos por la fracción XIII, apartado B, del artículo 123, en relación con el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón; de lo que se concluye que la relación que guardan con el Gobierno del Estado es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad. El criterio anterior, fue sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 24/1995, que resolvió la contradicción de tesis 11/94, entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, ya transcrito. Como corolario de lo expuesto con antelación, debe decirse que la relación jurídica entre el quejoso y la corporación indicada es de carácter administrativo, por lo que el cambio de adscripción es un acto de autoridad, aunque no sobre un particular, sino contra un subordinado jerárquico dentro de una corporación de seguridad pública, cuyas relaciones se rigen por leyes específicamente administrativas. Ahora bien, las prestaciones demandadas por el promovente (invalidez de la orden y de la sucesión de cambio de su adscripción), en términos comunes son consideradas de naturaleza laboral; sin embargo, tal circunstancia no cambia de manera alguna la conclusión a que se arribó con anterioridad, porque sobre tal observación, predomina el imperio del artículo 123 constitucional que en su apartado B, fracción XIII, excluye de la relación laboral o equiparada a los miembros de las instituciones policiales. De acuerdo a lo expresado, si en la demanda relativa se presenta una controversia contra un órgano dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de México, planteada por un miembro de un cuerpo de seguridad pública y deriva de una relación administrativa y no laboral, es procedente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues si bien éste tiene competencia únicamente para conocer de controversias que se susciten entre la administración pública del Estado y los particulares, calidad que no tiene el quejoso, pues impugnó el acto relativo como miembro de un cuerpo de seguridad pública, ante la ausencia de disposición legal en el Estado de México que erija a una autoridad con facultades expresas para resolver controversias derivadas de la prestación de servicios de un miembro de una institución policial, y en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, dicha autoridad, debido a las facultades de que está investida, es la más afín para conocer de tal contienda, pues mediante ella se impugna una determinación administrativa adoptada por un órgano integrante de la administración pública del Estado de México. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 32/96, publicada en la página 185 del Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE MÉXICO. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe). Así como la tesis 2a. XLIV/96, que se encuentra en la página 370 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, Segunda Sala, que señala: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe). De todo lo hasta aquí expuesto se obtiene que la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México para conocer conflictos derivados de la prestación de servicios de los miembros de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de la misma entidad, es consecuencia no de las facultades expresamente otorgadas en la ley a dicho órgano, sino de la afinidad de éste para conocer de tales actos. Por lo que debe decirse que, contrario a lo que señala la responsable, el cambio de adscripción de un integrante de la mencionada institución, sí es un acto de autoridad susceptible de ser impugnado ante ella, pues afecta la esfera jurídica de aquél al que se dirige, ya que precisamente se constituye como una determinación unilateral del director general de Seguridad Pública y Tránsito, al que por disposición del artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, corresponde cambiar de adscripción a los integrantes del cuerpo preventivo de seguridad pública estatal, de acuerdo a las necesidades del servicio. Esto es así, ya que el cambio de adscripción modifica una situación jurídica concreta, consistente en las condiciones en las que el subordinado presta sus servicios; sin que obste a lo anterior, que la responsable aluda a que el impugnante no es titular del derecho de inamovilidad, ya que independientemente de que lo sea o no, es presupuesto indispensable para la determinación unilateral de cambio de adscripción, que así lo requieran las necesidades del servicio, de conformidad con el invocado artículo 13 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, lo que si bien significa que en tal decisión no es determinante la voluntad del servidor público sobre en quién recae la readscripción, pues se atiende a un valor de mayor entidad como es cumplir de la mejor manera posible con la función de seguridad pública, también obliga a que ese cambio obedezca a una causa fundada, de manera que cuando el titular del organismo haga uso de esa potestad, debe fundar y motivar la razón que lo orille a hacerlo, pues de otra manera se podría dar margen a la arbitrariedad. Por tanto, si el interés jurídico se entiende como el conjunto de facultades y poderes atribuidos por la ley a un titular respecto de su persona o bienes, esto es, como la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, lo que supone que la conjunción en esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, es claro que en el caso sí existe una facultad de exigencia y una obligación correlativa, entendido esto como que un miembro de una institución policial en el Estado de México, tiene la potestad de exigir que se le hagan saber las causas que motivaron la decisión de cambiarlo de adscripción y la autoridad encargada de esa decisión, tendrá la obligación de exponerlas. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 25 del Volumen 37, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUÁNDO EXISTEN.’ (se transcribe). En las condiciones apuntadas, es evidente que la autoridad responsable no debió haber declarado improcedente el juicio intentado, por lo que, de acuerdo a las consideraciones anteriores, es procedente conceder el amparo solicitado."
Amparo directo 607/2003.
"SÉPTIMO. El concepto de violación esgrimido resulta sustancialmente fundado. Para estimarlo así, resulta prudente señalar lo siguiente: 1. Gabriel García Tlapalamatl, conforme al artículo 229, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, mediante juicio administrativo 130/2003, impugnó el oficio DGSC/130/2003, por el que se determinó su cambio de adscripción de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, a la Subdirección de Servicios Facultativos; juicio en el que se determinó dejar insubsistente el oficio aludido para el efecto de que Gabriel García Tlapalamatl siguiera permaneciendo en la Dirección de Seguridad Pública con las funciones y salario que tenía asignado. 2. En contra de aquella sentencia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, interpuso recurso de revisión, en el cual se determinó revocar la sentencia emitida en el juicio administrativo 130/2003 y sobreseerlo, bajo la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 267, en relación con el numeral 268, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en razón que de acuerdo a la estructura orgánica del Cuerpo de Seguridad Pública del Municipio de Tlalnepantla de Baz, México, el oficio impugnado es un acto interno de administración pública, que no puede reputarse como acto administrativo para efectos de impugnación mediante el juicio contencioso administrativo. 3. Por su parte, el quejoso en su escrito de demanda, sustancialmente alega lo siguiente: que el oficio número DGSC/130/2003, sí constituye un acto de autoridad que afecta sus intereses, en razón de que los miembros de las instituciones policiacas no se rigen por leyes laborales sino administrativas y que, por tanto, el oficio impugnado fue expedido por una autoridad establecida por un ordenamiento legal de carácter administrativo; que el oficio impugnado fue unilateral, ya que para su elaboración no intervino su voluntad, fue externo ya que hubo notificación y aplicación concreta en razón de la orden de cambio de adscripción, fue individual ya que fue dirigido a su persona y que el objeto fue modificar una situación particular consistente en la afectación de su forma de vida personal y económica; que no porque la Ley de Seguridad Pública y Preventiva faculte a la autoridad a cambiar de adscripción a los integrantes del cuerpo preventivo de seguridad pública estatal, signifique que la autoridad puede dejar de cumplir con su obligación de fundar y motivar sus actos; que no es dable que la responsable sostenga que el oficio combatido sea un acto administrativo interno; que el oficio impugnado no se trata de una orden de un superior a un inferior, ya que las órdenes entre subordinados tienen como finalidad cumplir la labor encomendada y el oficio reclamado no aspira a tal fin, sino que sólo se trata de una afectación a su esfera jurídica; que el oficio reclamado al ser un acto de autoridad que afecta sus derechos, es susceptible de impugnarse conforme al artículo 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18856-5a21ee2b/seguridad-publica-cambio-de-adscripcion-no-afecta-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE CONTIENE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON ELLOS Y DE MANTENERLOS EN OPERACIÓN, ES UNA NORMA A (CONTRADICCIÓN DE TESIS 203/2004-SS)
- TELECOMUNICACIONES. EN LA EXPEDICIÓN DE NUEVAS CONCESIONES A TERCERAS PERSONAS PARA INSTALAR, OPERAR O EXPLOTAR REDES PÚBLICAS EN ESA MATERIA PARA UN ÁREA GEOGRÁFICA ANTERIORMENTE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2003-SS)
- DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO EN SU CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA EN UN JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATI (CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2008-SS)
- PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LAS NORMAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDER (CONTRADICCIÓN DE TESIS 196/2004-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. DEBE CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- EXCLUYENTES.- (4462)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis