TELECOMUNICACIONES. EN LA EXPEDICIÓN DE NUEVAS CONCESIONES A TERCERAS PERSONAS PARA INSTALAR, OPERAR O EXPLOTAR REDES PÚBLICAS EN ESA MATERIA PARA UN ÁREA GEOGRÁFICA ANTERIORMENTE ASIGNADA, NO PROCEDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A FAVOR DE SU TITULAR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito que la motivaron y que a continuación se transcriben.
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión toca 169/2003-2151, el veintiocho de mayo de dos mil tres, deducido del juicio de amparo indirecto 629/2002, promovido por Telecable de la Barca, Sociedad Anónima de Capital Variable, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, consideró, en lo conducente, lo siguiente:
"SEXTO. Es infundado el primer agravio que hace valer la recurrente, conforme a las siguientes consideraciones. Resultan ineficaces los motivos de inconformidad tendentes a establecer, que le causa agravio la sentencia al desechar la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la falta de interés jurídico, porque el hecho de que la quejosa cuente con título de concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones para prestar el servicio público de televisión por cable, no implica que tenga interés jurídico legítimamente tutelado para interponer el amparo, ya que el único perjuicio que resiente la quejosa es el económico, pues al otorgarse otras concesiones podría dejar de obtener las mismas ganancias que percibía al encontrarse como única concesionaria del servicio de televisión por cable. Se sostiene lo anterior, cuenta habida de que, como lo consideró el Juez de Distrito, el interés jurídico de la quejosa para promover el presente juicio de garantías, se justifica, porque el ejercicio del juicio constitucional compete a quien perjudique el acto de autoridad que se reclama, por ello si para los efectos del amparo el perjuicio se define como la afectación a los bienes jurídicos de una persona, derivado de un acto de autoridad, como sucedió en el caso, afectación que se actualizó al haberle otorgado al ahora tercero perjudicado una concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones en la ciudad de La Barca, Jalisco, lugar en donde presta el servicio en comento la quejosa, en virtud de haber obtenido con anterioridad otra concesión, es decir, el interés jurídico que le asiste quedó justificado con la autorización con la que contaba para prestar el servicio de televisión por cable, al haber autorizado la autoridad otra concesión a diversa persona para prestar el mismo servicio y en la misma zona. En este orden de ideas, contrario a lo pretendido por la recurrente, sí se vio afectada la esfera de derechos de la quejosa, lo que es suficiente para desestimar los motivos de inconformidad propuestos en contra del desechamiento de la causal impugnada. Este órgano colegiado comparte el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número 1.13o.A.23 K, visible a página 1803 del Tomo XVII, enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: 'INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO.' (se transcribe). Cabe destacar en este aspecto, que si con el otorgamiento de la concesión al ahora tercero perjudicado se causa un daño patrimonial a la quejosa, así también el otorgamiento de la misma es para promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y fomentar una sana competencia entre los prestadores de ese servicio, y con el otorgamiento de esa concesión no se desconoce la concesión otorgada a su favor, ni se ordena la suspensión del servicio que presta, o se le impide continuar prestándolo, cuestiones que se refieren al fondo del asunto y por lo mismo son ineficaces para desvirtuar la ilegalidad del desechamiento de la aludida causal de improcedencia, por lo mismo lo ineficaz del agravio analizado. Al caso resultan aplicables las tesis invocadas en la sentencia recurrida, números VI.2o. J/87, visible a página 364 del Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época y P. CLI/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 77, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros son: 'INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE.' e 'INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE RECONOCE EN SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN ALGÚN ELEMENTO QUE LO ACREDITE, ES SUFICIENTE PARA QUE DEBA ESTIMARSE QUE EL QUEJOSO LO TIENE PARA PROMOVER.', respectivamente. El segundo agravio expresado por la recurrente también se estima infundado, conforme lo siguiente. Se sostiene lo anterior, en virtud de ser ineficaz lo manifestado por la autoridad recurrente en el sentido de que se violó en su perjuicio, por su indebida aplicación e interpretación, los artículos 73, fracción XI, 74, fracción III y 77 de la Ley de Amparo, al desechar la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 del aludido ordenamiento; porque como lo hizo valer el titular del Ramo al rendir su informe justificado, del contenido de la condición numeral 1.6 del título de concesión, se expuso que la empresa quejosa, al recibir y firmar su título de concesión, consintió expresamente el otorgamiento de concesiones a favor de terceros dentro de la misma área geográfica y para prestar servicios similares o idénticos, por lo que aceptó expresamente que el título de concesión no le confiere derechos de exclusividad dentro del área geográfica. Al efecto, se transcribe el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: 'Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.'. En este orden de ideas, no es verdad que el acto reclamado derive en forma directa del contenido de la condición numeral 1.6 del título de concesión en cuestión, pues aun cuando la empresa quejosa al firmar su título de concesión haya consentido expresamente el otorgamiento de concesiones a favor de terceros, como ya se dejó establecido y dicha concesión no otorgue derechos de exclusividad, no puede estimarse que se trate de un acto derivado de un acto consentido, pues, la peticionaria de garantías no controvirtió la posibilidad de que las autoridades otorgasen una concesión a terceras personas, sino el hecho de que en dicho procedimiento no se les hubiese respetado el contenido de las disposiciones legales aplicables, concretamente que no haya sido oída previamente. Finalmente, se desestiman los argumentos contenidos en el tercero de los agravios, por lo siguiente: En el mismo, la recurrente, en síntesis, alega, que el Juez de Distrito, al conceder el amparo solicitado, infringió en su perjuicio los artículos 7o., 24 y 25 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 23 del Reglamento de Telecomunicaciones, ya que el Juez Federal consideró que con el otorgamiento de la concesión a la tercero perjudicada se violó en perjuicio de la quejosa el artículo 14 de la Constitución General de la República, puesto que antes de otorgar la concesión al tercero perjudicado debió ser escuchada en defensa de sus intereses, que lo anterior es así, en virtud que con la emisión del título de concesión a favor del tercero perjudicado, no se efectuó 'un acto de privación' en perjuicio de la quejosa y con ello no se le impide continuar prestando el servicio de televisión por cable, sino tendrá una mayor competencia en la prestación del servicio. De igual forma, alega la autoridad recurrente, que con el otorgamiento del título de concesión a favor del ahora tercero perjudicado, no se priva a la quejosa de derecho alguno, en virtud de que con el mismo no se le impide que continúe prestando el servicio de televisión por cable en los términos que lo ha realizado. También manifiesta, que no es aplicable el artículo 23 del Reglamento de Telecomunicaciones, en razón de que este reglamento no regula la Ley Federal de Telecomunicaciones, porque fue expedido con anterioridad, esto es, el reglamento entró en vigor el 30 de octubre de 1990, un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la Ley Federal de Telecomunicaciones el 8 de junio de 1995. Aunado a que está derogado de conformidad con lo previsto en los artículos segundo, fracción III y tercero transitorios de la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues se oponen a lo dispuesto por dicha ley, ya que el reglamento, para las concesiones de redes públicas de telecomunicaciones, en su artículo 6o. remite a la Ley General de Vías Generales de Comunicaciones, la cual no es aplicable a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Por último dice, que el Juez hace una indebida interpretación de los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, ya que ninguno de éstos obligan a la autoridad a escuchar a los concesionarios existentes previamente al otorgamiento de nuevas concesiones. A continuación se transcriben los artículos 7o., 24 y 25 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como el artículo 23 del Reglamento de Telecomunicaciones, que dicen: 'Artículo 7o. La presente ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la secretaría, sin perjuicio de las que se confieran a otras dependencias del Ejecutivo Federal, el ejercicio de las atribuciones siguientes: I. Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones, con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes; II. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los diferentes equipos y redes de telecomunicación; III. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones y otras disposiciones administrativas; IV. Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones; V. Establecer procedimientos para homologación de equipos; VI. Elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; VII. Gestionar la obtención de las posiciones orbitales geoestacionarias con sus respectivas bandas de frecuencias, así como las órbitas satelitales para satélites mexicanos, y coordinar su uso y operación con organismos y entidades internacionales y con otros países; VIII. Participar en la negociación de tratados y convenios internacionales en materia de telecomunicaciones, considerando, entre otros factores las diferencias existentes del sector con respecto al de los países con que se negocie, y vigilar su observancia; IX. Adquirir, establecer y operar, en su caso, por sí o a través de terceros, redes de telecomunicaciones; X. Promover el fortalecimiento de los valores culturales y de la identidad nacional; XI. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones, la capacitación y el empleo de mexicanos cuyas relaciones laborales se sujetarán a la legislación de la materia; XII. Interpretar esta ley para efectos administrativos, y XIII. Las demás que esta ley y otros ordenamientos legales le confieran en la materia.'. 'Artículo 24. Los interesados en obtener una concesión para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, deberán presentar, a satisfacción de la secretaría, solicitud que contenga como mínimo: I. Nombre y domicilio del solicitante; II. Los servicios que desea prestar; III. Las especificaciones técnicas del proyecto; IV. Los programas y compromisos de inversión, de cobertura y calidad de los servicios que se pretenden prestar; V. El plan de negocios; y VI. La documentación que acredite su capacidad financiera, técnica, jurídica y administrativa. Lo anterior, sin perjuicio de obtener, en su caso, concesión para explotar bandas de frecuencias en los términos del artículo 14.'. 'Artículo 25. La secretaría analizará y evaluará la documentación correspondiente a la solicitud a que se refiere el artículo anterior en un plazo no mayor de 120 días naturales, dentro del cual podrá requerir a los interesados información adicional. Una vez cumplidos, a satisfacción, los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la secretaría otorgará la concesión.'. 'Artículo 23. La secretaría podrá otorgar otra u otras concesiones a favor de terceras personas para que exploten en igualdad de circunstancias, dentro de la misma área geográfica o en otra diferente, servicios idénticos o similares a los que sean materia de concesiones previamente otorgadas, tomando en cuenta el cumplimiento de las condiciones de expansión y calidad de servicios de los concesionarios existentes y las condiciones de competencia equitativa para explotar los servicios.'. Los argumentos propuestos en el agravio que se analizan son ineficaces, supuesto que, como lo consideró el Juez de Distrito en la resolución recurrida: '... con independencia de que la ley secundaria prevea o no la garantía de audiencia, la autoridad responsable estaba obligada a respetarla, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidad Mexicanos. Sirven de apoyo a los anteriores argumentos, las jurisprudencias visibles en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época y Sexta Época, Tomos VI y III Parte SCJN., páginas 54 y 6, respectivamente, que expresan: 'AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANTÍA DE.' (se transcribe). 'ACTOS ADMINISTRATIVOS, INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS. NO ES NECESARIO RECLAMAR LA LEY, CUANDO ÉSTA ES OMISA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES CONSAGRADAS POR EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.' (se transcribe). Este órgano colegiado comparte el criterio sustentado por el a quo, en tanto que el artículo 14 de la Constitución General de la República protege toda clase de derechos y, por lo mismo, cabe considerar que también las autorizaciones como a las que se alude en el presente asunto son merecedoras del derecho de audiencia, cuando se les afecta, pues en estos casos no puede legalmente concederse a la empresa tercero perjudicada una concesión, sin llenarse los requisitos necesarios para el otorgamiento de una concesión, sin oír previamente a quienes puedan resultar afectados, es decir, a quienes ya venían prestando el servicio con una concesión, pues ello es violatorio del artículo 14 constitucional, que consagra la garantía de audiencia previa para quienes resulten afectados con un acto de autoridad. En este orden de ideas, resultan ineficaces las alegaciones tendentes a establecer que los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Telecomunicaciones en ningún momento obligan a la autoridad a escuchar a los concesionarios existentes previamente al otorgamiento de nueva concesión y que el artículo 23 del Reglamento de Telecomunicaciones no es aplicable, cuenta habida que, aun cuando resultaran ciertas tales alegaciones, serían insuficientes para revocar la sentencia recurrida, supuesto que la violación a la garantía de audiencia debe ser observada en forma obligada aun cuando la ley que rige el acto reclamado no establezca la garantía."
Por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión toca 148/2002 (RA. 1912/02-11), el diez de julio de dos mil dos, deducido del juicio de amparo indirecto 70/2002, promovido por Comunicable, Sociedad Anónima, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en lo conducente, resolvió, que:
"SEXTO. Son infundados en parte y fundados en otra los agravios que se hacen valer, de conformidad con las consideraciones siguientes. En efecto, es ineficaz lo argumentado por la autoridad recurrente, en el sentido de que el Juez de Distrito, en la resolución recurrida, para desestimar la causal de improcedencia que se hizo valer, prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, indebidamente consideró que el acto reclamado consistente en la expedición de la concesión otorgada al ahora tercero perjudicado, para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, causa perjuicio a la quejosa al permitir que el aludido tercero explote en la misma ciudad el sistema de televisión por cable; que ello es así, aduce, porque el hecho de que la quejosa cuente con un título de concesión similar al otorgado al ahora tercero perjudicado, no implica que tenga un interés legítimamente tutelado para promover el juicio de amparo, dado que con el otorgamiento de la referida concesión no se desconoce el derecho que tiene para seguir operando la misma, ni se le ordena suspender el servicio que presta o se le impide que lo continúe prestando; por lo que, además, agrega, que el otorgamiento del título de concesión en dichos términos es para promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y fomentar una sana competencia entre los prestadores de ese servicio y así evitar prácticas monopólicas que es el objetivo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, además, aduce, que en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías solamente puede promoverlo la persona a quien el acto de autoridad le causa un agravio personal y directo, y que en el caso, la quejosa solamente resentiría un perjuicio patrimonial por las ganancias que podría dejar de percibir al tener una mayor competencia en el servicio que presta, por lo que, agrega, que la quejosa, carece de interés jurídico para promover el amparo, al no contar con un derecho subjetivo tutelado a su favor, sino solamente con un interés simple. Lo anterior es así, porque como lo consideró el Juez de Distrito en la resolución recurrida, el interés jurídico de la quejosa para promover el presente juicio de garantías, deriva de la concesión que le fue otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para instalar y explotar una red de telecomunicaciones, en Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y San Fernando, Tamaulipas, la cual es similar a la otorgada al tercero perjudicado José Julián Sacramento Garza, por lo que al ser titular de una concesión para explotar el mismo servicio, el determinar si con la expedición de la nueva concesión se le causa o no agravio o afectación en sus derechos, corresponde determinarlo al resolver el fondo del asunto, por lo que no puede determinarse tal cuestión al resolver en relación con la procedencia del juicio. Además, debe decirse que las cuestiones relativas a determinar si con el otorgamiento de la aludida concesión al ahora tercero perjudicado se causa un daño patrimonial a la quejosa, así como que el otorgamiento de la misma para promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y fomentar una sana competencia entre los prestadores de ese servicio, y que con el otorgamiento de dicha concesión no se desconoce la concesión otorgada a su favor, ni se ordena que suspenda el servicio que presta, o bien, se le impide que lo continúe prestando, al referirse al análisis del fondo del asunto, resultan ineficaces para demostrar que el a quo indebidamente desestimó la aludida causal de improcedencia del juicio, por lo que ante esa tesitura, el agravio sujeto a estudio es ineficaz. Por las mismas razones es ineficaz lo argumentado por la autoridad recurrente en el sentido de que el Juez de Distrito, en la resolución recurrida, aplicó indebidamente las tesis de rubros: 'INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENE QUIEN NO DEMUESTRA ESTAR BAJO UN SUPUESTO DE LA LEY.' y 'RUTAS. SU SOBREPOSICIÓN. INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNARLA. ES NECESARIO QUE SE DEMUESTRE LA COINCIDENCIA DE RUTAS A TRAVÉS DE LA PRUEBA PERICIAL.'; ello es así en virtud que la tesis citada en primer término es aplicable al caso por analogía e interpretada a contrario sensu, pues la misma se refiere a la situación que se presenta cuando quien promueve el juicio de amparo, en contra de la orden de suspensión de servicios telefónicos, carece de interés jurídico para tal efecto, por no acreditar haber celebrado un contrato o concesión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para utilizar el servicio telefónico, para la localización de personas; y en relación con la segunda, la misma resulta aplicable por analogía, al referirse al interés jurídico que se tiene para promover el juicio de garantías, cuando se expiden permisos o concesiones por las que se autoricen a explotar rutas que ya han sido expedidas a favor de la quejosa, ello con independencia de que el presente asunto no se trate de materia de transportes sino de servicio de telecomunicaciones. Por otra parte, es ineficaz lo aducido por la autoridad recurrente en el sentido de que el Juez de Distrito, en la resolución recurrida infringe en su perjuicio el artículo 77 de la Ley de Amparo, al desestimar indebidamente la causal de improcedencia del juicio que se hizo valer, prevista en la fracción XI del artículo 73 del aludido ordenamiento legal, que ello es así, aduce, no obstante que en el informe justificado planteó que el quejoso al recibir y firmar el título de concesión respectivo, consintió las condiciones establecidas en el mismo, entre las que se establece que la 'secretaría' podrá otorgar concesiones similares a favor de terceros en la misma área geográfica; además, agrega, que en el citado informe se adujo que dicha condición se contenía en el punto marcado con el número 1.7 del título de concesión y, sin embargo, el Juez de Distrito para desestimar la aludida causal de improcedencia, analizó la condición establecida en el numeral 1.6 del mismo, por lo que, agrega, que el a quo no valoró ni estudió debidamente la causal en comento. Al respecto es conveniente precisar que el título de concesión otorgado a la quejosa, en lo conducente establece: 'Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la secretaría, a favor de Comunicable, S.A., en lo sucesivo el concesionario, al tenor de los siguientes antecedentes y condiciones. Antecedentes ... Condiciones. Capítulo primero. Disposiciones generales ... 1.6 Otras concesiones, la presente concesión no confiere derechos de exclusividad al concesionario, por lo que la secretaría, dentro de la misma área geográfica, podrá otorgar otras concesiones a favor de terceras personas para instalar, operar o explotar una o más redes públicas de telecomunicaciones, para que se presten servicios idénticos o similares. 1.7 Cesión de derechos. El concesionario podrá ceder parcial o totalmente los derechos y obligaciones establecidos en la concesión en los términos del artículo 35 de la ley ...'. De lo transcrito se desprende, en primer término, que el acto reclamado no deriva en forma directa de lo expuesto en el título concesión otorgado a la quejosa, ya que si bien en éste se asienta que la expedición de la concesión no otorga derechos de exclusividad, también lo es que la emisión del acto reclamado no efectúa en uso de facultades propias de la autoridad emisora, por lo que no puede estimarse que se trate de un acto derivado de un acto consentido; además, independientemente de que el Juez de Distrito, haya o no analizado en forma debida la concesión otorgada a la parte quejosa, fue correcto lo que consideró en el sentido de que como el título de concesión se dio en beneficio de la quejosa, por dicha razón no puede tenerse por consentida expresa o tácitamente la condición 1.6 del mismo, que se refiere a la facultad de la autoridad para expedir concesiones similares dentro de la misma área geográfica a favor de terceros, en virtud que es hasta la emisión de la concesión otorgada al ahora tercero perjudicado, cuando dicha condición le puede causar perjuicio; esto es así, porque el juicio de garantías solamente procede en contra de actos de autoridad que causen perjuicio a los gobernados en sus garantías individuales, por lo que las condiciones establecidas en el título de concesión otorgado a la quejosa, no pueden considerarse consentidas, en virtud de que la emisión y aceptación de dicho título fue en su beneficio; ello con independencia de que dichas consideraciones al no ser controvertidas por la autoridad recurrente, continúan firmes para seguir rigiendo el sentido de la resolución recurrida. En cambio, es fundado el concepto de agravio expuesto por la autoridad recurrente, en el sentido de que el Juez de Distrito, en la resolución recurrida, para conceder el amparo solicitado, infringe en su perjuicio los artículos 8o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 7o., 24 y 25 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, ya que indebidamente consideró que al otorgarse el título de concesión en comento, a favor del ahora tercero perjudicado, se violó en perjuicio de la quejosa el artículo 14 constitucional, en virtud de que antes de la emisión de dicho título de concesión no se le otorgó la garantía de audiencia consagrada a su favor en el aludido precepto constitucional, que lo anterior es así, aduce, en virtud que con la emisión del título de concesión a favor del tercero perjudicado, no se efectuó 'un acto de privación' en perjuicio de la quejosa, dado que con ello no se le impide continuar prestando el servicio de televisión por cable, sino únicamente tendrá una mayor competencia en la prestación del servicio, lo que en su caso, le puede ocasionar un perjuicio de tipo económico mas no jurídico, además, de que conforme a lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para el otorgamiento de concesiones a favor de terceros, no es necesario previamente iniciar un procedimiento administrativo en el que se deba otorgar la garantía de audiencia a la quejosa, pues para ello basta con que la respectiva solicitud cumpla con los requisitos establecidos en el primero de dichos numerales; por lo que, agrega, que de darse intervención en ese caso a los concesionarios, se monopolizarían los servicios de telecomunicaciones, porque ninguna empresa concesionaria aceptaría que se otorgaran concesiones en la misma plaza a favor de terceros, por el perjuicio económico que pudieran resentir, lo que impedirá que se cumpla con el objetivo de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Además, agrega la autoridad recurrente, que con el otorgamiento del título de concesión a favor del ahora tercero perjudicado, no se priva a la quejosa de derecho alguno, en virtud de que con el mismo no se le impide que continúe prestando el servicio de televisión por cable en los términos que lo ha realizado, máxime que en la aludida condición 1.6 del título concesión otorgado a la ahora quejosa, se establece, que: '... Otras concesiones. La presente concesión no confiere derechos de exclusividad al concesionario, por lo que la secretaría, dentro de la misma área geográfica, podrá otorgar otras concesiones a favor de terceras personas para instalar, operar o explotar una o más redes públicas de telecomunicaciones, para que se presten servicios idénticos o similares.'. Al respecto, los artículos 8o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 7o., 24 y 25 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en lo conducente, establecen: 'Artículo 8o. Para construir, establecer y explotar vías generales de comunicación, o cualquiera clase de servicios conexos a éstas, será necesario el tener concesión o permiso del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y con sujeción a los preceptos de esta ley y sus reglamentos.'. 'Artículo 7o. La presente ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la secretaría, sin perjuicio de las que se confieran a otras dependencias del Ejecutivo Federal, el ejercicio de las atribuciones siguientes: I. Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones, con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes; II. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los diferentes equipos y redes de telecomunicación; III. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones y otras disposiciones administrativas; IV. Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones; V. Establecer procedimientos para homologación de equipos; VI. Elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; VII. Gestionar la obtención de las posiciones orbitales geoestacionarias con sus respectivas bandas de frecuencias, así como las órbitas satelitales para satélites mexicanos, y coordinar su uso y operación con organismos y entidades
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18065-3d7eb243/telecomunicaciones-en-la-expedicion-de-nuevas-concesiones-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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