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Modo: Corpus Pro

AMPARO. PROCEDE POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUANDO EL PARTICULAR SE VEA AFECTADO EN SU ESFERA JURÍDICA POR ACTOS EMITIDOS POR UN NIVEL DE GOBIERNO FEDERAL O ESTATAL, QUE CORRESPONDEN EN EXCLUSIVA AL MUNICIPIO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON LOS RELATIVOS A LA FALTA DE INCLUSIÓN DEL QUEJOSO EN LA EXENCIÓN OTORGADA POR EL CONGRESO LOCAL EN CUANTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA, AUN CUANDO SEA EN CONTRAVENCIÓN AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 69/2007-SS. · Registro digital (IUS): 21176
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 665.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 69/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y tercero en sentido contrario, del Acuerdo General Plenario 5/2001 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos relativos a la materia administrativa, especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

TERCERO. El criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 38/2006 en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"SEXTO. Los agravios hechos valer resultan jurídicamente ineficaces. En efecto, la agraviada señala que las conclusiones del Juez de Distrito resultan ilegales, pues al analizar el cuarto concepto de violación planteado en la demanda de garantías, incorrectamente señala que lo dispuesto en la fracción IV del artículo 115 constitucional, ‘no entraña una prohibición absoluta al otorgamiento legal de exención, pues en realidad su objetivo es prohibir que, vulnerando el principio de igualdad, se establezcan exenciones a personas jurídicas individuales o colectivas en forma específica o concreta’, interpretación que -a decir de la recurrente- no descansa en algún método interpretativo ni en alguna disposición legal o constitucional, sino en una mera opinión que se aleja del propio texto del precepto. Asimismo, aduce que la Juez Federal dejó de aplicar las tesis de jurisprudencia de rubros: ‘MUNICIPIOS. LAS EXENCIONES O CUALQUIER OTRA FORMA LIBERATORIA DE PAGO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES FEDERALES O LOCALES RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA LIBRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE AQUÉLLOS, CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, ‘ASOCIACIONES RELIGIOSAS. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS PREDIAL Y SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE INMUEBLES EN SU FAVOR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO A) Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL UNO).’ y ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 10, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN FISCAL DE NO SUJECIÓN TRIBUTARIA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, desacatando lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Agrega la agraviada que debe tomarse en consideración ‘que el quejoso puede hacer valer, vía juicio de amparo, cualquier violación a la Constitución, siempre que considere que su acto reclamado contraviene las disposiciones de aquélla ... esto significa que no existe límite para que los gobernados sólo hagan valer violaciones a ciertos dispositivos de la Constitución, pues tal límite no existe en la ley de la materia ni en el propio texto de la Constitución’. Señala que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa (sic), al resolver el recurso de revisión principal número 242/2006, coincidió con las anteriores manifestaciones. Para la mejor comprensión del presente asunto, conviene realizar las siguientes consideraciones relativas al control de la constitucionalidad, entendido éste como los sistemas de principios e instituciones previstos en la propia Constitución, encaminados a imponer el principio de supremacía constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se subdivide en dos grandes apartados: a) la parte dogmática, que trata de los derechos fundamentales del hombre, a los que nuestra Constitución designa con el nombre de garantías individuales; y, b) la parte orgánica, que tiene por objeto organizar al poder público. Nuestra Constitución contiene diversos medios jurídicos de control de la constitucionalidad, desde las formas de autocontrol previstas en los artículos 128 y 133 constitucionales, hasta las más elaboradas de control jurisdiccional, como son, el amparo, las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad. Encontramos en ellos, rasgos del control concentrado y difuso, concreto o abstracto, con efectos generales o particulares, que como procedimientos son excluyentes, pero complementarios, ya que permiten una protección total de la Constitución. La Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos establece diferentes vías para hacer operante el principio de supremacía constitucional; así, se prevé en el artículo 110, el juicio político para sancionar a los servidores públicos señalados en dicho precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; por su parte, la rama judicial federal es competente constitucionalmente para conocer los asuntos de constitucionalidad, porque es responsable de llevar a cabo su control y lo hace a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los medios de control constitucional, cuyo conocimiento compete a los órganos del Poder Judicial Federal, son: 1) Controversia constitucional; 2) Acción de inconstitucionalidad; 3) Juicio de amparo; y, 4) Controversias electorales. A través de ellos se controla la constitucionalidad, se defiende y se hace operante el principio de supremacía que es propio de la Carta Magna. Dado el estudio que se pretende, únicamente se analizarán -aunque de manera somera- los medios previstos en los artículos 103 y 105 constitucionales. Tales artículos señalan lo siguiente: ‘Artículo 103.’ (se transcribe). ‘Artículo 105.’ (se transcribe). La iniciativa correspondiente a la reforma del artículo 105 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la parte que interesa señala: (se transcribe). Con base en los numerales y de la parte que interesa de la exposición de motivos antes preinserta, se llega a la conclusión de que, por regla general, este tipo de acciones sólo procederán con motivo de controversias suscitadas entre dos o más niveles de gobierno (Federación, Estado o Municipio), en que se tilden de inconstitucionales actos o disposiciones generales emitidas por una entidad, poder u órgano. Es importante aclarar, que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación (sic) justifica una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, debe analizarse todo tipo de violaciones a la Constitución Federal sin importar sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental, porque de lo contrario, produciría en numerosos casos su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armonía y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, así como el fortalecimiento del federalismo. Tales razonamientos se contienen en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/99, publicada en la página setecientos tres, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Las controversias constitucionales tienen por objeto conocer de asuntos entre los miembros de la Federación y sus órganos de gobierno cuando tengan carácter controversial, excepto cuando versen sobre materia electoral. Como órganos no se incluye al Poder Judicial, ya que éste dirime el conflicto, los incisos a) a g) que se refieren a todo tipo de controversias, los incisos h) a k) en cambio, se refieren específicamente a la constitucionalidad de los actos de la autoridad. La legitimación para plantear una controversia constitucional corresponde a dichos miembros de la Federación, puesto que a ellos corresponde la titularidad de los derechos que se pueden controvertir. Así lo ha sostenido la jurisprudencia de la Suprema Corte al sostener que no puede ser presentada la controversia por particulares. Quedan excluidas de dicho supuesto las controversias relativas al territorio de carácter ‘no contencioso’ cuya competencia es del Congreso de la Unión de conformidad con el artículo 73, fracción IV, constitucional. Otra excepción es la declaración de la desaparición de todos los Poderes Constitucionales de un Estado y los conflictos de orden político que surjan entre los Poderes de un Estado, que son competencia del Senado, de conformidad con el artículo 76, fracciones V y VI, constitucional, respectivamente. La controversia constitucional se centra en la posible invasión de esferas competenciales. A diferencia del amparo no se requiere del agravio de un derecho fundamental, como en el caso, de las fracciones II y III del artículo 103, y puede referirse tanto a actos concretos de autoridad como a disposiciones generales. Por otra parte, implica la revisión de la constitucionalidad de actos y disposiciones generales de los diferentes órganos de gobierno. Al hablar de actos se refiere al sentido más amplio de la palabra, es decir, a todos los actos realizados por la autoridad en ejercicio de sus funciones, sean administrativas, legislativas o judiciales, salvo en los casos en que se haya previsto expresamente un procedimiento especial. El término ‘disposiciones generales’ permite dejar abierta la puerta para la impugnación de todo tipo de actos normativos independientemente de su rango o del órgano emisor, siempre y cuando no se trate de normas individualizadas. La fracción I del artículo 105 establece, además, que en los casos en que las controversias versen sobre disposiciones de carácter general de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos de los incisos c), h) y k), que se refieren a conflictos entre órganos, para que la resolución tenga efectos generales deberá ser votada la resolución por una mayoría calificada, de por lo menos ocho votos. De conformidad con el artículo 42 de la ley reglamentaria, en las controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación, el Pleno de la Suprema Corte declarará desestimada la controversia, por lo que la resolución no surtirá efectos ni siquiera entre las partes. En los demás casos a que se refiere la fracción I del artículo 105, la resolución surtirá efectos solamente entre las partes en la controversia. Por su parte, las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Es un medio de control a posteriori que pretende preservar la supremacía de la Constitución, el cual podríamos llamar también un control de tipo abstracto, ya que no requiere de la existencia de un agravio. Los órganos legislativos podrán impugnar sus propias disposiciones, sin embargo, el derecho pertenece a las minorías. En contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión, corresponde al equivalente al treinta y tres por ciento de la Cámara de Diputados o de Senadores. En el caso de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano solamente podrá ejercitarla el treinta y tres por ciento de la Cámara de Senadores, o el procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Dist

ito Federal, así como de tratados internacionales. En el caso de los órganos legislativos estatales en contra de las leyes expedidas por el propio órgano, corresponde dicho derecho al equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de ellos. Asimismo, podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, el treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en contra de las leyes expedidas por la propia asamblea. La acción de inconstitucionalidad podrá ser ejercitada por las dirigencias nacionales de los partidos políticos con registro en el Instituto Federal Electoral, en contra de leyes electorales federales o locales; y las de los partidos políticos con registro estatal en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que otorgó el registro. Las resoluciones de la Suprema Corte sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas cuando sean aprobadas por una mayoría de por lo menos ocho votos. De conformidad con el artículo 72 de la ley reglamentaria, en los casos en que no se alcance dicha votación, el Pleno de la Suprema Corte desestimará la acción y ordenará el archivo del asunto. Por su parte, el juicio de amparo, como vía o instrumento jurídico para la defensa de los principios constitucionales, no abarca ciertamente la protección de todo el sistema constitucional mexicano, sólo la parte -fundamental, ciertamente- de las garantías individuales; es decir, el juicio de amparo, consagrado en los artículos 103 y 107 constitucionales, comprende la protección de las garantías individuales establecidas en la parte dogmática del Pacto Federal. El artículo 103 constitucional antes transcrito, señala que los tribunales federales resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, en tanto que el artículo 107 establece las formas de regulación jurídica del juicio de amparo. Los preceptos constitucionales mencionados establecen las bases competenciales de los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación para conocer del juicio de amparo, y de manera excepcional, a órganos judiciales estatales, en el caso de la jurisdicción auxiliar o concurrente, delimitándose sus respectivas competencias en la Ley de Amparo, reglamentaria de dichos preceptos constitucionales, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estos órganos jurisdiccionales competentes para conocer y resolver los juicios de amparo, tienen por objeto fijar el alcance de las normas supremas que expresan la soberanía popular; por lo que debe considerarse que la supremacía de las bases contenidas en ese Magno Ordenamiento conlleva el que sólo en éstas, mediante la voluntad soberana expresada por el Constituyente o por el Órgano Revisor de la Constitución, pueda establecerse la existencia de los medios de control de constitucionalidad competencia de los órganos jurisdiccionales que integran dicho poder, sin menoscabo de que el legislador ordinario federal desarrolle y pormenorice las reglas que precisen su procedencia, sustanciación y resolución, conforme lo ha establecido el Tribunal Pleno, en la jurisprudencia 155/2000, publicada en la página ochocientos cuarenta y tres del Tomo XII, diciembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: ‘CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CONFORME AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL LOS MEDIOS RELATIVOS DEBEN ESTABLECERSE EN LA PROPIA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO EN UN ORDENAMIENTO INFERIOR.’ (se transcribe). Asimismo, el más Alto Tribunal de la nación al interpretar el artículo 133 de la Constitución Federal, ha sostenido que sólo el Poder Judicial Federal puede calificar la constitucionalidad de las leyes o de los actos de autoridad a través del juicio de amparo, entre otros instrumentos. La Suprema Corte de Justicia ha estimado que sólo al Poder Judicial de la Federación compete establecer la inconstitucionalidad de los actos de autoridad, conforme nos informa la siguiente tesis, cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.’ (se transcribe). Podemos, pues, concluir que la Constitución Federal se subdivide en dos apartados fundamentales: dogmático y orgánico, y que existen procedimientos constitucionales que tutelan la salvaguarda de cada uno, como lo es, el juicio de amparo respecto de su parte dogmática y la controversia constitucional que, esencialmente, protege la parte orgánica y, por excepción, la parte dogmática; tocante a la acción de inconstitucionalidad, es un medio de control abstracto de la Constitución, a través del cual se hace una denuncia de inconstitucionalidad, respecto de normas o leyes generales que sean contrarias a la Carta Magna, sin más limitación que la disposición u ordenamiento normativo de que se trate contravenga la Constitución Federal; por tanto, las partes legitimadas para ejercer la acción pueden plantear la contradicción de las normas combatidas con la Constitución Federal, ya sea con relación a su parte dogmática u orgánica, pues no existe disposición alguna que establezca alguna limitación al respecto y tampoco se desprende de los antecedentes legislativos de las reformas constitucionales de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis. Al respecto, cobra aplicación, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia P./J. 73/2000, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y cuatro, Tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA PUEDEN PLANTEAR LA CONTRADICCIÓN DE LAS NORMAS GENERALES FRENTE A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, YA SEA EN RELACIÓN CON SU PARTE DOGMÁTICA U ORGÁNICA.’ (se transcribe). Ahora bien, el artículo 107 constitucional, señala las bases a las que se sujetará el juicio de amparo, previsto en el diverso artículo 103 de la Constitución Federal. Tal precepto señala: ‘Artículo 107.’ (se transcribe). De lo anterior podemos deducir, entre otros, dos principios fundamentales del juicio de garantías: 1) que únicamente procede a petición de parte agraviada, quien debe ser un particular; y, 2) que el acto reclamado debe ser considerado por el particular, violatorio de sus garantías individuales. Históricamente, las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son un reconocimiento en la norma constitucional de los derechos naturales y fundamentales del hombre. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todos los habitantes de la República contra los actos arbitrarios de autoridad, que dan a sus titulares la potestad de ser exigidos únicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la propia Carta Magna consagra, esto es, la acción constitucional de amparo. Actualmente esas garantías individuales se encuentran plasmadas, en su mayoría, en el capítulo I del título primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denominado ‘De las garantías individuales.’. En relación con el juicio de amparo, el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 expresó que: (se transcribe). El artículo 101 de la Constitución de 1857, casi idéntico al numeral 103 de la Carta Magna de 1917, estableció: (se transcribe). Esta misma disposición es la que se encuentra en el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: (se transcribe). Así, el juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado. La acción constitucional de amparo es un derecho público subjetivo que otorga la Ley Suprema a todo individuo que se vea lesionado en sus garantías individuales. La teleología que persigue el llamado juicio de garantías es, pues, la de proteger y preservar el régimen constitucional, en ese aspecto específico. El carácter individualista del juicio de amparo implica que éste no es un sistema integral de defensa de la Constitución, pues las fracciones II y III del artículo 103 constitucional deben entenderse en el sentido de que sólo puede reclamarse en el juicio de garantías una ley federal, cuando invada o restrinja la soberanía de los Estados, o de éstos, si invade la esfera de la autoridad federal, cuando existe un particular que reclame violación de garantías individuales en un caso concreto. Ilustra lo anterior, la tesis 389 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos sesenta y dos, Tomo I, del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘INVASIÓN DE ESFERAS DE LA FEDERACIÓN A LOS ESTADOS Y VICEVERSA, AMPARO POR.’ (se transcribe). Ahora bien, en el presente caso, se alega esencialmente -por parte del quejoso, aquí recurrente- que el acto reclamado violenta lo dispuesto por la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, puesto que el Congreso del Estado de Jalisco, sin facultades para ello, estableció una exención a favor de determinados sujetos en el pago del impuesto predial, correspondiente al Municipio de Zapopan, Jalisco. Dicho dispositivo constitucional señala: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). De la lectura íntegra de la norma antes transcrita se advierte, sin lugar a dudas, que en ella no se plasma alguna garantía individual (por supuesto a favor de los gobernados), sino que se establece el principio de libre administración hacendaria a favor de los Municipios. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, en sesión celebrada el siete de agosto de dos mil uno la acción de inconstitucionalidad 14/2001, promovida por el procurador general de la República, señaló expresamente al analizar el artículo 115, fracción IV, constitucional: (se transcribe). En este orden de ideas, los principios rectores de la hacienda municipal implican derechos para el Municipio, mas no así para los gobernados; razón por la cual en el juicio de garantías no resulta procedente el análisis de la transgresión a dichos principios constitucionales; pues, como se ha dicho, este medio de control constitucional no se encuentra establecido para la defensa de todo el cuerpo de la Carta Magna, sino únicamente para proteger las garantías individuales. Así, no asiste la razón al recurrente al señalar que el quejoso puede hacer valer, vía juicio de amparo, cualquier violación a la .Constitución, siempre que considere que el acto reclamado contraviene las disposiciones de aquélla, ya que el propio artículo 103 constitucional limita la procedencia de este juicio a que se considere que el acto reclamado viola las garantías individuales del gobernado. Al respecto, cobra aplicación la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatro mil setecientos diecinueve, Tomo LXX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: ‘GARANTÍAS INDIVIDUALES, BASE DEL AMPARO.’ (se transcribe). Además, no puede sostenerse que el juicio de garantías constituya la vía idónea para impugnar la violación -por parte de la Legislatura Estatal- al principio de libre disposición hacendaria municipal, toda vez que éste no es la vía reservada para preservar el orden constitucional entre órganos, entes o poderes en sus actos ordinarios. A mayor

abundamiento y sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la finalidad del juicio de amparo es restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por lo que de estimarse procedente el reclamo de cualquier violación a dispositivos constitucionales (como es el caso de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 115 de la Carta Magna), existiría imposibilidad para lograr dicho objetivo, pues al no haber garantía violada el amparo que llegara a otorgarse no tendría efecto alguno. El artículo 80 de la Ley de Amparo, dispone textualmente: ‘Artículo 80’. (se transcribe). En estos términos, los efectos de la sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal tratándose de amparos contra disposiciones legales o reglamentarias, consistirá en obligar a las autoridades responsables a restituir al agraviado en el pleno uso y goce de la garantía constitucional violada, o bien, que cumplan con el precepto constitucional infringido absteniéndose de realizar el acto que amenaza sus derechos fundamentales y, con ello, se les impone el deber de llevar a cabo los actos o procedimientos básicos para realizar jurídica y materialmente el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada. En tal virtud, resulta improcedente el estudio, en el juicio de amparo, de violaciones a disposiciones constitucionales que no contengan garantías individuales, cuando su impugnación se hiciere de manera aislada, como en el caso ocurre, que se pretende combatir el artículo reclamado a la luz de lo dispuesto, exclusivamente, a la luz (sic) del artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, sin relacionar la supuesta infracción a ese precepto constitucional con la violación a alguna de las garantías individuales del impetrante de garantías, por no poder concretarse los efectos del amparo. Así, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que los gobernados se encuentran facultados para impugnar, vía juicio de amparo, aquellas normas de carácter general expedidas por autoridad constitucionalmente carente de facultades para ello, por entenderse violación a la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional; sin embargo, además de que en el presente caso no se hace de esa forma, lo cierto es que esa posibilidad se encuentra restringida para el caso de que la norma expedida por quien carecía de facultades, sea la que incide directamente en la esfera jurídica del quejoso, es decir, es aquella que contiene la obligación o prohibición dirigida al gobernado impetrante de garantías. En tanto que, si bien es cierto la parte quejosa -aquí recurrente- adujo violación a las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias (previstas en el artículo 31, fracción IV, del Pacto Federal), tales conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo, ya fueron estudiados por el Juez Federal, sin que sean materia del presente recurso de revisión. Sin que asista la razón al recurrente, en el sentido de que de resultar fundado su concepto de violación en el que alega transgresión al principio de libre administración tributaria municipal ‘el beneficio sería el de desincorporar a la empresa del impuesto predial que se llegare a declarar inconstitucional por transgredir el artículo 115, fracción IV, constitucional, o en el menor de los casos -según llegue a resolver este Tribunal Colegiado-, será el de otorgarle el beneficio del 90% de descuento en el pago del impuesto predial que también se le otorga a los contribuyentes que se ubican en el supuesto previsto en el artículo octavo transitorio de la referida Ley de Ingresos Zapopana (sic)’. En efecto, la desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa de las disposiciones que establecen el impuesto predial, resultaría improcedente dado que el precepto que se dice violenta lo dispuesto en la fracción IV del artículo 115 constitucional, es decir, el octavo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, prevé una exención parcial a favor de determinados contribuyentes, entre los que -por supuesto- no se ubica la empresa aquí recurrente, por lo que tal numeral no le ha sido aplicado, en tanto que dicho vicio de inconstitucionalidad no se le atribuye a los diversos artículos que le son aplicables; así, dado que las cantidades erogadas y que llegue a erogar la impetrante por concepto de impuesto predial no son por mandato de la norma inconstitucional, sino de diversas, además de que en nada beneficiaría a la impetrante que se ordenara como efecto de la posible concesión del amparo el que la disposición que contiene la exención parcial a favor de distintos sujetos (por considerarse violatoria del artículo constitucional multicitado) dejara de aplicársele (sic). Además, si resultara inconstitucional el precepto impugnado, dada la exención de que se trata, prohibida por el artículo 115, fracción IV, constitucional, como la consecuencia sería que esa exención no debió establecerse, entonces todos los contribuyentes tendrían que pagar el impuesto, lo que no beneficiaría a la parte quejosa. O sea, el amparo no se le podría otorgar para que no pagara el impuesto, si se partiera de la base de que la ley reclamada estableció una exención indebida; esto es, que a nadie debió beneficiarse con la misma. Por último, de considerarse procedente el reclamo, por parte de un gobernado, en la vía de amparo, de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21176-a2e6713b/amparo-procede-por-violacion-al-articulo-115-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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