AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LOS AYUNTAMIENTOS ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO QUE DECLARAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA DISPOSICIÓN GENERAL EXPEDIDA POR ELLOS. AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE SU EXPEDICIÓN ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN SU INCONSTITUCIONALIDAD. FUNDAMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EXPEDIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL BASTA QUE AQUÉLLAS SE REFIERAN A ASPECTOS PROPIOS DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL RESPECTIVO ÓRGANO DE GOBIERNO MUNICIPAL. SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO. EL ACUERDO DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA POR EL CUAL SE REFORMA EL CAPÍTULO 24 DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO RELATIVO, CON EL OBJETO DE REGULAR AQUÉL, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN (PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2007). SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS POR UN AYUNTAMIENTO PARA REGULARLOS CUMPLEN CON LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN CUANDO EL SERVICIO RESPECTIVO, DIVERSO A LOS PREVISTOS EN LOS INCISOS A) AL H) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES DETERMINADO POR LA LEGISLATURA RELATIVA COMO COMPETENCIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 269/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: RAFAEL COELLO CETINA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, y el sentido de los Acuerdos Plenarios 4/2002 y 6/2003, pues si bien se trata de una contradicción de criterios relacionada con el alcance del artículo 87 de la Ley de Amparo y con la constitucionalidad de un reglamento municipal, no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno, al no tratarse de un asunto que revista un interés excepcional.
En efecto, los acuerdos mencionados, en la parte que interesa, disponen:
Acuerdo 4/2002
"... Segundo. Las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito que se encuentren en las ponencias y las que estén con proyecto en la Secretaría General de Acuerdos serán enviadas a las Salas de este Alto Tribunal, excepto las que determinen los señores Ministros integrantes del comité de listas ..."
Acuerdo 6/2003
"... Primero. El Pleno enviará a las Salas y, en su caso, éstas conservarán para su resolución, los asuntos anteriores al año dos mil tres, con excepción de los siguientes:
"...
"e) Contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados que se encuentren en la Secretaría General de Acuerdos con proyecto; ..."
Ahora bien, atendiendo a las razones que dieron origen a esos acuerdos generales, debe señalarse que subsiste la clara intención por parte del Pleno de agilizar la resolución de asuntos que se tramitan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual ha estimado necesario conservar únicamente los de mayor interés y relevancia para el orden jurídico nacional, correspondiendo a las Salas la resolución de los demás asuntos que no revistan estas características, según se desprende de la siguiente transcripción:
Acuerdo 4/2002
"... Séptimo. Que si bien la aplicación de los acuerdos citados en el considerando que antecede permitió al Pleno de la Suprema Corte de Justicia pronunciarse sobre asuntos de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional; sin embargo, a la fecha se encuentran pendientes de resolución en el propio Pleno más de cuarenta contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, así como más de cuarenta amparos en revisión programados en términos de lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo General 2/2001, de diecinueve de febrero de dos mil uno;
"Octavo. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse sobre diversos asuntos que revisten un interés excepcional como son, entre otros, las controversias constitucionales relacionadas con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, las reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz, la reforma constitucional en materia indígena y los conflictos de límites entre diversos Estados de la Unión; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, los amparos en revisión relacionados con la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 224 del Código Penal Federal; las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas y por los Tribunales Colegiados cuando sean varias sobre el mismo tema y las suscitadas entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Pleno; lo que le impide resolver con la prontitud necesaria los asuntos referidos en la parte final del considerando que antecede.
"Noveno. Que para agilizar la resolución de las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito resulta conveniente que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia conozcan, incluso, de las que por razón de la materia no sean exclusivas de la competencia de alguna de ellas, pues aun cuando puedan surgir criterios disímiles al seno de este Alto Tribunal, los que deberán resolverse con la mayor prontitud, se establecerá el criterio jurisprudencial que genere certidumbre a los gobernados sobre los respectivos puntos de derecho y permitirá cumplir con la finalidad de esa institución; máxime que, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tales criterios son obligatorios con independencia de la Sala que los haya emitido ..."
Acuerdo 6/2003
"... Séptimo. Que para avanzar en el cumplimiento de la garantía de una justicia pronta y completa establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es conveniente remitir a las Salas de la Suprema Corte de Justicia los asuntos anteriores al año dos mil tres de la competencia originaria de este Pleno ..."
En este sentido, con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervención del Pleno, dado que no reviste un interés excepcional, se estima que su conocimiento corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxime que como más adelante se precisa los puntos de contradicción materia de análisis en este asunto se refieren al alcance del artículo 87 de la Ley de Amparo y a la constitucionalidad de un ordenamiento expedido por un Ayuntamiento.
SEGUNDO. Debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:
"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."
Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En el caso, la denuncia de posible contradicción de tesis fue presentada por quienes están legitimados para ello, pues la formularon los representantes legales que intervinieron en los asuntos que originaron los posibles criterios en contraposición, por una parte **********, apoderado legal de **********, personalidad reconocida en el toca de revisión administrativa número 257/2007, y por otra respecto a la ampliación de la posible contradicción **********, representante legal de la persona moral denominada **********, personalidad reconocida en el toca de revisión administrativa número 254/2007.
TERCERO. Para estar en posibilidad de fijar los respectivos puntos de contradicción y pronunciar el criterio que debe prevalecer, resulta necesario transcribir las consideraciones emitidas por los diversos Tribunales Colegiados de Circuito cuyos criterios participan en esta contradicción de tesis.
Por una parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión números 259/2007, 270/2007, 298/2007, 269/2007 y 299/2007, en sesiones del quince y del veintidós de noviembre de dos mil siete sostuvo esencialmente los mismos criterios, por lo que en obvio de repeticiones inútiles a continuación se transcribe lo resuelto en los primeros tres asuntos citados.
Al resolver el quince de noviembre de dos mil siete el amparo en revisión 259/2007, promovido por **********, el citado Primer Tribunal Colegiado de Circuito determinó, en lo conducente:
"TERCERO. Inconformes con dicho fallo las autoridades recurrentes Ayuntamiento del Municipio de Puebla (por conducto de su síndico) y el Congreso del Estado de Puebla (por conducto de su secretario general), el treinta de agosto de dos mil siete (foja 3), y tres de septiembre del mismo año (foja 45), respectivamente, interpusieron revisión, recursos que fueron admitidos con fechas cinco y diez de septiembre del año dos mil siete, respectivamente, por la presidencia de este Tribunal Colegiado, al que por razón de turno correspondió este negocio, con fundamento en el punto quinto, fracción I, apartado B), del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, que faculta legalmente a los Tribunales Colegiados para emitir el fallo respectivo. La agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se abstuvo de intervenir. Finalmente, el diecisiete de septiembre de dos mil siete, se ordenó turnar los autos al Magistrado ponente para los efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo. CONSIDERANDO: PRIMERO. La parte considerativa de la sentencia recurrida, es del tenor literal siguiente: ... . SEGUNDO. El Ayuntamiento del Municipio de Puebla, expresó los siguientes agravios: ... . TERCERO. El Congreso del Estado de Puebla manifestó lo siguiente: ... . CUARTO. Los agravios que hacen valer las autoridades recurrentes son esencialmente fundados, por las razones que se pasan a exponer. En efecto, por un lado, el Congreso del Estado argumenta en el único agravio que formula, que al conceder el Juez de Distrito a la quejosa el amparo, pasa inadvertido que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es enunciativo y no limitativo, y que de conformidad con su fracción III, inciso i), las Legislaturas de los Estados pueden conceder a los Municipios facultades o recursos distintos a los que expresamente les otorga la Constitución, o ampliar el ámbito de ellas pero sin contradecir el texto constitucional, y que se traduce en que permite a los Congresos asignar a los Municipios servicios adicionales a los que están facultados para prestar, de conformidad también con el artículo 124 constitucional, y atendiendo en el caso en particular al derecho de iniciativa que la Constitución Política del Estado de Puebla otorga a los Municipios, como aconteció con la reforma al Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sin que se obligue a las Legislaturas de los Estados a otorgar a todos los servicios públicos municipales rango constitucional; que tampoco es dable sostener que los servicios públicos deben estar comprendidos o enunciados en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, pues contrario a lo resuelto por el Juez Federal, tal ley es la que tiene por objeto regular las bases para la integración y organización en el ámbito municipal del territorio, la población y la administración pública municipal; que la competencia prevista en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Federal y 104 de la Constitución Local ya fue ejercida por el Congreso del Estado al reformar el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, emanado de dicho Congreso, que es un ordenamiento secundario de la misma jerarquía normativa que la Ley Orgánica Municipal, la cual no es el único cuerpo normativo que establece las bases para la integración y organización del territorio, la población y el Gobierno del Municipio; que contrario a lo resuelto, el legislador no vulneró el artículo 16 constitucional al adicionar el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, pues el decreto respectivo es congruente con la Constitución General de la República (fojas 46 a 55). Por otro lado, el Ayuntamiento de Puebla argumenta que es incorrecto lo resuelto por el Juez de Distrito, dado que realiza un análisis de las leyes en que se funda la emisión de las normas reglamentarias tachadas de inconstitucionales, no obstante que los requisitos de fundamentación y motivación de una ley formal o material se satisfacen cuando son expedidas por la autoridad competente y se refieren a relaciones sociales que requieren ser reguladas, sin que sea necesario que en el acto emisor de la norma se citen los preceptos legales que facultan al legislador para realizar el acto ni las razones que lo llevaron a concluirlo; que de igual forma, es incorrecto lo resuelto por el a quo en cuanto a que el Ayuntamiento para el Municipio de Puebla no está facultado para prestar el servicio de estacionamiento de vehículos, por haberse otorgado esa atribución al Municipio en el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla y no en la Constitución Local ni en la Ley Orgánica Municipal, pero que, afirma la autoridad, tal Constitución es el documento legal supremo que estructura y señala el funcionamiento de la vida del Estado y que a la vez debe ser congruente con los mandamientos de la Constitución Federal, esto es, que se trata de una norma básica y no reglamentaria, y que si es como lo pretende el Juez en el sentido de que debe ser en ésta donde se contenga la disposición expresa que conceda un nuevo servicio dentro del umbral de competencia municipal, entonces la Constitución dejaría de ser una norma básica, para convertirse en una disposición reglamentaria; que es la propia Constitución Federal la que establece la competencia de las Legislaturas Locales de dotar a un Municipio de la facultad de administrar un servicio público adicional a los ahí previstos, sin que condicione a que se encuentre dentro del cuerpo de la Constitución Local, sino sólo a que se trate de un ordenamiento emanado de la legislatura (fojas 11 a 22). Asimismo, la citada autoridad recurrente argumenta que contrario a lo resuelto respecto de que debió haber sido en la Ley Orgánica Municipal donde se previera la competencia municipal para prestar el servicio de estacionamiento, el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, en el que se establece esa facultad, fue expedido por el Congreso del Estado, que es una disposición secundaria de la misma jerarquía que aquélla, y de ser como lo resolvió el a quo, todo lo relativo al Municipio estaría reglamentado en la Ley Orgánica Municipal y serían inconstitucionales los diversos ordenamientos municipales; y además de que es dicha ley la que en su artículo 199 establece que serán otras disposiciones legislativas particulares las que agreguen nuevos servicios a Municipios en concreto; por tanto, aduce, para que el juzgador concluyera que el Congreso del Estado vulneró el artículo 16 constitucional al adicionar el citado código fiscal y agregar un capítulo para regular el denominado servicio público de estacionamiento y el estacionamiento en la vía pública y facultar al Municipio de Puebla para prestar ese servicio, debió corroborar si esa adición es o no congruente con los artículos 115 y 133 de la Constitución Federal (fojas 22 a 29). Los anteriores agravios, los cuales se analizan de manera conjunta, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, por estar relacionados, son esencialmente fundados. En efecto, de la demanda de amparo y de su ampliación se desprende que la quejosa reclama los siguientes actos: a) Los artículos 274 ter 1, 274 ter 2, 274 ter 3, 274 quáter y 274 quinquies, los tres primeros contenidos en el capítulo XVIII del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, adicionados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de diciembre de dos mil seis, en vigor a partir del primero de enero de dos mil siete (foja 3). b) Los artículos 299, 842, 1676, 1676 bis, 1677, 1677 bis, 1678, 1679, 1679 ter, 1680, 1680 bis, 1681, 1682 bis, 1682 ter, 1685, 1686, 1686 bis y 1687 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, reformados y adicionados por acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, de fecha veintinueve de enero de dos mil siete, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de febrero del año dos mil siete, mediante los cuales se reglamenta en parte lo relativo al servicio público de estacionamiento de vehículos (fojas 3 y 4). c) Asimismo, reclamó del síndico municipal del Ayuntamiento de Puebla la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil siete, dictada en el recurso de inconformidad 44/2007, promovido por la quejosa en contra del requerimiento que se le hizo para canjear su licencia de funcionamiento de conformidad con los artículos reclamados (foja 4). d) El acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Puebla de fecha veinticuatro de mayo de dos mil siete, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintidós de junio de dicho año, vigente al día siguiente, por el que se aprobaron las tarifas para los estacionamientos de vehículos de primera, segunda y tercera clase y se reformaron los artículos 1679 y 1680 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (foja 79). Ahora bien, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de veintinueve de diciembre de dos mil seis, el Congreso del Estado adicionó al Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla el capítulo XVIII, denominado estacionamiento de vehículos, que contiene los artículos 274 ter 1, 274 ter 2 y 274 ter 3, cuya exposición de motivos es la siguiente: ‘... 5.1.5. Se incorpora un nuevo capítulo al título tercero denominado de los derechos por los servicios prestados por las dependencias y entidades municipales, en el que se regula la prestación del servicio público de estacionamiento, la recepción, custodia, protección y devolución de vehículos automotores y; en la vía pública, dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Puebla. Esto permitirá, que se dé sustento legal a las disposiciones contenidas en el capítulo 24 del título único, del libro cuarto del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, en el que se norma lo relativo a estacionamientos, en observancia a lo establecido por el artículo 104 de la Constitución del Estado de Puebla, que establece que los Municipios tendrán a su
cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento; y a lo dispuesto en su fracción I que establece que el Congreso del Estado, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de los Municipios, podrá encomendar a éstos la prestación de otros servicios públicos, distintos a los enumerados anteriormente; tomando en consideración, el aumento del parque vehicular y el auge en la actividad comercial en nuestra entidad, lo cual ha ocasionado la falta de espacios, teniendo como resultado congestionamientos viales, en virtud de que los propietarios de los vehículos automotores requieren de un lugar donde puedan resguardarlos durante el tiempo en que realizan sus actividades, y tener la tranquilidad de que se encuentran seguros. Esta propuesta encuentra sustento en el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que afirma que de conformidad con los principios en que se inspira el artículo 115 de la Carta Federal, los Municipios gozan de una amplia autonomía política y administrativa, y están facultados para expedir reglamentos gubernativos y de policía, y en general, para emitir toda clase de disposiciones que, no contrariando en nada el contenido del propio Código Supremo, versen sobre problemas de carácter meramente urbanos y sean sin duda alguna, de índole local como innegablemente lo son los acuerdos relativos a la prestación del servicio público de estacionamiento y guarda de vehículos, dentro de los límites de la jurisdicción municipal ...’ que reconoce con esto la naturaleza del servicio público de estacionamiento y guarda de vehículos. El contenido de los citados artículos 274 ter 1, 274 ter 2 y 274 ter 3, que entraron en vigor el primero de enero de dos mil siete, es el siguiente: ‘Artículo 274 ter 1. Es objeto del presente capítulo normar el servicio público de estacionamiento, la recepción, custodia, protección y devolución de vehículos automotores, y regular el estacionamiento en la vía pública del Municipio.’. ‘Artículo 274 ter 2. El servicio de estacionamiento y guarda de vehículos en el Municipio de Puebla, podrá ser prestado directamente por el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y por los particulares que obtengan del mismo, la licencia correspondiente.’. ‘Artículo 274 ter 3. Para la obtención de las licencias que autoricen la prestación del servicio público de estacionamiento y guarda de vehículos, así como su regulación, se estará a lo dispuesto en el capítulo 24 denominado estacionamientos, del título único, del libro cuarto del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.’. Por otro lado, el artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: ‘Artículo. 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones, f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las Legislaturas de los Estados respectivas. Asimismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio; Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. Por otra parte, los artículos 103, primer párrafo 104, fracción I, y 105, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Puebla, establecen lo siguiente: ‘Artículo 103. Los Municipios tienen personalidad jurídica, patrimonio propio que los Ayuntamientos manejarán conforme a la ley, y administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura del Estado establezca a favor de aquéllos ...’. ‘Artículo 104. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público. c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; y h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de sus funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. I. El Congreso del Estado, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de los Municipios, podrá encomendar a éstos la prestación de otros servicios públicos distintos a los antes enumerados, cuando a juicio del propio Congreso tengan aquéllos capacidad administrativa y financiera.’. ‘Artículo 105. La administración pública municipal será centralizada y descentralizada, con sujeción a las siguientes disposiciones: ... III. Los Ayuntamientos tendrán facultades para expedir de acuerdo con las leyes en materia municipal que emita el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.’. Ahora bien, cabe precisar que respecto al tema de competencia de los Municipios en materia de tránsito y transporte público, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 2/98, promovida por el procurador general de Justicia y representante legal del Gobierno del Estado de Oaxaca, contra el Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, el presidente y el secretario municipal de dicho Ayuntamiento, ha determinado, en lo conducente que resulta de utilidad para el presente asunto, lo siguiente: ... Ahora bien, siguiendo los lineamientos de la anterior ejecutoria, que son aplicables al presente asunto, se concluye que las facultades de los Municipios deben ser explícitas; y del texto del artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos de la Constitución Política del Estado de Puebla que han quedado antes transcritos, se advierte que dichos preceptos disponen que corresponde a los Municipios proporcionar diversos servicios públicos entre los que se encuentra el de tránsito, mas no hacen referencia al servicio de estacionamiento público que proporcionan los particulares a través de las licencias respectivas que les son otorgadas, razón por la que es inconcuso que en principio corresponde implícitamente al Estado de Puebla, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Constitución General de la República, al no estar reservado expresamente a los Municipios; sin embargo, si bien en el artículo 115, fracción III, constitucional no se encuentra prevista de forma explícita, como una facultad otorgada por la propia Constitución a los Municipios el prestar el servicio de estacionamiento de vehículos, en el inciso i) de tal fracción se establece que también serán facultades de los Municipios las demás que las Legislaturas de los Estados determinen; de lo que se colige que si el Congreso del Estado fue precisamente quien adicionó al Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla el capítulo XVIII, que contiene los artículos 274 ter 1, 274 ter 2, y 274 ter 3, con el objeto de establecer al servicio de estacionamiento como un servicio público, y regular dicho servicio, la recepción, custodia, protección y devolución de vehículos automotores y el estacionamiento en la vía pública, y facultar al Municipio de Puebla para que prestara dicho servicio y a los particulares que obtuvieran de dicho Municipio la licencia correspondiente, y que la expedición de ésta y la regulación de tal servicio se estará a lo dispuesto en el capítulo 24 denominado estacionamientos, del título único, libro cuarto del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, entonces es claro que por virtud de la expedición de tales artículos, el Municipio de Puebla sí está facultado, en términos del artículo 115, fracción III, inciso i), de la Constitución Federal, para regular lo relativo al servicio público de estacionamiento de vehículos, por lo que en el caso no se vulnera dicho artículo constitucional, como contrariamente lo resolvió el Juez de Distrito. Sin que en el caso sea necesario que la facultad otorgada al Municipio se contenga en la propia Constitución del Estado o en la Ley Orgánica Municipal, dado que el mencionado artículo 115, fracción III, inciso i), de la Constitución General de la República no establece como requisito que los servicios públicos que las Legislaturas Locales determinen deban prestar los Municipios, también tengan que estar comprendidas en las Constituciones Locales o sus Leyes Orgánicas Municipales, sino únicamente que sea el Congreso del Estado el que los faculte expresamente para prestar el servicio público correspondiente, como así aconteció; además de que el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla es una ley emanada de la Legislatura Local, al igual que la Ley Orgánica Municipal, por lo que son de la misma jerarquía. Por otra parte, si bien de los artículos 103 y 105 de la Constitución del Estado, 3o., 78, fracciones I, IV, XXXII y XXXVIII, 92, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, y 7o., 27, 95 y 98 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, que refiere el Juez de Distrito se citan en el acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento de Puebla de veintinueve de enero de dos mil siete (foja 382), no se desprende la facultad del Municipio para regular el servicio público de estacionamiento, tal como lo señaló el a quo; empero, tratándose de leyes, reglamentos o n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21403-67090922/amparo-contra-normas-generales-los-ayuntamientos-estan-legitimados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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