APROVECHAMIENTOS POR NUEVAS CONEXIONES DE AGUA Y DRENAJE O AMPLIACIONES. EL ARTÍCULO 319 A DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Tribunal Pleno, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de donde emanan los posibles criterios opositores se refieren a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realizaron los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quienes sustentaron uno de los criterios objeto de análisis en la presente contradicción.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario atender a las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos en revisión números, 182/2006-2424, 60/2007-828 y 3/2009-8029 de su índice (sólo se transcribirá la parte conducente de una de estas ejecutorias en obvio de repeticiones inútiles), fue coincidente en resolver que el artículo 319-A del Código Financiero del Distrito Federal no transgrede el principio de equidad tributaria, previsto en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La parte del fallo correspondiente al amparo en revisión RA. 3/2009-8029, que interesa para la presente denuncia señala:
"CUARTO. ... En cambio, los argumentos que hace valer la recurrente en relación con el estudio de la constitucionalidad del artículo 319-A del Código Financiero del Distrito Federal, son fundados. A fin de constatar lo anterior es menester traer a colación que en diversas tesis jurisprudenciales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que además del propósito fundamental de las contribuciones de recaudación para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, en términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional, en ocasiones el legislador también puede tomar en cuenta otros fines que sirvan de apoyo a la política financiera, económica y social con el propósito de impulsar o desalentar la práctica de ciertas actividades en las que el Estado tenga interés. Tal criterio se encuentra contenido, entre otras, en la tesis 153, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Tomo I, que dice: ‘CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES.’ (se transcribe). Como se ve, además de los fines eminentemente recaudatorios que tienen las contribuciones, también pueden servir como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social para alentar o desalentar ciertas actividades o usos sociales en que el Estado guarde interés. Esos propósitos accesorios a la recaudación son los fines extrafiscales de las contribuciones, fines que pueden coexistir con el tributo a condición de que no se infrinjan los principios constitucionales respectivos. Los propósitos o fines extrafiscales deben respetar los principios constitucionales que rigen a las contribuciones, pues la existencia de esos fines no justifica que las contribuciones vulneren las garantías constitucionales en esa materia. El Pleno del aludido Tribunal estableció el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, tesis P. CIV/99, cuya literalidad es: ‘CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe). La tesis revela que la existencia de los fines extrafiscales no puede considerarse como un elemento aislado justificativo de violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público, sino como uno de varios elementos que el juzgador debe analizar para determinar la constitucionalidad de una norma tributaria. Ahora, en la jurisprudencia 1a./J. 46/2005, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el órgano legislativo debe justificar expresamente en la exposición de motivos, en los dictámenes o en la ley misma, los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición, en virtud de que ante un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar, además porque es al legislador a quien corresponde expresar los fines extrafiscales para que el órgano de control constitucional cuente con los elementos que le permitan determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto reclamado. Independientemente de lo anterior, en dicha jurisprudencia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también sostuvo que existen casos excepcionales en los que aunque en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley no se exponga el fin extrafiscal que persiga la contribución, el órgano de control puede advertirlo al resultar un hecho notorio. Ciertamente, existen casos en los que las razones expresadas por el legislador como justificación objetiva de los fines extrafiscales de la norma tributaria, pueden ser advertidos por el juzgador para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma reclamada. La jurisprudencia 1a./J. 46/2005, referida en (sic) párrafos atrás, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página ciento cincuenta y siete, a la letra dice: ‘FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES.’ (se transcribe). En el caso, el artículo reclamado es el 319-A del Código Financiero del Distrito Federal, que fue adicionado mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre del dos mil cuatro. En el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, emitido el veintiuno de diciembre del dos mil cuatro, no expusieron razonamiento alguno en el sentido de que la contribución que prevé el citado artículo 319-A haya obedecido a fines extrafiscales, tampoco se hizo para el texto vigente, en el que sólo varía el monto de la cuota a enterar; sin embargo, tal circunstancia se desprende de su lectura. ‘Artículo 319-A.’ (se transcribe). El texto apuntado pone de relieve las razones o motivos extrafiscales por los que el legislador decidió que las personas físicas y morales que construyan nuevos desarrollos urbanos o edificaciones que requieran nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos a razón de ciento siete pesos con ochenta y cinco centavos ($107.85) por cada metro cuadrado de construcción nueva, a efecto de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realice las obras necesarias para estar en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la infraestructura hidráulica. En efecto, de la lectura del artículo transcrito se advierte que el legislador impuso la contribución que ahí se prevé atendiendo, además de los fines de recaudación para sufragar los gastos públicos del Gobierno del Distrito Federal, a fines extrafiscales, consistentes en desalentar la construcción desmedida de nuevos desarrollos urbanos y nuevas edificaciones que requieran nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, dado que tal circunstancia trae consigo la sobrepoblación en el Distrito Federal, así como la escasez de agua que se puede originar por la realización de nuevas conexiones de agua y drenaje o por ampliar las que existen para abastecer a las diversas familias que habiten dichos desarrollos urbanos. Para robustecer lo anterior, conviene precisar que en diversas tesis ejecutorias y jurisprudencias la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado criterio en el sentido de que es un hecho, técnicamente comprobado, que el exceso de población que existe en la zona del valle de México y la extracción de agua del subsuelo para abastecer a dicha población son problemas que constituyen hechos notorios, que determinan la necesidad de racionar la extracción del agua del subsuelo dentro de la cuenca del valle de México, y que esta circunstancia es un fin extrafiscal constitucionalmente permitido, en términos del párrafo quinto del artículo 27 de la Ley Suprema. Dicho criterio se encuentra contenido en la siguiente jurisprudencia y tesis ejecutoria (sic) sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables, respectivamente, en las páginas ciento treinta y dos y doscientos ochenta y nueve, Tomos I y III, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra y en su orden dicen: ‘AGUAS NACIONALES. SU EXTRACCIÓN POR MEDIO DE POZOS PUEDE TENER DIFERENTE TRATO FISCAL, SEGÚN SEA LA ZONA DE DONDE SE OBTIENE.’ (se transcribe). ‘POZOS ARTESIANOS. CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DERECHOS POR LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (DECRETOS DE 1982 Y 1983 QUE REFORMARON LA LEY FEDERAL DE DERECHOS).’ (se transcribe). Pues bien, las razones antes precisadas son plenamente demostrativas de que el numeral reclamado se adicionó al Código Financiero del Distrito Federal con el fin de desalentar la construcción desmedida de nuevos desarrollos urbanos y edificios que requieran de nuevas conexiones de agua y drenaje o de ampliaciones, para racionalizar el consumo de agua del valle de México. Tomando en cuenta que el fin extrafiscal de racionalizar el consumo de agua atiende a la sobrepoblación que se origina en las zonas en las que se construyan desarrollos urbanos y edificios, ya que en esos sitios ocurre una mayor concentración de habitantes, a diferencia de lo que sucede en las zonas en las que se construyan viviendas unifamiliares en las que se concentra un menor número de habitantes, resulta evidente que dicho fin extrafiscal justifica que la norma reclamada no sea violatoria del principio de equidad, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al quedar acreditado que el impuesto previsto en el artículo 319-A del Código Financiero del Distrito Federal obedece a un fin extrafiscal, resulta evidente que, contrario a lo que considera el Juez del conocimiento, no transgrede el principio de equidad. Idéntico sentido sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión RA-182/2006-2424 y RA-60/2007-828 en sesiones, respectivamente, de trece de julio del dos mil seis y veintiocho de febrero de dos mil siete. En tal virtud, este tribunal no comparte la tesis I.15o.A.61 A, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, abril de dos mil seis, Novena Época, página mil diez (sic) del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: ‘IMPUESTOS. EL ARTÍCULO 319-A DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL EN VIGOR PARA 2005, AL ESTABLECER UNA CONTRIBUCIÓN A TÍTULO DE APROVECHAMIENTO Y EXCEPTUAR DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS CONSTRUCTORES DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’, en la que se apoya el Juez de Distrito, pues de acuerdo a las consideraciones anteriormente referidas, en opinión de este tribunal, el artículo 319-A del Código Financiero del Distrito Federal no viola el principio de equidad tributaria, motivo por el que debe denunciarse la posible contradicción de criterios a fin de que la superioridad establezca cuál es el que debe regir con carácter jurisprudencial, fijando su verdadero sentido y alcance, con el fin de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional. Por lo anterior deberá remitirse al presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de las sentencias dictadas en los expedientes de los amparos en revisión RA-182/2006-2424 y RA-60/2007-828, como la del presente toca, así como, en su caso, los diskettes que contengan las ejecutorias correspondientes. ... CUARTO. Se denuncia la posible contradicción de criterios entre los sustentados por este tribunal y el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, respecto al artículo 319-A del Código Financiero del Distrito Federal."
Por su parte el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número RA. 399/2005 determinó, respecto del tema:
"SÉPTIMO. ... En otro orden de ideas, debe precisarse que también se conviene con la quejosa en cuanto a que el artículo 319-A del Código Financiero del Distrito Federal viola la garantía de equidad tributaria consagrada en la fracción IV del artículo 31 constitucional. En efecto, en el párrafo primero del citado artículo 319-A, se prevé que las personas físicas y morales que construyan nuevos desarrollos urbanos, nuevas edificaciones, que requieran nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, deberán cubrir el pago, por concepto de aprovechamientos, a razón de $100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional), por cada metro cuadrado de construcción nueva, a efecto de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realice las obras necesarias para estar en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la infraestructura hidráulica, mientras que en su párrafo tercero establece que no estarán obligados a realizar el pago a quienes construyan viviendas unifamiliares. Empero, debe significarse que la circunstancia de que lo dispuesto en el referido precepto legal no sea aplicable a las personas físicas o morales que construyan viviendas unifamiliares, sino sólo a quienes construyan nuevos desarrollos urbanos, nuevas edificaciones, que requieran nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones habitacionales sobre adquisición de inmuebles, del orden plurifamiliar; viola la garantía de equidad en materia tributaria, pues el diferente tratamiento fiscal que otorga no encuentra ninguna justificación legal en el precepto reclamado o en algún otro del Código Financiero del Distrito Federal, ni como fin extrafiscal en el proceso legislativo que dio origen a la reforma de ese ordenamiento jurídico, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiséis de diciembre de dos mil tres, a partir de la cual se establecieron los ‘aprovechamientos’ derivados de la construcción de desarrollos habitacionales o construcciones, o de la reforma publicada en el referido medio informativo el veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro, en la que se adicionó el artículo 319-A del Código Financiero del Distrito Federal. Entonces, la diferencia de trato que se otorga en el referido precepto legal viola el principio constitucional de equidad tributaria, dado que no se encuentra justificado el hecho de que a una persona física o moral que construye una vivienda unifamiliar se le exima de pagar la contraprestación correspondiente y no así a quienes construyan un desarrollo urbano, nuevas edificaciones que requieran de nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, de carácter plurifamiliar. En efecto, si bien es cierto que las contribuciones pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, es decir, para satisfacer fines extrafiscales, debe ser el órgano legislativo el que justifique expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar; al menos que el fin extrafiscal sea evidente, es decir, se trate de un fin especial de auxilio, de modo que no sea necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución respectiva. Empero, en la especie, como se precisó, no se advierte del proceso legislativo que dio origen a la reforma del Código Financiero del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiséis de diciembre de dos mil tres, a partir de la cual se establecieron los ‘aprovechamientos’ derivados de la construcción de desarrollos habitacionales o construcciones, o de la reforma publicada en el referido medio informativo el veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro, en la que se adicionó el artículo 319-A del Código Financiero del Distrito Federal, que la diferencia de trato obedezca a un fin extrafiscal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 1a./J. 46/2005, consultable en la página ciento cincuenta y siete del Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES.’ (se transcribe). Es corolario de lo expuesto que resultan fundados los planteamientos expresados en el tercer concepto de violación con el propósito de demostrar que el citado artículo 319-A del Código Financiero del Distrito Federal viola el principio tributario de equidad, pues, se reitera, el trato preferencial que se otorga en ese numeral a cierta clase de constructores no se encuentra justificado, de conformidad con las consideraciones expuestas. En las narradas circunstancias, al haberse puesto de manifiesto que los artículos 318, 319 y 319-A del Código Financiero del Distrito Federal, en vigor para el año dos mil cinco, violan, el primero las garantías de proporcionalidad y equidad, el segundo, la garantía de legalidad, y el tercero, la garantía de equidad tributarias, todas consagradas en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; debe concederse a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal contra tales artículos para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica su aplicación y la autoridad administrativa competente del Distrito Federal le devuelva las cantidades de dinero que enteró con motivo de la aplicación de esos normativos. ..."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos en revisión de su índice determinó que el numeral 319-A del Código Financiero del Distrito Federal vigente en el año de dos mil cinco, no contraviene el principio de equidad tributaria, porque el fin extrafiscal de racionalizar el consumo de agua atiende a la sobrepoblación que se origina en las zonas en las que se construyan desarrollos urbanos y edificios, pues en estos sitios ocurre una mayor concentración de habitantes a diferencia de lo que sucede en las zonas en las que se construyen viviendas unifamiliares en las que se concentra un menor número de habitantes; es decir, determinó que el citado numeral 319-A respeta el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque el legislador impuso esa contribución atendiendo además de los fines de recaudación para sufragar los gastos públicos del Gobierno del Distrito Federal, a un fin extrafiscal que consiste en desalentar la construcción desmedida de nuevos desarrollos urbanos y nuevas edificaciones que requieran nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, dado que tal circunstancia trae consigo la sobrepoblación en el Distrito Federal, así como la escasez de agua que se puede originar por la realización de las nuevas conexiones de agua y drenaje o por ampliar las que existen para abastecer a las familias que habiten estos desarrollos urbanos.
Por su parte, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió que el numeral 319-A del Código Financiero del Distrito Federal contraviene la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque el diferente tratamiento fiscal que otorga este precepto legal cuando establece que no es aplicable a las personas físicas o morales que construyan viviendas unifamiliares, sino sólo a quienes construyan nuevos desarrollos urbanos, nuevas edificaciones que requieran nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones habitacionales sobre adquisición de inmuebles del orden plurifamiliar no tiene justificación en dicho precepto, ni en algún otro del Código Financiero del Distrito Federal, ni como fin extrafiscal en el proceso legislativo que dio origen a la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiséis de diciembre de dos mil tres a partir de la cual se establecieron los "aprovechamientos" derivados de la construcción de desarrollos habitacionales o construcciones, ni en la reforma publicada el veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro, en la que se adicionó el artículo 319-A al Código Financiero del Distrito Federal.
Lo anterior, pone de manifiesto que en el caso existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes examinaron si el numeral 319-A del Código Financiero del Distrito Federal transgrede o no la garantía de equidad tributaria prevista en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, arribando a conclusiones discrepantes.
En esta medida, la materia de la presente contradicción de tesis se circunscribe a determinar si el artículo 319-A del Código Financiero del Distrito Federal contraviene o no la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al establecer que las personas físicas y morales que construyan nuevos desarrollos urbanos o nuevas edificaciones que requieran nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, deberán cubrir un pago por concepto de aprovechamientos por cada metro cuadrado de construcción nueva a efecto de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realice las obras necesarias para estar en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la infraestructura hidráulica, exceptuando del pago de dicho concepto a la construcción de viviendas unifamiliares.
QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe regir con carácter jurisprudencial el criterio que se establece en la presente resolución, pues se debe tener presente que la finalidad que se persigue a través de la denuncia de contradicción de tesis es la de determinar el criterio que debe regir con carácter jurisprudencial con el fin de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que a su vez tiende a garantizar la seguridad jurídica.
Aplica a lo anterior, la jurisprudencia 4a./J. 2/94 de la extinta Cuarta Sala de este Alto Tribunal, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO. La finalidad perseguida por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, al otorgar competencia a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cuál tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jurídica; tan importante y trascendental propósito se tornaría inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada, inexorablemente, a decidir en relación con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jurídicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte válidamente puede acoger un tercer criterio, el que le parezca correcto, de acuerdo con el examen lógico y jurídico del problema, lo que es acorde, además, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto indican que la Sala debe decidir ‘... cuál tesis debe prevalecer’, no, cuál de las dos tesis debe prevalecer." (No. Registro 207,729. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 74, febrero de 1994, tesis 4a./J. 2/94, página 19).
En principio, se debe tener presente que esta Segunda Sala por criterio mayoritario de tres votos determinó en la contradicción de tesis 210/2005-SS, que las prestaciones públicas patrimoniales previstas en los artículos 318 y 319 del Código Financiero del Distrito Federal, tienen la naturaleza de impuestos y que, por tanto, deben cumplir con los principios tributarios consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
La jurisprudencia 2a./J. 54/2006 de esta Sala que derivó de esta contradicción es la siguiente:
"IMPUESTOS. TIENEN ESA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PÚBLICAS PATRIMONIALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 318 Y 319 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL Y, POR TANTO, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los artículos citados establecen que quienes construyan desarrollos habitacionales de más de 20 viviendas, o realicen obras, instalaciones o aprovechamientos de más de 200 metros cuadrados, deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los recursos naturales, así como los efectos del impacto vial, a razón de una determinada cantidad por metro cuadrado de construcción, en el caso de los desarrollos mencionados, y conforme a las cantidades que se determinen por metro cuadrado de construcción, según la zona en que se realice la obra y el destino que se le dé, tratándose de construcciones de más de 200 metros cuadrados. En ese tenor, se concluye que aun cuando los artículos 318 y 319 del Código Financiero del Distrito Federal señalen que las prestaciones patrimoniales de carácter público que prevén se cubrirán en concepto de aprovechamientos, lo cierto es que tienen la naturaleza de un impuesto y, por ende, están sujetas al cumplimiento de los principios tributarios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que son impuestas en forma unilateral y coactiva por el Distrito Federal; el hecho imponible lo realiza directamente el particular, que es la referida construcción o realización de obras, instalaciones o aprovechamientos, y se constituye sobre actos que reflejan una disponibilidad económica como consecuencia de la propiedad o posesión inmobiliaria, además de que no se vincula a la realización de un acto o actividad específicos a cargo de la administración pública local, ya que si ésta no realiza las acciones referidas, de cualquier forma nace la obligación tributaria y, por último, esas acciones constituyen gastos públicos indivisibles e indeterminados individualmente." (No. Registro 175,077. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, mayo de 2006, tesis 2a./J. 54/2006, página 281).
Las consideraciones que sustentan dicha jurisprudencia son las siguientes:
"De los artículos 318 y 319 del Código Financiero del Distrito Federal, en ellos se establece que las personas físicas o morales que construyan desarrollos habitacionales de más de veinte viviendas, deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los recursos naturales, a razón de $25.00 por metro cuadrado de construcción, así como que las personas físicas o morales que realicen obras, instalaciones o aprovechamientos en el Distrito Federal de más de 200 metros cuadrados de construcción, deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones para prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial, conforme a las cantidades que se establecen por metro cuadrado de construcción, según la zona en que se realice la obra y el destino que se le dé. No basta que e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21756-c6ae8890/aprovechamientos-por-nuevas-conexiones-de-agua-y-drenaje · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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