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Modo: Corpus Pro

TOMA DE NOTA DE LA DIRECTIVA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. SU NEGATIVA SÓLO AFECTA DERECHOS COLECTIVOS DEL SINDICATO, PERO NO LOS INTERESES PARTICULARES DE SUS ASOCIADOS, POR LO QUE ÉSTOS NO PUEDEN CONSIDERARSE TERCEROS PERJUDICADOS EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE IMPUGNE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2009. · Registro digital (IUS): 22207
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 1420.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIAS: ESTELA JASSO FIGUEROA Y MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien resolvió el recurso de queja **********. Por tanto, como se trata de un integrante del órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios que se estiman contradictorios, debe concluirse que la presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja ********** en sesión de fecha veintitrés de enero de dos mil nueve, sostuvo:

"QUINTO. Son fundados los agravios hechos valer por los recurrentes. Los antecedentes del asunto a resolver, según las constancias que remitió el Juez de Distrito en justificación de sus actos, son los que se relatan a continuación. El sindicato **********, ********** y ********** promovieron juicio de amparo al que le recayó el número ********** ante el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, contra la resolución emitida por la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la que negó la toma de nota a los señalados en segundo y tercer lugar, en su carácter de secretario general y secretario general suplente del citado sindicato. En el citado juicio, 1. **********, 2. **********, 3. **********, 4. **********, 5. ********** y 6. ********** quienes afirman ser miembros del citado sindicato, ocurrieron ante el Juez de Distrito para que les reconociera el carácter de terceros perjudicados, al tener intereses contrarios a los quejosos y, por tanto, que subsista el acto reclamado, ya que en el procedimiento de donde emana el acto, ellos son parte, pues intervinieron con el fin de que no se le otorgara la toma de nota a **********, así como a sus incondicionales, aduciendo violaciones al proceso electoral. El Juez de Distrito del conocimiento determinó negar el referido carácter de terceros perjudicados a los mencionados, considerando que no se encuentran dentro de los supuestos del artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, el cual constituye el acto a revisión, pues estimó, carecen de interés jurídico directo en la subsistencia del acto reclamado, ya que no son titulares de algún derecho protegido por la ley, del cual resultaran privados, afectados o menoscabados por virtud de la insubsistencia del acto reclamado, pues el objetivo del juicio de garantías de su conocimiento tiene como finalidad determinar la procedencia del registro de los cambios de directiva del sindicato quejoso, lo que a su parecer no tiene vinculación alguna con la protección de los intereses particulares de cada agremiado, consecuentemente, no presenta beneficio o perjuicio directo para cada uno de los agremiados. Ahora, los recurrentes alegan tener el carácter de terceros perjudicados al detentar intereses contrarios al de los quejosos en tanto ante la Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje promovieron el juicio ********** para hacerle del conocimiento diversas irregularidades y violaciones a los estatutos cometidos por los quejosos en la realización de la XXXV convención general ordinaria, solicitando la nulidad de la convocatoria y de la convención, de la que surgieron las resoluciones que ilegalmente pretenden registrar los peticionarios del amparo, razones por las que sostienen debe negárseles la toma de nota; consecuentemente les resulta el carácter de terceros perjudicados al tener interés jurídico en que subsista el acto reclamado. Como se anticipó, devienen fundados los agravios esgrimidos por los recurrentes. Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, 35, fracciones I y II, 39, 40, 41 y 123 constituyen un presupuesto del Estado democrático de derecho. No hay que perder de vista que en un Estado democrático de derecho, la Constitución es el ordenamiento jurídico de mayor jerarquía que establece cuáles son los derechos mínimos que deben respetarse a los gobernados para lograr el bienestar común, derechos que pueden ser ampliados por los ordenamientos secundarios, pero sin contravenir al Máximo Ordenamiento. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que un presupuesto del Estado democrático de derecho requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática, como se advierte de la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: ‘Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV. Mayo de 2007. Página 793. Tesis: 1a. XCVII/2007. Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional. DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.’ (se transcribe). La tesis reproducida destaca el derecho de todo gobernado a gozar de condiciones básicas y prestaciones sociales que le permitan tener una vida digna, libre, pues los derechos fundamentales consagrados en el máximo ordenamiento, entre otros, los establecidos en el artículo 123, consistente en los derechos de los trabajadores, son el sustento de tal criterio. Ahora bien, los derechos fundamentales han sido clasificados de diversas maneras, de suerte que atendiendo al orden como fueron reconocidos en nuestra Carta Magna se dividen, a saber, en: a) derechos de primer nivel como son las garantías individuales, por ejemplo, libertad de trabajo,(1) que estriba en elegir la profesión, trabajo u ocupación que se desee, libertad de expresión(2) que consiste en el derecho a difundir las ideas de toda índole, libertad de asociación o reunión(3) que es el derecho a formar una organización o incorporarse a una existente, garantía de seguridad jurídica(4) en cuanto exige que los actos se realicen conforme a las leyes expedidas con anterioridad y respetando las formalidades del procedimiento; b) derechos de segundo nivel que se refieren a los derechos políticos, a saber, votar y ser votado(5), que implica el derecho a elegir y ser elegido dentro de la organización y funcionamiento del sistema democrático constitucional así como participar en procesos confiables; y, c) derechos de tercer nivel constituidos por los derechos sociales,(6) entre otros, derecho de asociación sindical, libertad sindical, derecho de contratación colectiva, de huelga, que son los derechos colectivos de la clase trabajadora a fin de garantizar el estudio y mejoramiento de los intereses y derechos comunes de clase. Para que los derechos sociales se puedan desplegar plenamente, requieren de un puntual respeto a los derechos tanto del primer como del segundo nivel, porque supone una relación de interdependencia con estos derechos. Así, dentro de los derechos sociales de tercer nivel se ubica el derecho a la libertad sindical, el cual como se vio constituye un elemento básico de cualquier Estado democrático de derecho, conforme al artículo 123 de la Constitución y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, pues la libertad sindical es una garantía social establecida para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, que impuso la obligación a los Estados de respetar la decisión de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimaran pertinentes, al disponer que las autoridades públicas deben abstenerse de intervenir, a fin de limitar el derecho o entorpecer el ejercicio legal para respetar sus estatutos, elegir a sus representantes y demás actividades. Por otra parte, en cuanto a la figura del tercero perjudicado, el artículo 5o. de la Ley de Amparo, establece: ‘Artículo 5o. Son parte en el juicio de amparo. ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter: a) La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento; b) El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstos afecten dicha reparación o responsabilidad; c) La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto reclamado contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo, o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado.’. La anterior transcripción pone en evidencia que la fracción III del numeral 5o. de la ley reglamentaria tiene como objetivo dar participación en el juicio de amparo a todos los que puedan resultar afectados en sus derechos con la resolución que en él se dicte. Intervención que se justifica con el contenido del segundo párrafo del artículo 14 constitucional en cuanto dispone que nadie puede ser privado de sus derechos en general, sin ser oído y vencido en juicio. Así, en el inciso a), este derecho será acreditado con comprobar el carácter de contraparte del quejoso en el juicio del que deriva el acto; y el inciso b), demostrando que se tiene derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil. El inciso c) prevé dos supuestos para considerarse como tercero perjudicado: 1) a la persona que haya gestionado el acto reclamado, y 2) cuando sin haberlo gestionado, tenga interés directo en su subsistencia. De tal forma que en el primer supuesto se tendrá que acreditar que se gestionó el acto, y en el segundo supuesto, que aun cuando no se gestionó se tiene interés directo en que subsista. Este Tribunal Colegiado estima que en el juicio de amparo ********** interpuesto por el sindicato **********, ********** y **********, los ahora recurrentes tienen el carácter de terceros perjudicados al afirmar son trabajadores miembros del mismo sindicato que los quejosos y participaron en la elección de la representación sindical, de manera que tienen interés jurídico directo en ser escuchados a fin de expresar sus alegatos para que subsista la negativa de la toma de nota. Es el caso que en el sindicato ********** se llevó a cabo el procedimiento de elección de la dirigencia sindical, en el cual participaron todos los trabajadores. Una vez que culminó ese acto ********** y ********** afirmaron (sic) fueron elegidos respectivamente secretario general y secretario general suplente del citado sindicato, por lo que solicitaron a la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la toma de nota a que se refiere el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, la cual les fue negada, lo que constituye el acto reclamado en el juicio **********. La razón invocada por la autoridad para negar la toma de nota fue la ilegalidad en el procedimiento de la XXXV convención general ordinaria y de la elección del secretario general y secretario general suplente, como parte integrante de la mesa directiva. Por tanto, el tema a dilucidar en el juicio de amparo estriba en si la elección de la representación sindical cumplió o no con las reglas que los propios trabajadores se dieron en sus estatutos y los lineamientos que marca (sic) al respecto la Ley Federal del Trabajo y la Constitución y, por ende, si debe o no subsistir la negativa de la toma de nota. Debe destacarse que si bien la negativa de la toma de nota de dos de los integrantes de la mesa directiva del sindicato en cita por parte de la Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, es un acto formalmente administrativo, materialmente es un acto laboral, ya que tiene como finalidad registrar o no a la representación sindical elegida por los trabajadores, pues la mesa directiva será quien promueva el estudio, mejoramiento y defensa de sus derechos e intereses, de manera que tal cuestión se sustenta en el artículo 123 de la Constitución y, por tanto, se trata de una controversia que apunta a preservar derechos laborales enmarcados en los objetivos del trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellos. Dado que los trabajadores ahora recurrentes se dicen ser miembros del mismo sindicato al que pertenecen los quejosos, ya que acuden al juicio de amparo para expresar las razones por las cuales debe subsistir el acto reclamado, en tanto que como miembros de la organización sindical participaron en el proceso de designación de sus representantes sindicales, tienen interés jurídico, al ser titulares de los derechos de asociación y libertad sindical, en términos de lo dispuesto por el artículo 123 de la Carta Magna. No hay que olvidar que la libertad sindical se presenta en tres ámbitos: a) frente al Estado, b) frente al empleador y c) frente al desarrollo de la vida interna del sindicato. En este último ámbito, es decir, para obtener un sano desarrollo en la vida interna de los sindicatos, la dirección sindical debe respetar y defender los derechos de cada trabajador, tanto de carácter individual como de carácter político sindical, puesto que estos trabajadores tienen el interés directo de mejorar sus condiciones de vida, lográndolo a través del estudio, mejoramiento y defensa de sus derechos e intereses comunes. Ese interés común no puede más que estar alimentado o construido por el ejercicio pleno de la libertad sindical que encuentra su contenido básico en los derechos mencionados. La libertad sindical incluye el ejercicio pleno de sus derechos contenidos en las garantías individuales y políticas que la vida sindical les da, como son, entre otros, el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación, a constituir la organización sindical que estimen conveniente, de afiliarse a ella conforme al estatuto que rige en su centro de trabajo y con base en el cual pueden elegir libremente a sus representantes, esto es, secretario general y secretario general suplente, libertades esenciales que construyen al interior del sindicato lo que en el derecho social se denomina libertad sindical. El preservar la libertad sindical (derecho de tercer nivel), garantiza que el periodo en el que esté al mando la directiva sindical, sea con la mayor legitimación posible y, por ello, los actos o decisiones que lleve a cabo esa mesa directiva o representantes sindicales, tendrán mayor respaldo o reconocimiento gremial, pues se reitera, para que los derechos sociales se pueden (sic) desplegar plenamente, requieren de un puntual respeto a los derechos tanto del primer como del segundo nivel, de suerte que si no se lleva a cabo la elección de la representación sindical con plena legalidad (derecho de primer nivel) y legitimidad (derecho de segundo nivel), traería como consecuencia una representación que haría nugatoria (sic) el ejercicio de la libertad sindical de los agremiados, pues la importancia radica en tener una representación legítima y legal que los represente en la vida cotidiana. De ahí que el escuchar a los trabajadores como terceros perjudicados dentro del juicio ********** en tanto pretenden la preservación del acto de la autoridad, es esencial para un desarrollo legal, legítimo y libre de la vida sindical, con pleno respeto a las decisiones mayoritarias y respeto irrestricto a la libertad de expresión de las minorías, elemento esencial de la democracia que encuentra su razón de ser en el Estado democrático de derecho. En suma, el interés jurídico de los recurrentes estriba en la pertenencia al mismo sindicato que los quejosos y su participación en la designación de sus representantes sindicales a fin de lograr el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos de todos los agremiados, objetivo esencial del derecho de sindicación. Así, los ahora recurrentes al acudir en su calidad de miembros del sindicato ********** en el juicio de amparo, con la finalidad de poder defender su derecho a elegir libremente a sus dirigentes sindicales, acreditan que son titulares de un derecho protegido por la ley, del cual pueden resultar afectados o menoscabados por virtud de la insubsistencia del acto reclamado, y respecto del que tienen el interés directo en su subsistencia, por lo que es factible concluir que se encuentran en los supuestos del artículo 5o., fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo y, por ende, tienen la calidad de terceros perjudicados. Es aplicable en lo que aquí interesa, la jurisprudencia 2a./J. 78/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, septiembre de dos mil tres, página quinientos setenta y ocho, materia común, Novena Época, que dice: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR QUIEN ES ACTOR EN UN JUICIO DISTINTO DEL ORDEN PENAL. TIENE AQUEL CARÁCTER EL DEMANDADO, PUES AUNQUE NO HAYA SIDO EMPLAZADO, TIENE INTERÉS DIRECTO EN LA SUBSISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe). Siendo esto así, es dable concluir que el carácter de terceros perjudicados en el juicio de amparo ********** lo tienen los ahora recurrentes, al afirmar que como miembros del sindicato son titulares de derechos protegidos por la ley, a saber, el elegir libre y legalmente a sus representantes sindicales conforme al estatuto y la Ley Federal del Trabajo, derechos que se encuentran consagrados en la libertad sindical. No escapa a este Tribunal Colegiado que el reconocer el carácter de terceros perjudicados a los miembros del sindicato puede traer aparejado el abuso por parte de éstos de las instancias legales a fin de retrasar o generar un vacío en la representación sindical, sin embargo, el eventual abuso no puede lograrse mediante la restricción de las libertades sindicales que otorgan (sic) nuestra Constitución, sino a través del ejercicio responsable, maduro y democrático que los propios trabajadores hagan de sus derechos. Lo anterior encuentra apoyo en su parte conducente en la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto, son: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII. agosto de 2000. Página 149. Tesis P. CXXVII/2000. Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional, Laboral. ‘SINDICATOS. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO QUE PROHÍBE LA REELECCIÓN DE SUS DIRIGENTES, CONTRAVIENE LA LIBERTAD SINDICAL QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Debe entenderse que en cumplimiento a lo estatuido por el artículo 17 constitucional, la justicia debe ser pronta y expedita, por lo que cualquier otro miembro del sindicato que desee integrarse en su carácter de tercero perjudicado a fin de que se preserve el acto reclamado en el juicio ********** es decir, la negativa de la toma de nota, deberá hacerse a través del representante común que al efecto el grupo de terceros perjudicados o en su caso el Juez designe, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja. SEXTO. En atención a lo señalado y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, este órgano colegiado denuncia ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción existente entre el criterio que sustenta este Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en el presente asunto y el emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el recurso de queja número QT. ********** promovido por ********** y otros, dado que se resolvieron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adoptaron posiciones discrepantes. En efecto, este órgano tribunal sostiene que atendiendo a que los trabajadores recurrentes tienen el carácter de terceros perjudicados al afirmar (sic) son trabajadores miembros del mismo sindicato que los quejosos sindicato **********, ********** y ********** y haber participado en la elección de la representación sindical, tienen interés jurídico directo en ser escuchados a fin de expresar sus alegatos para que subsista la negativa de la toma de nota en razón de que les interesa preservar la legalidad sindical, pues buscan al haber participado en la designación de la mesa directiva el ejercicio pleno de sus derechos contenidos en las garantías individuales o políticas que la vida sindical les otorga, libertades esenciales que construyen al interior del sindicato lo que en el derecho social se denomina libertad sindical, dando origen a la siguiente tesis: ‘TERCEROS PERJUDICADOS. TIENEN ESTE CARÁCTER LOS TRABAJADORES MIEMBROS DEL SINDICATO QUEJOSO, CUANDO SE CONTROVIERTE LA ELECCIÓN DE SUS REPRESENTANTES SINDICALES, PUES SU INTERÉS JURÍDICO RADICA EN LA PRESERVACIÓN DE LA LEGALIDAD SINDICAL. ...’. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo respecto del mismo punto sostiene que los trabajadores: ‘... no tienen interés directo en la subsistencia del acto reclamado, toda vez que, para tal reconocimiento se requeriría expresamente que éstos fueran titulares de un derecho protegido por la ley, del cual resultaran privados o que se vieran afectados o menoscabados por virtud de la insubsistencia del acto reclamado, sin que baste por tanto que quienes ahora se dicen terceros, sufran con ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicios en sus intereses, sino como se dijo, no basta para ser considerado como tercero perjudicado, el tener un interés simple derivado de la especial situación frente al acto reclamado, sino que es necesario acreditar un interés jurídico; esto es, la titularidad de un derecho o la afectación a él cuya existencia dependa de que el acto reclamado subsista. Se afirma lo anterior, dado que, tratándose de la mencionada toma de nota, no se reconocen ni tutelan intereses particulares, pues su objetivo es determinar la procedencia del registro de los cambios de directiva de los sindicatos, por ende, no se protegen los intereses particulares de cada agremiado, pues su único objetivo es analizar si procede el registro de los cambios de las directivas aludidas y, en esa medida, la resolución que determina procedente o improcedente la mencionada toma de nota, no representa un beneficio o perjuicio directo para cada uno de los agremiados.’. Lo narrado y transcrito evidencia la posible contradicción de mérito."

De las consideraciones emitidas en la ejecutoria preinserta derivó la tesis(7) cuyos rubro y texto son:

"TERCEROS PERJUDICADOS EN EL AMPARO. TIENEN DICHO CARÁCTER LOS TRABAJADORES MIEMBROS DE UN SINDICATO CUANDO COMPARECEN EN EL JUICIO CON LA FINALIDAD DE DEFENDER SU DERECHO A ELEGIR LIBREMENTE A SUS REPRESENTANTES. Los artículos 35, fracciones I y II y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran los derechos a votar y ser votado -lo cual implica el derecho a elegir y poder ser elegido dentro de la organización y funcionamiento del sistema democrático constitucional-, a participar en procesos confiables y a la libertad sindical, esta última también reconocida en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual tiene por objeto la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, y que prevé, entre otros derechos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la constitución de la organización sindical que estimen conveniente, de afiliarse a ella conforme al estatuto que rija en su centro de trabajo y poder elegir libremente a sus representantes. Ahora bien, la preservación de dicha libertad sindical garantiza que el periodo en el que esté al mando la directiva sindical sea con la mayor legitimación posible y, por ello, los actos o decisiones que lleven a cabo tengan mayor reconocimiento gremial. Por otra parte, el inciso c) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo estatuye el carácter de tercero perjudicado a quien sin haber gestionado el acto reclamado tenga interés directo en su subsistencia. Conforme a lo anterior, reúnen la calidad de tercero perjudicados los trabajadores miembros de un sindicato cuando comparecen en el juicio de amparo con la finalidad de defender su derecho a elegir libremente a sus representantes, por ser los titulares de un derecho protegido por la ley, del cual pueden resultar afectados por virtud de la insubsistencia del acto reclamado y respecto del que tienen interés directo en su subsistencia."

CUARTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el recurso de queja ********** en sesión celebrada el once de septiembre de dos mil ocho, entre otras consideraciones sostuvo las siguientes:

"QUINTO. La queja interpuesta por los recurrentes, resulta infundada, dado que los agravios resultan fundados pero inoperantes, de acuerdo a las siguientes consideraciones. De las constancias certificadas del expediente ********** que remitió el secretario encargado del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, anexo a su informe, se desprende que, el sindicato **********, actualmente **********, ********** y ********** promovieron demanda de amparo en contra del acto de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consistente en la resolución emitida el veinticuatro de junio de dos mil ocho en el expediente número ********** mediante el oficio **********, por medio del cual se le negó la toma de nota al señor ********** como secretario general del sindicato quejoso, en virtud de no ser ********** antes de la fecha de la elección, no tener el ********** derivado de la existencia de diversas ********** por presuntos ***********; así mismo, en la resolución combatida, se negó la toma de nota al señor ********** como secretario general suplente del aludido sindicato, por considerarse que no tenía ********** derivado de la existencia de una ********** en su contra, así como por no tener a quien suplir de manera temporal y eventual, ya que no se reconoció la cartera de secretario general propietario debido a la inelegibilidad de **********. La demanda de garantías se admitió mediante proveído de nueve de julio de dos mil ocho, por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, misma que se registró con el número de expediente **********. Mediante escrito presentado en el juzgado del conocimiento el cinco de agosto de dos mil ocho, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, solicitaron que se les reconociera el carácter de terceros perjudicados en términos del artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo; dado que afirmaron (sic) tenían tal carácter, porque eran algunos de los que gestionaron ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se desconocieran los acuerdos de la XXXV convención general ordinaria del sindicato ********** y, entre ellos el acuerdo para reelegir a ********** como secretario general del comité ejecutivo nacional del sindicato referido. Argumentaron que independientemente de que se les estimase o no como gestores del acto contra el que se solicitó el amparo, tenían interés directo en la subsistencia del acto reclamado, en virtud de que eran socios del sindicato quejoso y que los estatutos que regían su vida interna les daban derecho a no acatar o a desconocer los acuerdos y disposiciones de los órganos de gobierno del sindicato, dictadas en contra de los estatutos, según el artículo 147, fracción IX, de dicho ordenamiento. El acuerdo impugnado se dictó el seis de agosto de dos mil ocho, en éste el Juez de Distrito, acordó no ha lugar a tenerlos como terceros perjudicados en el juicio de garantías, toda vez que justipreció no se encontraban en los supuestos del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, atento a que de las constancias de autos no se advertía determinación alguna de la autoridad laboral, que les reconociese la calidad de parte en el juicio que dio origen al acto reclamado. Afirman los disconformes, que es errónea la consideración del Juez Federal inserta en el acuerdo recurrido, relativa a que no se les tenía como terceros perjudicados en el juicio de garantías, dado que no se encontraban en los supuestos del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por las razones acabadas de señalar; pues exponen los agraviados, que contrariamente a lo referido por el juzgador, el trámite del que deriva el acto reclamado no es un juicio ni es un trámite seguido en esa forma, sino que su naturaleza es eminentemente administrativa, en función del procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo y que culmina con la decisión de la autoridad ahora responsable, sobre la toma

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22207-7e3c9199/toma-de-nota-de-la-directiva-del-sindicato · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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